Por: Las2orillas | Julio 05, 2019
El informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela dejó en evidencia la situación en ese país. Las 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019 que reportó la alta comisionada de DDHH., la chilena Michelle Bachelet, puso contra las cuerdas a Nicolás Maduro por las fuertes denuncias contra su gobierno. Por otro lado, la ex presidenta chilena indicó que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado” y el llamado va con urgencia para pedir ayuda humanitaria para más de 7 millones de venezolanos.El documento también afirma que en la última década, y sobre todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Todo esto tiene a Venezuela en una situación de alta tensión permanentemente y urgen medidas para detener las violaciones de derechos humanos
Para su informe, Michelle Bachelet, quien visitó el país entre el 19 y el 21 de junio, entrevistó a más de 558 personas, la mayoría víctimas de abusos y testigos. El gobierno de Venezuela ha cometido "numerosas violaciones de los derechos humanos". Es la conclusión de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo público este jueves un informe sobre la situación en el país
Lea informe completo en castellano:https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/
BBC News Mundo, Redacción, 4-7-2019
El contenido del reporte de la expresidenta de Chile es similar al de investigaciones anteriores de la ONU, así como de otras organizaciones internacionales, que también fueron rechazados por el gobierno.
Su difusión se produce pocos días después de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras permanecía detenido por los servicios de inteligencia acusado de participar en un complot golpista contra el presidente Nicolás Maduro.Y poco después también de que agentes de policía del Estado Táchira dejaran sin ojos a perdigonazos a un joven que protestaba por la falta de gas en su comunidad.
La alta comisionada prevé que, de no mejorar la situación en Venezuela, seguirá aumentando el número de venezolanos que abandona su país. Ya son más de cuatro millones, según las estimaciones de Naciones Unidas.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro presentó este jueves 70 "observaciones" que dan cuenta de los errores que, según las autoridades venezolanas, contiene el informe de Bachelet.
Aunque no da por probados los supuestos homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad, el informe de Bachelet afirma que "miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años". La comisionada afirma que "existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular la FAES".
La FAES es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo de seguridad creado por orden del presidente Maduro con el objetivo declarado de erradicar la delincuencia.
La actuación del FAES ha estado rodeada de polémica desde su creación y se han registrado numerosas denuncias de atropellos y abusos de sus integrantes.
Bachelet expresó su preocupación con que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad "como parte de una política de control social".
Según el informe de la comisionada, no es la FAES el único cuerpo policial responsable de "graves vulneraciones".
Así, el documento dice que "la Guardia Nacional y la Policía Nacional han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014"
Al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el informe les atribuye haber sido "responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares". Igualmente, "los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia".
Bachelet concluye que en Venezuela también se conculcan los derechos económicos de los ciudadanos.
"El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural", afirma el informe.
El derecho a la alimentación de los venezolanos tampoco pasa por su mejor momento, de acuerdo con las conclusiones del informe, que afirma que "el principal programa de asistencia alimentaria, conocido como 'cajas CLAP' (Comité Local de Abastecimiento y Producción-), no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente"
Bachelet recuerda que 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición, de acuerdo con las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación.
Y asegura que "además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria".
El gobierno de Nicolás Maduro negó reiteradamente que Venezuela sufriera ninguna crisis humanitaria.
En los últimos tiempos ha comenzado a aceptar la ayuda de organizaciones como Cruz Roja, pero mantiene que los problemas económicos del país se deben a las sanciones económicas y "al bloqueo criminal" impuesto por Estados Unidos.
El informe de la comisionada también aborda este asunto y recuerda que "la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial".
E indica que "las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica y por tanto la situación humanitaria".
La expresidenta recoge que "la atención a la salud que lleva años deteriorándose" y "se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos"
Las cifras que recoge dan idea de la magnitud del problema. Calcula que entre noviembre 2018 y febrero 2019, "1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales"
La escasez de medicamentos y el grave estado de los servicios sanitarios venezolanos es algo que los profesionales locales del sector llevan años denunciando. El informe de Bachelet corrobora sus denuncias.
El gobierno de Nicolás Maduro también atribuye estas carencias a la "agresión imperial" del gobierno de Donald Trump. Mediante un documento divulgado este 4 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro presentó 70 "observaciones" que dan cuenta de lo que considera son errores que contiene el informe de Bachelet.
Para Bachelet, "el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes", una situación que ha continuado empeorando desde el año pasado.
El informe recoge el cierre de decenas de medios impresos, emisoras de radio y cadenas de televisión, así como el aumento en las detenciones de periodistas, incluidas las de periodistas extranjeros que terminaron siendo expulsados del país.
"Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet", concluye el estudio.
Mediante un documento divulgado este 4 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro presentó 70 "observaciones" que dan cuenta de lo que considera son errores del informe de Bachelet.
En el documento, el gobierno venezolano le solicita a la alta comisionada "adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe"
El gobierno de Maduro denuncia que el documento distorsiona la realidad y fue elaborado con "importantes debilidades" metodológicas en las que "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial".
La respuesta del gobierno considera también que el informe de Bachelet "omite en su totalidad los logros y avances" de Venezuela en materia de derechos humanos.
"Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles", sostiene el documento publicado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Aporrea, 4-7-2019
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas para "detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales".
El informe, que mañana viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.
El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno"
Entre otras solicitudes destaca la exigencia de "poner fin a las medidas de censura contra los medios de comunicación, incluidos los sitios web de noticias."
A continuación las recomendaciones que hicieron en el informe al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata:
• Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.
• Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales
• Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia.
• Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
• Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio
• Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación
• Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra
• Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
• Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas
• Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.
• Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias.
• Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as.
• Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
Además, el ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno para que:
• Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis
• Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos
• Autorice el libre acceso a la información de interés público
• Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas
• Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles
• Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
• Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados "colectivos armados") y garantice la investigación de sus delitos
• Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado
• Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Destacan que el Consejo de Derechos Humanos podría solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos( Fuente : Correspondencia de Prensa)
Jueves 4 Jul 2019 |Caracas| AICA
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) responsabilizó, este jueves 4 de julio, al Estado venezolano de la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y de las heridas que ocasionaron la pérdida de la vista al joven Rufo Chacón Parada. En un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV enfatizó en que las víctimas “representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos son invisibilizados”
“No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo”, indica el comunicado de la CEV titulado: “Todo el que aborrece a su hermano es un homicida”.
La comisión también denunció que la desaparición forzada; la tortura; los tratos crueles, inhumanos o degradantes y excesos policiales “son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.
En el caso del adolescente en el Táchira, destacó que “la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien, además de los derechos básicos para la vida, se les niega el de manifestar”
La CEV considera que la detención de los funcionarios y de los efectivos que dejaron desfigurado al joven Rufo Chacón “es un primer paso hacia la justicia”. Sin embargo considera que las investigaciones deben llevarse de acuerdo con los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una investigación penal.
La Comisión de Justicia y Paz exhorta a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a exigir al Estado venezolano el cese del patrón de violaciones de los derechos humanos en el país.
Los casos denunciados por los obispos
Rufo Antonio Chacón Parada, un joven de apenas 16 años, había ido con su madre a reclamar de forma pacífica por la falta de gas en Táriba, estado de Táchira. Según relató la mujer, que estaba acompañada por Rufo y su otro hijo, hasta el lugar había llegado una de las autoridades, quien dijo que no podía ofrecer ninguna solución al reclamo. Cuando el gobernante se retiró, arribaron miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para arremeter contra la población civil. A causa de la brutal represión, Rufo perdió los ojos.
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió el sábado pasado tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según la autopsia que le fue practicada y que publicó este martes el periodista Eligio Rojas, se determina que la causa de la muerte fue "edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado". El militar fue secuestrado el 22 de junio pasado y su asesinato se confirmó una semana después