El fiscal de Fragancia de 13º Turno Rodrigo Morosoli decidió conceder una entrevista al programa Así nos va, conducido por Patricia Madrid, Viviana Ruggiero en radio Carve sobre su dictamen acusando a Guido Manini Ríos de violar el artículo 177 del Código Penal y exculpó totalmente a todos los demás involucrados en el proceso de los Tribunales Militares. Intentó defender su dictamen y se enterró hasta el cuello.
Luego de escuchar varias veces esa entrevista, al menos me saqué una duda, el fiscal Morosoli no actuó por incapaz, por burro, sino por otros motivos. No soy de acusar sin pruebas, y no voy a hacerlo en esta oportunidad. Pero Morosoli al defender su dictamen, obvió algunas cosas fundamentales, de lógica elemental. Se supone que la ley y la justicia se basan en la racionalidad y se enterró un poco más. No explicó lo fundamental, simplemente la embarulló
Él sabrá cuál es el motivo de semejantes horrores, porque lo que queda claro al escucharlo, es que sabe perfectamente lo que está haciendo.
Y aunque me interesan mucho más las responsabilidades políticas y morales de los gobernantes del FA, no se puede dejar pasar las incongruencias y horrores de los actores jurídicos, porque tienen serias implicancias políticas.
Cualquiera que alguna vez en su vida haya visto una película sobre juicios, conoce algunas cosas básicas, por ejemplo que lo que vale en la justicia es lo que se puede probar, no lo que supone o lo que se sospecha, por más fuerte que sea la sospecha o el conocimiento genérico de uno o varios hechos.
Morosoli insiste en forma permanente en que él no podía llevar a juicio a nadie del gobierno (Presidente, Secretario General de la Presidencia, Ministro de Defensa, Subsecretario y funcionarios de jurídica del Ministerio de Defensa), que no es por un problema de plazos (356 días de atraso de Manini Ríos, contra 40 del gobierno), sino porque no puede probar las responsabilidades, el dolo de los gobernantes. Y agrega: puede haber otras implicancias que no son jurídicas, pero sobre ellas él no tiene que opinar. Es válido, no es él quien tiene que opinar
Se refiere claramente a las implicancias políticas y morales para un gobierno de cualquier tipo, pero en especial para un gobierno que era de izquierda y que a las horrorosas confesiones del José Nino Gavazzo y Pajarito Silveira sobre diversos crímenes - y no solo el de Roberto Gomensoro - le dio un trámite total y absolutamente burocrático, que define toda una actitud y una visión de lo que ha sido su política sobre los derechos humanos y sobre verdad y justicia en este gobierno y el anterior, y que define un tipo de relación con los militares, que ha sido un fracaso total, desde el punto de vista democrático.
Si faltaba un elemento probatorio, lo aporta el propio Presidente Tabaré Vázquez en su declaración ante Morosoli cuando informa que le pidió a Miguel Toma "Que lo traigan en 45 minutos (el expediente). Pero además, ¿con quién está hablando? Me dice, "con la doctora (Josefina) Nogueira". Esa es la actitud inmediata del Presidente de la República luego que apareció el artículo en El Observador... ¿Y si no hubiera aparecido nada en la prensa?
Al fiscal Morosoli que escuda las actitudes de todos los gobernantes a los diversos niveles en este doloroso y bochornoso caso, en razones administrativas y burocráticas no se le ocurrió preguntarse ¿por qué se pudo resolver todo en 45 minutos, cuando hacía cuarenta días que el expediente circulaba entre Presidencia (Toma) y el Ministerio de Defensa?
En la entrevista surge otro elemento oscuro, el fiscal no acepta las declaraciones de Manini Ríos de que le había comunicado al Ministro Menéndez en un acto los principales contenidos de los tribunales de honor, porque no hay ninguna prueba, ningún documento y ningún testigo. Correcto, porque es notorio además que en el texto y el espíritu tanto de los resoluciones de los dos Tribunales de Honor (que algún día habrá que cambiarle el nombre y todo lo demás, porque son una vergüenza nacional) como en la carta de 8 carillas que le entregó el entonces Comandante en Jefe del Ejército al presidente ese 12 de marzo del 2019, hay un total respaldo a la impunidad y la mentira y contra los pronunciamientos judiciales, contra asesinos, torturadores, desaparecedores, violadores solo por el hecho de usar uniforme militar y forma parte de una banda de usurpadores y violadores de la Constitución de la República.
Lo que no explica Morosoli es con que pruebas documentales o de cualquier tipo da por bueno que el Presidente apenas conoció el contenido de esos pronunciamientos el 11 de marzo, dio orden de que se presentara la denuncia ante la justicia penal. ¿Hay alguna prueba documental?
Pero hay algo mucho más grave, que no estuvo en absoluto en la entrevista y que el Fiscal de Flagrancia de 13º turno se cuidó muy bien de mencionar: entre que el Poder Ejecutivo tomó conocimiento de las resoluciones de los Tribunales de Honor y la presentación de la denuncia en 45 minutos, luego de navegar 40 días en la burocracia, el gobierno emitió una resolución firmada por el Presidente y de responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia (espero) en la que se homologa los fallos de esos Tribunales. Casi nada
El 12 de marzo el Presidente de la República homologa el fallo de los tribunales militares, https://275rzy1ul4252pt1hv2dqyuf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/documento-2.pdf. El Observador publica la nota de Leonardo Haberkorn el 30 de marzo del 2019 y el gobierno presenta la denuncia ante la justicia el 1 de abril del 2019
Una homologación, que la volví a leer atentamente y tiene tres partes, dos explícitas y una por ausencia. Toma nota de las barbaridades que dicen los tribunales sobre las condenas de la justicia de Gavazzo y Silveira por 28 homicidios, sí por 28 homicidios
Los Tribunales los absolvieron por asesinar 28 personas y los condenaron por permitir que otro coronel estuviera tres años presos, sabiendo que era inocente.
¿Y por qué sabían que era inocente? Muy simple, porque los culpables eran ellos, Gavazzo y Silveira. Los Tribunales Militares además de todo son una farsa y un mamarracho.
El gobierno discrepa con esta valoración, pero homologa las actuaciones reivindicando la independencia de la justicia. Y estos son los contenidos explícitos de la homologación.
Pero - pequeño y dramático detalle - no menciona en un solo renglón las confesiones de Gavazzo y Silveira, del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Roberto Gomensoro, pero también de otros crímenes, el asesinato en una celda del gordo Marcos y su desaparición, la violación y las torturas a diversas mujeres y también el enterramiento de María Claudia García de Gelman y otros presos asesinados
¿No le pareció relevante al gobierno incluir esas confesiones en el acto de homologación, sobre todo si efectivamente tenía intención de presentar la denuncia ante la justicia penal? Porque en todo el documento de homologación firmado el 12 de marzo del 2019, el mismo día que se destituye a 7 generales, no figura ninguna de las causas por las que se haría la presentación y denuncia ante la justicia como lo establece el artículo 177 del Código Penal.
Entonces cualquier persona con dos dedos de frente se pregunta ¿Cómo es posible esa omisión, tanto por razones jurídicas, humanas, políticas y morales?
Ese cuestionamiento lo hace también el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, que no se lo podrá acusar de ser opositor. Ese documento, huele y cuela por los cuatro costados la preparación de una justificación a futuro porque efectivamente no se pensaba en absoluto presentar la denuncia
Pero el fiscal, debe tomar en cuenta el hecho de que se homologue el fallo, antes de presentar la denuncia y con un texto que en ningún lado habla de los hechos delictivos y menos de presentar denuncia alguna. ¿Esa no es una prueba de dolo?
Ya la homologación del fallo del tribunal militar y el de alzada es una vergüenza, pero mucho peor es su texto.
No sigan insistiendo en lavarse las manos por haber acusado a Manini Ríos, que es culpable y recontra culpable de haber aplicado a rajatabla la doctrina de la omertà dentro de las Fuerzas Armadas y proteger a dos asesinos confesos.
Otro "detalle": Presidencia de la República designa a Miguel Ángel Toma para viajar el 13 de mayo de este año, a dos meses del decreto de homologación, para participar en el proceso de apelación del juicio en corte de apelaciones que se realiza en Roma. Como si Toma fuera un experto en temas penales y hubiera tenido una destacada actividad en ese proceso. ¿Alguien se lo creyó?
Volvamos a Manini que repentinamente cree en la justicia y presenta un recurso de inconstitucionalidad pero, en el documento de ocho carillas entregado al Presidente el 12 de marzo, defenestra totalmente a la justicia y lo reitera en su aprobación de las resoluciones de los tribunales militares y su solicitud de homologación, que es aceptada ese mismo día por la Presidencia. Cuanta velocidad. ¿Habrán redactado el texto de homologación en un solo día...?
Manini es culpable de violar el código penal y de violar algo que seguramente le debería resultar más importante, la moral de un soldado. Considerando que además de general es licenciado en historia.
Los soldados de su patria, los que se inspiran en serio en el Artiguismo, el prócer que dijo "clemencia para los vencidos" no justifican y se escudan en chicanas jurídicas, para defender a delincuentes de la calaña de Gavazzo y Silveira y otros cuantos más. Ese código debería estar en el ADN de un soldado. Esa condición no se la conquista en base a cursos, concursos, capacidad de mando y obediencia, sino en algo mucho más profundo. Los soldados deben ganarse esa condición, siempre.
Pero esta convicción no me lleva a utilizar diferentes varas para analizar el comportamiento de los integrantes del Poder Ejecutivo que tuvieron directa responsabilidad en este doloroso tema y en particular a los que redactaron y firmaron la homologación de los tribunales militares. Que reitero, deberían ser anulados definitivamente por ley en el futuro.
Ya he demostrado en un artículo anterior (https://www.uypress.net/auc.aspx?98846) que la homologación no era ni inevitable ni menos obligatoria.
"En el 2002 Nino Gavazzo, este mismo siniestro personaje fue condenado por un tribunal penal por violencia privada vinculado a una operación de falsificación de moneda como cómplice otro asesino de la dictadura. Tiempo después Gavazzo fue sometido a un Tribunal de Honor en el Ejército para determinar si el haber sido hallado culpable de un delito común había afectado su honor personal y el del Ejército".
Analizado el caso, los integrantes del Tribunal de Honor entendieron que la honra del oficial y del Ejército no había sido mancillada en absoluto, y absolvieron a Gavazzo. Parece que también en materia penal y de delitos de todo tipo, los conceptos de los Tribunales Militares son realmente un modelo...
El entonces comandante del Ejército, el general Santiago Pomoli, homologó el fallo. Con el mismo criterio y las mismas normas vigentes actualmente, el dictamen debía ser entonces homologado por el Poder Ejecutivo.
Pero ni el ministro de Defensa Nacional de esa época, Yamandú Fau, ni el presidente Jorge Batlle, accedieron a hacerlo. Según informó Búsqueda el 24 de febrero de 2005, el Poder Ejecutivo no homologó el fallo porque -en contraposición a lo que había determinado el Tribunal de Honor y el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Santiago Pomoli- Fau y Batlle opinaron que Gavazzo sí había afectado su honor personal y el del Ejército.
Por último, no puedo callarme ante una declaración del abogado Gonzalo Fernández, uno de los más respetados penalistas de este país, al que recurrieron para que los defendiera tanto Vázquez como Toma. Ya ese hecho demuestra, sobre todo porque las relaciones entre ellos no son precisamente de gran cercanía que solo se trató de un servicio profesional. Lo que es notorio que los involucrados buscaron y consiguieron lo mejor en la materia penal. Por ello son incomprensibles, en todo sentido, las declaraciones en Búsqueda de Fernández: "Yo estuve en 2002 en la Comisión para la Paz. Y lo que contó Gavazzo ya lo sabíamos. Lo destapó el periodismo como si fuera un gran tema, pero creo que fue más bien un asunto burocrático"
"Lo único novedoso" es que Gavazzo "asumió la responsabilidad" de desaparecer el cadáver... El hecho de que la justicia haya intervenido tampoco convence a Fernández, según interpreta Búsqueda. La Fiscalía "entró por el aro", opinó el penalista.
Además, para el Fernández el artículo 177 "no aplica" en el caso, ya que no se trata de delitos que se cometieron mientras los investigados estaban en el cargo, sino que pasaron hace años".
Me duele tener que escribir esto, porque considero que Fernández jugó un papel muy importante en el tema de los desaparecidos en el primer gobierno del FA, pero esto es muy grave.
Los delitos que se estaban considerando en los tribunales militares, se están cometiendo en estos momentos, hay de por medio varios desaparecidos y no solo Roberto Gomensoro entre otros nada menos que María Claudia García de Gelman, por cuya causa y esclarecimiento me consta que Fernández se jugó muy fuerte, pues ahora se equivoca muy feo. Los delitos comenzaron hace años y siguen cometiéndose son imprescriptibles y Fernández lo sabe perfectamente.
Además, el delito Gomensoro no es el único que figuran en las declaraciones de Gavazzo y de Silveira, y lo más grave es que no es lo mismo hasta para un ignorante en la materia como yo, saber algo, como en el 2002 que tener la confesión de ambos delincuentes sobre esos delitos. Es un cambio radical, fundamental. Confesaron lo que se sabía y se suponía y eso permite probar sus crímenes.
Además con ese argumento de que "la fiscalía entró por el aro", está exonerando también y olímpicamente al general Manini Ríos, no solo a sus clientes.
No dudo que cualquier acusado tiene derecho a la mejor defensa, pero de allí a descalificar incluso los argumentos que son básicos para inculpar a Manini Ríos, porque eso le sirve al Presidente y al Secretario de la Presidencia, es realmente lamentable. Y no me lo voy a callar, aunque me duela escribirlo.
Por último un aspecto que no ha salido a la luz, cuando el presidente destituye a Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército y a seis generales integrantes de los Tribunales Militares (me niego a llamarlos de honor), ni siquiera considera que por ejemplo, el presidente de uno de ellos, el Comandante de la División de Ejército IV al Gral. Gustavo Fajardo presidente del Tribunal Militar, según el propio fiscal, cumplió plenamente con lo que marca la ley y tiene pruebas muy claras de que apenas conocidas las confesiones de los dos asesinos, Gavazzo y Silveira, lo comunicó de inmediato a su superior, Manini Ríos. Entonces ¿Cuál es el motivo de la tan efectista como impactante destitución de los 6 integrantes de los tribunales militares y de no haber adoptado la menor medida sumarial, al menos, sobre las responsabilidades de los civiles directamente involucrados. La explicación está en sus declaraciones a Morosoli, cuando reconoce que es admisible esto que declara el Presidente ante el fiscal: "Jurídica ya había dado la orden de que esto pasara a la Justicia, administrativa tenía que investigar el ministerio de Defensa toda la secuencia del expediente, y políticas, porque esto tenía visos de despertar una cierta conmoción política". El Observador.
¿Así que el motivo de tanta diligencia del gobierno era el peligro que se generara cierta conmoción política?
El grado de embarre que este asunto está produciendo a nivel político, institucional, jurídico, moral es muy grande. Todo tapado por la campaña electoral y el silencio de la mayoría de los políticos. Con la excepción de Javier Miranda y Rafael Michelini.
En resumen, Guido Manini Ríos demoró 356 días para presentar ante la justicia o su superior jerárquico las declaraciones de dos asesinos confesos y dio continuidad además, con un documento de 8 páginas y homologando los fallos de los tribunales militares, al pacto de protección y silencio frente a los crímenes de la dictadura que lleva ya 34 años desde la caída de la dictadura. Así que sus declaraciones en su reportaje en Búsqueda no son de recibo, son una chicana. Y no me importa si saca el 100% de los votos, seguiré opinando y diciendo exactamente lo mismo.
Esa doctrina de olvido a la espera que se mueran todos los involucrados, es perversa y corresponde no solo a un ministro que actuó bajo dos diferentes presidentes, Mujica y Vázquez, y por lo tanto la responsabilidad política es de sus superiores, ambos Presidentes y en este último caso, estando Fernández Huidobro muerto, de su continuador y fiel guardián de esa nefasta concepción de la relación con los militares, el subsecretario Daniel Montiel
Y una pieza legal e institucional modelo de esa doctrina horrorosa es el documento firmado por el Presidente Vázquez, homologando los dos tribunales militares, aún con sus salvedades. No debía haber homologado nada y tenía que entregar de inmediato, sin dilaciones y sin burocracia mediante, todo el expediente a la justicia penal para que procediera de inmediato. Estaban obligados por el Código Penal, por la Convención Americana de Derechos Humanos pero también por el compromiso básico con la verdad y la justicia ante la sociedad uruguaya y ante los familiares de los desaparecidos y todas las víctimas de la dictadura.
Una última anotación, me parece una aberración que lo que decide un fiscal, por ejemplo cerrar la causa de varios jerarcas de gobierno, sean inapelables. Es la negación de principios básicos de la justicia. Aunque para justificarlo me citen a todos los juristas del orbe y de la historia.