Acuerdo para vender lácteos a Venezuela presentado en 2015 ahora no aparece
El gobierno envió una ley sobre la base de memorándum pero el Poder Ejecutivo ahora dice que “no se firmó”
Santiago Soravilla -El Observador 27/03/19
“Es oxigeno puro para el país”, dijo el presidente Tabaré Vázquez el 6 de julio de 2015, al encabezar una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva junto a varios ministros en la que anunció una serie de acuerdos con el gobierno venezolano que habilitaban la cancelación de las deudas de Ancap con Pdvsa y la venta de miles de toneladas de arroz, leche en polvo, soja, pollo y queso.
A Montevideo habían llegado dos importantes autoridades del gobierno de Nicolás Maduro: el ministro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, y el ministro de la Banca Pública venezolana, Rodolfo Marco Torres.
Esos acuerdos formaron parte de un Memorándum de entendimiento firmado por ambos países los días 6 y 7, que desde hace varios meses es buscado en varias dependencias del Estado por una serie de productores lecheros, mientras esperan poder terminar de cobrar parte de las deudas que Venezuela tiene con ellos.
A fines de 2018, luego de preguntar en varias instituciones públicas, el productor Justino Zavala decidió iniciar el camino legal e ingresó a la Presidencia de la República una solicitud de acceso a la información pública en la que pidió conocer el “Texto completo del Memorándum de entendimiento firmado en 2015 entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela”. La respuesta le llegó prácticamente un mes después, a través de una resolución firmada por el prosecretario Juan Andrés Roballo, en la que le solicitaba un mayor plazo “a los efectos de la búsqueda de la información solicitada”.
Zavala esperó otro mes y el 18 de febrero recibió una respuesta que lo sorprendió. La resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y que está disponible en la web oficial, señalaba que ese año no se había firmado “ningún memorándum” entre ambos países sino "un acuerdo entre ambos países que estableció la cancelación de un crédito de Venezuela por la compra de crudo; y a su vez, el compromiso de Venezuela de utilizar ese dinero para el pago a exportadores, específicamente en el sector alimentario”.
El productor decidió entonces hacer otra solicitud y pedir el “texto completo” de los acuerdos comerciales firmados con Venezuela. La semana pasada, Toma volvió a contestarle y le dijo que su pedido “no se vincula a las competencias institucionales de la Presidencia de la República” y le recomendó que acudiera al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Zavala le hizo caso y reiteró la solicitud a la Cancillería, que le contestó el 25 de marzo a través de la Dirección de Tratados, la cual señaló: “luego de revisar nuestro archivo, del mismo surge que en julio de 2015, solo se realizó una declaración conjunta por los mandatarios de Uruguay y Venezuela”.
La declaración a la que hace mención fue suscripta el 17 de julio en Brasilia por Vázquez y Maduro en una reunión bilateral durante la Cumbre Presidencial del Mercosur. En el documento acordado, los presidentes convinieron impulsar la “comercialización de 265 mil toneladas de alimentos de diferentes rubros, en el esquema del precio justo, en aras de asegurar la alimentación del pueblo venezolano”.
Unas semanas antes, Vázquez había dicho que el envío de los alimentos comenzaría de forma inmediata. Amparados en estos acuerdos, entre setiembre y noviembre Calcar, Claldy, Conaprole y Pili, realizaron exportaciones a Venezuela por US$ 66 millones, pero comenzaron a tener dificultades para cobrar sus ventas.
Las deudas enfriaron las relaciones entre los estados que llevó a que Vázquez hablara por teléfono con Maduro sobre y a que la cancillería hiciera gestiones.
La situación generó que el 17 de marzo de 2016 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) enviaran al Parlamento un proyecto de ley para crear una línea de crédito blanda que permitiera “encontrar soluciones a la situación generada con las empresas lácteas que han exportado en el marco del Memorándum de Entendimiento de fecha 6 y 7 de julio de 2015” entre Uruguay y Venezuela, ante el “no pago por parte de Corpovex de las exportaciones”, según señala la exposición de motivos.
El Departamento del Tesoro dispuso la sanción a la sucursal uruguaya del banco venezolano por el presunto intento de Maduro de transferir mil millones de dólares de Caracas a Montevideo
Mediante un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este viernes que el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) fue suspendido en su licencia ante los Estados Unidos para operar en el sector financiero de la economía venezolana.
Sudestada 22/03/19
La decisión afecta a “cuatro instituciones financieras adicionales que BANDES posee o controla”, dice el comunicado, lo cual incluye a la sucursal uruguaya. Al ocurrir el viernes al cierre de la semana, habrá que esperar hasta el lunes para saber qué consecuencias tiene este bloqueo en la plaza financiera uruguaya. “Banco Bandes Uruguay SA tiene su sede en Uruguay. A principios de 2019, Maduro intentó mover más de mil millones de dólares de Venezuela a través de BANDES a su filial en Uruguay, Banco Bandes Uruguay S.A.”, dice el comunicado que está firmado por el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Las otras instituciones incluidas en la medida son dos basadas también en Venezuela (Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunias y el Banco de Venezuela) y el Banco Prodem S.A. de Bolivia.
“La disposición del círculo íntimo de Maduro para explotar las instituciones de Venezuela no tiene límites. Los expertos del régimen han transformado a BANDES y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro", aseguró Mnuchin.
El funcionario del gobierno de Donald Trump explicó que la medida se tomó en acuerdo con el Secretario de Estado Michael Pompeo, a fin de que “las personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones”
.Como resultado de la medida de bloqueo adoptada este viernes, “todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de esta entidad, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”
El comunicado también aclara que “las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”
La decisión de la OFAC genera un nuevo problema para el gobierno de Nicolás Maduro y afecta directamente a la población, que suma una nueva restricción para el manejo de divisas (especialmente el dólar estadounidense)
Para la sucursal uruguaya del BANDES este es un nuevo golpe, luego de que este año Maduro intentara designar a Simón Zerpa, un hombre de su extrema confianza a presidir el BANDES Uruguay. Al conocerse la sanción de Estados Unidos a Zerpa la Superintendencia de Bancos de Uruguay pidió su remoción.
En tanto, los depósitos de clientes no residentes del banco venezolano casi se duplicaron el último año, alcanzando casi los cien millones de dólares, según el boletín del Banco Central (BCU). Según la misma fuente, el número de clientes con depósitos superiores a los 250 mil dólares pasó de 27 en 2017 a 44 a finales de 2018.
Periódico Anarquía marzo 21, 2019
El 21 de marzo de 2017 por la tarde, los portales de noticias, los flashes informativos de la tele y hasta los programas de radio más pedorros comentaban alarmados los disturbios que una manga de inadaptados habían producido en el centro de la ciudad con el rostro cubierto.
Las anarquistas habían cumplido su objetivo ese día; el desalojo del centro social ocupado La Solidaria no había podido pasar desapercibido por la prensa y toda la institucionalidad estatal al servicio del capital.
No había sido noticia en los 5 años que en el Centro Social funcionó la amplia biblioteca de temas sociales que se encontraba a disposición de quien quisiera enriquecer sus conocimientos, ni las decenas de talleres gratuitos que allí funcionaron durante esos años, ni las innumerables veladas culturales que se desarrollaron gratuitamente, ni las charlas, asambleas, ferias de libros y un largo etcétera.
Tampoco se había hecho eco de la campaña contra la gentrificación que se había desarrollado en el barrio, denunciando cómo el avance del capital financiero y especulativo golpeaba directamente en la calidad de vida de los vecinos que habitaban en la zona del Cordón.
Menos aún, se hizo eco la prensa de la capacidad constructiva y creativa que la organización autogestiva del centro social había logrado, convirtiendo una vieja casona casi inhabitable en un confortable centro social.
Es así que la prensa demostró que fue imprescindible destrozar algunos símbolos del Capital como empresas financiaras, cámaras de vigilancia, locales partidarios o instituciones policiales, (respetando las casas y comercios de los vecinos) para que el desalojo no pasara desapercibido.
A su vez, la prensa nos quiso mostrar a la impulsora del desalojo (María Angélica Caprile Araneda) como una pobre señora que se quedaba sin vivienda, cuando en realidad, consta en el expediente judicial que el inmueble fue comprado a un 50% de su valor (en una zona de valor ascendente) porque se encontraba ocupado por terceros y que la misma no vivía en el país sino en Chile y pertenecía a la misma Iglesia que le había vendido la casa (¡santos negocios!).
La prensa y el Estado que pretendió presentar a La Solidaria como la encarnación del mal, juzgando y procesando a quien pudiese encontrar algún cargo, es la misma que hace la vista gorda con los empresarios que se roban millones y destruyen el medio ambiente, con los políticos que cobran fortunas y entregan nuestra riqueza al mejor postor, o lo militares violadores de derechos humanos (valga la redundancia). ¡Si esos son los buenos estaremos orgullosos de seguir siendo los malos!
Pero como las casas pasan y las luchas continúan, ni el desalojo, ni los procesos judiciales o intimidaciones lograron frenar las luchas sociales en el barrio y la capacidad de construcción autogestiva.
Mientras los políticos afilan sus dientes para reírse de nosotros en este año electoral, en la calle la lucha es real. Un mundo nuevo se construye desde la autogestión, lejos del egoísmo del capital y de la farsa de la política que pretende hacernos creer que se pueden conciliar los intereses entre patrones y empleados, entre políticos que cobran 300 mil pesos por mes por gestionar los negocios de los ricos y quienes movemos la economía día a día con nuestra esclavitud laboral.
Lo importante, como siempre, es saber de qué lado de la mecha nos encontramos y hacer de nuestra vida no una estética de lucha sino una práctica de lucha ética que dinamite la existencia del Estado y el Capital.
¡La Solidaria Resiste!