Coctel de 27 agrotóxicos fue encontrado en agua en 1 de cada 4 municipios brasileros. El problema puede ser mucho más grave: el muestreo apunta que más de la mitad de las ciudades del país, o no realizan los test o esconden los datos.
No importa en cual parte del país usted vive: puede ser difícil o mismo imposible saber si el vaso de agua que usted está bebiendo tiene o no agro-tóxicos, y peor aún, si la concentración del pesticida está por encima del límite considerado seguro en Brasil.
El problema se hizo público por el reportaje “Coctel con 27 agro-tóxicos fue hallado en el agua de 1 de cada 4 municipios”. Acompañado por un mapa interactivo hecho con base en los datos del Ministerio de Salud, confirmados entre 2014 y 2017, que mostraba los pesticidas encontrados en las canillas públicas y abastecimiento domiciliar del país, destacando cuales municipios tenían por encima del límite considerado seguro.
El mapa, divulgado en abril de 2019, incluye por primera vez los datos nacionales de forma clara. La publicación generó grande repercusión, con más de 400 medios discutiendo los resultados de sus ciudades. Además del gran interés público sobre esos datos, la repercusión reveló también que hay una serie de fallas en el monitoreo y la responsabilidad de los órganos que deberían controlar el tema.
Hay ciudades como Brasilia y Recife que no cumplen la legislación al no enviar al Ministerio de Salud los resultados de las pruebas sobre agro-tóxicos en el agua. Y otros como Bauru (Sao Paulo) donde ninguna actividad fue encaminada para la Vigilancia Ambiental, mismo luego que los datos informaran concentración de pesticidas en el agua 160 veces por encima del valor permitido – lo que indicaría un riesgo inminente para la población que bebe ese veneno.
También hay empresas de abastecimiento que minan la credibilidad del banco de datos al enviar los resultados de control usando parámetros diferentes de los establecidos por el Ministerio de Salud, Caso de SãoCarlos (SãoPaulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Viçosa (Minas Gerais) y Balneario Camboriú (Santa Catarina)
“En un ambiente de desregulación total” Afirma el procurador del Ministerio Público Federal de Mato Grosso do Sul, Marco Antonio Delfino de Almeida, sobre la estructura que gira en torno de Sisagua, el sistema creado por el Ministerio de Salud para almacenar datos sobre agua y “que funciona con la regla de que la responsabilidad de alimentarlo correctamente es dividida entre el gobierno nacional (União), estados, municipios y empresas de abastecimiento. Debería ser el papel del poder público analizar estudiarlos y traer esos datos para la población de manera amplia, irrestricta y transparente. Pero eso no es lo que ocurre.”
Almeida llama la atención para la gravedad de las situaciones en que mismo cuando los informes no fueron enviados o los resultados indicaban concentración peligrosa a la salud humana, no hubo fiscalización o cobranza por providencias o penalidades.
Desinformación
Casos analizados por el reportaje, en diferentes partes del país, ilustran como una serie de omisiones están dejando a la población desinformada en cuanto a la presencia de agro-tóxicos en el agua que sale de su canilla colocando en riesgo la salud de las personas.
Brasilia y Recife, por ejemplo, representan un problema que afecta 52% de los municipios brasileros: los resultados de la investigación de 2014 a 2017 no fueron enviados al Ministerio de Salud. Eso significa que los responsables no realizaron las pruebas para medir la presencia de agro-tóxicos en el agua o si lo hicieron no enviaron los datos para Sisagua.
Antes mismo de la divulgación del reportaje, reclamamos la inclusión de los números, pero algunos ni se molestaron en responder. João Suender, de la Vigilancia Ambiental de la Secretaria de Salud del Distrito Federal explicó que la responsabilidad federal por la recolección y envío de los datos a Sisagua, es de la Compañía de Saneamiento Ambiental del Distrito Federal (Caesb). A la vez Caesb confirmó que hubo innúmeras dificultades para repasar algunas informaciones referentes a agrotóxicos, sobre todo debido a la falta de padrones existente.
Suender argumenta que nada puede ser hecho para castigar a empresas que no enviaron los datos, ya que la regulación del sistema es hecha por una “portaría” instrumento legal que no tendría poder de responsabilizar infractores.
Pero ese argumento es rechazado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Mackenzie, Cecílio Moreira Pires. Él explica que la dicha “portaría” está vinculada a la ley 6.437 de 1971 que prevé sanciones para infracciones. “No es ausencia de ley, sino de fiscalización y seguimiento de lo que hacen las empresas de abastecimiento. El poder público no posee funcionarios suficientes y habilitados para ejercer esa función.” Sustenta.
La situación de Brasilia se repite en las regiones Norte y Nordeste donde el mapa publicado en abril por el reportaje revela un gran vacío de datos, ya que la mayoría de los municipios no envía informaciones sobre la presencia de pesticidas en el agua. Es el caso de Recife, capital de Pernambuco. La Compañía Pernambucana de Saneamiento (Compesa), reconoce el error y afirmó “que el análisis de agro-tóxicos está disponible solamente hasta el año 2015” y que se está en proceso de reforma de los laboratorios. La Secretaria de Salud Municipal informó “que hay una orientación del Ministerio de Salud que elige municipios prioritarios para investigación de agro-tóxicos y Recife no entra en esta lista por tener un perfil urbano, además de no poseer manantial de agua para abastecimiento local que pueda sufrir ese tipo de contaminación”
De hecho, según la norma de Sisagua, la vigilancia tiene la prerrogativa de priorizar en que ciudades confirma los datos, pero garantizando que todos los municipios envíen los resultados dos veces por año. La nota afirma además que la vigilancia ambiental no mide los agro-tóxicos en el agua, “a no ser que existan evidencias
epidemiológicas para ese control”. La secretaria no esclareció lo que serían “evidencias epidemiológicas” y si alguna vez realizó alguna investigación al respecto.
De acuerdo con el Mapa del Agua que acompañó la información, ninguna ciudad pernambucana envió los testes como preveía las indicaciones de Sisagua. La Secretaria de Salud de Pernambuco reconoció la no inserción de los datos y afirmó que ellos fueron analizados y serán incluidos en el sistema a pesar que las “supuestas muestras de vigilancia no tuvieron identificados valores superiores al límite máximo referente al padrón (establecido por la legislación brasilera)”
Sin lugar a dudas tanto Recife como otras ciudades que no enviaron los datos ni se molestan en controlar la presencia de agrotóxicos en el agua perjudicando el efectivo control, porque en esas ciudades no existe una evaluación crítica ni una comprobación seria de datos. Es por lo menos lo que sustenta la profesora Gisela Umbuzeiro del departamento de toxicología y genotoxicidad de Unicamp, que condujo el estudio sobre Sisagua.
“Primero no tiene sentido que tantos municipios brasileros no alimentaron el sistema de control. Después mismo en las ciudades que almacenaron los datos, no existe análisis técnica seria de lo que fue informado” explica Gisela. Según ella: “sin dar algún valor a esas informaciones no es posible conocer las particularidades de cada región- lo que ayudaría al control. Dependiendo del tipo de cultivo que es plantado en una región es posible saber cuál agro-tóxico es más utilizado y hacer estudios más específicos de acuerdo con la realidad local.
La alarma sonó y nadie reaccionó
“Primero, es inaceptable que tantos municipios brasileros no alimentaron el sistema de Sisagua. Después, mismo en ciudades que almacenan los datos, no existe un análisis serio de lo que fue informado” remarca Gisela. Según la profesora sin validar esas informaciones, no es posible conocer particularidades de cada región, lo que ayudaría a un estudio más profundo.
“La depeagro-toxiconder que define el tipo de cultivo que es plantado en una región permite saber cuál agro-tóxico es más utilizado y permite hacer estudios más específicos de acuerdo con la realidad local.
Otro problema grave evidenciado después de la publicación del mapa es el de los municipios que registraron concentración de Agro-tóxicos por encima de lo que es considerado seguro en el país. En esos casos, acciones deberían ser tomadas para definir si los datos están correctos y encaminar medidas para resolver el problema. Pero ni mismo en esos casos fueron tomadas ninguna clase de medidas.
Es lo que aconteció en Bauru, en el interior de São Paulo donde los números de Sisagua indicaban que seis agro-tóxicos fueron detectados en concentración por encima del Valor Máximo Permitido, en diferentes fechas entre 2014 y 2017, siendo que dos de los pesticidas (Clorpirifós y Aldrin) fueron encontrados en dos puntos de recolección diferentes en la ciudad. El reportaje entró en contacto con los órganos responsables y descubrió que ninguna medida fue tomada. De las ocho irregularidades, cuatro fueron registrados en puntos de recolección de responsabilidad de DAE (Departamento de Agua y Alcantarillas) y las otras cuatro en locales particulares, incluyendo un pozo (en un instituto de investigación local) a cargo de Vigilancia Ambiental, ligada a la Secretaria Municipal de Salud.
El reportaje entró en contacto con los órganos responsables y descubrió que ninguna acción fue tomada. De las ocho irregularidades, cuatro fueron registrados en puntos de recolección de responsabilidad de DAE (Departamento de Agua y Alcantarillas) y las otras cuatro en locales particulares, incluyendo un pozo (en un instituto de investigación local) a cargo de Vigilancia Ambiental – ligada a la Secretaria Municipal de Salud.
Danielle Depicolli Chiuso, Jefe de Sección de Análisis del Agua de DAE, de Bauru, envió al reportaje los laudos referentes a los puntos que, en Sisagua, mostraban un nivel de agro-tóxico muy por encima del máximo permitido. En los documentos, no en tanto, los índices eran diferentes de aquellos enviados a Sisagua y estaban dentro de lo autorizado. “Esos laudos muestran que el agua de Bauru no está contaminada y comprueban que apenas hubo error en la hora de pasar los datos al sistema de Sisagua”, afirma Chiuso. Este es un personaje que habría que separarlo de cualquier responsabilidad que tenga que ver con el envenenamiento del agua.
Perola Vigilancia Municipal no presentó los números de la recolección de datos de su responsabilidad que mostraban el agua contaminada, como una realizada en diciembre de 2017 en el Instituto Lauro de Souza Lima, en que el agro-tóxico Clorpirifós, cuyo valor máximo permitido es de 30 µg/L (microgramos por litro), mostraba un resultado de 5.000 µg/L, un índice que, si fuese verdadero ofrecería riesgos inmediatos a la población de Bauru.
Quien, entonces, debería vigilar a Vigilancia, que no percibió el problema o percibió y no fue atrás? En cual sector de las esferas públicas debería encenderse un alerta para revisar esos datos altísimos y confirmar si serian errores de digitación o si, de hecho, el agua estaba con alto grado de contaminación?
La respuesta pasa por la Secretaría Estadual, ya que según las indicaciones del Ministerio de Salud sobre el tema, “compete a las Secretarias de Salud de los Estados promover y acompañar la vigilancia de la calidad del agua, en articulación con los Municipios y con los responsables por el control de calidad del agua.
En nota, la Secretaria del Estado de Salud de São Paulo informó que la “responsabilidad de investigación y análisis de la calidad del agua es del municipio y de las empresas responsables por el abastecimiento. El Estado capacita y orienta las vigilancias municipales para que el análisis de datos sea hecho de forma correcta”
Metodología fuera de padrón
Un tercer gran problema quedo visible cuando la publicación del mapa abrió la “caja-negra” de los agro-tóxicos en el agua: ni todas las empresas de abastecimiento siguen correctamente las orientaciones del Ministerio de Salud para integrar los resultados al sistema.
Uno de los puntos más delicados fue esclarecido después de la divulgación del reportaje, cuando algunas empresas de abastecimiento reclamaron que estaría errada la interpretación hecha por el reportaje – que se basó en la orientación del Ministerio de Salud. El punto en cuestión era la lectura de dos códigos: El Límite de Cuantificación y el Límite de Detección. Fueron tantos los cuestionamientos enviados por las empresas luego de la publicación del mapa que, en junio, el Ministerio de Salud convocó una reunión técnica con representantes de las empresas de abastecimiento, de Inmetro, de los laboratorios de salud pública, de las Secretarias de Salud y de Anvisa para elucidar la metodología para lectura de los datos.
Algunas empresas alegaban que al declarar el código “Menor que el Límite de Cuantificación” estaban comunicando que no fue posible detectar agro-tóxicos en el agua. Pero según Thaís Araújo Cavendish, coordinadora-general de Vigilancia en Salud Ambiental, el ministerio esclareció que ese resultado en verdad significa que: agrotóxicos fueron identificados en el agua, pero en concentraciones tan bajas que no pudieron ser cuantificadas.
Puede parecer una conversación técnica de químicos. Pero la comprensión correcta de la metodología es fundamental para que el sistema de vigilancia funcione para medir y garantizar la calidad del agua.
Ahora con el esclarecimiento de la metodología por parte del Ministerio de Salud, las empresas y órganos públicos que interpretaban errado precisarán corregir los datos en adelante y también retroactivamente. El estudio informó que dio hasta fin de mes (octubre) para hacer la corrección.
Lista de los 27 ampliada?
Otra crítica hecha al sistema es que la investigación busca apenas 27 ingredientes activos agro-tóxicos, pero solamente en 2019 el gobierno aprobó la comercialización de más de 400 nuevos productos tóxicos. “Es preciso que haya un control más amplio, para verificar de hecho que tipo de agro-tóxicos está siendo usado en determinada región”, agrega la profesora Gisela Umbuzeiro de Unicamp.
El Ministerio de Salud estudia aumentar el número de ingredientes que precisan ser controlados y los valores de referencia. Pero, además de la lista mínima fijada en el ámbito federal, cada estado debe editar normas complementarias a la norma nacional a fin de atender las especificidades de sus territorios.
Un ejemplo es la norma editada por Rio Grande do Sul que estableció la obligatoriedad del control de agro-tóxicos que no constan en la lista nacional, pero que son muy usados en las plantaciones del estado. Actualmente, el estado controla además de los 27 exigidos por ley otro 46 pesticidas que envenenan el agua.
Especialistas apuntan además otros problemas que comprometen la credibilidad de los datos que está almacenando Sisagua, como la falta de verificación de los datos recogidos por las empresas de abastecimiento, que pueden ser incluidos por las propias empresas.
“Por el momento no existe una valuación crítica de lo que es incluido. Si por un lado las concesionarias precisan analizar las muestras, por otro es necesario que después exista una verificación si se están cumpliendo las normas” reitera Umbuzeiro.
El procurador Almeida apunta un conflicto de intereses en el sistema. “Como las propias empresas que son responsables por alimentar el sistema van a registrar la presencia de agro-tóxicos en su propia agua” Se Cuestiona.
Cadena de responsabilidades y penalidades.
Según el procurador Almeida todos esos problemas “evidencian como empresas y órganos públicos, ni siempre cumplen su papel “lo que en la práctica hace que hoy Sisagua no funcione efectivamente como herramienta de verificación.”
Para que el complejo engranaje funcione, la responsabilidad administrativa o judicial de los órganos envueltos debería comenzar de lo local (municipal) para lo nacional, según Marco Antonio Ghannage Barbosa, Procurador del Ministerio Público Federal. O sea primero se cobra de las instancias municipales (empresas de abastecimiento y vigilancia sanitaria, después de las estaduales (Secretaria de Medio Ambiente) y por fin Ministerio de Salud y Ministerio Público Federal. De esa forma se puede actuar para cobrar a los responsables, con sanciones que pueden variar de advertencias a multas y acciones indemnizatorias.
Fue ese el camino recorrido en Mato Grosso do Sul. El procurador Almeida, del Ministerio Público, entro con un pedido en la Justicia solicitando que el Estado provea la realización de test en el agua de Dourados – por cuenta de una posible relación entre la contaminación del agua con el aumento de casos de cáncer en la ciudad.
En este caso, las maniobras de postergar los estudios del agua están finalizando ya que una sentencia judicial determinó en agosto último que el gobierno federal pague una multa de R$ 90 millones por incumplimiento de una decisión de 2016 que determinaba el análisis del agua consumida por la población. La decisión de la cual aún cabe recurso de apelación, determina que el valor sea usado en la construcción de un laboratorio para que se inicie estudio sobre envenenamiento del agua.
Medidas como esta son fundamentales para garantir que los órganos legales envueltos cumplan su papel. Especialmente en un escenario actual en que el Gobierno Federal amplía sin ninguna seriedad un acelerado proceso de liberación de nuevos agro-tóxicos para el uso irresponsable y descontrolado del Agro-negocio.
Mientras tanto, en cuanto mas de la mitad de los municipios brasileros no realizan el control del agua envenenada gran parte de la población brasilera continuará en la ignorancia sobre la criminal presencia real de venenos en la gran mayoría de las canillas de sus ciudades.
Referencia: Texto elaborado en base al reportaje: “Coctel con 27 agrotóxicos fue hallado en el agua de 1 de cada 4 municipios”. Basado en los datos del Ministerio de Salud, confirmados entre 2014 y 2017.
Publicado Por Luana Rocha y Mariana Della Barba, en Repórter Brasil10/10/2019
Repórter Brasil y Agencia Pública en colaboración con la organización suiza PublicEye.
( envio de Juan Luis Berterreche)
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IHU, 7-11-2019
http://www.ihu.unisinos.br/ Traducción de Correspondencia de Prensa
Brasil tenía 13,5 millones de personas en extrema pobreza en 2018, el 6,5% de la población, un nivel récord desde 2012, según la Síntesis de Indicadores Sociales (SIS), publicada hoy (6 de noviembre) por el IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística). El instituto adopta los criterios del Banco Mundial, que incluye en su extremo a la persona que tiene un ingreso per cápita mensual inferior a 1,90 dólares por día. "Esta cifra equivale a la población de Bolivia, Bélgica, Cuba, Grecia y Portugal", dice el IBGE. La encuesta incluye otros datos negativos, como la desigualdad en el mercado laboral y la llamada generación "ni-ni". Recientemente, el ministro de Economía Paulo Guedes se quejó de que los pobres "consumen todo" lo que ganan.
En un momento de recorte del gasto público, el director del estudio, André Simões, afirma la necesidad de políticas públicas dirigidas a este segmento más vulnerable de la población. "Este grupo necesita mayor cuidado, que serían, por ejemplo, las políticas públicas de transferencia de efectivo y la dinamización del mercado laboral. Es fundamental que las personas tengan acceso a programas sociales y que tengan condiciones de insertarse en el mercado laboral para tener acceso a un ingreso que las saque de la situación de extrema pobreza", afirma el IBGE.
El país también tiene 52,5 millones de personas en la llamada línea de pobreza, que viven con menos de R$ 420 per cápita al mes. El índice incluso cayó de 2017 a 2018, de 26,5% a 25,3% de la población, pero, como recuerda el instituto, está lejos de ser el mejor resultado de la serie: 22,8% en 2014. "En 2012, el nivel más alto de la serie se registró para la pobreza, 26,5%, seguido de una caída de 4 puntos porcentuales en 2014. A partir de 2015, con la crisis económica y política y la reducción del mercado laboral, los porcentajes de pobreza comenzaron a aumentar con una pequeña caída en 2018, lo que no llega a ser un cambio de tendencia", dice el analista Pedro Rocha de Moraes
Incluso el valor del indicador de pobreza de Bolsa Familia, R$ 89, es inferior al parámetro global, equivalente a R$ 145. Pero el investigador del IBGE Leonardo Athias señala que en 2011, el valor de R$ 70 para el BF era compatible con el valor global de la época, US$ 1,25 por día. "Por falta de correcciones monetarias, hoy el valor de 89 dólares está por debajo del valor global indicado por el Banco Mundial", añadió.
Los blancos ganan un 74% más que los negros
En otro aspecto de la investigación, el IBGE mostró que el año pasado la raza negra y mestiza -una clasificación utilizada por el Instituto- correspondía a dos tercios (66%) de los llamados subocupados por falta de horas- que trabajan menos de 40 horas a la semana y desean trabajar más. Las mujeres, que son el 43,7% de los ocupados, corresponden al 54,6% de los subocupados.
La tasa de desempleo de la población negra y mestiza era del 14,1%. Entre los blancos, 9.5%, y también ganaron, en promedio, 73.9% más. Cuando se calcula el ingreso por hora, la diferencia es del 68,3%. De los negros y los mulatos, el 47,3% están en la informalidad, en comparación con el 34,6% de los blancos.
Según el IBGE, 2,4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años no estudiaron ni trabajaron en 2018, la llamada generación "ni-ni". El total corresponde al 23% de las personas de este grupo de edad. "Este nivel coloca a Brasil entre los cinco países peor situados entre los 41 países miembros o socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)", destaca el instituto.