Este año se convirtió en noticia de primera plana a escala internacional los enormes incendios en varias partes del Brasil. Situación que resultó en una enorme ola de consternación, repudio y movilización global por el peligro que representa para toda la humanidad la destrucción de los bosques amazónicos y sus efectos sobre los derechos humanos de las poblaciones tanto de la población en general de esa zona del mundo, como la de los pueblos indígenas
Por Alejandro Álvarez
Agosto 28, 2019– revista SIC Gumilla
Este año se convirtió en noticia de primera plana a escala internacional los enormes incendios en varias partes del Brasil. Situación que resultó en una enorme ola de consternación, repudio y movilización global por el peligro que representa para toda la humanidad la destrucción de los bosques amazónicos y sus efectos sobre los derechos humanos de las poblaciones tanto de la población en general de esa zona del mundo, como la de los pueblos indígenas.
Quizás esta situación de rechazo puede haber sido impulsada por la irrupción en la escena internacional de políticos populistas que con extrema irresponsabilidad desechan las alertas sobre el grave estado ambiental del planeta y pretenden desconocer los convenios internacionales desarrollados para intentar para detener esa destrucción.
Entre ellos el recién electo presidente de Brasil.
Esta situación es más compleja debido a la extrema polarización que se vive actualmente en Latinoamérica y al hecho de que esta región se convirtió en el campo de batalla internacional por el control de los recursos naturales existentes.
Por ello, surge una pregunta: ¿Bolsonaro es culpable de los actuales incendios que vienen ocurriendo en Brasil?
Algunos declaran a favor del presidente brasileño que los incendios forestales son un fenómeno recurrente en ese país, y en muchas partes del mundo, por lo que este año la diferencia es el escándalo creado por medios de comunicación y partidos opositores. Que estos eventos no son mucho más intensos que los ocurridos en años anteriores. Que se ha obviado el hecho de que también vienen ocurriendo importantes incendios en Bolivia y Paraguay y que ello se oculta por razones políticas.
Y finalmente que no es posible achacarle responsabilidades a un presidente que tiene menos de un año en el gobierno, a la vez que se obvia décadas de deforestación y degradación ambiental en toda la zona donde ocurren los incendios.
Por otra parte, los opositores a las políticas de Bolsonaro, ambientalistas y algunos científicos consideran que las promesas de campaña de este presidente de reducir las restricciones y controles ambientales; la descalificación de las instituciones de gestión ambiental del país; la estigmatización de las comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas; así como las amenazas de retirar a Brasil del Acuerdo de París, fueron el “combustible” que promovió que ganaderos y agricultores expandieran sus habituales prácticas de tala y quema para abrir las fronteras agropecuarias, sintiéndose como se dice en Venezuela “guapos y apoyados”.
De todos esos argumentos me hace mucho ruido el decir que no es válido denunciar la situación actual porque en el pasado no se hizo. Eso es como decir que no debemos denunciar a un acosador sexual porque en épocas pasadas a nadie le pareció que esta situación fuese delito.
Las contribuciones de la Amazonía al mundo y a cada uno de los países que la comparten son enormes. En particular su capacidad de regulación del clima a escala regional, su altísima biodiversidad y al hecho de ser un territorio donde viven una importante cantidad de pueblos y etnias indígenas que son poseedores de conocimientos que pueden ser soluciones a muchos de nuestros problemas actuales. Sólo por esas razones, su destrucción tendrá consecuencias muy graves no sólo a los pobladores locales sino para muchas personas en todo el mundo, ahora y en el futuro.
Por todo ello, denunciar y exigir un cambio en las políticas ambientales en relación con ese territorio es enormemente importante. Y se necesita que todos los países del mundo contribuyan con este proceso. Tanto es así que sólo la enorme presión internacional está obligando a Bolsonaro a tomar acciones para frenar los incendios. Por supuesto será necesario evaluar la responsabilidad de los gobiernos anteriores en esta situación.
Pero también es necesario, distinguir los hechos de la manipulación ideológica. Resulta muy perjudicial para lograr un cambio en los modelos económicos y programas de gestión ambiental que se mezcle la lucha por la conservación de la Amazonía y la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, con la lucha entre partidos por el poder. Es un total despropósito acusar a Bolsonaro de delincuente ambiental a tan corto de iniciar su gobierno, a la vez que se ocultan las acciones recientes de un Evo Morales promoviendo y defendiendo la deforestación en Bolivia o de un Nicolás Maduro impulsando la minería de saqueo en Venezuela.
Pero el hecho de que no sea estrictamente “culpable” de los incendios no lo hace menos responsable como jefe de Estado que tiene que la obligación de respetar sus compromisos tanto nacionales como internacionales en materia de ambiente y derechos humanos. Más aún como presidente del país donde se desarrolló la Cumbre de la Tierra en 1992 y se firmaron las principales convenciones ambientales. Asimismo es responsable de su gestión y discurso. Una acción gubernamental que promueva la destrucción y el odio, lo puede convertir no sólo en un criminal ambiental, sino en el culpable de graves violaciones a derechos humanos y finalmente en causante de crímenes contra la humanidad.
Los ciudadanos del mundo y en especial los que vivimos en la región Amazónica tenemos que organizarnos para presionar a todos los gobiernos de la región, sin importar su ideología, para que se comprometan de manera efectiva, transparente y auditable en adoptar todas las medidas necesarias para lograr la protección de los valiosos ecosistemas Amazónicas y a instaurar modelos de desarrollo económico basados, tanto en los principios del desarrollo sostenible, como en la protección de los derechos humanos de los habitantes de la región.
Asimismo, debemos prepararnos para denunciar y llevar a la justicia los responsables directos de esta situación que resulta en una violación masiva de derechos humanos.
Por nuestra parte, los venezolanos necesitamos trabajar cada vez más fuertemente en detener nuestro propio y destructivo incendio en la Amazonía: El Arco Minero del Orinoco y su extensión a toda la Guayana.
Del mismo modo, debemos poder darles un claro mensaje a los gobiernos futuros que la situación actual no puede repetirse y no será aceptable más nunca por los ciudadanos de esta Nación.
EDUARDO GUDYNAS -CTXT Revista Contexto 28/8/19
En los primeros días el fuego te acorrala; en los días siguientes las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.
Cuando las llamas están activas el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la poca visibilidad, hay momentos que cuesta respirar, la garganta se inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles, mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.
Esta destrucción de la fauna y flora es lo que está repitiéndose en estos días en América del Sur. Si bien, la prensa convencional insiste con los titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y también más hiriente.
En efecto, este tipo de incendios están ocurriendo en estos momentos en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas, la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.
En los datos más recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de agosto), la cifra más alta desde el 2010, y casi el doble que lo registrado en estas mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al años anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).
Todas las grandes regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10% en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver como enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal, están siendo devorados por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millón de hectáreas). Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas ya se quemaron.
La quema de bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas. Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen que ver con aquellos del pasado.
En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los pequeños agricultores.
Esa presión ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de dos millones de cabezas. Factores como esos empujan a la agropecuaria convencional sobre las áreas naturales tropicales y subtropicales.
A su vez, la diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica brasileña a las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi tres mil kilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de Varsovia.
Esta problemática se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación, redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.
Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los incendios. Tan solo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció que no aprobará nuevas áreas protegidas.
Bolsonaro tampoco duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión ambiental, y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones no puede sorprender que recibiera cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Iván Duque en Colombia. Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo donde la gestión ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.
La condición internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel Macron, donde hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y político. Pero el problema es que por lo menos desde la década de 1980, los gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su Amazonia pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla, y reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.
Por ejemplo, en 1992 se inició el PPG7 (Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de dólares. Cuando se hacía lobby por esos dinero, desde Brasil se insistía en que la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían colaborar en protegerlo. También se alentó una visión deformada como si solo existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al menos 30 años han contribuido a ese entrevero que oscilaba entre una Amazonia “solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.
La actual crisis ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus vecinos y con la salud ecológica planetaria.
El problema se vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se repite en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay. Más difícil se vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las faltas a los deforestadores, y se alienta el avance del agronegocio.
El gobierno de Evo Morales cita a la Pacha Mama pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país.
En los progresismos la retórica se nutre de otros argumentos. Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento del Norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en sus esencias dejan un gusto muy amargo.
Por todo esto, cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista, violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias contradicciones en otras tiendas políticas. Nos cuesta entender que estamos ante una crisis ecológica de escala continental, y que ella también expresa el agotamiento de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir alternativas antes de que se queme el último árbol.
La única prioridad de Morales ahora es ganar las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Él no piensa en las consecuencias medioambientales que sus políticas tienen en Bolivia y el mundo entero, dice Johan Ramírez.
El 9 de julio firmó el decreto 3973, el cual autoriza la quema de tierras de forma masiva en dos municipios del departamento de Santa Cruz. La medida, que facilita los procesos de limpieza y preparación de terrenos de cara a nuevas temporadas de cosechas, pretende impulsar el crecimiento económico del país, especialmente en agricultura. Antes, cada familia de campesinos podía "chaquear” (nombre dado en Bolivia a la quema) una hectárea antes de cada cosecha. Una actividad que debía ser supervisada por el corregidor del municipio. Ahora, el decreto 3973 permite a los campesinos "chaquear” sin límites de extensión, al tiempo que, indirectamente, deja sin efecto cualquier forma de control.
Pero para Evo Morales el asunto es simple: se trata de una decisión bien recibida por sus bases militantes, las cuales habitan mayoritariamente en zonas rurales.
Al beneficiar a esta población, aumentan sus posibilidades de ganar las elecciones del próximo octubre. Pero el asunto es mucho más complejo que esto. Todos los países de América Latina se valen de la quema de tierras para preparar el terreno en agricultura. El problema en Bolivia es que estas tierras forman parte del Amazonas, pulmón del mundo. Entonces, cualquier decisión que afecte esta gigantesca reserva natural tendrá consecuencias sobre todos los habitantes del planeta.
Puertas adentro, esta vez los incendios también cobran una importancia especial por tratarse de un año electoral. Las autoridades de Santa Cruz, principal bastión opositor del país, denuncian que no han recibido apoyo por parte del Ejecutivo con el fin de dejarlos sin capacidad de responder ante la contingencia, y así hacerles perder apoyo popular. También aseguran que Morales no ha querido declarar el Estado de desastre nacional —lo cual permitiría la entrada de cooperación internacional—, pues de hacerlo quedaría en evidencia su incapacidad para enfrentar la situación, lo cual representaría un costo político de cara a los comicios generales.
En cualquier caso, estamos ante una gigantesca catástrofe natural que va más allá de la política interna, y que pone en riesgo 6.7 millones de Km² de bosque, un millón de Km² de ecosistemas acuáticos, 44.000 especies de plantas, 2.200 especies de animales, cerca de 20% del agua dulce del planeta y 10% de la reserva de carbono del mundo. Esto sin contar que 350 grupos indígenas y 34 millones de personas podrían resultar afectados. Así, presa de un juego político, queda atrapada y ardiendo la extraordinaria selva amazónica.
(jov)DW Johan Ramírez 31/8/19