08.JUL.19 | Posta Porteña 2032

Represión en Venezuela y el Silencio de la Izquierda

Por ASTARITA

 

En varias oportunidades (véase, por ejemplo, aquí, aquí) he criticado el silencio que mantiene la mayor parte de la izquierda argentina con respecto a la represión de opositores y negación de libertades democráticas por parte del régimen de Venezuela. Incluso las organizaciones que dicen ser críticas del gobierno de Maduro, guardan silencio sobre el tema, con el argumento de “el enemigo principal es el imperialismo”

Rolando Astarita julio 7, 2019

Un ejemplo es el programa del FIT, que en su punto 20, reza: “Abajo la intentona golpista en Venezuela impulsada de manera directa por la intervención del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la OEA, sin brindar ningún apoyo político al gobierno de Maduro”. De esta manera se barre bajo la alfombra la represión y el avasallamiento de todo tipo de libertades y derechos democráticos.

En respuesta a este encubrimiento, en lo que sigue reproduzco pasajes del informe que dio a conocer, el 4 de julio pasado, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 2018. El informe completo puede leerse en https://prodavinci.com/lea-el-informe-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-venezuela-de-la-oficina-del-alto-comisionado-de-la-onu/. Aquí van los pasajes que he seleccionado:

* En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos. Pese a algunos subsidios generales del Gobierno, las personas entrevistadas por el ACNUDH manifestaron su preocupación respecto de que los ingresos mensuales de sus familias eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que solo daban para adquirir aproximadamente cuatro días de comida por mes. 

 * El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente.  

 * Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, quienes se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida.

* Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas. 

* La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales.

 * A finales de 2016, el Presidente anunció la creación del “Carnet de la Patria” (“carnet”), una tarjeta mediante la cual todos los programas serían a partir de ahora entregados, incluyendo el nuevo sistema de transferencias directas de dinero a las familias. La lista de personas beneficiarias de estos programas es manejada por las estructuras locales del partido oficial, en vez de por las instituciones gubernamentales. Las personas entrevistadas reportaron que las/los integrantes de estas estructuras locales monitorean la actividad política de las personas beneficiarias.

 * La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense.

* El aparato de seguridad incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia.

* Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones.

* Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONG para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos. 

* En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos/as trabajadores/as que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que protestaron por el estado en que se encontraba la atención de salud en el país fueron despedidos/as y/o amenazados/as por sus superiores y algunos/as fueron detenidos/as arbitrariamente. Al personal universitario crítico al Gobierno se le amenazó con el impago de los salarios, se le impidió el acceso a sus centros de trabajo y viajar al extranjero y fue detenido arbitrariamente. 

* Los ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la represión selectiva. El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. Sin tener acceso a abogados/as, son interrogadas sobre el paradero de sus familiares y, en algunos casos, son maltratadas y torturadas. 

* Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas fueron muertas entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, OVCS [Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social] registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el ACNUDH registró 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes.

* Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un/a juez/a. El temor a volver a ser detenidas ha llevado a varias de ellas a dejar el país. 

* El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. A menudo, las detenciones carecían de fundamento legal.  

* En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.  

* El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM así como por oficiales de la GNB.  

* Según el Gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones de seguridad, el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres. Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” implementadas de 2015 a 2017  

* El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona. Vestían de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros. También llevarían armas largas. Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax. 

* Las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. 

* Los pueblos indígenas constituyen el 2,5 por ciento de la población de Venezuela y hay más de 50 grupos indígenas. Individualmente, enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general, a menudo de manera desproporcionada y/o diferenciada. También enfrentan desafíos a sus derechos colectivos como pueblos indígenas. 

* Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados.  

* El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019.  

* Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración. Las personas migrantes pueden encontrarse ya en un estado de salud precario, el cual empeora cuando tienen dificultades para acceder a la salud en los países receptores. Además, independientemente de su condición socioeconómica previa, las personas migrantes se marchan con poquísimo o ningún ahorro. 

 Como hemos dicho al comienzo, buena parte de la izquierda disimula y mira para otro lado. Otros dicen que el informe miente, y que solo hay que creerle a la revolución bolivariana (véase Eugenio Matta, https://kaosenlared.net/bachelet-desatada-contra-la-venezuela-bolivariana/). Y también están los que acusan al informe de ser funcional al imperialismo. En este último respecto, el PTS, integrante del FIT, sostiene que el informe es “contra el pueblo venezolano”; que está “acorde con los intereses de la derecha continental agrupada en el Grupo Lima”; y sirve de “fundamento y argumento para seguir perpetuando la injerencia imperialista  estadounidense y los intentos golpistas en Venezuela” (véase https://www.laizquierdadiario.com/Informe-de-la-ONU-Pinera-y-Bachelet-unidos-contra-el-pueblo-venezolano). Son justificaciones muy parecidas a las que utilizaron históricamente los partidos Comunistas para silenciar las críticas y cuestionamientos a los regímenes stalinistas

De manera que mis diferencias con estos partidos y militantes de la izquierda no son de táctica política, sino ideológicas y programáticas. La idea de que el socialismo (sea “siglo XX” o “siglo XXI”) se puede construir de la mano de burócratas y milicos, y sobre montañas de cadáveres, el exilio de millones, la represión generalizada e incluso la desarticulación social y política de la clase obrera, está en las antípodas de lo que defiendo. Por eso no hay posibilidad alguna de conciliación entre las posiciones. Esta es posiblemente la razón fundamental por la que decidí no volver a votar al FIT, ni siquiera “críticamente”. No encuentro ninguna progresividad en que diputados de izquierda defiendan inmundicias como el régimen venezolano en nombre del socialismo (no sean cínicos: silenciar los crímenes del régimen equivale a apoyarlo)

En este respecto, y una vez más, llamo la atención sobre la importancia de la defensa de las libertades democráticas, incluso burguesas, frente a regímenes burocráticos dictatoriales, asentados en el capitalismo de Estado, o en relaciones de propiedad estatizadas

(véase http://www.postaportenia.com.ar/notas/10133/venezuela-y-las-tradiciones-democr%C3%A1ticas-en-el-socialismo/)


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