27.SEP.19 | Posta Porteña 2052

Integrantes de Organizaciones Sociales manifestaron su rechazo a UPM en reunión en la sede de Naciones Unidas (PNUD)

Por MOVUS/Vecinos

 

En la mañana de hoy integrantes de diferentes organizaciones sociales se reunieron con una decena de delegados de Naciones Unidas (*) y les manifestaron su total oposición al proyecto de una segunda planta de fabricación de celulosa de la empresa UPM en nuestro país. 

«Este proyecto, pactado entre UPM y el Poder Ejecutivo uruguayo de forma arbitraria e inconstitucional, constituye un grave ataque a la soberanía, al ambiente y a los derechos humanos de este país», manifestó Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y de la Coordinación Nacional contra UPM.

«Si se concreta, este megaproyecto, forestal, celulósico, portuario y ferroviario de UPM provocará graves daños a la sociedad, al ambiente y a la economía uruguaya», agregó.

Por su parte, Anita Hernández, integrante del movimiento de vecinos No al tren de UPM, dijo que son más de 37.000 las personas afectadas por un tren de uso exclusivo para la empresa UPM, cuyas características son muy diferentes al tren de pasajeros que toda la vida vieron pasar cerca de sus casas. «Este tren que transportará químicos peligrosos a altas velocidades constituye un riesgo para los habitantes de la zona. Vemos con tristeza que el gobierno no nos protege y si lo hace con los intereses de una multinacional», declaró. 

 Mauricio Genta, estudiante universitario, integrante de la misma organización, manifestó preocupación por los impactos ambientales de este megaproyecto para las generaciones futuras. Señaló entre otros aspectos, la invasión de monocultivos forestales sobre las praderas, la afectación en el agua de esas plantaciones y de la fábrica de celulosa en el Río Negro, la proliferación de cianobacterias, la pérdida de carbono acumulado en las praderas y su impacto en la crisis climática como consecuencia del cambio del uso del suelo.

El doctor William Yohai presentó un análisis detallado de los graves perjuicios para la economía del país pues el Estado uruguayo pagará los costos de infraestructura, estimados en más de 4.600 millones de dólares americanos, mientras que UPM invertirá una cifra mucho menor exenta de impuestos y se instalará en zona franca. En su informe Yohai incluyó una tabla mostrando que la generación de empleos en el sector forestal celulósico no supera los 1000 empleos en una década.

El abogado Hoenir Sarthou, integrante del Movimiento Ciudadano UPM2 NO, centró su exposición en los aspectos jurídicos y las violaciones a la Constitución en que incurrió el Poder Ejecutivo al firmar un acuerdo con una empresa sin estar facultado para hacerlo. El contrato incluye una inaceptable intervención de UPM en la legislación laboral y en los programas de enseñanza del país, así como el traslado a jurisdicción internacional de las controversias entre el Estado uruguayo y UPM.

Copias del documento elaborado por William Yohai y la carta de las organizaciones uruguayas entregada al cónsul de Finlandia en junio de este año fueron repartidas a los participantes.

(*) Entre los  representantes se encontraban Stefan Liller, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Flavio Scasso Analista de Programa, Serge Kapto Especialista en Políticas, George Gray Molina, Asesor en Economía, Gonzalo Pizarro, Asesor en Políticas Regionales , Pobreza y Derechos Humanos, Marco Steinberg Gerente de la Empresa Snowcone & Haystack de Finlandia entre otros.


MOVUS - Movimiento por un Uruguay sustentable

 

Producto de un trabajo serio y responsable: INDDHH ampara reclamos de vecinos contra el Tren de UPM

La Juventud 26/09/2019

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dictó en las últimas horas una serie de recomendaciones que colocan al Estado como responsable de garantizar los derechos de la ciudadanía por encima de los meganegocios que emprenden las multinacionales en nuestro país.

Las mismas responden a las resoluciones del expediente generado casi un año atrás por la denuncia presentada por el colectivo vecinal “Por el costado de la vía” contra el MTOP, el MVOTMA, la DINAMA y la Intendencia de Montevideo, ante los posibles impactos ambientales, sociales y de ordenamiento territorial que generaría la construcción y operación del Tren de UPM.
En el documento al que accedió la Juventud, el organismo dirigido hoy por la Dra. Mariana Motta reclama el desarrollo de instrumentos que “aseguren la planificación del Proyecto Ferroviario como materia de ordenamiento territorial, de modo de garantizar los derechos territoriales de las personas” y que se asignen recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación efectiva de políticas de protección ambiental, no solo en las autorizaciones previas sino principalmente el monitoreo del impacto de las obras y el posterior funcionamiento del Ferrocarril Central, así como evaluar los impactos acumulativos que se generen sobre las condiciones de vida de la población junto con la propia planta de celulosa, la planta de industria química, el desarrollo de la forestación, el puerto, el embalse y represamiento para la toma de agua del Río Negro, la planta de energía eléctrica y los demás proyectos conexos a UPM2.

Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los vecinos, queda claro que este proyecto ferroviario debe ser considerado como una parte más del mega emprendimiento trasnacional, y no un proyecto al servicio del desarrollo productivo del país como ha intentado colocarlo públicamente el ministro Rossi.

Otras cuatro recomendaciones dedicadas al acceso de la información, la presentación de informes comprensibles e incorporando elementos importantes para la ciudadanía, la inclusión de respuestas concretas ante el peligro de daños al medio ambiente y la salud de la población, confirman los reclamos que los vecinos organizados han manifestado públicamente y ante cada dependencia estatal competente, que todo este tiempo han puesto las condiciones e intereses de la multinacional celulósica por encima de los derechos e intereses del pueblo uruguayo.

DERECHOS HUMANOS y TREN DE UPM

En noviembre de 2018 vecinas y vecinos de Por el Costado de la Vía denunciamos ante la  Institución Nacional de Derechos Humanos al Proyecto Ferroviario destinado trenes cargueros de UPM por negar información y  participación de las personas, por comunicaciones de las autoridades sin cumplir con mínimos requisitos formales, por dejar librado a las voluntades e intereses de  las empresas privadas nuestras vidas y las condiciones de nuestro ambiente.

Los derechos humanos no son negociables ha expresado en varias ocasiones está institución.

El 24 de setiembre luego de un intenso trabajo de análisis, luego de enviar todo lo que hemos recolectado, analizado y vivido en estos meses la INDDHH envío a Presidencia de la República, al MTOP, al MVOTMA, a la Defensoría del Vecino, a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Intendencia, la resolución que ampara nuestras denuncias y recomienda se respeten los derechos humanos.

Las empresas implicadas con intereses lucrativos y las autoridades destinatarias de esta resolución han destratado y acusado a quienes venimos reclamando respeto de jugar para uno u otro partido, con la intención de desprestigiar un trabajo serio, riguroso, honesto y legítimo de vecinas y vecinos.

Hemos realizado una tarea  independiente sin responder ni representar a ningún partido político porque los afectados y afectadas por este emprendimiento logístico somos miles de personas de diferentes sectores partidarios y de ninguno, y porque el respeto a los derechos humanos no pertenecen a una u otra bandera.

Ahora estos organismos deberán dar respuesta a los planteos de la INDDHH, ya sin poder tratar a la gente que solo ha evidenciado lo que están haciendo muy mal de miserables y de inexistentes, ya sin poder anteponer lógicas empresariales privadas a los derechos humanos de la población.

Luego compartimos la resolución completa aportando como siempre a potenciar el derecho a la participación , el acceso a la información y al conocimiento.


Comunicate