Como se ha visto hasta ahora, la famosa nueva evidencia de Toma, su abogado y los “presuntos héroes de los derechos humanos” presentada como crucial para condenar a los acusados en la etapa de apelación, no solo involucra documentos irrelevantes, sino que además no agrega absolutamente ninguna circunstancia nueva o que no se supiera.
En conclusión, Toma omite estudiar el expediente presentado a la Justicia Italiana en octubre de 2013, expediente que permitió comprobar la responsabilidad de los acusados y que la fiscalía pidiera cadena perpetua para todos ellos en primera instancia.
En sus reiterados viajes a Roma a reunirse con fiscales y jueces italianos Toma omite ir acompañado del abogado del estado uruguayo y también omite informarlo luego de sus reuniones.
Toma omite participar de la sentencia de primera instancia en la que el tribunal decide no seguir la recomendación de la fiscalía y absuelve a los acusados, a pesar que había evidencia de las responsabilidades penales, especialmente en el caso Tróccoli.
Toma decide despedir al abogado del estado uruguayo, con quien pocas veces tomo contacto y a quien jamás consulto ni permitió participar en reuniones directamente relacionadas al caso que este defendía. Le pedí muchas veces para reunirme con él e incluso con el Presidente, que es quien me involucro primero en el caso, durante su primer gobierno.
Toma omitió de esta manera, tomar contacto con la única persona que conoce el caso desde el principio, que fue quien logro que el estado uruguayo participara como parte civil en el Plan Cóndor y venía trabajando en el caso Troccoli desde 2008.
En septiembre de 2018 el nuevo abogado contratado por el Estado uruguayo, Andrea Speranzoni viaja a Uruguay y recaba documentación de contexto histórico, que no agrega elementos sino que apoya o repite los documentos del expediente ya presentado.
Toma omite aclarar este extremo y miente, al declarar públicamente a los medios que ha encontrado pruebas adicionales que serán definitivas para probar el Plan Cóndor.
Tras la sentencia en apelación, que se da gracias a las partes que realmente apelaron, los familiares de detenidos desaparecidos, el estado Italiano, entre otras, en la que se condena a cadena perpetua a los acusados, ratificando de esta manera lo que venía pidiendo la Fiscalía desde 2017, Toma se autoatribuye el merito de la sentencia mintiéndole a los medios y hasta a algunos de los familiares y víctimas de la dictadura.
El Presidente de la República intenta dejar como un héroe de los derechos humanos, a uno de los principales (sino al principal) defensores y promotores de la impunidad en el Uruguay.
Parece que el estilo de Toma no es solo de dar pasos equivocados y poner obstáculos sino también de eludir las responsabilidades atinentes a su cargo, tanto en el Juicio en Roma, como ante la justicia uruguaya.
Luego de un proceso de dos años ante los Tribunales Militares relacionados con la actuación de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, un tribunal de Alzada se pronuncia declarando que los tres militares son culpables por “falta gravísima” al haber omitido información en sus declaraciones, respecto a la prisión indebida de Juan Carlos Gómez.
El entonces Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos presento dichos fallos al Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, agregando un informe crítico sobre la actuación de la justicia. El Ministro lo puso en conocimiento del Presidente de la República con la recomendación de pasar dicho expediente a la justicia penal, para lo cual se presento al secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, en el mes de febrero de 2019. Este deriva el expediente a Jurídica de Presidencia sin darle el seguimiento que un caso de tal envergadura requiere, lo cual finaliza en que el Presidente de la República termina homologando los fallos del tribunal de honor militar, sin hacer comentario alguno ni proceder a derivarlo a la justicia penal como había sido recomendado por el Ministro de Defensa. De esta manera, el Presidente de la República aparece homologando un fallo en el que los peores represores y violadores de DDHH de la dictadura uruguaya quedan acusados por meras “faltas graves” y no por homicidio, tortura y desaparición forzada ante la justicia penal.
Si bien la omisión fue cometida por el Secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien está siendo indagado por la justicia, el Presidente decide tomar medidas ejemplarizantes con los altos mandos militares, destituyendo al Comandante en Jefe y demás integrantes de la cúpula militar y al propio Ministro de Defensa, que fallece de cáncer pocas semanas después.
Toma omitió dar seguimiento al expediente y a la recomendación del Ministro de Defensa. Toma omitió advertir al Presidente sobre el contenido de las actas del Tribunal militar, facilitando la homologación de fallos que desvían la responsabilidad de los principales represores de la dictadura uruguaya. Toma omitió enviar los expedientes a la justicia penal como sugirió el Ministro de Defensa.
Tengo una pregunta para el Presidente Tabaré Vázquez: si esta es la manera en que Toma, el abogado, hace su trabajo, ¿como puede servirlo eficientemente como Secretario de la Presidencia?
- Lewis Rostan pertenece a CRYSOL (asociación de familiares de detenidos desaparecidos). Se había quejado ante la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente porque no le había dado documentos a la organización. Por lo tanto, intercedí ante el responsable de dicha institución para decirle que Lewis Rostan había sido autorizado a solicitar documentos en mi nombre (estaba pidiendo el legajo de Lebel, que al final jamás me fue entregado).
Rostan también decidió unirse al circo apenas conocida la decisión en primera instancia, procediendo a criticarme con noticias falsas.
Sin embargo, anteriormente había volcado muy buenos conceptos sobre mí. El 3 de noviembre de 2013 le escribí a la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay:
“Fue muy bueno trabajar con ustedes hoy y una excelente oportunidad de saber e intercambiar ideas con el Dr. Galiani. No lo conocía personalmente, pero lo había investigado como siempre hago antes de hablar con cualquiera. Me preocupaba que un abogado tan prestigioso tomara este caso en forma secundaria y no le dedicara su tiempo y su mente como queremos. Quede sorprendido de la profundidad con que conoce los casos uruguayos, las características de la represión y las sutilezas de la impunidad en Uruguay”
- Un día Rostan me informo que había encontrado el archivo de Castiglioni, y que era muy importante tenerlo. Por lo tanto, me reuní con Javier Miranda para pedirle la información (anterior Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia y Secretario del Frente Amplio) porque él era quien estaba solicitando a la justicia la obtención de esos documentos.
Posteriormente, me reuní con la jueza Beatriz Larrieu que estaba manejando tales documentos, para decirle que quería estudiar el archivo para verificar si había información útil para el juicio en Roma. Acordamos que yo remitiría una solicitud oficial motivada bajo la ley. Realice la solicitud a través del Cónsul uruguayo en Roma pero nunca recibí los documentos ni respuesta alguna. Sigo esperándolos.
- Los abogados de Ithurburu por lo menos merecen una mención.
Les envíe (Speranzoni incluido) una carta informando que tenia evidencias de un plan para difamarme, basado en noticias falsas y llevado a cabo en Roma y en Montevideo. Dije que ese plan tenía un objetivo claro que era el de reemplazarme por alguno de ellos, y que se me atacaba porque estaba incomodando a algunos con la profundidad de mis investigaciones. Ninguno me contesto.
Aun así, tras la decisión en la etapa de apelación, Speranzoni declaro a la prensa que la condena era merito del esfuerzo de la Presidencia uruguaya. Es decir que miente con conocimiento cabal de causa.
En su lugar, nunca habría dudado en defender a un colega de ataques públicos injustificados basados en noticias falsa, en lugar de adjudicarme meritos en una campaña de difamación.
- El 17 de mayo de 2017, cuando ya no era más abogado de Uruguay, recibí una llamada de Gabriela Chifflet de la Embajada uruguaya en Roma. Me felicitaba y agradecía por el gran trabajo que había hecho (lo cual me sorprendió) y luego agregaba: “todavía tenemos que terminar de pagarte, lo mereces, por favor envíanos la solicitud lo antes posible.”
20 días después, una versión sumamente aumentada de mis honorarios había sido publicada en todos los medios uruguayos, que por supuesto me criticaban por lo excesiva que era. No puedo evitar pensar que la llamada de Chifflet fue para alimentar estas noticias falsas.
La prensa publico que yo estaba trabajando sin contrato. No es verdad que no exista un contrato. Los honorarios siempre fueron abonados tras la presentación de una detallada nota de gastos en la que se indicaba: 1) cada una de las actividades (por ej., incluso cada una de las llamadas telefónicas o emails), 2) los honorarios mínimos y máximos previstos en el acuerdo y 3) los honorarios solicitados (siempre netamente inferiores al mínimo pactado).
Los honorarios fueron acordados exclusivamente para el caso Tróccoli; sin embargo, la actividad fue cumplida para todas las posiciones, con tareas de mucha mayor responsabilidad, sin que hubiera modificación en los honorarios solicitados.
Los honorarios percibidos desde marzo de 2008 hasta julio de 2016 en 9 años y 2 meses (restando impuestos y gastos, incluyendo, entre otros, la traducción de documentos y la actuación de intérpretes) fueron de aproximadamente € 150.000, sin calcular gastos por los que no se exigió reintegro (por ejemplo, los gastos de una misión en Montevideo).
Según lo acordado y según la actividad cumplida, la exigencia total podía ser de hasta € 1.150.000 y no € 500.000. Se renunció a buena parte de los honorarios convenidos y se pidió que una suma nada despreciable a la que se renunciaba fuese utilizada para financiar traslados de testigos.
Los honorarios mensuales fueron, por lo tanto, de aproximadamente € 1.500 por mes. Habida cuenta del compromiso total dedicado al caso, en estos largos años debí renunciar a atender a la mayor parte de otros casos que se me presentaron, incluidos gobiernos.
Si pudiera volver atrás, no aceptaría el caso, no tanto por la desventaja económica sufrida, sino por los ataques difamatorios de esos pocos que, a diario, siguen causando daño a mi imagen profesional y personal; pero, sobre todo, por todos los días feriados en los que, en los últimos nueve años, les negó un padre a sus hijos.
La enésima polémica demuestra que, a pesar de los numerosos obstáculos que se me interpusieron, realicé un trabajo que para algunos es evidentemente incómodo.
Todavía no se me han pagado los honorarios por mi trabajo entre julio de 2016 y enero de 2017.
- Quede muy sorprendido cuando en una entrevista Felipe Michelini y Francesca Lessa destacaron la importancia de los documentos presentados por Uruguay en la etapa de apelación.
De hecho, el primero es un familiar de una víctima de la dictadura, profesor universitario y coordinador del Grupo Verdad y Justicia. Espero que sus declaraciones se debieran a que desconocía los contenidos del archivo del Tribunal de Roma por falta de tiempo para leer tantas miles de páginas, aun cuando muchos de los documentos son ampliamente conocidos en Uruguay.
La segunda, Lessa, es investigadora de la Universidad de Oxford, por lo que estudiar es su trabajo y en consecuencia tiene tiempo para hacerlo, en lugar de dar entrevistas dando su apoyo al circo de Toma (ella está en el Observatorio Luz Ibarburu).
En todas sus intervenciones, jamás menciono que hubiera un testigo contra Tabaré Daners, ni la declaración de Veliz Galeano, quien había visto a Tróccoli transfiriendo desaparecidos (uno de ellos muerto) de Argentina a Uruguay. Pero si destaca documentos irrelevantes siendo una investigadora de una Universidad de renombre internacional.
Ella no tiene conocimiento de temas jurídicos en absoluto, pero sigue hablando y opinando sobre un juicio penal. Honestamente no fue ella la que más me sorprendió, sino la Universidad de Oxford. Algún día se le informara a tan prestigiosa Universidad sobre el mal uso de su nombre.
- Solicite documentos al nuevo Fiscal de crímenes de lesa humanidad de Uruguay
Ricardo Perciballe, que me envió muy pocos documentos.Cuando un familiar de víctima fue a pedirle información le contestó que si era asistida por mí, no podría ayudarle.
- Graciela Borelli, familiar de victima declaro por la radio “En primera instancia tuvimos muy poca relación con el abogado y poca información.”
Esta declaración es muy lamentable. A pesar que ellos estaban siendo representados por otro abogado, intercambie aproximadamente 50 mensajes de WhatsApp y 30 correos electrónicos con ellos. Ella y su esposo siempre fueron agradecidos y valoraron mi trabajo. Asimismo, Graciela y Martin Ponce de León se llevaron una copia entera del expediente que se presento en 2013 en Roma para que todos los familiares tuvieran acceso a los documentos, que fuera entregada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero cuando hubo que tomar la decisión de firmar una carta para pedirle al Presidente de la República que apelara la sentencia con mi asistencia, ella me escribió: “Fabio, Ronald expreso en un email nuestra opinión y apoyo a la decisión. Mirtha (Guianze) es muy querida y respetada.” Evidentemente, no pudo ir contra ella.
2) En la misiva dice que "la mentira más grande y seria" de Miguel Toma es que a Uruguay no se le permitió apelar como parte civil. Almagro ya ha dicho que es falso que Uruguay no pudiera apelar la sentencia. ¿Lo tranquiliza que el secretario de la OEA piense como usted?
Por supuesto que me alegra que Almagro comparta mi opinión, pero esto no es cuestión de opiniones sino de lo que prevé la ley italiana en cuanto a la posibilidad de apelar la decisión a todas las partes civiles. Esto es fácil de probar ya que hubo apelaciones del Frente Amplio, del estado italiano y de los familiares de las víctimas, cada uno de ellos como partes civiles.
Es interesante hacer notar que me entere que el estado italiano había pensado en no apelar porque Uruguay no había expresado interés alguno en hacerlo. Por ello el gobierno italiano no quería dar pasos que pudieran dejar mal parado al gobierno uruguayo (que no solo no apelo sino que además mintió al decir que no era posible apelar). De manera que tome la iniciativa como abogado de familiares de víctimas de escribirle al Premier del Gobierno Italiano Paolo Gentiloni, al Ministro italiano de Justicia, Andrea Orlando y al Ministro de Relaciones Exteriores Angelino Alfano, solicitando explícitamente que apelaran. También promoví a través de un conocido parlamentario que hiciera lo propio, pidiéndolo al gobierno italiano que apelara. http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/16720&ramo=CAMERA&leg=17.
Consecuentemente, el gobierno italiano remitió la solicitud de apelación https://drive.google.com/file/d/1EzjCeiYe3pkvrtCUXtt1Sf_Jzavh2MQK/view?usp=sharing
Adicionalmente el Fiscal Adjunto italiano remitió una solicitud de apelación con el apoyo de algunos abogados de Ithurburu que decía haber trabajado muchísimo para esta instancia. Sin embargo, me di cuenta que su solicitud de apelación no cumplía con los requisitos previstos por la ley italiana, por lo que no sería admisible. Al respecto, produje un comunicado de prensa en el que denuncie esos errores. Es más, le solicite al Fiscal General que remitiera su apelación autónoma. El resultado fue que el Fiscal Adjunto remitió otra solicitud de apelación sin errores y el Fiscal General remitió su propia apelación también! https://drive.google.com/file/d/1_45BBw39-v_U7dwAGWSTFgl8OmAWNYLz/view?usp=sharing
3) Usted también denunció que Toma puso a los familiares de las víctimas en contra suya. ¿Con qué actitudes o dichos considera que hizo eso?
No, yo no dije que Toma haya puesto a los familiares de las victimas en mi contra, ellos no están en mi contra. Dije que ha puesto obstáculos a mi trabajo, de acuerdo a mis declaraciones en las preguntas anteriores.
4) Habla de una "campaña planificada y continua de difamación" en su contra. ¿Qué fin perseguía esa campaña?
En Uruguay esa campaña perseguía detener mis investigaciones, para blindar la impunidad y para mantener las investigaciones sobre verdad y justicia en manos de los presuntos “héroes de los derechos humanos.”
Asimismo, para cubrir a aquellos que estuvieron presos en el FUSNA que habían hablado, sobre los compañeros que desaparecieron en Buenos Aires, luego de haber sido arrestados en Montevideo en 1977. Jamás creí que el arresto de Oscar de Gregorio fuera determinante para la captura de los GAU y otros grupos que habían sido capturados en Buenos Aires.
Como explique antes, en Italia la Asociación de Ithurburu estaba determinada a lograr que se designara uno de sus abogados para el estado uruguayo, no solo por razones económicas y de imagen, sino además para mantener control sobre todas las actividades.
5) Por último, usted afirmó que debatiría con Toma para demostrar el trabajo serio que hizo. ¿Considera que sería esencial ese debate? ¿Dónde y cómo le gustaría que se lleve a cabo?
Toma ha realizado acusaciones genéricas e injustificadas contra mi persona. Esto es muy frecuente en los casos de dictaduras donde existen vínculos de algún tipo con corporaciones tales como la Masonería. Funciona como la Santa Inquisición.
Si esta tan seguro de todo lo que ha declarado en mi contra, tendría que tener el coraje de debatir sus argumentos conmigo, para que pueda responderle con lujo de detalles, y defender el trabajo titánico que se hizo.
Desarrolle un nuevo modelo de participación del Estado en apoyo a las victimas tanto dentro como fuera del juicio. No se trato únicamente de la participación del estado uruguayo como parte civil, la investigación de los documentos y las declaraciones de los testigos, sino también de la creación de dos puntos de apoyo que fueron fundamentales, en Montevideo y en Roma; para comunicarnos continuamente con todos los interesados, reunirnos para explicar el proceso judicial y el derecho italiano, así como cada uno de los pasos que se siguieron en todo este tiempo (enmiendas de Convenciones, solicitudes de desclasificación de documentos, grupos de trabajo e investigación, etc.). Para ilustrar este nuevo modelo he sido invitado a las Naciones Unidas a Nueva York.
Toma podrá tener influencia en los medios. Pero yo tengo la historia del caso y los documentos probatorios. Es imposible encontrar algo mal en mi manejo de este caso. Mientras en cambio sus falsedades y sus responsabilidades son probadas
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