18.OCT.19 | Posta Porteña 2058

Desobediencia civil en Cataluña por condena a independentistas

Por Víctor L Bacchetta

 

El juicio contra 12 líderes catalanes por defender la autodeterminación generó una ola de indignación que agudizará un conflicto cuyo trasfondo es la crisis de España

Víctor L. Bacchetta, desde Barcelona 15/10/2019 sudestada

 

Los 12 ciudadanos catalanes sometidos a juicio desde el 15 de febrero pasado, nueve en “prisión preventiva” desde hace dos años, son el ex vicepresidente del gobierno de Carles Puigdemont (hoy en el exilio) y presidente de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) Oriol Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, la ex presidenta del Parlamento Carmen Forcadell y los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

Desde el comienzo del juicio, organizaciones de juristas catalanes constituyeron la entidad denominada International Trial Watch (ITW) como una alianza de entidades dedicadas a la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía con el fin de gestionar y facilitar la presencia de observadores estatales e internacionales en el juicio ante el Tribunal Supremo contra políticos y líderes sociales catalanes.

Miembros de ITW asistieron a todas las audiencias del juicio y emitieron un Informe de Observación apoyado por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH, Barcelona); Abogados Europeos Demócratas (AED); Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (ALAZ, Zaragoza); Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale (Antigone, Italia); Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA, Andalucía); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina); Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura (CDDT, Madrid); Juristas por el Derecho a Decidir (Erabakizaleak, País Vasco); Observatorio Gallego para la Defensa de los Derechos Civiles y las Libertades Públicas (Esculca, Galicia); Giuristi Democratici (Italia); Salhaketa Nafarroa (Navarra), entre otras

Como apreciación general sobre el juicio llevado a cabo por el Tribunal Supremo de España, los observadores internacionales concluyen que dicho proceso constituyó 

“una causa general de carácter político que, amparándose en una pretendida presentación jurisdiccional y procesal, se ha traducido en una clara manifestación de represión del ejercicio de derechos fundamentales y de ideas políticas”.
“A lo largo de la presente causa especial, comprendidas la instrucción y el juicio oral –comentan los juristas de ITW-, se han producido numerosas violaciones que afectan a las garantías del debido proceso penal, con una muy especial afectación a derechos fundamentales, al juez predeterminado por la ley e imparcial, a la defensa, a la práctica de la prueba, a la igualdad de armas, y al derecho a la libertad”

La vulneración de los mencionados derechos, los observadores de ITW sumaron las prisiones preventivas por violar el derecho al tiempo y los medios adecuados para la defensa, el ser adoptadas al margen del derecho a la presunción de inocencia, a la independencia judicial e imparcialidad de los tribunales y el derecho a un juicio justo, así como ser decididas por un juez y un tribunal carentes de competencia.

La sentencia y las reacciones

Por sedición y malversación de fondos públicos, se condenó a Junqueras, a 13 años de prisión, a Romeva, Turull y Bassa, a 12 años de prisión. Por sedición también se condenó a Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión; a Forn y Rull a 10 años y 6 meses de prisión; y a Sánchez y Cuixart a 9 años de prisión, inhabilitados en todos los casos de derechos políticos por el mismo período. Por un delito de desobediencia, Vila, Borrás y Mundó, fueron condenados a pagar una multa de 60 mil euros.
 

En horas de la tarde, el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, reactivó una orden europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont. Llarena emitió la misma orden en 2017 cuando el ex presidente se exilió en Bruselas, pero la retiró cuando percibió que sería rechazada por la Justicia belga. Ahora reincide apoyado por la sentencia del Tribunal, aunque puede correr la misma suerte.

Inmediatamente luego del anuncio oficial, decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes estudiantes, se lanzaron a las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña, y en la capital Barcelona, en repudio al fallo del Tribunal Supremo. “Desobediencia civil” es la palabra de orden anticipada en los días previos por las entidades soberanistas, que enfatizaron el carácter pacífico que deben tener todas las acciones.

Las multitudes inundaron rápidamente las principales avenidas de Barcelona y otras capitales haciendo colapsar el tránsito vehicular y también, con sentadas sobre las vías, cortando el paso de los trenes. Al mismo tiempo, se dirigieron por miles hacia el aeropuerto de El Prat bloqueando los accesos. Se prevé una sucesión de acciones similares en los próximos días cuyas derivaciones son difíciles de evaluar.

El presidente del gobierno de la región, Quim Torra, calificó el fallo de “insulto a la democracia y menosprecio a la sociedad catalana”.

 En una declaración institucional leída desde el Palacio de la Generalitat, Torra reclamó la amnistía y la libertad de los condenados y argumentó que “el uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia”.

La declaración señaló que “se han inventado hechos y se ha construido un relato falso para poder cometer un acto de venganza, no de justicia” y que esto forma parte de una “causa general contra el derecho a la autodeterminación de Cataluña”. Torra concluyó diciendo que “la represión no ganará nunca la partida al diálogo”y se comprometió a“avanzar en el camino hacia la república catalana, sin excusas”.

Desde la prisión, Jordi Cuixart llamó a la sociedad catalán a movilizarse y continuar la lucha por la independencia.

“Cada vez que un ciudadano o un colectivo ejerce la desobediencia civil, fortalece los derechos y libertades de toda la sociedad. Es un acto de coherencia y de responsabilidad, es la voz de la conciencia que late en toda la humanidad”, expresó el dirigente de la organización Omnium Cultural.

Trasfondo de la crisis española

Los observadores coinciden en que la sentencia del 14 de octubre inició una nueva etapa en la lucha de Cataluña por su autodeterminación. Como era previsible, las duras condenas generaron una reacción masiva que fortalece al independentismo, pero la sociedad catalana se encuentra en el medio de un conflicto que, al mismo tiempo, tiene como telón de fondo una crisis mayor del estado español

Desde 2017, el gobierno de Madrid no logra la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el presupuesto nacional. El presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que suplantó a Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), en junio de 2018 y ganó las elecciones anticipadas en abril de este año, no logró formar gobierno y deben realizarse nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre

La contracara de esta crisis política es la deuda externa del país que, en junio último, llegó a 2.015 millones de euros, 169% del PIB, y la inminente bancarrota porque el Banco Central europeo decidió no prestarle más dinero. Sin embargo, en la campaña electoral de los partidos de centro-derecha y ultraderecha (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox), el problema principal de España parece ser la rebeldía de Cataluña.

Por un lado se invoca la defensa del estado de derecho y de la ley para enjuiciar a los independentistas y por otro se aplican medidas propias de un estado de excepción. La Junta Electoral Central ha prohibido a la televisión y radio públicas de Cataluña el uso de las expresiones "presos políticos", "exilio", "juicio de la represión" o similares que aludan a los catalanes presos o que salieran del país por falta de garantías.

Con un gran desfile militar encabezado por el rey, España celebra como Día de la Hispanidad el “descubrimiento de América” por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. Significativamente, esa evocación del saqueo colonial es usada en el presente por los defensores del estado español, incluida la resurgida Falange fascista de la época de Franco, para exigir rigor y castigo contra el independentismo catalán

Unas semanas antes de la sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno central envió a Cataluña, como lo hiciera en vísperas del referéndum de 2017, 1.400 miembros de la Guardia Nacional. La policía española allanó locales de los Comités de Defensa de la República (CDR) y envió a prisión a varias personas bajo la acusación de preparar acciones terroristas por poseer elementos “precursores de explosivos”

Con la construcción del “enemigo interno” centrado en Cataluña, el gobierno español esconde sus problemas mayores. Se busca asociar independentismo con terrorismo y violencia para justificar un estado de excepción que, al agudizarse la crisis, podría ser extendido a todo el país. A pesar de los vicios del proceso, el fallo omitió la acusación de rebelión que implicaba justamente demostrar el uso de la violencia.


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