Hoenir Sarthou / Voces 10/4/19
Todo empezó como estupor, al conocerse la confesión de Gavazzo. Luego sobrevino una creciente molestia ante el extraño juego de “yo no sabía; no me dijeron; yo avisé; no leí”. La molestia se fue convirtiendo en rabia al confirmarse que el Ministro avisó, el Presidente sabía, el Secretario también, nadie hizo la denuncia y nombraron Comandante en Jefe a uno de los implicados.
Estupor, molestia, rabia. Un proceso lógico. El Presidente tenía mucho que explicar y no explicó nada. Dijo que asumía la culpa, pero aceptó la renuncia del Ministro, destituyó a un montón de militares, mantuvo al Secretario de la Presidencia y siguió sin explicar por qué no había hecho la denuncia y por qué, sabiendo, había nombrado Comandante al General González.
Pero lo que supera todos los límites es la intención de doblar la apuesta y convertir a ese episodio vergonzante en un acto de reafirmación política.
Algunos familiares de desaparecidos, el Frente Amplio, el PIT CNT, en pleno año electoral, convocan a un acto de reafirmación de la democracia con la consigna explícita de respaldar al gobierno y al Presidente contra la impunidad militar.
Es demasiado. El mismo Presidente que intentó ocultar información sobre un crimen será “respaldado” por una curiosa conjunción de familiares de víctimas, sindicalistas partidizados, cúpula frenteamplista y oportunismo político en campaña.
A estas alturas, parece evidente que a Vázquez le tiraron una cáscara de banana, quizá sabiendo, por los antecedentes, que la pisaría.
Se le dio la información, él la tapó, se dejó pasar un tiempo, se lo dejó nombrar al nuevo Comandante en Jefe, y entonces se le filtró el dato a la prensa.
Quién lo hizo y con qué fin es difícil decirlo, pero era fácil saber que Tabaré y su gobierno guardarían silencio. Al fin y al cabo, en mayor o menor medida, es lo que han hecho todos los gobiernos desde 1985 hasta la fecha.
Hay una intriga que me corroe desde hace más de treinta años.
A partir de que hubo la posibilidad de investigar los delitos cometidos desde el Estado durante la dictadura, y en especial desde que Jorge Batlle abrió las compuertas del secreto, más allá de obstáculos legales, las investigaciones se han empantanado en buena medida por el silencio militar y por la consiguiente dificultad para averiguar y demostrar quién secuestró, torturó, violó y asesinó materialmente a las víctimas. A descubrir y a probar esas cosas ha estado dirigida la investigación todo el tiempo. Y por eso ha producido magros resultados.
Sin embargo, habría sido posible seguir otro criterio: hacer valer la responsabilidad objetiva de los jerarcas al mando de los lugares en que se torturaba.
Si en un establecimiento militar se secuestra, se tortura, se viola y se mata sistemáticamente, el o los jefes de ese establecimiento son responsables. Por lo tanto, para sancionar, no habría sido indispensable averiguar ni probar quién fue el oficial o el soldado que mató, violó o aplicó tortura a tal o cual detenido. Habría bastado con demostrar que en ese cuartel, o en tal cárcel, o en tal o cual establecimiento militar o policial, se aplicaba tortura regularmente. El jefe del establecimiento no habría podido alegar ignorancia y habría respondido con su libertad por haber ordenado o permitido esos crímenes. Pero ese criterio fue descartado.
Los Gavazzo, los Silveira, los Cordero, y los tantos oficiales menos notorios que dirigían o aplicaban la tortura en cuarteles y penales, no actuaban solos. Detrás de ellos había un jefe directo y una cadena vertical de mando que los permitía y avalaba.
Criminales psicopáticos como Gavazzo, Silveira o Cordero son, en el fondo, chivos expiatorios de culpas evidentes que nunca fueron reconocidas ni adjudicadas. Sus condenas son el peaje módico que la impunidad sistémica debió pagó para seguir transitando en democracia. Una suerte de pararrayos que, paradójicamente, preservó la impunidad de otros que tenían más grado y poder.
Siempre me ha llamado la atención que las víctimas y los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los partidos que lucían en sus programas la consigna “Verdad y Justicia” no reclamaran la responsabilidad objetiva de los jerarcas militares
A lo largo de los años, me he ido convenciendo de que la salida de la dictadura, pautada por el “Pacto del Club Naval”, conllevaba, expresa o implícitamente, entre otras cosas, la renuncia a esa forma de hacer justicia. Eso permitió que gran parte de los responsables jerárquicos de la tortura murieran tranquilos en sus camas, y, algunos, sobrevivan todavía impunes.
De modo que el silencio de Tabaré Vázquez no es una excepción a lo que han hecho nuestros gobernantes desde 1985 hasta ahora. Lo excepcional es que haya sido puesto tan en evidencia. Pero lo evidenciado no es un error circunstancial, ni una maldad particular de Vázquez, sino una política pactada hace mucho tiempo y cumplida casi a rajatabla por todos los partidos que han ejercido el gobierno
Si la post verdad no es simplemente la mentira, sino la construcción de una realidad paralela, hecha de pseudoinformación y de manipulación emocional e intelectual, el acto de esta noche será un ejemplo acabado de post verdad.
Convertir al ocultador de un crimen en héroe, y a las medidas desesperadas que adoptó para cubrirse en políticas a celebrar, es una jugada perversa.
Pero aprovechar esa circunstancia para obtener réditos electorales linda, a la vez, con la fantasía y con la abyección.
No sé cuánta gente responderá a la convocatoria de esta noche.
Si la jugada tiene éxito, será porque algo anda mal en la sensibilidad de muchos uruguayos