Fuera de foco, el poder madurista y sus aliados reprimen con violencia. Los barrios populares, que habían anticipado con sus movilizaciones la autoproclamación como presidente de Guaidó, son el blanco principal. Quienes apoyan al presidente “socialista” afirman, por su parte, estar enfrentando a “delincuentes”
Jean-Baptiste Mouttet, enviado especial, CaracasMediapart, 20-3-2019 Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa
“Cuando la policía llegó, gritamos que era una manifestación pacífica. Tiraron y en un primer momento pensamos que eran perdigones. Uno de los manifestantes dijo que un joven había caído al suelo. Poco después, supimos que no eran perdigones sino una bala”, cuenta un contable de músculos bien entrenados, Kervin Arginzones.
Este habitante del barrio popular de Catia, al Oeste de Caracas, comenta en detalle ese tranquilo 22 de enero cuando, con unos amigos, decidió “bajar” hasta la estación de metro Gato Negro para protestar contra el presidente Nicolás Maduro. “El joven cayó a tierra” ése es el rostro juvenil que mostró luego la prensa, el rostro de Alixon Pizani. Habría sido el primer muerto de 2019 en las manifestaciones contra el presidente socialista. Para Amnesty Internacional, “el panadero de 19 años” recibió una bala en el tórax. “Según testigos, un motociclista con uniforme de la Policía Nacional Bolivariana tiró sobre los manifestantes al azar con un arma de mano.”
Al día siguiente, el 23 de enero, toda la prensa internacional se focalizaba sobre la manifestación masiva de varias decenas de miles de personas que, en Caracas, acompañaban a Juan Guaidó y su proclamación como presidente de transición. Esta manifestación tuvo lugar sin violencia.
Las grandes movilizaciones organizadas casi todas las semanas por la oposición fueron pocas veces bloqueadas por las fuerzas del orden. El tono empezó a subir a partir del 9 de marzo, cuando el país vivía el más largo y vasto corte de energía eléctrica de su historia. La policía madurista desmontó el estrado de Juan Guaidó y tres personas que había participado a la instalación del estrado fueron detenidas.
El joven líder de la oposición pronunció finalmente su discurso subido al techo de un coche y los manifestantes lograron evitar el bloqueo policial. El contraste es sorprendente, comparado a las precedentes movilizaciones contra el gobierno, que duraron varios meses en 2017. Las marchas eran por entonces rodeadas y bloqueadas por la policía y los enfrentamientos eran sistemáticos. Según Amnesty, ese año hubo más de 120 muertos entre abril y junio (163, según el Observatorio venezolano del conflicto social, www.observatoriodeconflictos.org.veentre principios de abril y mediados de agosto de 2017).
Algunos opositores ven este cambio de táctica como una prueba de la desintegración dentro de las fuerzas del orden, una confirmación de que los subalternos están de su lado. "Para mí, es un error", advierte Marco Ponce, dirigente del Observatorio venezolano del conflicto social, "es probable que se trate de una orden del ejecutivo. Nicolás Maduro quiere conservar una imagen de vida democrática ante los países extranjeros", afirma.
Las respuestas violentas del gobierno y de sus fuerzas actúan ahora de manera alternativa. Intervienen bruscamente y al margen de los hechos y de las movilizaciones entre Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro. La estrategia de la oposición consistente en ingresar ayuda humanitaria y el rechazo gubernamental de aceptar la provocaron la muerte de siete personas, según el OVCS. Mientras que los enfrentamientos provocaron más de 300 heridos, todas las muertes ocurrieron en zonas cercanas a la frontera brasilera, en el Sur del país, siendo que los medios de comunicación estaban concentrados sobre la frontera colombiana. La víspera de la entrada prevista de la ayuda, el 23 de febrero, cuatro amerindios de la etnia Pemón fueron asesinados cuando trataban de impedir que los militares entraran a la zona del Sur.
Con el inmenso apagón, el gobierno endureció el tono. El 11 de marzo, Nicolás Maduro llamó a la “resistencia activa” de los movimientos sociales, de los consejos comunales y también de los “colectivos”, esas organizaciones capaces de llevar adelante tanto un trabajo social como el apoyo al poder con las armas en la mano. El presidente destacaba así el “deseo de paz”, la solidaridad de la población, al mismo tiempo que aprobaba la represión de las protestas.
Los grupos armados, que la oposición engloba bajo el término genérico de “colectivos”, no habían esperado la declaración oficial de su presidente para entrar en “acción” y diseminarse en la ciudad y en los barrios, cuyas costumbres ignoran muy a menudo. En Chacao, municipio más bien rico y de oposición, el 11 de marzo por la mañana, en pleno corte de agua corriente, fueron levantadas pequeñas barricadas (“guarimbas”) construidas con desechos. “Unos diez motociclistas vinieron a destruirlas. Un vecino les lanzó una botella. Ellos sacaron las pistolas. Vimos a dos de ellos hacerlo. Tiraron contra la fachada de nuestra casa. No apuntaban hacia ninguna ventana, pero… » trata de relativizar un habitante del barrio. Más tarde, en el mismo lugar, los vecinos armaron otra barricada. Unos individuos con chalecos anti balas y armas de mano desarmaron todo “metódicamente”
“Es la primera vez que vemos civiles armados por aquí” cuenta un hombre de unos treinta años, quien evalúa la reacción como “verdaderamente desproporcionada con respecto a la mini guarimba”
Los barrios más populares conocen este aumento de las intimidaciones desde hace tiempo. En ellos, entre el 21 y el 25 de enero, las movilizaciones precedieron la autoproclamación de Juan Guaidó, y luego siguieron acompañando la agenda de la oposición (Artículo en francés: https://www.mediapart.fr/journal/international/270219/dans-le-quartier-de-cotiza-la-ou-l-affrontement-commence-au-venezuela)
Abajo del barrio de Catia, un grupo de personas, entre las cuales el contable Kervin Arginzone, esperan en la entrada de un local, en la penumbra de la tardecita de un jueves de fines de febrero. Llevan un suéter azul turquesa, un color que se ve poco en esos barrios. Ese azul es el de un partido opositor, Vente Venezuela, conducido por María Corina Machado. Un partido de oposición denostado por el gobierno de Maduro. Minoritario en la Asamblea Nacional, compuesta por una mayoría de diputados opuestas al presidente socialista. Esta organización política cumple con todos los esquemas con los que el gobierno califica a sus adversarios: liberal, atlantista, favorable a una intervención militar para conseguir el ingreso de la ayuda humanitaria.
El responsable del sector, Maikol Castañeda, recibe a los recién llegados. Según Maikol, la amenaza de los civiles armados, de los colectivos, es sistemática. “Sus objetivos son claros; nada de guarimbas. Cuando llegan, generalmente, conseguimos hablar con ellos. Son gente del barrio. Somos vecinos, crecimos juntos”, dice. Pero no siempre es así. Según Amnesty, los cinco días de manifestaciones de febrero último hubo « 41 personas muertas […], todas por heridas de bala. Más de 900 personas fueron detenidas de manera arbitraria”, 770 en un solo día, el 23 de enero.
La situación se tensa aún más debido a que los partidos antimaduristas ocupan el terreno a medida que el Estado y sus programas sociales desaparecen. Hoy, la presencia chavista es sobre todo visible a través los Comités Locales de Aprovisionamiento y de Producción (CLAP), esos comités que distribuyen alimentos por un precio módico. Maikol Castañeda mantiene que algunos colectivos dirigen ciertos CLAP y “controlan” así de mancera eficiente el barrio.
Esa noche, unas diez personas vinieron a la apertura del “colegio ciudadano” de Vente Venezuela, que supuestamente haría “competencia” al “consejo comunal” chavista. “Yo era miembro de un consejo comunal pero, con otras personas, fuimos radiados. La dirección del consejo prefiere un consejo 100% madurista”, nos cuenta Kervin Arginzones. Él vino a instalarse en Catia desde hace solo unos meses e inmediatamente salió a la calle de su comunidad, enfrentando las amenazas. “Con unos amigos, hace un mes y medio, les pedimos a los habitantes del barrio una pequeña participación para ir a buscar gas. Hace más de tres meses que no hay gas. Una responsable del consejo comunal amenazó con denunciarme al SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Por ahora, no ha pasado nada. Muchos vecinos nos apoyan”, cuenta Kervin. Una vez que los miembros del « colegio » eligieron a sus representantes, volvieron tranquilamente a sus casas. Muchos de ellos se sacaron discretamente la camiseta azul turquesa.
“Cuando los caminos se vuelven difíciles, solos los más duros caminan”
No solo Catia vive esa realidad. Más al Sur, en el barrio de La Vega, el cura jesuita Alfredo Infante, con sus zapatos agujereados por no poder hacerlos reparar en estos tiempos de crisis, no esconde su aversión por Nicolás Maduro, aunque aclara que no está en la oposición. El padre Alfredo abrió comedores en los que se brinda comidas a los niños del barrio, con Alimenta la Solidaridad, fundada por el opositor Roberto Patiño. Según el cura Infante, la situación se volvió más tensa a partir de enero. Desde entonces, se vio enfrentado varias veces a la policía o a los colectivos. El sábado 16 de marzo, cuando organizaba una “jornada por la salud”, con la participación de médicos, los colectivos aparecieron. “Para ellos, la asistencia humanitaria es una “intervención del imperio”. “Tuve que hablar largo y tendido con ellos para contrarrestar sus prejuicios”, cuenta el cura.
La presión es tal que a menudo los militantes políticos prefieren alejarse del barrio por cierto tiempo. Fue la decisión que tomó a mediados de enero José Gregorio, delegado sindical por Caracas del sindicato venezolano de maestros (Sinvema). El 7 de enero, con otros profesores, organizó una manifestación en un liceo de La Vega. Reclamaban un aumento de salario de 5 dólares (2 kilos de pollo). «El 13 de enero, me mandaron un mensaje vocal de Alexander Carrillo, el responsable de los colectivos de la parroquia. En ese mensaje, me decía que había que “había que estar atentos sobre las manifestaciones que íbamos a organizar en las escuelas […] y que había que presionar a un profesor de matemáticas”, yo mismo. “Vamos a ser firmes con ese tipo para que se calle un poco, porque él es el organizador de todo ese escenario”.
“Efectivamente, Alexander Carrillo vino al día siguiente con otros hombres en moto, sigue contando. Me dijo que sabía dónde vivía, que no quería guarimbas. Negocié el hecho de no armar barricadas pero sí mantener la manifestación. Con las guarimbas que se armaron después, los saqueos de comercios que hubo, me tuve que refugiar fuera de la parroquia.”
Alfredo Infante dice que los colectivos y las fuerzas del orden están muy bien informados. Denuncia la presencia de “sapos” –delatores. Las ONG venezolanas de defensa de los derechos humanos, como Provea, denuncian la RAAS, Red de Articulación y Acción Sociopolítica (http://www.psuv.org.ve/portada/psuvred-articulacion-y-accionmodelounidaddefensa-nacion/#.XJQGkLjjLct). Esa red, presentada como “un modelo de unidad […] para la defensa integral de la nación”, fue creada por el Partido Socialista Unido de Venezuela ‘PSUV, partido de gobierno) par “hacer frente a la constante amenaza de los Estados Unidos”.
El término “sapo” exaspera a Francisco Pérez. «Yo, por ejemplo, como actor político, debo saber lo que pasa a mi alrededor. Hablo de ello en reuniones políticas. ¿Es eso ser “sapo”? » Este chavista que trabaja para medios de prensa gubernamentales dice que “si yo fuera a sus comedores, me dirían que me fuera porque soy chavista”. Según lo que él dice, no hay más grupos armados en La Vega. Se lo nota menos seguro cuando habla de la presencia de la policía nacional bolivariana en la entrada de La Vega o cuando habla de las intrusiones de las Fuerzas de acción especiales (FAES). (Ver https://correspondenciadeprensa.com/2019/02/01/venezuela-faes-el-brazo-ejecutor-del-terrorismo-de-estado-informe-especial/)
Las FAES intervinieron, entre otras operaciones, en las jornadas de manifestaciones de fines de enero. La Vega fue escenario de saqueos. Francisco Pérez muestra una casa en la que hubo un “allanamiento”. No está de acuerdo con ese tipo de acciones y prefiere repetir, como el gobierno, que las FAES actúan contra los delincuentes. “La oposición alza la voz cuando un estudiante es detenido, siendo que ese mismo estudiante puede ser conocido aquí, en este barrio, como un vendedor de drogas”, afirma.
Para Amnesty International, las FAES manipulan los “escenarios de crímenes y describen a las víctimas como si fueran delincuentes”. La ONG lleva contabilizadas “seis ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES en varios lugares del país […]. En cada uno de los casos, las víctimas estaban vinculadas de una u otra manera a las manifestaciones que habían tenido lugar en los días anteriores”. Según Provea, algunos miembros de grupos armados se incorporaron a las FAES, de terrible reputación. Las fuerzas de acción utilizan el miedo que provocan. En las paredes de uno de sus cuarteles, en Petare, han sido pintados eslóganes acompañados de calaveras como estos: “Cuando los caminos se vuelven difíciles, solo los más duros caminan” o, el más tradicional “Leales siempre, traidores nunca”
Los barrios populares, que fueron la base electoral del chavismo, son un gran reto para el poder. En sus calles estrechas tiene lugar otro enfrentamiento político, mucho más violento que en el centro de las grandes ciudades. El padre Alfredo Infante advierte en ese sentido: “Si hay un cambio político, los chavistas deberán ser protegidos. El resentimiento es muy grande.”