20.ENE.19 | Posta Porteña 1987

Miguel Sofía, el colorado paramilitar ´fascista´ que zafó del atentado de los tupamaros y evitó 48 años a la Justicia

Por SergioIsrael/Búsqueda

 

Sergio Israel, Búsqueda enero 17 2019

Un estudiante demócrata del Liceo Nº 13 de Maroñas y luego del IAVA, que se oponía con vehemencia a los marxistas procubanos que dominaban los gremios de la enseñanza a fines de la década de 1960 y que a causa de ello fue acosado y llegó a rendir examen en una oficina de Secundaria para no quedar retrasado. 

Una víctima de agresiones de diversos grupos de izquierda que lo calificaron de forma continua como “fascista” ya antes de 1972.

Un exiliado en democracia que se vio obligado a irse a estudiar Derecho a España, donde se doctoró en 1977, porque era estigmatizado y no se sentía seguro en su país.

Un brillante diplomático que, cuando comenzó el proceso cívico-militar se dedicó con empeño, primero en la sección pasaportes y luego a representar al país en Estados Unidos y otros destinos. Un empresario exitoso que prosperó en el mundo de las comunicaciones creando, entre otros emprendimientos, una cadena de radios y un canal de cable en la Costa de Oro.

Así, con una sarta generosa de adjetivos, describe el prestigioso penalista Miguel Langón, en un libro publicado en 2009, a su cliente Miguel Sofía Abeleira, un primario absoluto indagado por la Justicia por participar en dos homicidios, dos desapariciones y decenas de atentados perpetrados por grupos paramilitares de derecha a comienzos de la década de 1970.

Made in Brazil

 Bastante antes de que existiera el Plan Cóndor, grupos de civiles, militares y policías emplearon la táctica importada de Brasil y Guatemala de golpear a la retaguardia para desmotivar nuevos ingresos al MLN-Tupamaros y desmoralizar mediante el terror a quienes para ese entonces habían asesinado a decenas de agentes policiales.

Firmaron sus ataques con varios nombres (Comando Caza Tupamaros y Defensa Armada Nacional, entre otros) pero fueron conocidos con la denominación genérica brasileña: “escuadrones de la muerte”.

A pesar de las evidencias, Sofía, que en 1971 tenía 23 años, ha negado no solo su participación en esas organizaciones terroristas instrumentadas desde el Estado, sino incluso haber integrado la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP), que tenía existencia pública.

Según Langón, “no existe el menor atisbo de prueba” que justifique iniciar actuaciones judiciales en su contra. Pero la familia de las víctimas y el fiscal Ricardo Perciballe, ya en 2008, opinaban lo contrario y la desaparición de Sofía durante casi una década, hasta que fue detenido el martes 8 en Montevideo portando un documento de otra persona, parece confirmar la acusación. 

Bardesio, la CIA y el G2 cubano 

Aquel fue sin duda un día de suerte para Miguel Sofía. Estar atento a la radio, reflejos rápidos y la llegada a la zona de una oportuna patrulla del Departamento 6 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) lo salvaron.

Los policías se tirotearon con los tupamaros a los que se les quedó el vehículo cuando iban a matarlo en su casa ubicada cerca de General Flores e Industria.Otro que se salvó porque esa noche no durmió en su casa fue el director de la DNII, Víctor Castiglioni.

Ese 14 de abril de 1972, al día siguiente de un paro general de la Convención Nacional de Trabajadores, el MLN-T cayó en una emboscada y provocó su propia derrota militar cuando ejecutó el Plan Hipólito y asesinó a cuatro presuntos integrantes del Escuadrón de la Muerte e hirió al menos a dos.

En el libro Sendic, del periodista Samuel Blixen, se recogen varias posturas críticas antes de la ofensiva. “Vamos a ir a un enfrentamiento con el Ejército. Yo no estoy muy de acuerdo, pero los compañeros han decidido eso”, recordó el tupamaro Germán González acerca de una conversación que tuvo con Raúl Sendic.

Los tupamaros caídos en esa sangrienta jornada fueron ocho. Dos de ellos —Nicolás Gropp y Norma Pagliano— murieron esa mañana en el enfrentamiento que se produjo en el Cerrito de la Victoria, cerca de la casa de Sofía. Los agentes de Inteligencia, seguramente con la sangre caliente por las bajas sufridas minutos antes, remataron al hombre con un disparo en la frente y llevaron al Hospital Militar a la mujer.

La versión de que el mismo día que mataron en diferentes puntos de Montevideo y Las Piedras a Armando Acosta y Lara, al capitán de corbeta Ernesto Motto, al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos Leites, también iban por Sofía, nunca fue confirmada de manera oficial. Sin embargo, Blixen —que integró el comando que mató a Acosta y Lara— lo da por un hecho en la biografía de Sendic publicada en 2000.

A su vez, Langón afirma en una respuesta a su cliente: “Ud. fue condenado a muerte por el MLN (sin proceso y sin posibilidad alguna de defensa)” y “el día que se llevó a cabo la ofensiva tupamara” también “se pretendió atentar contra su vida, fracasando el conato por la intervención de la autoridad”

Para que se produjera el baño de sangre del 14 de abril, poco después de comenzado el gobierno de Juan María Bordaberry, tuvieron que ocurrir algunos hechos vinculados con la intervención de Estados Unidos para frenar el crecimiento de la izquierda.

Un año después de la muerte del asesor policial estadounidense Dan Mitrione en manos de los tupamaros, los escuadrones de la muerte estaban operando a todo trapo y el 17 de abril mataron a ocho comunistas en la seccional 20 del Partido Comunista, donde resultó herido de muerte un capitán del Ejército.

Además del Club Naval y la Oficina de Estadísticas, Contralor y Difusión (OECD) que dirigía el inspector retirado Jorge Grau, otro de los centros donde se planificaban las operaciones paramilitares estaba ubicado en un estudio fotográfico del Parque Rodó.

A través del G2, la inteligencia cubana, que había tenido durante años a un agente infiltrado en la estación de la CIA en Montevideo, los tupamaros recibieron la información de que el fotógrafo policial Nelson Bardesio, que trabajaba para los estadounidenses y dirigía el estudio Sichel, en Bulevar España 2291, era un eslabón débil que podía aportar información.

En febrero de 1972, mientras estaba en el estudio, Bardesio fue secuestrado por un comando del MLN-T y fue liberado luego de permanecer 100 días en cautiverio. Antes firmó una declaración donde dejaba al descubierto casi toda la estructura clandestina.

Colorados 

Los nombres involucrados fueron no solo de policías y militares, sino también de políticos colorados en el gobierno. Iban desde el ministro del Interior de Jorge Pacheco Areco, Santiago de Brum Carvajal, los subsecretarios Acosta y Lara y Carlos Pirán, el misterioso paraguayo Ángel Pedro Crosa Cuevas, hasta oficiales del Ejército y la Armada, como el general retirado Juan Pedro Ribas o los capitanes Mario Risso y Jorge Nader así como oficiales y agentes policiales de menor rango.

Sofía figuraba en ese relato arrancado bajo presión como “principal colaborador” y hombre de confianza de Crosa. Tenía su propio grupo compartimentado, operaba con el nombre de guerra de José y era frecuente visitante del despacho de Acosta y Lara en Mercedes y Julio Herrera y Obes. 

Según el relato, fue parte, entre otros crímenes, de la muerte y desaparición del joven Héctor Castagnetto, el 17 de agosto de 1971.

Con diferentes firmas y operando en cinco grupos clandestinos, con logística del Estado y armas y explosivos traídos desde Paraguay, Brasil y Argentina, el Escuadrón mató también a Ibero Gutiérrez. En julio de 1971 habían desaparecido a Abel Ayala.

Ibero Gutiérrez fue asesinado y abandonado cerca de Paso de la Arena mientras Bardesio aún estaba en manos de los tupamaros.

Otro de los objetivos de los paramilitares era influir en la campaña electoral de 1971 mediante el terror, y eso llevó a realizar atentados con explosivos en locales políticos y casas de personalidades de izquierda, en especial de abogados como Arturo Dubra y María Esther Gilio.

El ahora detenido en la cárcel de la calle Domingo Arena, aunque niega haber integrado los “grupos de tareas”, reivindica su condición de militante del Partido Colorado. De hecho integró los padrones partidarios hasta 2010, cuando su nombre ya muy “quemado” fue depurado coincidiendo con el hecho de que comenzó a estar en listas de buscados por Interpol.

Dos años después, una persona llamó a la Casa del Partido Colorado para saber si Sofía podía reingresar a la vieja colectividad. La entonces secretaria general, Martha Montaner, analizó el tema y entendió que Sofía no cumplía con los requisitos para ser afiliado. Así se lo transmitieron a la persona —quizás el propio interesado— cuando volvió a llamar.

El argumento esgrimido una y otra vez por Langón era desacreditar las declaraciones de Bardesio, detenido en 2008 en Buenos Aires, extraditado, luego procesado en Uruguay y ahora en prisión domiciliaria. La defensa argumentó que la causa incoada a partir de las declaraciones en condiciones irregulares de este agente que había sido entrenado por la SIDE en Argentina no tiene valor, ya que se aplica “la doctrina del fruto del árbol envenenado o emponzoñado”

Sobre un punto el abogado tenía razón: en 1972 Bardesio había declarado en la “cárcel del pueblo” bajo presión, sin defensa legal y a menudo con un revólver amartillado y con el caño apoyado en la cabeza.

Pero ya entonces y también 36 años después, los hechos habían sido confirmados ante la Justicia. Y no solo por Bardesio, sino por los cubanos, los historiadores, el entonces jefe de la inteligencia militar, Ramón Trabal, el senador Juan Pablo Terra y hasta documentos desclasificados de Estados Unidos.

“Un pituco que entraba y salía del despacho del subsecretario del Ministerio del Interior” Acosta y Lara. Así describió a Sofía el policía Pedro Walter Freitas en 2008 al semanario Brecha. Freitas fue uno de los procesados por pertenecer a esa estructura ilegal que también habían integrado los entonces jefes de los departamentos 5 y 6 de la DNII, Hugo Campos Hermida y Juan Pedro Macchi, ya fallecidos.

Luego de que el pasado jueves 10 Sofía fuera enviado a prisión preventiva en el marco de la causa que lo investiga por homicidio muy especialmente agravado, desaparición forzada y asociación para delinquir, el abogado que asumió su defensa —tras el fallecimiento de Langón—, Miguel Martínez Chaer, presentó, un recurso de inconstitucionalidad alegando la prescripción de los hechos.

En 2009, la Justicia confirmó el procesamiento de Freitas y Bardesio por homicidio muy especialmente agravado extendiendo la prescripción por razones de peligrosidad. El ahora detenido había tomado el camino de negar todo y presentarse como un dispendioso empresario con tres títulos universitarios.

“No existió un escuadrón de la muerte. De haber existido, lo que hubo fueron distintos grupos que se opusieron a los terroristas sediciosos que pretendieron tomar el poder por las armas. Nunca integré ese supuesto escuadrón. Nunca estuve en ningún grupo fascista ni de extrema derecha. Nunca integré la JUP. Tal como podré demostrar fehacientemente ante la Justicia, dejando al desnudo todas las falsedades y ataques de que he sido víctima durante estos últimos casi 40 años”, dijo en una entrevista con el periodista Luis Casal Beck en Caras y Caretas antes de desaparecer durante casi una década.

Juan Pablo Terra y Sanguinetti

Luego de la dictadura (1973-1985), el exsenador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Juan Pablo Terra reveló la existencia de una conversación de marzo de 1972 acerca de los escuadrones de la muerte que habría integrado Miguel Sofía, detenido el pasado martes 8.

El encuentro entre Terra y el entonces ministro de Educación y Cultura Julio María Sanguinetti se produjo porque el legislador frenteamplista estaba muy preocupado por la muerte de jóvenes a manos de paramilitares.

Con posterioridad, en varias ocasiones, el propio Sanguinetti­ hizo referencia a esa conversación. “Juan Pablo me visita un día para plantearme su preocupación sobre la existencia de ese grupo. Le señalé que no creía que hubiera una real organización, pero viniendo de su persona y siendo evidente que se habían producido algunas criminales represalias, aisladas y dispersas, ello daba pie a pensar que se estaban dando desbordes personales o de grupúsculos pequeños de la órbita policial”, contó Sanguinetti en agosto de 2008 en una carta enviada a Brecha.

Sanguinetti relató que entonces se entrevistó con el presidente Juan María Bordaberry y que este “rechazó toda vinculación, autorización u orden al respecto, informándome más tarde que no encontraba evidencias, pero que como prevención le parecía tranquilizador dispersar territorialmente a esos presuntos terroristas para que no pudieran conectarse con facilidad y actuar en conjunto, si era ese su propósito”

Una versión de allegados a Terra, fallecido en 1991, indica que el 2 de marzo de 1972, el senador se había reunido con el policía Mario Benítez, que integraba el equipo del fotógrafo policial Nelson Bardesio y que este le proporcionó información detallada acerca del funcionamiento del escuadrón de la muerte.

Esa información era la que había llegado al nuevo ministro del Interior Alejandro Rovira de manos de Sanguinetti, pero eso en nada había cambiado las cosas.

 

El fugado del escuadrón

 

Raúl Ronzoni Búsqueda

Hace siete días que el exintegrante del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofía, ocupa una celda en la cárcel de Domingo Arena. El jueves 10 se reencontró con viejos conocidos. Allí están militares y policías que en los años 70 compartieron la filosofía de imponer su ideología secuestrando y asesinando a militantes de la izquierda.

Ahora la Suprema Corte de Justicia decidirá si la asociación para delinquir, la desaparición forzada, y los homicidios que se le imputan a Sofía prescribieron o son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Antes, el expediente pasará al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Su opinión no es vinculante pero ha sostenido que son crímenes de lesa humanidad.

Lo acaba de manifestar sobre los expolicías e integrantes del escuadrón, Nelson Bardesio y Pedro Freitas. Están en la cárcel por el homicidio especialmente agravado de Héctor Castagneto en 1971. En esos hechos está involucrado Sofía.

La Corte ha rechazado que sean delitos de lesa humanidad. En noviembre, el ministro Jorge Chediak dijo al semanario Crónicas que esos delitos fueron aprobados en 2006 (artículo 21 de la Ley 18.026) y son imprescriptibles. Pero, precisó, solo existen para el futuro de esa fecha; en delitos anteriores se aplica la prescripción vigente de cuando se cometieron.

A 47 años de la desaparición y asesinato de Héctor Castagneto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, y a casi 10 de que Sofía se convirtió en prófugo, la sentencia, sea cual fuere, cerrará esa parte de la guerra sucia que sumergió al país en un baño de sangre. La responsabilidad penal de Sofía es la única pendiente.

Fue capturado el martes 8 en Punta Carretas. Por tratarse de hechos previos al actual Código del Proceso Penal, la Policía lo puso a disposición de la jueza penal Fanny Canessa. Hace 10 años el fiscal Ricardo Perciballe pidió su procesamiento. Una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Aníbal Martínez Chaer frenó el trámite en el juzgado de Canessa y lo dirigió a la Corte.

En abril de 2009, por primera vez en un documento oficial, un fiscal dijo que existió un grupo paramilitar de ultraderecha que en los 70 actuaba con el aval del Ministerio del Interior y el apoyo de agentes de la CIA.

Solicitó el procesamiento de Sofía, Bardesio, Freitas, Jorge Grau y Ángel Grignoli por “asociación para delinquir”, “desaparición forzada” y “homicidio muy especialmente agravado” por los casos de Castagneto, Ramos Filippini y Gutiérrez cometidos en 1971.

Los involucrados por la jueza Graciela Eustachio en el caso de Castagneto son Bardesio, Freitas y Sofía, aunque no analizó su responsabilidad por estar prófugo.Para la jueza, los delitos imputados no son de lesa humanidad. Consideró prescritos los homicidios de Ramos Filippini y Gutiérrez y así liberó la responsabilidad de Grau y Grignoli.

Mantuvo el de Castagneto al elevar en un tercio el plazo de prescripción de 20 años. Consideró a Bardesio y Freitas como sujetos “peligrosos” (artículo­ 123 del Código Penal) y recordó que tampoco se considera el período de la dictadura entre el 27 de junio 1973 y el 1° de marzo de 1985.

El Tribunal de Apelaciones de tercer turno coincidió con la tesis de Eustachio. Lo integraba Bernadette Minvielle, que hoy es ministra de la Corte Si la Corte mantiene su posición sobre la prescripción, igual Sofía puede ser responsabilizado por el secuestro y muerte de Castagneto. Como Bardesio y Freitas.

La inmoralidad de Sofía tiene otros ribetes. En la dictadura fue funcionario de la sección consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Puesto clave: allí se controlan los pasaportes. El gobierno militar luego lo designó segundo secretario y agregado de Prensa en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Tenía como misión contrarrestar la ofensiva de prensa contra la dictadura que desarrollaban Wilson Ferreira Aldunate y la Convergencia Democrática con el apoyo de la administración del presidente Jimmy Carter y del senador demócrata Edward Kennedy.

En medio de ese operativo afloró un miserable ladronzuelo: robó en dos ocasiones en un supermercado y el gobierno de Estados Unidos solicitó su remoción. Regresó a Uruguay pero no fue destituido. Sus servicios en el escuadrón eran de mayor peso. Tenía entre otros el respaldo del director general del ministerio, el coronel Walter Machado y fue designado en la Embajada en Taiwán.

A su regreso, el gobierno militar le concedió una onda radial que denominó Emisora del Plata. Su éxito lo llevó a fundar el Grupo del Plata: FM Total, Futura, Cenit de Rivera, Real de San Carlos de Colonia, Santa Rosa de Canelones y La Pradera de Rocha. Las vendió en 2007 al poderoso empresario mexicano Ángel González, que utilizó testaferros. Fuentes del sector sostienen que Sofía cobró más de un millón de dólares.

Su espera entre rejas no se limita a violaciones a los derechos humanos. El fiscal Carlos Negro y el juez penal Alejandro Asteggiante ordenaron la semana pasada su prisión preventiva por 60 días por “falsificación ideológica por un particular” y “uso de certificado falso”. Usó una cédula auténtica de Adolfo Casaballe Lapido, a quien le fue hurtada hace varios años. Así logró viajar a Argentina y también evitar su captura.

¿Alguien de tal notoriedad puede permanecer 10 años prófugo sin ser ubicado? Vivía y veraneaba en lugares de gran afluencia de público. ¿Nadie lo reconoció? Las viviendas en las que vivía en Montevideo y Punta del Este eran notorias. Solo es posible con la ayuda de algunos o el silencio cómplice de otros. ¿Quién o quiénes? Difícil determinarlo.


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