La Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó la liberación más de 80 detenidos en las últimas semanas en Venezuela y confió en que las autoridades sigan las recomendaciones de su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país. El Gobierno venezolano objetó el documento por haber omitido la información aportada por el Estado, pero señaló que aceptará las recomendaciones constructivas que ha hecho
Noticias ONU 5/7/19
Un día después de divulgar un informe sobre las garantías fundamentales en Venezuela, en el que se destacaba la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos citó este viernes ante la prensa en Ginebra algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno de ese país que parecen dan muestras de un nuevo compromiso por parte de las autoridades del país.
“La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas; la liberación ayer de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni. Así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo Michelle Bachelet.
El informe, que abarca de enero de 2018 a mayo de 2019, afirma que el estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas.
“El uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de seguridad de las fuerzas especiales. La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo hoy hace una semana”, agregó.
Según la investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la Oficina de la Alta Comisionada, los venezolanos sufren desde hace varios años una crisis económica que afecta sus derechos fundamentales a la salud y la alimentación.
“Las últimas sanciones impuestas sobre el país están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”, aclaró Bachelet.
Para terminar sus declaraciones, la alta funcionaria confió en que “las autoridades reciban las recomendaciones incluidas en el informe de la misma forma constructiva en la que fueron redactadas”.
A preguntas de los periodistas, Bachelet explicó que no hay una fecha límite para cumplir con las numerosas recomendaciones hechas por su Oficina: “La idea es trabajar y cooperar con el Gobierno en el terreno y desde aquí para tratar animarlos a que cumplan con esas recomendaciones”.
También destacó que ahora nos encontramos ante una situación diferente con respecto a los dos informes anteriores de 2015 y 2017, cuando no había nadie de su Oficina en el país, ya que Venezuela ha aceptado la presencia de dos oficiales de derechos humanos cooperando con las autoridades, pero también observando y hablando con la sociedad civil.
“Por ello, creemos que le tenemos que dar un tiempo y un espacio a esta nueva realidad y construir la relación con todas las partes están directamente en el terreno. Creemos que es el momento para este proceso. Debemos priorizar esto porque hay un completo nuevo escenario y vemos esto como una oportunidad y tenemos que darle una posibilidad a esa oportunidad”, destacó.
Tras la presentación del informe al Consejo de Derechos Humanos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, William Castilo, se refirió a la visita de Bachelet al país hace menos de un mes y sostuvo que “abrió un canal de comunicación entre el Estado y la Oficina de la Alta Comisionada”.
Aseveró que durante ese viaje, el equipo de la ONU tuvo acceso libre a la información, además de que se le puso al tanto de manera detallada de las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999.
El viceministro señaló que Bachelet también recibió denuncias de diferentes grupos de víctimas, constató los problemas existentes y se enteró de los esfuerzos del Estado por resolverlos.
“Por ello, resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informaciones anteriores”, apuntó.
Castillo presentó 70 observaciones al documento, asegurando que “ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa”.
Subrayó que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron hechas fuera de Venezuela, lo que significa 82% de la opiniones vertidas en el informe
“Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio por abordarlos debe considerar las causas estructurales… Exigimos la corrección de su contenido [del informe] e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su Oficina´”, puntualizó el vicecanciller
No obstante, aseguró que, tal y como le dijo el presidente Nicolas Maduro, “Venezuela atenderá las recomendaciones constructivas que usted haga con miras a fortalecer los derechos humanos y apuntalar el estado social de derechos y justicia”
Por su parte, el presidente de Acción Solidaria, una agrupación de más de 200 ONG de derechos humanos, aplaudió el informe, diciendo que los venezolanos sólo cuentan con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia de la que carecen en el país.
“Es preciso detener y corregir ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela porque la emergencia va a empeorar. El gobierno de Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano que se desarrolla a la vista de la comunidad internacional”.
Feliciano José Reyna Ganteaume solicitó al Consejo de Derechos Humanos designar una comisión internacional de investigación de los abusos de esas garantías que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.
Asimismo, exhortó a los Estados de acogida de migrantes y refugiados venezolanos a unificar políticas y prácticas que les brinden protección internacional real, y pidió acelerar una solución política a la crisis venezolana por medio de la articulación de esfuerzos nacionales e internacionales.
Reyna también instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a que implemente los acuerdos hechos con la Oficina de la Alta Comisionada y abrir el espacio humanitario para responder a la emergencia que vive el país
La Izquierda Diario Venezuela 7 de julio 2019
Este sábado 6 de julio, Rodney Álvarez, quien lleva ¡8 años preso sin juicio!, por un montaje judicial del PSUV, fue atacado a puñaladas y golpes. En la última audiencia fallida, lo extorsionaron para que aceptara la culpa de un crimen que no cometió, a cambio de "otorgarle" beneficios procesales.
Familiares y compañeros de Rodney Álvarez informan que se encuentra golpeado y con una herida por arma blanca en la pierna derecha. Actualmente permanece en la enfermería del centro penitenciario.
Rodney se encuentra en El Rodeo II, una de las cárceles que, se supone, es parte del "nuevo modelo" carcelario donde hay garantías a la integridad de los recluidos. Es uno de los casos más aberrantes de la "Justicia", pues lleva ya 8 años encarcelado al margen de la más elemental legalidad, porque al ser una acusación totalmente infundada, no han podido fabricar testigos ni pruebas y no tienen cómo desarrollar ningún juicio, pero no lo liberan y lo han condenado a un limbo judicial eterno.
Es sumamente grave esta situación, es un obrero que luchaba por sus derechos laborales, fue incriminado para salvar la responsabilidad de un burócrata sindical del PSUV, y este es el segundo ataque que recibe en los últimos tiempos. Del primer ataque quedó con la mano derecha casi inmovilizada, y ahora está herido en una pierna.
Rodney Álvarez formaba parte de los trabajadores que en Ferrominera del Orinoco se organizaban para luchar por el contrato colectivo y sus derechos, enfrentados tanto a la gerencia como a la burocracia sindical progubernamental. En junio de 2011, en una asamblea para elegir la comisión electoral que conduciría el proceso para la renovación de la directiva del sindicato (Sintra ferrominera), Héctor Maicán, de las patotas de la corriente sindical gobiernera, efectuó varios disparos, resultando muerto el trabajador Renny Rojas, Maicán fue detenido intentando huir, los videos de seguridad lo incriminaban así como los testigos.
Sin embargo, por las gestiones y presiones del gobernador de entonces, Francisco Rangel Gómez, y la burocracia del PSUV, Maicán fue liberado y en su lugar apresaron a Rodney, activista de la corriente que impulsaba Rubén González, enfrentada a la patronal y a la burocracia sindical chavista. González, a su vez, había sido encarcelado ya en 2009 bajo el gobierno de Chávez, en represalia por formar parte de una huelga exigiendo cumplimiento del contrato colectivo, fue liberado años más tarde, y vuelto a encarcelar a finales del año pasado (2018).
La incriminación de Rodney Álvarez fue la manera que idearon para encubrir al patotero asesino y, al mismo tiempo, seguir amedrentando a los trabajadores que se organizaban sin subordinarse a la empresa, el gobernador y la burocracia sindical oficialista.
Las audiencias de Rodney Álvarez han sido postergadas una y otra vez, las presiones contra él, su familia y abogados han sido de todo tipo. La familia de Rodney ha sufrido de las más diversas maneras esta situación: sus hijas fueran despojadas del derecho a estudiar en el colegio de los hijos de los trabajadores de la ferrominera, aún cuando su papá, en los hechos, nunca fue enjuiciado ni mucho encontrado culpable de nada, por lo que legalmente no deja de ser trabajador de la empresa; su esposa tuvo que irse a trabajar a las minas del sur de Bolívar para mantener a las hijas, con todas las consecuencias y riesgos que eso ha conllevado; Rodney fue recluido en las afueras de Caracas, a 700 kilómetros de distancia de sus familiares y de sus compañeros de trabajo; con las dificultades económicas de toda familia obrera, sumadas a la profunda crisis del transporte, hace años que el contacto con sus familiares es muy escaso.
A lo largo de este tiempo, diversas organizaciones sindicales y políticas de izquierda se han solidarizado con Rodney, denunciando su situación y acudiendo a acompañar con la denuncia las diferentes audiencias a las que es convocado en tribunales, muchas de las cuales son constantemente diferidas.
Los familiares y allegados de Rodney nos informan que en la última audiencia (en el Palacio de Justicia, aquí en Caracas), el Secretario del tribunal lo presionó y extorsionó de manera descarada, reconociéndole que ellos sabían que no era culpable, pero que la única manera de salir era que aceptara los cargos.
"¿Hasta cuándo vamos a estar con esto chamo? –le dijo el secretario–, si tu aceptas los cargos te podemos dar el beneficio, por ejemplo libertad condicional, pero tienes que aceptar los cargos". "¿Cómo voy a aceptar algo que yo no hice?", fue la respuesta de Rodney
El descaro y la perfidia son tales, que aunque el funcionario judicial le reconoció que ellos saben que no es culpable, le reiteró: "pero no vas a salir si no aceptas los cargos". Ante la negativa de Álvarez a la "propuesta" de la "Justicia", el funcionario habría ido más allá en el intento de torcerle la voluntad, intrigando, "nosotros sabemos que tu abogado anterior te abandonó, tu sindicato también", buscando así que viera como única opción aceptar la podrida oferta que le hacen. Rodney se mantuvo firme y se negó a aceptar semejante "propuesta"
Por eso los familiares tienen fuertes sospechas de que los ataques a que ha sido sometido Álvarez, y sobre todo este último, en una cárcel donde el gobierno ostenta control total y la presenta como "modelo", puedan formar parte de esta brutal trama de injusticias y presiones para incriminarlo
Corresponde con urgencia redoblar la campaña de denuncia de esta situación, seguir exigiendo con fuerza #LiberenARodneyAlvarez, exigir al Estado y al gobierno de Maduro garantizar su integridad física mientras lo mantenga en su poder bajo lo que, de hecho, es un largo secuestro.