27.DIC.18 | Posta Porteña 1981

URUZUELA: con el casco y la bazuca para enfrentar la guerra económica

Por Busqueda

 

MPP propone tipificar como actos terroristas acaparar alimentos y medicamentos y manejar de manera ilícita las divisas

 

Búsqueda 20/12/18

El Poder Ejecutivo y el Movimiento de Participación Popular (MPP) están enfrascados en una discusión en torno a la aprobación de un proyecto para combatir el terrorismo. Mientras que la Secretaría Nacional Antilavado pretende que se apruebe una propuesta que envió el gobierno dos años atrás y así evitar que Uruguay entre en una lista gris o negra, el sector mayoritario del oficialismo tiene dudas y propone incluir tipificaciones que no están dentro de las recomendaciones de organismos internacionales.

Si prospera la propuesta del MPP, acaparar alimentos y medicamentos que puedan afectar su circulación y distribución, así como manejar de manera ilícita las divisas que fuercen al gobierno a tomar medidas que afecten su propia economía, serán considerados actos terroristas.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tiene a estudio el proyecto de ley integral antiterrorismo que envió el Poder Ejecutivo a fines de 2016. El articulado prácticamente no ha sido tratado por los legisladores debido a las diferencias en la interna del oficialismo. El gobierno está preocupado por esta situación y quiere que se apure su sanción porque el país está siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que analiza cómo funciona el sistema para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si el Parlamento no aprueba el proyecto antes de que termine la evaluación a mediados del 2019, corre riesgo de ser incluido en una lista gris o negra del GAFI, advirtió el gobierno a los legisladores del oficialismo (Búsqueda N 1.995)

El proyecto del gobierno tiene 56 artículos. Pero el MPP elaboró un texto alternativo más corto, con 25. En ese texto, el sector liderado por el expresidente José Mujica elimina los capítulos a las sanciones financieras y el establecimiento de contramedidas. Además, agrega dos disposiciones penales que llamaron la atención a dirigentes del Frente Amplio y del gobierno.

Uno de los artículos establece un castigo de tres a siete años de penitenciaría a quien “almacene alimentos o medicamentos con el ánimo de privar a la población de bienes esenciales”. La misma sanción está prevista para quien tome acciones que “afecten significativamente la circulación y distribución” de esos bienes.

Una pena similar se plantea para quien “ejecute operaciones masivas de intercambio de divisas de forma directa o a través de una persona jurídica con el ánimo manifiesto de forzar a las autoridades nacionales a tomar una determinada medida afectando a la economía de la República”.

Ese tipo de medidas son consecuencia, al menos en parte, de situaciones que enfrentaron los gobiernos de Venezuela liderados por el chavismo, explicaron fuentes del MPP.

“Estamos enfrentando un ataque terrorista de precios dentro de una batalla en condiciones asimétricas y hay que atacar las raíces de las prácticas especulativas”, dijo en noviembre del 2017 al canal estatal VTV el superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras. El presidente Nicolás Maduro aseguró que su país estaba bajo una “guerra económica” cuando acusó a empresarios y opositores de estar detrás de la escasez de alimentos y medicinas.

En la propuesta alternativa no se hace referencia a seis artículos en los que se establecen sanciones especiales que sí figuran en el proyecto del Poder Ejecutivo. Uno de los artículos establece que los sujetos obligados para el control de lavado de activos deberán monitorear las listas confeccionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a posibles personas físicas, jurídicas o entidades que puedan estar vinculadas al financiamiento del terrorismo. En caso de existir coincidencias con esas listas, se deberá proceder al “congelamiento preventivo inmediato y sin demora, de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos” de estas personas o entidades.

En otro artículo se establece que el Uruguay “podrá aplicar sanciones y contramedidas financieras respecto de países terceros que supongan riesgos” de actos de “terrorismo”, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva.

A la Presidencia le preocupa en particular que en la versión final del proyecto esté ausente el capítulo de sanciones, un apartado exigido por los organismos internacionales, explicaron fuentes del gobierno.

En el proyecto del Poder Ejecutivo se define al terrorismo como todo acto en el que exista la toma de rehenes de manera intencionada, se ponga en peligro la libertad de las personas, se cause la muerte o lesiones graves a una o más personas, se afecte el medio ambiente, bienes públicos o privados, se incluya la posesión de material radiactivo, o se ponga en peligro la seguridad de una aeronave o buque, entre otras definiciones.

En tanto, en el proyecto elaborado por el MPP, define como delitos de naturaleza terrorista “aquellos que se ejecutaren con la finalidad manifiesta de obligar a un gobierno o una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, afectando de forma indiscriminada y generalizada a la población ya sea mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos, bacteriológicos, acaparando bienes esenciales, tales como alimentos o medicamentos o haciendo un manejo ilícito de divisas”

En este texto, se faculta al Poder Ejecutivo a que establezca por la vía reglamentaria la “estructura y autoridad coordinadora en materia de lucha contra el terrorismo”. Esa autoridad coordinadora remitirá a la Asamblea General del Poder Legislativo un informe anual sobre sus actuaciones.

En ambos proyectos se hace referencia a la aplicación de técnicas especiales de investigación en casos de terrorismo. Al respecto, y con el objetivo de realizar una investigación, se permite la “entrega vigilada” de dinero en efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios, así como explosivos, sustancias nucleares, químicas o biológicas. Además se autorizará la realización de vigilancias electrónicas, se apela a la figura del colaborador, de los agentes encubiertos y se establece la protección de víctimas, testigos y colaboradores.

En los dos textos se plantean medidas respecto al decomiso de bienes utilizados para actos de terrorismo y la forma en que se dará la cooperación internacional.


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