En total son 196 los desaparecidos según la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia
Diego Cayota 19/05/19 Observador
Una tarde de enero de 1982 mientras tomaba mate, Miguel Ángel Mato advirtió a su madre que estaban “desapareciendo compañeros” y le pidió que, si algo le sucedía a él, se tomara un ómnibus y se fuera lejos del país. Su madre, Brenda Fagián, le contestó con firmeza: “Soy vieja, si te agarran y te hacen cualquier cosa, yo no me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de ti, no te preocupes porque yo ya viví mi vida”.
La advertencia de Mato, 29 años y militante del Partido Comunista, fue casi una premonición. Al día siguiente, 29 de enero, salió de su casa sobre las 6 de la mañana presuntamente rumbo a FUNSA, donde trabajaba desde 1978. Pero nunca llegó. Por la tarde, en un café de la avenida 8 de Octubre y Larravide, en la Unión, hizo un “contacto militante” con una compañera, según recogen las fichas realizadas por el Equipo de Investigación Histórica y publicadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
En el café, Mato ya sabía que lo venía persiguiendo una camioneta Volkswagen blanca pero decidió salir igual. “Tú quédate, yo me voy”, le dijo a su compañera y sobre las tres y media de la tarde siguió en dirección al Hospital Pasteur.
Mato es el último de los 196 detenidos desaparecidos que la Secretaría de Derechos Humanos vincula al terrorismo de Estado uruguayo. La primera detención se produjo en 1970, según la base de datos elaborada por El Observador a partir de información proporcionada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el organismo de Presidencia.
“No las voy a repudiar (a las desapariciones) porque no sé si están confirmadas o no”, dijo el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, en su primera aparición pública con ese cargo. Si bien en Uruguay no está latente, como en Argentina, una discusión respecto al número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, Feola lo puso en duda. Es cierto que pocas horas después, y a pedido del ministro de Defensa, José Bayardi, el número uno de la fuerza de tierra se rectificó, pero su posición, compartida por algunos militares retirados, ya había quedado marcada.
Poco más se supo de Mato. Estuvo recluido en el establecimiento La Tablada, que funcionó como base y centro clandestino de detención del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y falleció en circunstancias que no están del todo claras el 8 de marzo de 1982. Según la investigación de la Comisión para la Paz, creada por el expresidente Jorge Batlle (2000 – 2005), fue asesinado luego de un forcejeo con militares cuando intentaba escapar. Sin embargo, el Ejército negó esta versión en 2005 pero sin aclarar los motivos de su muerte.
Los años más violentos de la última dictadura están directamente vinculados con el inicio del régimen militar en Argentina (1976 – 1983). Entre 1976 y 1977 se realizaron 125 de las 196 detenciones y la gran mayoría (107) fueron en el país vecino donde muchos uruguayos habían viajado luego del comienzo del régimen autoritario en territorio nacional (1973). Del total de desaparecidos, 139 fueron detenidos en Argentina, 41 en Uruguay, 9 en Chile, 4 en Paraguay, uno en Bolivia y otro en Colombia. Sobre el lugar de la detención de Júpiter Neo Delpino, militante del Partido Socialista, hay versiones que lo sitúan en Uruguay y otras en Argentina.
Las detenciones realizadas en Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay se enmarcan dentro del Plan Cóndor, un operativo de coordinación represiva entre los regímenes militares de la región que está siendo juzgado actualmente en Roma. El lunes 13, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó las conclusiones de Uruguay en el proceso de apelación. En el primer fallo la Justicia solo condenó al excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
Hallazgos
Este lunes, cuando el reloj marque la siete, la organización Familiares volverá a encabezar una nueva Marcha del Silencio. Caminarán, como cada año desde 1996, por la avenida 18 de Julio y, otra vez, dirán “presente” cuando escuchen los nombres de los desaparecidos frente a la Intendencia de Montevideo. Pero esta vez no será igual.
Será la primera Marcha del Silencio sin Luisa Cuesta, fundadora de Familiares, ícono de la búsqueda de los desaparecidos y fallecida a los 98 años en noviembre. Será también la primera movilización luego de quese publicara las declaraciones ante el Tribunal de Honor del Ejército de José Gavazzo, militar condenado por 28 homicidios cometidos durante la dictadura, sobre su responsabilidad en la muerte y desaparición del tupamaro, Roberto Gomensoro.
Desde la vuelta a la democracia en 1985, tres partidos distintos estuvieron en el gobierno y ninguno puede jactarse de haber avanzado en la búsqueda de desaparecidos. Más allá del inicio del primer mandato del frenteamplista Tabaré Vázquez, que solicitó información a las Fuerzas Armadas, ningún gobierno ha trabajado en profundidad el tema.
Apenas fueron encontrados e identificados los restos de 32 personas y la mayoría de ellos (20) fueron procesos llevados en Argentina. En la lista elaborada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos también están los 16 casos de menores de edad que fueron desaparecidos durante la dictadura y al día de hoy recuperaron su identidad.
De los 196 desaparecidos vinculados al régimen militar uruguayo, 181 eran orientales, 12 argentinos, dos paraguayos y una italiana. Los casos de personas extranjeras que su desaparición se les adjudica al terrorismo de Estado uruguayo se deben a que sus detenciones se produjeron en el país o tenían algún vínculo con organizaciones uruguayas.
40 de los desaparecidos estaban vinculados el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) y 33 pertenecían al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Sin embargo, existen 22 casos en los que no se tienen datos de su militancia política.
Además de los detenidos desaparecidos, la Secretaría de Derechos Humanos tiene una lista de 122 personas que fueron asesinadas por “responsabilidad y/o aquiescencia del Estado” entre 1973 y 1985 y otra lista con 78 fallecidos por el mismo motivo pero entre 1968 y 1972, época de intensa actividad del MLN-T y cuando el gobierno de Jorge Pacheco Areco aplicó medidas prontas de seguridad.