Frente a la aparición nuevas iniciativas privadas de riego, organizaciones sociales exigen la postergación de las concesiones mientras la Justicia decide sobre la constitucionalidad de la nueva ley
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) exige que se detengan los procedimientos de autorización de embalses amparados en la Ley de Riego (Ley 19.553) hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expida sobre la inconstitucionalidad de la norma. El 27 de agosto la SCJ dio traslado de la acción al Poder Ejecutivo (PE) para que este se exprese al respecto, luego de que a inicios del mes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) elevara la acción de inconstitucionalidad a consideración de la SCJ.
Al tiempo que el recurso de inconstitucionalidad presentado por los colectivos sociales que impulsaron el referéndum contra la Ley de Riego sigue en curso se anunció la realización de una Audiencia Pública en el marco del proceso de autorización de un nuevo embalse para riego, amparado en la nueva Ley.
Según el anuncio realizado por la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) el próximo 10 de setiembre a la hora 13:30 se realizará en Fray Bentos (departamento de Río Negro) una Audiencia Pública para dar cuenta de un proyecto de riego que afectará 5 padrones rurales de la 2 sección del Departamento de Paysandú. El proyecto pretende represar las aguas del Arroyo Chinflaco, afluente del Arroyo Rabón, al sur del departamento de Paysandú en la cuenca del Río Uruguay.
La solicitante de autorización es Winterbotham Fiduciaria Sociedad Anónima, que se presenta como la administradora de un fondo de inversión denominado Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral.
Tal como fue alertado por los colectivos que impulsamos el referéndum contra la Ley de Riego, los emprendimientos amparados en el nuevo marco legal -que entendemos es inconstitucional- beneficia a los operadores del capital financiero que encuentran en el agua con destino a riego un nuevo objeto de lucro, desplazando a los productores agropecuarios y al interés social general, que debe estar puesto según el Artículo 47 de la Constitución en el abastecimiento de agua para poblaciones humanas.
Durante la campaña de promoción del referéndum de impugnación a la Ley de Riego sostuvimos que su única finalidad era beneficiar el desarrollo del agronegocio sobre un nuevo activo, el agua para riego agropecuario. En ese sentido las innovaciones que introdujeron estas modificaciones a la Ley de Riego buscaron constituir una nueva herramienta para el direccionamiento del capital financiero hacia actividades productivas en el país. Lo que a comienzos de los años 2000 implicó la financiarización de la producción soja, con la aparición de los pools de siembra y los fondos de inversión, la Ley de Riego lo facilita con la figura de los Operadores Privados de Riego, que no necesariamente debe estar involucrado previamente en la actividad agrícola.
El primer embalse de riego privatizado fue aprobado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2018 (días después de promulgados los decretos reglamentarios de la Ley). En esa oportunidad el solicitante fue la firma TRUST Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, en nombre del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables. La propuesta implicaba desarrollar un embalse en el Arroyo Rolón del departamento de Durazno, sobre la cuenca del Río Yi, afectando dos padrones rurales de aquel departamento.
El empresario uruguayo vinculado a TRUST es Gustavo Licandro, quien fuera ministro de Economía de Uruguay durante el gobierno del nacionalista Luis A. Lacalle Herrera (1990-1995) y que también se desempeñó como asesor económico del gobierno de Paraguay. Según una investigación periodística de Víctor Bacchetta (Sudestada, 11/2/2019) los socios argentinos de TRUST (Huergo, Bunge y Bonavía) figuraron entre los llamados Panamá Papers como accionistas de firmas en las Islas Vírgenes, vinculadas a la evasión fiscal y el lavado de activos a escala global.
Por otra parte, el segundo embalse para el que hay en trámite una solicitud de construcción corresponde a la firma Winterbotham Trust -según anuncia en su página web- posee una oficina en Avenida de las Américas 8000 en el Parque Miramar, pero también opera en Bahamas -donde tiene su casa matriz- y en sucursales de Hong Kong e Islas Caimán.
En Uruguay Winterbotham Trust había sido asociada con una denuncia por lavado de dinero al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, preso en Brasil desde 2017 en el marco de la operación Lava Jato, por el lavado de dinero de coimas que ascendería a varios millones de dólares (Sudestada, 27/01/2019).
En ambos casos, estos fondos de inversión de procedencia fundadamente sospechosa, han estado vinculados con el proceso de acaparamiento de tierras en la zona agrícola del país. Esto confirma otro de los extremos denunciados en la campaña contra la Ley de
Riego: a través de la privatización del agua se contribuirá al proceso de acaparamiento de tierras (recordamos que aquellos productores que no puedan hacer frente al pago de los compromisos asumidos con estos privados para acceder al riego deberán colocar sus propias tierras como garantía).
En el caso de Winterbotham Trust es el agente fiduciario del fideicomiso Tierras del Litoral, que ha colocado acciones en la Bolsa Electrónica de Valores para el desarrollo de emprendimientos agrícolas en departamentos del litoral del país desde comienzo de la década de 2000. El año pasado Tierras del Litoral logró canalizar fondos de tres AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional) que actualmente operan en el mercado local (El País, 2018). En el caso de TRUST, el vínculo fue establecido con el Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, dedicado a la compra y arriendo de tierras con destino agrícola (El País, 2015).
El pasado 7 de agosto del 2019, el TCA, decretó elevar a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Riego que fuera presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
El 27 de agosto la SCJ dio traslado de la acción al Poder Ejecutivo (PE) para que este se exprese al respecto.
La Ley de Riego, aprobada en el parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2017 fomenta actividades que ponen en peligro nuestro derecho de acceso al agua potable, excluye la participación de la Sociedad Civil y de los usuarios, como lo mandata la Constitución, creando un mercado lucrativo del agua en manos privadas.
Las organizaciones sociales impulsoras de la Reforma Constitucional del Agua de 2004 promovieron una campaña de recolección de firmas para interponer un recurso de Referéndum contra esta norma, en el entendido de que era violatoria del artículo 47 de la Constitución que fue colocado en la carta magna por iniciativa popular. No fue posible reunir el número de adhesiones necesarias (más de 650.000) en los plazos establecidos jurídicamente.
Desde que se aprobó la Reforma Constitucional del Agua, el 31 de octubre de 2004, con el apoyo del 64,7% de la ciudadanía, se consagró el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental. Esta iniciativa ha sido inspiradora de procesos similares en otras partes del mundo y ha sido reconocido como uno de los principales antecedentes internacionales para asegurar el acceso al agua por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde entonces hemos venido asistiendo a una violación sistemática del mandato constitucional al punto de tener que pagar una ‘tasa ambiental’ (incluida en la tarifa de OSE que paga toda la población) para que el ente pueda solventar los crecientes costos de potabilización por el aumento exponencial en la contaminación de las fuentes ocasionado por el agronegocio (monocultivos de soja y maíz transgénicos, eucaliptus, arroz). Luego de la aprobación de la Ley de Riego en el país se registró un histórico episodio de contaminación por cianobacterias -que impidió el uso de la mayor parte de las playas del país la pasada temporada- algo que desde la academia se ha venido advirtiendo se agravará con la proliferación de embalses en los cursos de agua.
En tanto la SCJ aún no se ha expedido sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Riego exigimos que se suspendan todos los procesos de autorización de proyectos de riego, incluida la Audiencia Pública prevista para el próximo 10 de setiembre en Fray Bentos.
EL AGUA ES NUESTRA, EL TERRITORIO TAMBIÉN
LA LEY DE RIEGO ES ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL
EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS AUTORIZACIONES DE
REPRESAMIENTO RIEGO EN EL MARCO DE ESTA NUEVA LEY
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
Fuentes:
El País, 2015, Colocan fideicomiso. https://negocios.elpais.com.uy/finanzas/colocan-fideicomiso.html
El País, 05/09/2018. Pese a turbulencia financiera colocan US$ 50 millones. https://negocios.elpais.com.uy/finanzas/pese-turbulencia-financiera-colocan-us-millones.html
Sudestada, 27/01/2019: Ex gobernador preso de Rio de Janeiro lavó millones de dólares de coimas en Uruguay. https://www.sudestada.com.uy/articleId__34ad9fdc-8f1e-4d8d-bd17-9dd04ad0d7de/10893/Detalle-de-Noticia
Sudestada, 11/2/2019: El gobierno autorizó primer proyecto de riego a un fondo privado. Víctor L. Bacchetta. https://www.sudestada.com.uy/articleId__b1c61401-927f-4c59-b3ef-9c30b0df8873/10893/Detalle-de-Noticia