Primera Hora San José 1 febrero 2019
Coincidiendo con el levantamiento de la Feria Judicial,el Juzgado de Paz de nuestra ciudad retomó hoy el caso del productor Gabriel Arrieta, quién desde hace 10 años vive en un campo de 35 hás. perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC) ubicado en Kiyú; del que el organismo pretende desalojarlo por considerarlo un “ocupante ilegal” del predio.
Según pudo saber Primera Hora, la instancia judicial preveía la comparecencia de ambas partes con sus respectivos asesores legales, así como también de testigos.
Arrieta, que vive en un viejo ómnibus dentro del predio ubicado en la zona de “La Guitarra”, llegó a esas tierras como integrante de la Cooperativa “12 de Mayo”; pero al fracasar la iniciativa de ese colectivo y alejarse sus otros integrantes, decidió quedarse en el lugar en donde ha venido dedicándose a la producción ovina, agrícola y de forraje para los tamberos de la zona.
En 2013 el INC resolvió que dicha fracción le sea devuelta, ya que entiende que no cumple con las condiciones establecidas para los colonos, además de que desde 2008 mantiene deudas con el organismo; para lo cual comenzó una negociación con el productor que no prosperó, por lo que emitió una orden de desalojo que llevó al proceso judicial en cuestión.
El caso de Arrieta cobró aún mayor repercusión cuando a principios del año pasado el productor -que es directivo de la Mesa Nacional de Colonos- mantuviera una acalorada discusión con el presidente Tabaré Vázquez, luego de que no se convocara a dicha entidad a las reuniones de trabajo que el MGAP promovía con diversas gremiales agropecuarias.
Durante ese duro altercado, el productor tildó de “mentiroso” al primer mandatario. Horas después, Presidencia publicó en su web una serie de datos sobre Arrieta, la que luego fue retirada, pero por la que el colono inició una demanda civil por daños y perjuicios, reclamando un pago de US$ 50.000 como resarcimiento por la “ofensa” y el “escarnio público” sufrido; recurso que retiró a fines del año pasado.
Sin acuerdo entre las partes, Colonización procura el desalojo del colono Arrieta
La semana pasada comenzaron las acciones judiciales tendientes a desalojar al colono Gabriel Arrieta del campo de 35 hectáreas que ocupa en el departamento de San José.
Hébert Dell’Onte Larrosa – Montevideo – TodoElCampo – 5/02/19
El Ejecutivo se encuentra, una vez más, enfrentado al colono Gabriel Arrieta. La presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC) Jacqueline Gómez, dijo que se ha iniciado un proceso judicial con el fin de que el colono sea desalojado sin que haya acuerdo para su reubicación. Arrieta por su parte señaló que en casos similares al suyo Colonización busca soluciones, cosa que no ocurre con él. “Se ve que conmigo hay un ensañamiento o no sé cómo catalogarlo”, dijo.
La semana pasada comenzaron las acciones judiciales tendientes a desalojar al colono Gabriel Arrieta del campo de 35 hectáreas que ocupa en el departamento de San José. El proceso puede demorar unos dos años según estimaciones de los abogados de Arrieta.
Para Colonización Arrieta no cumple con la condición de colono considerándolo ocupante de tierras pertenecientes al Instituto y que están ubicadas en Kiyú (San José). Además, según publicó el diario Primera Hora el ocupante mantiene deudas desde 2008.
Arrieta dijo a TodoElCampo que Colonización “quiere el campo”, narró que al ingreso al mismo “había un grupo de personas pero ese grupo se disolvió” quedándose él por lo que ahora lo quieren sacar.
Preguntado por la deuda negó la existencia de la misma y agregó que “mientras estuvo el grupo” que se instaló allí “hubo un contrato precario de dos años, el cual se cumplió y estábamos al día. Pero hubo un tema de relacionamiento interno del grupo” que llevó a la disolución del mismo, los demás integrantes “se fueron y el único que se quedó fui yo que era el único que estaba instalado”.
En determinado momento la presidente del Instituto Jacqueline Gómez “se hizo presente diciéndome que este no era mi destino final” y “me da dos opciones a elegir en Canelones”.
“Voy a visitar las dos fracciones de Canelones” que me propuso Colonización, observando que “agronómicamente las tierras son un desastre, una al fondo de Migues y la otra cerca de Tala, y uno que es productor sabe cuando hay poca calidad de tierra. Aparte no se me presentó una propuesta seria, nunca se me presentó quién me paga el flete para llevar los animales” y todo lo que implica instalarme allá, porque “todo tiene un costo impresionante”.
Agregó que las fracciones de Canelones son de 19 hectáreas una y 25 la otra.
“Yo presenté el cambio de fracción acá cerca, a 7 u 8 kilómetros, una fracción que estaba en proceso de compra, era vendida por el dueño al Instituto de Colonización”. Esa gestión fue tratada por la Mesa Nacional de Colonos y no fue respondida por las autoridades.
GÓMEZ DESCARTA QUE SE LLEGUE A UN ACUERDO
Por otra parte la presidente de Colonización dijo al citado matutino que respecto a la situación de Arrieta descarta que pueda llegarse a un acuerdo.
“Él no es un colono, es un ocupante de la tierra, no tiene un contrato de adjudicación. La cooperativa a la que pertenecía, y él en particular, tuvieron un conjunto de situaciones bastante complejas todo eso llevó a que en 2012 empezáramos a regularizar el área. Como no se logró avanzar porque se negaban a entregar las tierras, iniciamos este proceso judicial porque no vamos a defender ni a ocupantes de tierras, ni a deudores contumaces”, señaló.
ARRIETA: “CONMIGO HAY ENSAÑAMIENTO O NO SÉ CÓMO CATALOGARLO”.
Ayer en radio Rural Arrieta dijo que casos como el de él no son nuevos, y que ya han existido grupos que se han disuelto quedando alguno de los integrantes en la fracción. En casos así “el Instituto tiene la política de buscar una solución”, cosa que no ocurre con él. “Se ve que conmigo hay un ensañamiento o no sé cómo catalogarlo”, dijo. También lamentó que la respuesta de Colonización le llegue a través de la prensa.
En esa situación sus abogados le han advertido que el juicio “es totalmente perdible” y le recomiendan que “trate de buscar una solución”.
SIN DIÁLOGO CON LOS COLONOS.
Añadió que entre la Mesa de Colonos y el Instituto Nacional de Colonización “no ha existido el diálogo desde hace un año y tres meses. El último dialogo que tuvo la Mesa de Colonos y el Instituto fue en noviembre de 2017”. Destacó que la apuesta de los colonos “es dialogar. El martes de la semana pasada se presentó una propuesta de diálogo con el Instituto que no ha sido respondida, estando a la espera”.
GABRIEL ARRIETA.
La nueva situación conflictiva con Gabriel Arrieta llega un año después de la discusión pública que mantuvo con el presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez.
En febrero de 2018, en la puerta del l Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el presidente Vázquez discutió con un grupo de productores, uno de los cuales dijo que el mandatario era un mentiroso iniciándose una discusión puntual entre ambos. El productor era el colono Gabriel Arrieta.
Horas después la página web de Presidencia publicó datos personales que afectaban negativamente la imagen de Arrieta, lo que fue cuestionado por varios abogados y expertos en Derecho Administrativo.
Arrieta presentó una demanda contra el Estado reclamando unos 50.000 dólares por daños y prejuicios, pero cuando la instancia judicial avanzaba decidió retirar la misma.
A través de un comunicado consideró que “el resarcimiento del daño hecho pasa más por lo humano que lo material”, y consideró que en caso de ganar el juicio “lo tiene que pagar el pueblo uruguayo” y no el presidente Vázquez de su bolsillo.
Al desistir del juicio lo hizo para no afectar el presupuesto del Estado que ya sufrió “el desfalco que ha hecho este gobierno con Ancap, PLUNA, ALUR y todas las empresas que han fundido”, según declaró a la prensa.
Vecinos de Montevideo reclaman al BID no otorgar el préstamo al proyecto de Ferrocarril Central para la empresa UPM por sus graves impactos ambientales y sociales.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga financiamiento para proyectos de diferente naturaleza a lo largo del continente. En sus lineamientos generales, indica que está "comprometido a maximizar los resultados medioambientales y sociales positivos de nuestro trabajo, al mismo tiempo que minimizamos los riesgos e impactos negativos para las personas y el capital natural."
Este organismo está actualmente considerando otorgar un préstamo de hasta 300 millones de dólares con fecha estimada de aprobación en abril del año 2019, para financiar el denominado proyecto Ferrocarril Central contenido en el acuerdo suscrito el 7 de Noviembre de 2017 entre la República Oriental del Uruguay y la empresa UPM.
Los y las vecinas de Por El Costado de la Vía -junto con una asesora internacional de Derechos Humanos- le reclaman al BID que no se otorgue el préstamo para dicho proyecto, dados los incumplimientos ya denunciados por la vulneración de derechos humanos y ambientales que producirá la obra en el territorio nacional.
En el marco de la propia política del BID, está contemplada una instancia de participación de las partes afectadas, señalando que "como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías A y B requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista.".
El colectivo Por El Costado de la Vía hará uso del derecho de participación para denunciar ante este organismo las irregularidades e incumplimientos detectados hasta el momento.
Concretada esta instancia nos comunicaremos para compartir información.
Contactos:
Yanina Borloz 098391594 Sonia Gómez 099579951 Victoria Landaberry 099368583
Por grupo de Vecinas y Vecinos "Por el costado de la vía¨
A la opinión pública
El día 1 de febrero asumió el nuevo Jefe del Esmade, Gral. Alfredo Erramún.
Nuevamente, como se ha hecho costumbre, en ese acto protocolar un alto oficial en funciones hace declaraciones sobre varios temas, a pesar de estar inhibido constitucionalmente para realizarlas.
Entre ellas, reitera el chantaje de brindar información sobre nuestros desaparecidos, que parece saber que existe, a cambio de más impunidad.
Ante estas declaraciones, hechas con total liviandad e hipocresía, que son una falta de respeto a la conciencia democrática de nuestra sociedad, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresa:
Exigimos que el Gral. Erramún, visto que está en conocimiento de que las Fuerzas Armadas tienen información, actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue al Presidente de la República. Con todas las garantías de un estado de derecho que parece ignorar.
Aclaramos:
Hace más de 30 años que los distintos jerarcas militares reclaman y ponen condiciones con la promesa falsa de dar información sobre el destino de nuestros desaparecidos. Los distintos gobiernos concedieron todas esas condiciones y nunca hablaron: más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la Ley de Caducidad con los nefastos resultados de maniatar a la justicia e impregnar a la ciudadanía en esa cultura de impunidad.
Las Fuerzas Armadas parecen insaciables. Quieren inmunidad para sus crímenes mientras protestan por las reformas a su caja y las jubilaciones de los oficiales; se ubican fuera de la Constitución y la Ley cuando continúan opinando sobre soluciones para el país y avalando en discursos el golpe de estado y sus métodos de tortura, así lo han hecho los sucesivos mandos desde el retorno a la democracia sin consecuencia alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe por haber usurpado el gobierno por la vía de las armas.
Corresponde a los tres Poderes del Estado generar las garantías necesarias para que nunca más haya dictadura en nuestro país.
Tomar las medidas que correspondan para no permitir los desbordes inconstitucionales de los altos mandos, redimensionar las Fuerzas Armadas, reformular su formación desterrando la infame Doctrina de la Seguridad Nacional que sostuvo la ideología desplegada en los años de dictadura. Y exigir a sus mandos información y respeto.
Una vez más decimos Basta. Impunidad responsabilidad del estado ayer y hoy.
Verdad, Memoria y Justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo 5 febrero, 2019
Astarita, 2017/04/01:
En este panorama, no hay salida progresista para la clase trabajadora. El programa económico y social de la oposición aglutinada en la MUD es el tradicional de la “burguesía seria”: reforma de la Ley de Trabajo, privatización o re-privatización de empresas del Estado, reformulación de las “reglas de juego” para la inversión privada (esto es, garantizar una elevada tasa de explotación del trabajo) y, por supuesto, el levantamiento de los controles de precios y la reunificación cambiaria. En el marco de las relaciones capitalistas, la aplicación de este programa impondrá enormes sacrificios a los trabajadores y sectores populares.
Sin embargo, el programa del chavismo no es una alternativa aceptable para las masas explotadas. Es el programa que condujo al actual desastre... Hoy no se atisba siquiera alguna expresión de independencia de clase medianamente representativa. Incluso si se convocara a una Asamblea Constituyente, como pide alguna gente de izquierda, las fuerzas mayoritarias serían burguesas o estatistas burguesas.
Astarita, 2017/04/03
... la necesidad de que los trabajadores rompan políticamente con el chavismo y la oposición burguesa
Por lo tanto, la primera tarea del marxismo es convencer a la vanguardia de izquierda de la necesidad de romper ideológica y políticamente con el chavismo (y mantener la independencia política con respecto a la oposición de la MUD).
FM