El secretario de la Presidencia, Toma, dijo a El Observador que las acusaciones son disparatadas y que es una "locura absoluta" que le haya dicho dónde estaba enterrado un desaparecido
Leonardo Haberkorn el Observador 12/8/19
El abogado italiano Fabio María Galiani, contratado por el estado uruguayo para llevar adelante la causa en Italia contra Néstor Tróccoli y otros militares en el juicio sobre el Plan Cóndor, acusó al secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma y a la exfiscal Mirtha Guianze de haber ocultado pruebas en beneficio de los militares.
Según el abogado, Guianze operó para que los militares uruguayos involucrados fueran solo Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, quien ya cumple pena de prisión en Uruguay por crímenes cometidos durante la dictadura.
En cuanto a Toma, sostiene que no consideró datos concretos que podrían señalar un lugar de enterramiento de un desaparecido.
Galiani hizo sus acusaciones en un cuestionario que respondió por escrito al portal Infobae y que se publicó el 9 de agosto. Sin embargo, el abogado italiano dijo que el medio argentino no publicó la totalidad de sus respuestas, y envió a El Observador una versión completa del cuestionario. En ella abunda en más detalles y acusaciones contra Toma y Guianze.
Cuenta Galiani en esta nueva declaración:
“Mi relación con Guianze empeoró cuando dije que: 1) no era posible que los únicos responsables en la Armada uruguaya fueran Tróccoli y Larcebeau, que son quienes fueron juzgados en Uruguay (...). Por esta razón, era necesario investigar a otros miembros de la Armada; 2) resultaba extraño que Tróccoli no hubiera sido investigado por los crímenes cometidos en el año 1976. Fue en ese año que desaparecieron uruguayos, exactamente cuando Tróccoli estaba trabajando para la OCOA y también fue a Argentina; 3) no estaba claro cómo Tróccoli logró escapar de Uruguay. Su responsabilidad penal había quedado comprobada durante sus declaraciones a Guianze. Sin embargo, no fue arrestado; 4) no era apropiado que Mirtha Guianze continuara en la investigación del caso Tróccoli. Ella debería haberse excusado del caso por conflicto de interés ya que Carlos Guianze, jefe del FUSNA en 1976 era su tío. Fue Carlos Guianze quien ascendió a Tróccoli a S2 del FUSNA en 1976, atribuyéndole de esta manera un rol represivo concreto”.
Galiani dijo a Infobae que el nombre Carlos Guianze no aparece en la traducción al italiano de documentos que eran prueba en el juicio.
“El problema principal de Guianze era que yo no convocara militares a comparecer como testigos. Por lo tanto, debido a su decisión, tuve que renunciar a los militares que había propuesto como testigos. Esto llamó poderosamente la atención del presidente de la Corte, quien me preguntó en privado: "¿Qué tipo de juicio contra una dictadura no llama a militares como testigos?".
Según Galiani, Uruguay no apeló el fallo en primera instancia y Toma faltó a la verdad cuando dijo que Uruguay no podía apelar. "Las otras partes civiles apelaron. Toma mintió y omitió un dato importante".
Agregó que “resulta una extraña coincidencia que entre los miles de documentos que me fueron entregados para su presentación ante la Corte, faltaba solamente una página en el legajo de Tróccoli. ¡Justo la página que probaba que Carlos Guianze interrogaba y torturaba gente junto con Tróccoli”.
Galiani envió a El Observadoresa página del legajo de Tróccoli donde Carlos Guianze elogia el modo de “interrogar” de su subordinado y se desprende que estuvo presente en esos interrogatorios.
Galiani dijo a Infobae que quedó “especialmente preocupado cuando me di cuenta de que durante el proceso penal uruguayo contra Tróccoli no se había llamado a Sergio Pintado Otero a comparecer como testigo. Pintado Otero es un militar (un soldado) que declaró haber enterrado el cuerpo de Edmundo Dossetti y que sabía dónde encontrar sus restos”.
Al respecto ahora agregó más detalles:
“En el chat de WhatsApp (de todos los involucrados en el juicio), uno de los familiares de víctimas preguntó por qué Guianze nunca había llamado a Pintado Otero a testificar, a lo que ella contesto que estaba desequilibrado. Luego de eso, el mismo familiar de víctima dijo que la Suprema Corte de Justicia había considerado que Pintado Otero había sido un testigo clave en la reapertura del procedimiento contra Blanco en el caso Elena Quintero, proceso que había estado a cargo de Guianze al comienzo, sin resultado. A esto Guianze respondió que no se había podido ubicar a Pintado Otero; a lo que el familiar de la víctima respondió: Galiani está en contacto con él por Facebook y han hablado por horas”.
“Garante de la impunidad en Uruguay”
Consultado por El Observador, el secretario de la Presidencia Miguel Toma dijo que tras el fallo en primera instancia Galiani fue desafectado y que "no tuvo nada que ver con la segunda instancia". "Lo que él dice es disparatado. Dice que en la segunda instancia presentamos pruebas que favorecían a Tróccoli. Pero en la primera instancia fue absuelto y en la segunda obtuvimos la condena. ¡A las pruebas me remito!". Agregó: "No le vamos a responder, nosotros tenemos la sentencia a nuestro favor".
Por otra parte señaló que no respondería sus acusaciones "porque es una persona problemática. En la primera instancia se peleó con los testigos, se peleó con Mirtha Guianze, que era la que tenía un mayor dominio del caso y hasta con la fiscalía".
Sin embargo Galiani dio más datos en el documento enviado a El Observador:
“Guianze también reaccionó muy enojada en el grupo de WhatsApp cuando llamé a Carlos Dosil (expreso político detenido por Tróccoli) como testigo en Roma; por primera vez un testigo declaraba haber visto a Tróccoli secuestrando personas en Montevideo. Guianze protestó que no debí haber convocado a Dosil como testigo porque había comparecido ante la Comisión para la Paz. Este reclamo es contradictorio y carece de sentido; cualquiera que haya declarado ante la Comisión para la Paz puede ser llamado como testigo en un juicio. Lo importante es que evite revelar lo que declaro ante la Comisión para la Paz”.
“Otra vez Guianze volvió a molestarse cuando llevé a un testigo que había visto que Tabaré Daners era el jefe del operativo del secuestro de Dossetti y Bosco. Daners fue juez sumariante en la dictadura y jefe de la Armada en democracia, así como autor del Informe al Presidente 2005-2006”.
Galiani concluye su argumentación contra Guianze con un juicio categórico:
“Por su influencia en la presidencia uruguaya, en los familiares de las víctimas, en los presuntos activistas de derechos humanos y sus asociaciones civiles, Mirtha Guianze puede ser considerada una garante de la impunidad en Uruguay”.
Pistas para excavaciones
Respecto al secretario de la Presidencia, Galiani dijo a Infobae que Toma apareció en forma sorpresiva en la etapa final del juicio, sin nunca haber manifestado interés antes: “Guianze solicitó la intervención de Toma cuando entendió que sus ataques y mentiras no me detendrían de buscar verdad y justicia”.
Galiani niega que los documentos presentados por Toma hayan tenido utilidad en el caso.
Incluso dice que la cancillería uruguaya presentó un documento que operó a favor de Tróccoli, al señalar que estaba haciendo un curso en Argentina, cuando en realidad estaba operando para la Escuela de Servicios de la Marina Argentina, la temida ESMA.
En sus declaraciones ampliadas enviadas a El Observador, Galiani relató respecto al secretario de la Presidencia:
“La relación con Toma empeoró cuando le solicité presentar a Pintado Otero como testigo en el juicio en Roma y que me autorizara a crear un grupo de excavación, ya que me había dicho dónde encontrar los restos de Edmundo Dossetti, padre de Soledad Dossetti, asistida por mí en el juicio en Roma. Nunca me autorizó a hacer ninguna de las dos cosas, a pesar de que Pintado Otero tiene en su poder los archivos del coronel Buratti y es él quien indicó donde estaban los restos de Fernando Miranda (pero Javier Miranda no lo sabía...). La información principal que me dio Pintado Otero fue confirmada por Lille Caruso, una conocida activista de derechos humanos”.
Sobre este punto Toma dijo a El Observador que "es una locura absoluta que me haya dicho donde está enterrado un desaparecido. No hubo nada de eso. Y respecto a que se le impidió citar militares como testigos, no es cierto. En la primera instancia él tuvo plena libertad, pudo citar a los testigos que quisiera".
La Justicia italiana condenó en julio, en segunda instancia, a cadena perpetua a Tróccoli y otros 23 militares y funcionarios de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan de represión social coordinado entre las dictaduras de América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.
El fallo del Tribunal de Apelación de Roma modificó la sentencia en primera instancia de enero de 2017, que había establecido ocho cadenas perpetuas pero absuelto a 19 imputados.
Tróccoli había sido uno de los absueltos, porque se entendía que los secuestros de los que estaba acusado habían prescripto, y no se habían podido comprobar los homicidios que se le adjudican.
El exmarino, de 69 años, fue el único acusado presente en el proceso ya que reside en Italia desde que se escapó de Uruguay en 2007.
El prosecretario Juan Andrés Roballo dijo este lunes en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros que no habían analizado las acusaciones de Galiani “porque es exactamente al revés. A partir de su desvinculación el juicio fue efectivo. Por orden del presidente, el secretario Miguel Ángel Toma hizo un trabajo profundo de análisis y concurrió directamente, tuvo trabajo permanente con la fiscalía en Roma con el fin de lograr una condena a los represores. Lamentablemente hasta que intervino el señor Galiani nada de eso había pasado. Es exactamente al revés”.
Toma agregó que lo hecho en segunda instancia permitirá ahora enfocarse en la responsabilidad que le cupo a Tróccoli en el caso María Elena Quinteros y otras desapariciones ocurridas en 1976.
Toma cuestionó a Galiani: “Ahora Tróccoli podrá usar información en la casación”
El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, insistió con que el abogado Fabio María Galiani solo defendió al Estado uruguayo en la primera instancia de la causa en Italia contra Néstor Tróccoli y otros militares en el juicio sobre el Plan Cóndor. El jerarca además manifestó su preocupación sobre que la posición del jurista sea utilizada por Tróccoli en favor suyo en una instancia de casación.
"Como abogado contratado, Galiani obtuvo información privilegiada de parte de Uruguay. Hoy usa es información contra su excliente. Me pregunto qué persigue Galiani con esta embestida contra las pruebas de Uruguay. El único beneficiado es Tróccoli, que ahora podrá usar esa información en su recurso de casación", dijo Toma.
“Es increíble estar defendiéndose luego de haber obtenido una sentencia histórica. Pero dormimos tranquilos porque el premio al esfuerzo está en la sentencia que obtuvimos", agregó