Matías Zibell BBC News Mundo, Ecuador 9/10/19
Este miércoles tiene lugar en Quito una jornada de protesta que se espera sea multitudinaria.
Deben llegar todos los grupos indígenas que comenzaron a marchar hacia a la capital ecuatoriana tras la polémica decisión del gobierno de terminar con el subsidio a los combustibles.
Pero el martes, en el parque del Arbolito, en los bajos de la Asamblea Nacional de Ecuador, se produjo algo que podría anticipar lo que puede ocurrir hoy, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Cuando llegué por la tarde al parque, ubicado al final de la céntrica avenida 6 de Diciembre, escuché a una mujer decir "Dios nos cuide a todos", mientras avivaba una hoguera especialmente diseñada para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos.
"Dios no tiene nada que ver en esto", le respondió un hombre al lado de la hoguera, a lo que ella sentenció: "Si Dios no estuviera, ya todos estaríamos muertos".
Y entonces, ocurrió el sindiós
Proyectiles de gas lacrimógeno surcaron el aire y decenas de personas corrieron a estas hogueras improvisadas buscando que el humo aliviara el ardor en los ojos.
Este fue el escenario previo a la jornada de paro general de este miércoles, con los indígenas embistiendo para entrar en la Asamblea y el ejército lanzando nubes de gas, mientras los vendedores ofrecían la mascarilla a 25 centavos de dólar, el silbato a 50 centavos y la corneta a U$S 2
Un grupo de manifestantes logró ingresar a la sede del poder legislativo, pero luego las fuerzas de seguridad lograron su misión de mantener intacto un Parlamento que no sesiona desde el jueves pasado.
En las hogueras se decía, en los pocos momentos de tregua, que el objetivo de este miércoles será el palacio presidencial de Carondelet, que —como la Asamblea— está tan vacío como protegido, y viceversa.
Fuerza de choque
Así como el parque del Arbolito fue este martes un caos, Quito fue una ciudad sin presidente, ya que Lenín Moreno —en el marco del estado de excepción— trasladó la sede del poder ejecutivo a Guayaquil. "Venían por mí", dijo el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, refiriéndose a los manifestantes y a las razones por las que se trasladó a la ciudad costera de Guayaquil.
En la historia reciente en el país marchas de indígenas, en alianzas con otros sectores populares y militares, han derrocado presidentes.
En diciembre de 1996, el gobierno del presidente Abdalá Bucaram anunciaba el llamado paquetazo de año nuevo. Se trataba de una serie de medidas económicas entre las cuales estaban el congelamiento del salario mínimo y elevación del costo de los pasajes.
En los primeros días de 1997 el descontento social se hizo sentir. Empezaron las protestas de varios sectores. Estudiantes, sindicatos y el movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se movilizaron.
En febrero de 1997, con las protestas en su punto clímax, el Congreso Nacional destituyó a Bucaram.
Mientras, el 21 de enero del año 2000, oficiales de rango medio y grupos indígenas terminaron con el mandato constitucional de Jamil Mahuad y —asumiendo el mando el vicepresidente Gustavo Noboa— este movimiento conduciría al poder en 2002 al coronel Lucio Gutiérrez, derrocado a su vez tres años después.
Mahuad había tomado drásticas medidas económicas como la elevación del precio de los combustibles, el congelamiento de los depósitos en la banca, el llamado "feriado bancario" y finalmente la dolarización de la economía.
El sucre, la moneda ecuatoriana, murió. El dólar se convirtió en la moneda oficial. El anuncio lo hizo Mahuad en cadena nacional un domingo de enero.
La CONAIE, que es la misma organización indígena que lidera hoy las protestas contra las medidas económicas de Moreno, impulsó una marcha que llegó al entonces Congreso Nacional y al Palacio de Carondelet, la sede del gobierno ecuatoriano.
Los militares quitaron el respaldo a Mahuad, quien tuvo que abandonar el palacio y su cargo.
Cinco años más tarde, en 2005, una movilización en la que participó el movimiento indígena y a la que se fueron sumando otros sectores, denominada la "rebelión de los forajidos", terminó con la salida del entonces presidente, Lucio Gutiérrez.
Tras una semana de protestas en el país y frente al palacio presidencial en Quito, Gutiérrez abandonó el edificio del gobierno en un helicóptero.
Papel protagónico
Aunque estos tres gobiernos cayeron en circunstancias diferentes, lo que han tenido en común es que su salida tuvo su germen en el descontento ciudadano y en protestas sociales en las que el movimiento indígena tuvo un papel protagónico.
En esta crisis de 2019, los militares siguen apoyando a Moreno y aparecen como fondo de pantalla para las conferencias de prensa que da el presidente como muestra de respaldo.
Por su parte, el sector del transporte, que empezó liderando estas movilizaciones junto a los indígenas y algunos sindicatos, luego se desdijo (entre anuncios del gobierno sobre un aumento del transporte público) para más tarde volverse a desdecir.
Fue así como el movimiento indígena tomó la batuta de estas protestas y repitió la misma estrategia de movilizaciones anteriores: caminar desde sus comunidades hacia la capital, bloqueando a su vez las principales vías del país.
Sus líderes aseguran que no regresarán a sus comunidades hasta que el gobierno no devuelva el subsidio a los combustibles.
Este martes en Quito, fueron la principal fuerza de choque, acompañados por algunos jóvenes de izquierda y otros manifestantes más hábiles en el arte de romper barricadas que en la asignatura sobre materialismo dialéctico.Todos fueron víctimas de los gases, tanto hombres como mujeres y niños.
¿Podrá esta fuerza obligar al gobierno a derogar el decreto que terminó con 40 años de combustibles subsidiados?, o incluso, ¿forzarán el fin del actual mandato presidencial?
La respuesta no se sabrá hasta el final de la jornada, pero los enfrentamientos dejaron entrever que los indígenas necesitarán más aliados si pretenden tomar un espacio de poder como la Asamblea o Carondelet.
La resistencia
Que los indígenas hayan sido en las últimas décadas actores políticos clave en la historia ecuatoriana se lo deben a su capacidad de movilización y de resistencia.
Pero esta capacidad no es nueva, según indicó la antropóloga Gabriela Eljuri.
"El pueblo indígena lleva viviendo 500 años en resistencia. Su historia es de resistencia, y su sentido de cohesión es muy fuerte"
Esta cohesión deviene, según la académica, de la noción de comunidad, tan distinta a una sociedad occidental más individualista y competitiva.
"El indígena aún sostiene el sentido de comunidad y, por tanto, las decisiones se toman colectivamente", explicó Eljuri
Y añadió: "Pese a que también este movimiento ha sufrido un proceso de fractura en los últimos años, ese sentido de lo común juega un rol fundamental al momento de organizarse, ya sea para la minga (para hacer un trabajo en comunidad) o para la protesta y el reclamo de sus derechos".
Costos políticos
Las imágenes que dejó el final de la marcha del martes, con cientos de indígenas buscando desordenadamente donde pasar la noche —en la Casa de la Cultura y en algunas universidades de la capital— dejaron la impresión de que necesitan aceitar más su mecanismo luego de años de no marchar a la capital.
Y el gobierno ha sumado otra herramienta a su arsenal, además del estado de excepción y la militarización de ciertas áreas de la capital: el toque de queda, que rige ahora desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.
Pero el poder Ejecutivo no tiene motivos para festejar.
Las principales rutas del país siguen cortadas, han hecho falta puentes aéreos para llevar alimentos a capitales provinciales y organismos internacionales critican la represión de las protestas.
Los precios de alimentos y productos básicos han subido, debido a la eliminación de subsidios y la especulación de algunos comerciantes. La decisión de dejar la capital en su peor momento podría, además, tener un costo político.
No todos estarán dispuestos a olvidar, como lo dijo una vendedora de cornetas y silbatos en el Arbolito llamada Verónica Yanchaguano: "Ese presidente es un muerto de hambre que se ha largado y aquí no da la cara".
En conversaciones con , Yaku Pérez, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo que el objetivo de su organización no es terminar con el gobierno: "No conviene desestabilizar a la democracia, por más débil que sea; no sacamos nada cambiando de presidente"
Pero después de los combates afuera de la Asamblea, los manifestantes acabaron gritando con los ojos ardidos de gas y de rabia "¡fuera Moreno, fuera!"
Quito amaneció este miércoles con un hermoso día de sol, pero las nubes acechan. El destino del presidente, y del país, puede empezar a definirse en las próximas horas
DW conversó con la socióloga y antropóloga ecuatoriana Kati Maribel Álvarez Marcillo, docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador.
¿Quiénes son los “líderes indígenas” y el “Movimiento Indígena” del que se habla como un todo, en la prensa o desde el Gobierno, en relación con las protestas en Ecuador?
El Movimiento Indígena se compone estructuralmente por las bases, las agrupaciones comunitarias, que a su vez se articulan en federaciones.
Las federaciones se aglutinan alrededor de organizaciones de segundo grado, adscritas a la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la gran organización madre.
También tenemos otras organizaciones que, si bien es cierto que no son indígenas, se adscriben al Movimiento Indígena: las mujeres populares y diversas, las mujeres rurales, los campesinos de la costa ecuatoriana y, entre ellos, los pueblos montubios y afrodescendientes.
El Movimiento Indígena en el Ecuador ha sido un movimiento aglutinante de fuerzas sociales. A tal punto que los sindicatos de obreros, e inclusive transportistas, a veces, por sus propios intereses se cobijan dentro de este movimiento, por la fuerza que tiene.
¿Qué exige este movimiento en las calles de Ecuador? ¿Por qué y cómo?
El movimiento cuestiona, tanto en su forma de vida como en sus protestas, las estructuras del sistema económico, el tipo de medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha implementado el Gobierno de Lenín Moreno.
El Movimiento Indígena no lucha solo contra el alza del combustible, sino también contra la precarización del trabajo. Junto al “paquetazo” han salido una serie de reformas, con las que se pierden derechos conquistados. Por ejemplo, a los trabajadores públicos se les quitan quince días de vacaciones, se les baja el salario, y deben entregar un día de trabajo al mes al Estado.
Lo que pide el Movimiento Indígena, primero, es la derogación de este decreto y todas las políticas neoliberales ahí plasmadas. Además de eso, el Gobierno, en las últimas presentaciones televisivas, desconoce derechos constitucionales e inclusive los derechos territoriales de las poblaciones indígenas.
Ante una medida de excepción que tomó el Estado, las nacionalidades, dueñas de territorios ancestrales, también dijeron que iban a prohibir el ingreso de militares a sus territorios. A lo que los ministros respondieron que todo es territorio ecuatoriano. Aquí se violenta la autonomía de los pueblos, en favor de los intereses de las empresas mineras y petroleras pues, dentro del paquete de medidas económicas, subyace el interés por la explotación de los recursos naturales.
Cuando todo pasa a ser prioridad del Estado, se violenta el derecho a decir no, el derecho a la consulta previa libre e informada, y toda la normativa internacional de protección a los pueblos indígenas. También por esto, las bases del Movimiento Indígena pidieron la movilización.
Y la convocatoria del Movimiento Indígena es masiva, no solo la que llega a la capital, Quito, como centro político, sino todas las acciones que ocurren en cada provincia y localidad.
Lo que tememos es que haya más muertes. Ya tenemos muchos heridos, por decenas. Los militares están armados con tanques de guerra. La población, con palos, lanzas. Y, lamentablemente, han encontrado infiltrados dentro del movimiento indígena, que han cometido actos vandálicos.
¿Quiénes son, supuestamente estos “infiltrados”, de dónde provienen?
Se cree que los que han atacado instituciones estatales, como la Contraloría General del Estado, son infiltrados del Gobierno anterior (de Rafael Correa), para eliminar los archivos de casos de corrupción que se estaban investigando. Otro grupo, se supone, son de los partidos de derecha que, bajo el discurso de recuperar la democracia, crean una imagen negativa del Movimiento Indígena, racista. Aunque hay otra parte de la población que entiende lo que pide el Movimiento Indígena.
El propio Movimiento Indígena no es homogéneo. Dentro hay sectores de izquierda, de derecha y de centro. Pero el levantamiento ha logrado que todos pacten en contra de las medidas económicas (del Gobierno de Moreno).
¿Cuál es el plan del Movimiento Indígena ecuatoriano para las próximas horas y días? Hay un llamado a Huelga Nacional este 9 de octubre...
Para el miércoles (9.10.2019) está planificado un Paro Nacional, con acciones que empezaron desde la noche del lunes en los barrios, con el cacerolazo, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Esperamos que la comunidad internacional observe que no se violente la vida de las personas, pues hay ya al menos seis muertos.
¿Hasta dónde tiene el Movimiento control del tenor pacífico que defienden, en comunicaciones públicas, en relación con estas protestas?
Las delegaciones enviadas por cada comunidad pueden identificar a sus miembros. En la mayoría de los actos violentos que ocurrieron especialmente el lunes, identificaron a las personas y les propinaron la justicia indígena, que es un castigo físico y oral, que pretende purificar.
Se capturó a estas personas, por ejemplo a una que intentó entrar a la Contraloría, y los líderes los aleccionaron y procedieron a (propinarle) tres azotes, aquí en la ciudad de Quito. En los territorios, usan los castigos tradicionales: limpiezas con plantas y agua helada de las montañas de los apus (abuelos). La justicia indígena cree que las personas al ser “limpiadas” y “aleccionadas” tienen la posibilidad de renovarse, porque “hablando bonito, la planta crece mejor”
Francisco Hidalgo Flor
La novedad está en la recuperación del protagonismo social y político por parte del movimiento indígena, luego de alrededor de una década de un régimen modernizador y estatista, y un par de años de retorno neoliberal, se ha vuelto a levantar y poner contra la pared a un régimen político débil pero con todo el apoyo de la gran empresa y de los Estados Unidos.
La mayor parte del movimiento indígena confrontó a Correa, precisamente en sus afanes modernizadores y extractivistas, e inicialmente apoyo a Moreno, pero esté rápidamente perdió ese respaldo a la par que incrementaba su alineamiento con el Fondo Monetario y las élites económicas del país y profundizando el modelo extractivista
Es una reacción y rechazo a un programa económico que recarga el peso de la crisis económica sobre los más pobres, que ha abandonado cualquier política agraria, en lugar de ella se entrega al mercado, la más importante de las medidas adoptadas, la elevación en el precio de las gasolinas y diesel, afecta fuertemente a las capas populares.
La lógica de estas medidas está en el contexto de la aplicación de un programa económico convenido con el Fondo Monetario Internacional, cuyas principales aristas son: la reducción del estado, la privatización de las empresas públicas, la contra reforma laboral y el incremento del presupuesto nacional por la vía de subir el precio de los combustibles, por ejemplo, el diesel para de 1,35 dólares por galón a 2,40 dólares por galón...
El rechazo a este paquete de medidas lo iniciaron los gremios de transportistas, pero rápidamente se extendió a varios sectores populares, de tal manera que, cuando a las 48 horas de paro los choferes suspendieron el paro, enseguida el movimiento indígena planteó el levantamiento nacional y se extendió con enorme rapidez y profundidad.
Esta capacidad de respuesta se debe a que se sienten golpeados por el impacto inflacionario de la medida, pero también a la persistencia de una organización comunitaria muy extendida, que ha sido capaz en pocos días movilizar con fuerza y contundencia a miles de indígenas y campesinos en las regiones andina y amazónica, así como marchar hacia la capital, hasta el punto de obligar al presidente Moreno a trasladar provisionalmente la sede del gobierno, que está en Quito, hacia la ciudad de Guayaquil, en búsqueda del respaldo de las oligarquías importadoras y exportadoras.
La evolución de los acontecimientos en las próximas horas es decisiva, pues las clases dominantes están decididas a que ¡ahora sí ! asientan el programa neoliberal, pero no tenían previsto una capacidad de respuesta como la presentada por el movimiento indígena y los sectores populares, que requiere de inmediato presentar un programa alternativo, que debe incluir demandas agrarias como redistribución de la tierra y el agua, contra el extractivismo.
Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador y artífice de la brutal represión contra el pueblo insurgente en estos días, fue militante del MIR ecuatoriano en los años setenta y del partido Acción Popular Revolucionaria en los noventa. Títulos rimbombantes que en el resto de América Latina suenan familiares. La Ministra de Gobierno de Moreno, María Paula Romo, se revuelca en el mismo chiquero, y hoy en Ecuador comandan juntos el Estado de Excepción, que es sencillamente la suspensión temporal del Estado de Derecho a fin de poder aplastar el levantamiento proletario sin tener que afrontar más tarde las responsabilidades criminales del caso.
No hay de qué sorprenderse: toda organización política de izquierda aspira a administrar, ya sea por las armas o mediante elecciones democráticas, el Estado realmente existente, que es el Estado del capital. El resultado es y será siempre el mismo: marionetas de la economía mercantil, no pueden hacer otra cosa que asegurar la ganancia empresarial y la gobernabilidad de la explotación, adormeciendo a los explotados con espectáculos folklóricos o bajándolos con balas de plomo, según cómo se den las cosas. Al final, el progresismo engaña sólo en tiempos de paz: su populismo demócrata, su feminismo de última hora, su sencillez fotogénica se acaban en cuanto llega la primera turbulencia, que pone al descubierto su verdadero rostro: el de perro guardián de recambio de un capitalismo que corre hacia la nada a lomos de una sociedad sin alma y sin futuro.
Cuando oigan vociferar a esos que se reclaman representantes del pueblo, demócratas, izquierdistas, no escuchen sus palabras, presten atención a sus actos. Vean cómo se comportaron en Grecia en cuanto la Coalición de Izquierda Radical (Syriza) accedió al gobierno: lo primero que hicieron fue apretar con fuerza la soga crediticia del FMI sobre la garganta de la clase obrera griega, diciendo que no podían hacer otra cosa lo cual era cierto. ¿Y en España? Perdida ya toda vergüenza, Podemos se apresuró a avalar las medidas de austeridad impuestas por Syriza, en nombre de un lastimoso pragmatismo que no resuelve nada pero paga bien en el Parlamento. Allí tampoco podían hacer nada más.
¿Y en Chile? Hace tres meses, cuando el gobierno reprimía brutalmente a estudiantes y trabajadores, mientras seguían apareciendo activistas asesinados, el Frente Amplio no salió a condenar la represión sino que se ofreció para sentarse a dialogar con el gobierno en nombre de los pisoteados, abyección que está en su naturaleza tanto como está en la naturaleza del escorpión aguijonear a la rana que lo lleva en andas.
No hay mucho más que esperar del progresismo posmoderno, reclutado entre arribistas, cocainómanos adictos a la mentira, y manipuladores ataviados con un sentimentalismo popular-guerrillerista que no significa nada.
Fanáticos del inmediatismo más estrecho e interesado, ni siquiera saben lo que hacen: mientras se presentan como alternativa de gobernabilidad, ofreciéndose para seguir apretando las tuercas de nuestra explotación y miseria, en realidad aseguran que más temprano que tarde quedemos arrinconados entre la espada y la pared, y con eso no hacen más que cavar su propia tumba junto a los oligarcas con los que se acuestan en sus aposentos legislativos.
¿Balas? ¿Perdigones? ¿Bombas lacrimógenas? ¿Escuadrones de la muerte? ¿Sicarios? Su violencia sólo les salvará el pellejo por un instante. En su ensoñación progresista están tratando de detener un tsunami con tres sacos de arena.
A medida que el capital se fagocita a sí mismo bloqueando uno tras otro sus propios mecanismos de acumulación, el proletariado no puede hacer otra cosa que multiplicarse y desesperar hasta perder el miedo, carcomiendo en todas partes los cimientos podridos sobre los que se levanta este orden social terrorista e hipócrita. Hoy Ecuador es el anuncio de lo que viene en todas partes, y un ensayo parcial de la guerra de clases que mañana se hará total y sin tregua. Nada ha cambiado, no hay perdón posible y nada está olvidado: en nombre de los hermanos ecuatorianos que están siendo reprimidos por el Estado progresista, en nombre de la fuerza e integridad que están desplegando en las calles, y en nombre de nuestra vida robada y mil veces recuperada, no descansaremos hasta que el último burgués sea estrangulado con las tripas del último burócrata.
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Estimados amigos y amigas de otros países que andan por aquí... Por favor, ayúdenos a que el mundo sepa lo que pasa en Ecuador, necesitamos con mucha urgencia romper el cerco mediático.
En medio de un Estado de Excepción, declarado el primer día de paro, nos encontramos movilizados a nivel nacional ante las medidas económicas presentadas por el infame, traidor, Lenin Moreno, quien en pacto con la ultraderecha del país, ha decidido realizar un préstamo con el FMI. El préstamo se lo hizo por 4600 millones de dólares, a pesar de que meses atrás el gobierno decidió condonar a corporaciones y empresas el monto de 4000 millones de dólares en impuestos. El endeudamiento se podía evitar, pero prefirieron someternos a las reglas siniestras del FMI.
Como pueblos latinoamericanos, comprendemos lo que significa pactar con aquel organismo, esa historia de miseria se cuenta sola ahora en Argentina, México y Colombia.
El gobierno quiso vender como positiva y valiente, la decisión de retirar el subsidio a los combustibles, el más utilizado, diesel, aumentó su precio en más del 120%, como en una cascada se vio venir la subida de pasajes y con ello el encarecimiento del costo de la vida.
A pesar de que la canasta básica, alcanza un costo de $700, aunque el salario básico es $394 y que en Quito, la mayoría de personas debe tomar mínimo dos buses para llegar a su trabajo, la propuesta de los transportistas es subir el pasaje a $0.60. Por favor, hagan cuentas... e imaginen a estas personas con sus hijos a los que deben enviar a la escuela.
Sin una razón abiertamente divulgada, pero que resulta obvia, los transportistas que se habían plegado al paro el primer día, deciden al día siguiente abandonar el paro nacional, dejando atrás a estudiantes secundarios y universitarios, maestros, sindicatos, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas entre otros sectores.
La ministra del interior María Paula Romo, que condenaba la criminalización de la protesta social ejercida por el gobierno de Correa, declara que los estudiantes de la universidad pública son "patanes violentos", el presidente acusa a los manifestantes de "zánganos, vándalos y delincuentes" y a esto se une la prensa más mierdera de América, que desde el inicio insistió en llamar "paro de transportistas" al PARO NACIONAL, y ahora movilizan la idea de que sin los transportistas, el paro ha terminado y eso es absolutamente falso.
La prensa ecuatoriana, completamente vendida a los intereses de la derecha, busca mostrar un país que retorna a la calma y en el que los empresarios pierden cada vez más, por cada día de paro, según ellos, esto afecta a la masa laboral y al país en general.
Lo cierto es que hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas de todas partes del país, están marchando hacia la capital para DERROCAR AL GOBIERNO Y TODO SU GABINETE, esta acción, en rechazo al retiro de subsidios, al encarecimiento de la vida y a la forma en la que nos quieren insertar en un modelo económico abiertamente neoliberal, que vulnera nuestros derechos laborales al flexibilizar y precarizar las condiciones de trabajo.
A los trabajadores del sector público, se les anunció que los contratos ocasionales serían renovados con 20% menos de sueldo. Al resto les quitarían 15 días de vacaciones y debían "donar" un día de sueldo mensual al estado. Esta última medida va en contra del Art. 328 de la Constitución, en el que se señala que el sueldo no puede ser disminuido ni descontado salvo previa autorización del trabajador.
A la lucha se suman nuevas consignas como el libre ingreso a la universidad, ya que miles de estudiantes no han podido continuar, al no contar con medios económicos para ir a universidades privadas, mientras el estado los rechaza a través de un examen de admisión.
Nos acercamos a un momento complejo, la represión policial ha sido terrible, en dos días de paro hay 350 detenidos y un estudiante que perdió su ojo por el impacto de bomba. La CIDH ha hecho declaraciones sobre el uso excesivo de la fuerza en Ecuador, nos disparan bombas, perdigones y municiones, hay blindados con parlantes que atemorizan a todo el mundo, pero también hay gente harta, que no está dispuesta a retroceder. Los derechos se han conseguido con sangre y así nos obligan a defenderlos. En la plaza donde está ubicado el palacio presidencial hay centenares de militares armados hasta los dientes, sabemos que dentro del palacio de gobierno, hay boinas rojas (especializados en combate terrestre) eso es lo que el gobierno ha preparado para el pueblo ecuatoriano.
Responsabilizamos a María Paula Romo, Lenin Moreno todo su gabinete, la asamblea y los altos mandos del ejército por todos y cada uno de nuestros heridos y todas las consecuencias nefastas que traiga esta situación que se pudo evitar. Pero Moreno ha declarado que no dará brazo a torcer.
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Fernando López Romero
Corresponsal de Correspondencia de Prensa en Quito, 8-10-2019
El 7 y 8 de octubre miles de indígenas provenientes de la Amazonía y de la Sierra, superando las barreras colocadas por policías y militares en las carreteras, llegaron a Quito, donde se unieron con estudiantes, maestros, trabajadores y organizaciones de mujeres que habían comenzado a movilizarse desde el jueves 2 de octubre, un día después de que el gobierno de Lenin Moreno anunció el paquetazo.
En Quito, ya desde la mañana del jueves 2 de octubre, la fuerte represión policial contra las marchas, anunció lo que sería la confrontación en las horas y días siguientes. En la tarde y noche del jueves la ciudad fue conmocionada por intensas protestas, que se realizaban en medio de un paro nacional de todos los gremios del transporte, que se oponían especialmente al alza del diesel y de la gasolina corriente.
La declaratoria del Estado de Emergencia realizada al mediodía del viernes tres, mientras arreciaban las manifestaciones y cierres de calles y de vías, solo logró que los dirigentes de los gremios de transportistas anuncien hacia el final de la tarde la suspensión de la medida de hecho, replegándose en espera del desarrollo de los acontecimientos de los días siguientes, especialmente de los alcances de la movilización indígena.
Pese al anuncio de los transportistas de la suspensión del paro, el país se mantuvo paralizado porque miles de vehículos de carga y de transporte pasajeros no retornaron a trabajar, por decisión de sus dueños y por los cierres de carreteras y de calles en la Sierra, la Costa y la Amazonía.
En el río de la movilización social se han expresado tres vertientes: los transportistas, cierto correísmo duro, y el campo popular articulado al llamado de sus organizaciones. Hasta ahora es el rechazo al alza de los combustibles lo que une contra el gobierno de Moreno a los sectores populares y los transportistas. Pero son movimientos que desarrollan cada uno sus propias accione; en plena ofensiva los sectores populares, y los transportistas en repliegue, a la espera del desenlace de la confrontación entre el gobierno y las organizaciones populares.
El sábado continuaron las manifestaciones en el centro histórico de la capital mientras desde el norte y centro del país avanzaban las marchas indígenas. El lunes se integraron a la lucha organizaciones campesinas de la provincia del Guayas. Hasta el día lunes, según declaraciones de la propia ministra del Interior, la cifra de detenidos ascendía a 477 personas, algunas de ellas acusadas de haber participado en saqueos. Para el martes la cifra es de 676, con decenas de heridos y dos muertos.
De la amenaza a la diferenciación y el atisbo de un diálogo
Entre el lunes y el martes las movilizaciones han dado cuenta de la fortaleza del movimiento de protesta social y de la complejidad de la situación.
El lunes 7 el gobierno trasladó su sede a Guayaquil y realizó desde allí una cadena nacional en la noche. Poco antes de la intervención de Lenin Moreno, dos jóvenes fueron arrojados por miembros de la policía anti motines desde un puente en un barrio del centro de Quito y uno de ellos murió en un hospital horas más tarde.
En la Cadena Nacional, con una cortina negra como telón de fondo, Moreno se presentó flanqueado por su Vicepresidente y por el Ministro de la Defensa. De pie y con traje de tarea le acompañaron los jefes de las Fuerzas Armadas.
La cadena fue la respuesta del Presidente al ascenso de la movilización. En ella anunció que las medidas se mantendrían sin alterarse, acusó al movimiento de vandalismo, de estar manipulado por Rafael Correa y financiado por dineros de la corrupción, buscando así desprestigiarlo y dividirlo, amenazando con la aplicación de la ley y de la fuerza para mantener el orden.
Con la decisión de gobernar desde Guayaquil Moreno se refugió en el interior del aparato represivo del Estado (cortes, policía, militares), y se estableció en el bastión político y social de la derecha socialcristiana y estimula el regionalismo contra Quito “que vota gobiernos”
Este duro llamado al orden tiene un clarísimo sello de clase al buscar cohesionar a los empresarios y las clases medias en torno a las políticas del gobierno, pero ha indignado al movimiento popular.
El 8 de octubre, en medio de la extensión territorial del conflicto social, se realizaron tres ruedas de prensa.
Hacia las 14 horas, en Quito, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a una rueda de prensa en la que volvió a rechazar el paquetazo fondomonetarista, deslindó cualquier relación con Rafael Correa y con los hechos de violencia y el vandalismo y llamó a la movilización y al Paro Nacional del día 9 de octubre.
A las 16 y treinta, en otra rueda de prensa, Moreno apareció en Guayaquil acompañado de los jefes de las otras funciones del Estado que le ofrecían apoyo político. Pero el mensaje de las otras funciones del Estado, marcó cierta distancia con el mensaje de Moreno de la noche anterior, pues se hizo la diferenciación entre la lucha social y la conspiración política del correísmo, culminando con un llamado para abrir los puentes hacia un diálogo.
Minutos más tarde, la Ministra del Interior y el Ministro de Defensa explicaron los alcances del toque de queda que regirá desde la ocho de la noche, hicieron un recuento de la situación en el que la ministra admitió la extensión de las protestas, y coincidió con la diferenciación entre la lucha social, el vandalismo y la conspiración política. Anunció también la realización en Guayaquil y en otras ciudades de marchas “en favor de la democracia”
Se mantiene y se extiende la lucha
Este día, 8 de octubre Quito permaneció semiparalizado, con casi todos los locales comerciales del centro de la ciudad cerrados y miles de indígenas concentrados a pocas cuadras de la Asamblea Nacional. Hacia la tarde y en dos ocasiones cientos de ellos ingresaron por la fuerza a la Asamblea, siendo fuertemente reprimidos y desalojados. En horas de la tarde se anuncia el toque de queda desde las 20 hasta las 5 horas y se implanta un cerco del sector donde está concentrada la movilización indígena.
Durante el día ha crecido la acción de varias instituciones en favor de una mediación y de la apertura del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Pero también comenzó la movilización, “en favor de la democracia”, de la racista clase media de Quito que realizó una primera concentración en la Avenida de los Shirys.
Sube la escalada de la confrontación. Los próximos días serán decisivos.
Una vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y la naturaleza.
En respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.
Qué otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones de millones de dólares.
¿No constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones afectadas?
A pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias, la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la libertad de operar desde paraísos fiscales.
Por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.
Las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.
Una de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del país.
Todo este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las instituciones financieras internacionales que incluye fondos para garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.
Son éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de la naturaleza.
En ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la agroindustria y la minera.
¿Por qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de 9 mil millones de dólares?
Con el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.
La violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.
Exigimos el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del decreto de excepción.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de imponer el paquete neoliberal.
Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.
Saludamos y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles. Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan nuestra cultura y nuestro país.
Acción Ecológica octubre de 2019