10.SEP.19 | Posta Porteña 2048

A 40 años de la visita de la CIDH a la Argentina

Por ElPaisInt./pag.12

 

La visita que expuso el terror de la dictadura argentina

 

La CIDH regresa a Buenos Aires en el 40 aniversario de un viaje esperanzador para las víctimas

MAR CENTENERA Buenos Aires 6 SEP 2019 El País Internacional

"Por favor, hagan algo", suplicaban madres, padres y otros familiares de desaparecidos argentinos en cartas que enviaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales de los años setenta. "A mi hijo se lo llevaron, llamé a todos los juzgados y comisarías y nadie sabe nada", contaban en algunos de los escritos que llegaban a Washington. "Se llevaron a mi hermano", "Se llevaron a mi padre", detallaban en otros. La CIDH había recibido más de mil denuncias similares cuando envió una delegación a Buenos Aires en septiembre de 1979 para investigar. Este viernes se cumplen 40 años del inicio de esa visita histórica, que expuso ante el mundo el horror que intentaba ocultar el régimen de Jorge Rafael Videla. En este nuevo aniversario, la Comisión regresa al país.

Gustavo Bellingeri tenía 17 años cuando el 7 de septiembre de 1979 subió con su madre y su hermana mayor a un tren en La Plata para ir a Buenos Aires a denunciar ante los enviados de la CIDH la desaparición de su padre dos años antes. "Íbamos con otros familiares, muchas madres, todas con su carpeta con la denuncia preparada. Teníamos mucha esperanza y recuerdo que había un clima ajeno a nosotros porque ese día se jugaba la final del Mundial juvenil de fútbol donde apareció como revelación Diego Maradona", cuenta Bellingeri.Cuando llegaron a la avenida de Mayo, donde tenía sus oficinas la Organización de Estados Americanos, se encontraron con una fila interminable. "Tuve sentimientos encontrados. Daba mucha fuerza saber que no estábamos solos y ver toda la dignidad de los que formaban fila para denunciar pero por otro lado era desgarrador, la primera vez que quedaba clara la magnitud de las violaciones de los derechos humanos", continúa Bellingeri.

Ningún familiar de desaparecidos ha olvidado esas horas que pasaron juntos a la intemperie. "Estábamos con mucha ansiedad, mucho dolor, pero a la vez con mucha esperanza porque era una emoción tan grande que por fin nos iban a escuchar", recuerda Taty Almeida, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, creada para encontrar a los hijos desaparecidos.

Ese mismo día, la selección juvenil argentina se consagró campeona del Mundial. Entre arengas a los jugadores y gritos de celebración, el locutor José María Muñoz denostó a las Madres. Mientras una multitud se acercaba al Obelisco a festejar, desde camiones arrojaron sobre la fila volantes en los que podía leerse "Los argentinos somos derechos y humanos". Era el mismo lema con el que la dictadura había empapelado la ciudad. "Fue una ofensa a nuestros hijos, pero no caímos en provocaciones. No pudieron tapar el sol con la mano", asegura Almeida.

La CIDH permaneció en Argentina dos semanas. Los comisionados recorrieron centros clandestinos de detención y cárceles en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Se entrevistaron con la Junta Militar, con organismos de derechos humanos, empresarios e integrantes de la sociedad civil. Recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones.

Campaña estatal de desprestigio

 

La dictadura hizo todo lo posible por ocultar la maquinaria de terror: denunció una campaña antiargentina con la complicidad de estrellas mediáticas, falsificó historias en medios de comunicación para desacreditar a las Madres y ordenó vaciar la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y modificar su arquitectura para que los comisionados no reconocieran el lugar donde se torturaba a los secuestrados.

Ese centro clandestino de detención, por el que pasaron cerca de 5.000 personas, fue reconvertido en espacio de memoria. Su actual directora, Alejandra Naftal, estaba detenida en 1978, cuando comenzó a gestarse el viaje de la CIDH. "Estaba en otro campo de concentración, en el Vesubio, y ya hablaban de esta visita. Decían que iban a detener a perejiles, es decir a gente con poco compromiso con organizaciones políticas, para soltarlos antes y que haya contradicción entre las denuncias y lo que aparecía", cuenta Naftal.

Como hace 40 años, la CIDH volverá este viernes a Buenos Aires. Ese día inaugurará en la ex ESMA la muestra El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública, que incluye testimonios, objetos y documentos de la visita de 1979. Los comisionados se reunirán con autoridades estatales y organismos de derechos humanos, quienes guardan una enorme gratitud.

Al año siguiente de la visita, la CIDH publicó un informe contundente. "Por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos", comenzaba el documento. Pese a su prohibición, destacados activistas de derechos humanos, como Emilio Mignone, lograron introducirlo en Argentina e hicieron copias que se distribuyeron de forma clandestina por todo el país.

"Tuvo un impacto enorme", asegura Santiago Cantón, ex secretario general de la CIDH y actual ministro de derechos humanos bonaerense. "Un organismo gubernamental, supuestamente conservador, que denunciaba que acá había desaparecidos, torturas y un plan sistemático y lo hacía de una manera muy profesional y muy rigurosa. Fue el primer informe de esa naturaleza", detalla.

Para Cantón, entre los factores que explican el éxito de la visita están en primer lugar las víctimas, "madres que desafiaron a una dictadura criminal parándose en la fila para presentar la denuncia, con los militares ahí desafiándolas y el locutor más conocido de radio hablando de manera negativa de ellas". Considera que influyó también la actitud y firmeza de los comisionados y el posterior esfuerzo de la sociedad civil por hacer circular el informe. "Con el informe ya no había duda de que la dictadura era gravísima. Ahí cambió todo". Fue el principio del fin de la dictadura.

 

6 DE SEPTIEMBRE DE 1979, LA CIDH LLEGO A BUENOS AIRES

Cuando el telón comenzó a levantarse

 

Hace veinte años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó para investigar las denuncias contra la dictadura militar. Graciela Fernández Meijide y Simón Lázara cuentan esta visita que comenzaba a descorrer el velo de mentiras de las juntas de comandantes.

 Luis Bruschtein en Pagina 12 en setiembre de 1999

 “La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos” comenzaba el informe que había redactado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había visitado el país del 6 al 20 de septiembre de 1979.

Fue como si una bomba estallara en el corazón de la dictadura militar: el telón que ocultaba el horror comenzaba a descorrerse.

Los familiares de los desaparecidos y los miembros de la comisión, importantes juristas estadounidenses y latinoamericanos, debieron soportar el hostigamiento de los medios de comunicación y de centenares de personas empujadas por la propaganda oficial, pero la verdad había comenzado a imponerse sobre el horror y el miedo.
La visita del organismo dependiente de la OEA había sido pacientemente impulsada por varios militantes de los derechos humanos en Buenos Aires.

El principal de ellos era el profesor Emilio Mignone, quien por su actividad profesional tenía importantes contactos con el sector educativo de Estados Unidos. Al comenzar su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina, esos contactos se convirtieron en un factor fundamental. Junto a Mignone trabajaban el ex diputado Augusto Conte, Graciela Fernández Meijide, Alfredo Bravo, Simón Lázara y otros militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)


“Cuando supimos que la comisión venía a la Argentina –recuerda Graciela Fernández Meijide– nuestra angustia más grande era si la gente se presentaría a efectuar las denuncias.” Fernández Meijide estaba a cargo de ese trabajo en la APDH y sabía las dificultades para que muchos familiares vencieran el temor o el escepticismo. “Cuando vimos la cola de dos o tres cuadras que se formaba en Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba la CIDH, supimos que la visita había sido un éxito.”
“La visita de la CIDH fue el resultado de un paciente trabajo de lobby que había comenzado prácticamente desde la asunción de James Carter en enero de 1977”, recuerda Simón Lázara. La subsecretaria de Derechos Humanos del Departamento de Estado norteamericano, Patricia Derian, visitó Argentina ese año y tomó contacto con los organismos locales. Poco después, el Parlamento norteamericano emitió la enmienda Humphrey-Kennedy que limitaba la venta de armamento y ayuda exterior a países gobernados por dictaduras.


“Mignone se movió mucho en los Estados Unidos –relata Lázara– y además, los militares habían quebrantado la veda de cereales que Washington había impuesto a la URSS y apoyaban abiertamente al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua, que era mal visto por Carter.”

En 1978 llegó el secretario del Departamento de Estado, Cyrus Vance, y fue completando el cuadro de situación sobre la dictadura argentina. “El 8 de septiembre de 1977 lo secuestraron a Alfredo Bravo, que era presidente de la APDH –recuerda Lázara– y allí los contactos de Mignone funcionaron a la perfección. Mignone logró llegar a Vance y en la firma de los Tratados del Canal de Panamá, a la que asistió Jorge Videla, el secretario de Estado le pidió por Bravo. Le salvó la vida, porque lo legalizaron después de diez días de secuestro y feroces torturas, aunque estuvo casi un año más a disposición del PEN.”


Primero viajaron Mignone y Conte a la OEA, después fue Fernández Meijide y unas semanas más tarde viajó Simón Lázara. “El viaje de Graciela fue muy importante –subraya Lázara–, porque ella llevó las denuncias y testimonios que habíamos reunido en Buenos Aires. Las había clasificado según las características salientes de cada caso y de esa forma simplificaba mucho el trabajo de la Comisión.”
“Yo creo que el trabajo más importante lo habían hecho Mignone y Conte, que se movían con mucha comodidad en ese ambiente –relativiza Fernández Meijide– y muchos familiares habían enviado por correo sus denuncias. Nuestro trabajo fue clasificar los casos según la información que tenía y los dividíamos por rubros, como ‘Conscriptos desaparecidos’, o ‘Adolescentes desaparecidos’.”


El gobierno se resistía a la visita de la CIDH porque la consideraba parte de la campaña antiargentina del marxismo internacional. El canciller Carlos Washington Pastor movilizó a los embajadores para imaginar excusas y recursos para anularla. Videla temía al aislamiento internacional, pero igual quería impedir la visita, y en eso coincidía con Emilio Massera. Pero las presiones eran cada vez más fuertes. La CIDH existía desde varios años antes, pero la administración Carter había decidido sacarla de su función burocrática para darle protagonismo. El vicepresidente de Carter en persona, Walter Mondale, le pidió a Videla, durante una visita en la que ambos coincidieron en el Vaticano, que dejara entrar a la comisión


“Había créditos del Eximbank para Argentina que estaban parados –recuerda Lázara– y el Departamento de Estado prometió que los otorgaría si se dejaba entrar a la CIDH. La dictadura controlaba los medios; los partidos políticos estaban prohibidos; no había movilizaciones ni actos de ningún tipo. Yo creo que los militares pensaron que podían manejar la visita, y que, a lo máximo, sería una molestia pasajera. No tenían la más mínima idea del contexto internacional, como lo demostraron después con la guerra de Malvinas.”


La visita había sido anunciada primero para el mes de junio y fue retrasada para septiembre. El matrimonio Fernández Meijide ya tenía los pasajes para viajar Europa en agosto y debieron postergar la partida. El gobierno se puso nervioso y allanó en dos oportunidades los locales de la APDH y la Liga por los Derechos del Hombre. “Buscaban los documentos que ellos pensaban que les íbamos a entregar a la comisión”, explica Fernández Meijide. Lázara recuerda la discusión con el juez de la dictadura Martín Anzoátegui que había ordenado los allanamientos a los organismos de derechos humanos.
La comisión llegó el 6 de septiembre de 1978 y comenzó a sesionar al día siguiente en la sede de la OEA, en Avenida de Mayo al 700. El presidente de la CIDH era el venezolano Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país; el vicepresidente era el abogado hondureño Luis Tinoco Castro y la integraban los abogados Marco Momroy Cabra, del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, y Carlos Dunshee de Abranches, el jurista académico Tom Farer, de Estados Unidos, y el peruano Francisco Beltrán Galindo. El secretario era el chileno Edmundo Vargas Carreño, que luego fue embajador en Argentina, y el secretario adjunto, Edgardo Paz Barnica, que más tarde fue canciller de Honduras. Todos eran eminentes juristas, personalidades absolutamente irreprochables para el discurso macartista de la dictadura que consideraba “compañeros de ruta” del marxismo a todos los que se interesaban por los derechos humanos.


La comisión estuvo del 7 al 10 en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la Capital Federal. Visitó los campos clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires que, como se comprobó más tarde, habían sido desmantelados por los militares para evadir la investigación. Estuvieron en las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Se entrevistaron dos veces con la junta militar y con Videla, se reunieron con los organismos de derechos humanos: APDH, LADH, MEDH, Madres de Plaza de Mayo y Familiares; vieron a los ex presidentes Isabel Martínez, detenida en la quinta de San Vicente, Alejandro Lanusse, Arturo Frondizi y Héctor Cámpora, que se encontraba asilado en la embajada de México. También recibieron a la Conferencia Episcopal y a los políticos Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín (UCR), Deolindo Bittel (PJ), Diego May Zubiría y Rafael Marino (PI), Enrique De Vedia y Francisco Cerro (DC) y Simón Lázara (PSU). A los sindicalistas de la CUTA, empresarios de la UIA, CAME, Sociedad Rural y ADEBA; a la AMIA y la FUA, a la Sociedad Central de Arquitectos y las asociaciones de psiquiatras y psicólogos, al Colegio de Abogados y en entrevistas personales a Lorenzo Miguel, Ernesto Sabato, Jacobo Timerman y Alfredo Bravo.


Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones “la mayoría de ellas nuevas”, o sea aparte de las casi tres mil que habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre, en diciembre presentó a la dictadura un informe preliminar donde criticaban duramente el “Estado de excepción” que existía en Argentina y denunciaban la existencia de miles de desaparecidos. El informe final se conoció un año después en forma de libro. La dictadura prohibió su difusión y su venta. Pero había comenzado la cuenta regresiva y los represores comenzaban a preocuparse por el futuro

 

LOS VIGIL, LA PRENSA Y LOS GRITOS DE MUÑOZ


Los caretas “derechos y humanos”

Por L. B.

“Vayamos todos a la Avenida de Mayo –gritaba el gordo Muñoz como un desaforado por Radio Rivadavia– y demostremos a los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar.” Mientras el famoso Gordo montaba una operación de propaganda para la dictadura, en la ESMA los prisioneros eran rápidamente eliminados algunos y otros, trasladados a una secreta isla del Tigre.


El mismo día que la CIDH comenzaba su labor en Buenos Aires, el seleccionado juvenil del fútbol ganaba el campeonato mundial de 1979 en Japón. El operativo de propaganda de Muñoz era cruzar al DT de la Selección, César Menotti, y a su capitán, Diego Maradona, con Videla y Massera, que aguardaban impacientes la conexión al punto que el famoso Gordo se salió de las casillas y empezó a amenazar a los corresponsales que demoraban el contacto.


Desde la mañana temprano, los servicios de información repartían obleas que decían: “Los argentinos somos derechos y humanos” que llegó a convertirse en la consigna más vergonzosa de la historia argentina contemporánea. Julio Lagos, desde Radio Mitre; Muñoz, por Rivadavia, y José Gómez Fuentes desde ATC convocaban a la gente a festejar a Plaza de Mayo para lo cual el Ministerio de Educación había dado asueto a los estudiantes. Los festejos debían pasar frente a la sede de la OEA donde centenares de personas, padres, madres y familiares de desaparecidos hacían una cola permanente de tres cuadras para presentar sus denuncias.

“¿Cómo puede hablar de derechos humanos Estados Unidos, un país que ha tenido un millón de abortos en un año?”, explotó el obispo Octavio Derisi, rector de la Universidad Católica. “Cada país debe regular los derechos humanos; no deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”, se sumó monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario.

La revista Para Ti, de la familia Vigil, publicaba “postales” defendiendo a la dictadura y la represión. La revista Gente, también de los Vigil, publicaba una carta abierta lacrimógena y llena de golpes bajos con un contenido similar. “... el único juez legítimo de los preceptos constitucionales es la Corte Suprema de la Nación, por ello es lamentable que el canciller haya cedido a la tentación de invitar a la CIDH...” clamaba un editorial de La Prensa.

José Gobello, defensor de represores y torturadores, publicó una solicitada en todos los diarios, financiada por “amigos” que no identifica, donde planteaba que era necesario “resignarse por los muertos, los desaparecidos y los hechos irracionales o inexplicables” porque son “parte de la guerra”, igual que la tortura, la destrucción de familias enteras o la apropiación de los hijos del enemigo.


“Pasaban los chicos festejando junto a la fila donde estaban los familiares –recuerda Otilia Renou, de la APDH, que hizo dos horas de cola para presentar su denuncia–, pero en general no hubo insultos o agresiones, salvo algunos que eran perfectamente identificables como provocadores. La gente no se metió con nosotros.”

Además de esa parafernalia desatada por la dictadura y sus agentes, la comisión y quienes la acompañaban debían soportar el permanente asedio de una nube de fotógrafos, algunos de los medios, pero muchos de los servicios de inteligencia. Pero la comisión fue impermeable a la campaña de hostigamiento y atemorización.
Con el lenguaje sinuoso de la diplomacia, el informe fue inusualmente duro y recomendaba a los militares “informar circunstancialmente sobre la situación de las personas desaparecidas”. La dictadura reaccionó violentamente y sólo permitió la difusión de una versión “lavada” de las conclusiones, acompañada por la correspondiente refutación indignada de los militares

LA VERDAD EXPLOTA

 

Luciana Bertoia / Cosecha Roja

A poco de llegar al país, los comisionados pudieron comprobar que las “fantasiosas versiones” eran mínimas frente al horror que recogían en las denuncias. Las filas se habían vuelto interminables en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Avenida de Mayo al 760. Las imágenes de los familiares que esperaban para denunciar ante la CIDH se convirtieron en una agenda ineludible de los medios nacionales y extranjeros.

En medio de la visita, la dictadura secuestró a una familia completa. El 13 de septiembre, un grupo de tareas se llevó a María Consuelo Castaño Blanco de su casa de Munro con sus tres hijitas de entre tres y cinco años. A su marido, Regino Adolfo González, se lo habían llevado antes.

El padre de María Consuelo apareció en la redacción del Buenos Aires Herald, el diario publicado en inglés que desde el inicio de la dictadura venía denunciando las desapariciones. Su director, Robert Cox, no lo dudó. El 16 de septiembre dedicó su tapa a denunciar el secuestro de la familia. La nota iba ilustrada con fotos de las nenas. El secretario ejecutivo de la CIDH, Edmundo Vargas Carreño, se comunicó con el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, para saber qué había pasado. María Consuelo se salvó de un fusilamiento, pero no de la cárcel. Las nenas fueron entregadas a sus abuelos. Regino no volvió a aparecer.

La publicación del Herald obligó a otros medios, como Clarín, a replicar la información de un secuestro ocurrido ante los ojos de la CIDH. No había versiones fantasiosas.

La Comisión partió el 20 de septiembre, después de catorce días en el país, pero dejó instalada en las páginas de los diarios la palabra “desaparecidos”. No hubo plan de prensa que pudiera tapar la verdad.


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