28.NOV.19 | Posta Porteña 2071

Brasil: Autoritarismo, Negación de Derechos y Hambre *

Por Juan Luis Berterretche

 

*Informe Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuadas (Dhana) 2019.

Violaciones al Derecho Humano a la Alimentación y a la Nutrición adecuadas en el actual contexto de Brasil. Iniciativa de FIAN Brasil-Organización por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición  Adecuadas, en colaboración con FBSSAN (Fórum Brasileiro de Soberanía y Seguridad Alimentar y Nutricional) y con el apoyo de Pão Para o Mundo (PPM) y MISEREOR

Informaciones actualizadas hasta agosto de 2019.

Síntesis y traducción del texto realizado por Juan Luis Berterretche, para Casa de América Latina (Florianópolis)

Introducción

El informe sobre el estado de Seguridad alimentar y Nutricional del Mundo lanzado en julio por organizaciones del sistema de Naciones Unidas (ONU), presenta un grave cuadro de desigualdades globales.

El número de personas que enfrentan el hambre aumentó, y ya alcanzan cerca de 821 millones, y con la inclusión del indicador FoodInsecurity ExperienceScale (Fies) alcanza mayores números qué indican que aproximadamente dos billones de personas del mundo están en inseguridad de alimentación. El informe del Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (IPCC) divulgado en agosto de este año, revela que los sistemas de alimentación hegemónicos son responsables por la emisión de gases de efecto invernadero, y el impacto que el calentamiento global puede tener sobre la seguridad en la alimentación y nutricional (SAN). Como están configurados en la actualidad los sistemas de especialistas están considerando como una “sindemia global” *: la sinergia de tres pandemias: obesidad, desnutrición y cambios climáticos. (Swinburn, et al., 2019)

Con este informe presentamos una mirada para esta grave crisis desde la perspectiva del Derecho Humano a la Alimentación y la Nutrición Adecuadas (Dhana) y de la soberanía alimentaria. Los datos demuestran que las obligaciones de respetar, proteger y promover Dhana están siendo violadas por el estado brasilero así como está siendo violado el principio de veda al retroceso social. Estas violaciones que se agravan cada día afectan especialmente grupos empobrecidos o sectores en situación de vulnerabilidad

*Sindemia es una sinergia de epidemias que ocurren en el mismo tiempo y espacio, inter actúan entre sí produciendo efectos complejos compartiendo causas y determinantes sociales

Sistemas de alimentos Insustentables, que no alimentan

Hay en el mundo una concentración cada vez mayor de complejos agro-industriales y de industrias de alimentos y bebidas en las que  esas materias primas de pocas empresas, y de tierras están en las manos de pocos propietarios. Tal concentración está directamente relacionada al predominio de monocultivos de las tres principales materias primas agrícolas comercializadas globalmente: trigo, maíz y soja. Las grandes empresas agroindustriales crecieron de forma integrada a la industria de carnes y de alimentos “ultra-procesados”*. Que tienen como materia prima esas commodities a bajo costo. El resultado es que la forma como están siendo producidos los alimentos que consumimos y la transformación de nuestras dietas tienen relación directa con nuestra salud y el medio ambiente que está siendo degradado más allá de la capacidad de renovación de los ecosistemas naturales, lo que comprometerá la capacidad de alimentar de forma sustentable y saludable la población mundial hasta 2050 (Willett et al. 2019)

Tal cual configurados actualmente, los sistemas de alimentación excluyen y expulsan de las tierras en todo el mundo, millones de agricultores y agricultores familiares, pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales que producen alimentos diversificados para su propia subsistencia o para el mercado vuelven nuestra alimentación cada vez más monótona y menos saludable. Esos sistemas son también transformados en desiguales relaciones de poder. Los más poderosos, como es el caso del sector privado aliados a los gobiernos, son los grandes detentores del poder político y económico en muchos casos ocultando las fallas socio- ambientales de los sistemas reforzando las desigualdades sociales y de salud ya existentes (IPES-FOOD, 2017)

*Ultra-procesados son productos compuestos por ingredientes de uso industrial, como proteínas de soja y de leche, extractos de carne, sustancias obtenidas con el procesamiento adicional de aceites, grasas, carbohidratos y proteínas así como sustancias sintetizadas en laboratorios a partir de otras fuentes orgánicas como petróleo y carbón. Actúan como aditivos cuya función es mayor duración del producto o dotarlos de aspecto y gusto atractivo para que se consuman en exceso y sustituyan los alimentos naturales

En Brasil

Los establecimientos agropecuarios ocupan cerca del 41% del territorio nacional (Censo Agropecuario/IBGE, 2017). Persiste una estructura de posesión de la tierra altamente concentrada especialmente en las regiones donde predomina el agro-negocio. En el Centro Oeste, por ejemplo, los establecimientos con más de 1000 hectáreas (ha) corresponden al 6% del total de establecimientos, pero ocupan 71% del área agropecuaria de la región (IBGE, 2017)

El destino de tierras volcada para la producción dedicada al mercado externo, en detrimento de la producción de alimentos diversificados y que son parte de la cultura alimentaria brasilera es una peligrosa tendencia. Entre 2000 y 2013, el área total dedicada al cultivo de granos creció 50,8% y la de soja, 116%. Por otro lado, en el mismo periodo, la cantidad de tierra reservada para el plantío de (feijao) porotos el alimento más importante y básico de la dieta del país, disminuyó 13,2% (Flexor, 2019)

En 2006, la agricultura familiar representaba 84,36% de los establecimientos rurales, siendo responsable por la producción del 87% de la producción nacional de mandioca, 70% de la producción de porotos, 46% de la producción de maíz, 38% de la de café, 34% de la producción de arroz y 58% de la producción de leche, además de mantener 50% del plantel de aves (IBGE, 2006). Infelizmente la categoría “agricultura familiar” fue limitada en la aplicación del Censo Agropecuario 2017, una modificación que acarrea perjuicios en series históricas de datos que demuestran la importancia de la agricultura familiar en la producción nacional de alimentos

En Brasil entre el 60% y 70% de las compras de una familia son producidas por 10 grandes empresas, entre ellas: Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft y Coca Cola (Santos M, Glasss, V, 2018)

La gigante brasilera 3G Capital controla algunas de las mayores corporaciones de alimentos y bebidas del mundo (Ambev, Unilever, Heinz, KraftFoods e Burger King, entre otras). Otras tres empresas brasileras son líderes mundiales en el sector de carnes: Brasil Foods, JBS e Marfrig) (Santos M.; GLASS, V., 2018)

La concentración de poder económico es fácilmente transformada en poder político. El agronegocio brasilero cuenta con un poderoso lobby: el Frente Parlamentario de la Agropecuaria (FPA), el cual se suma al recién creado Frente Parlamentar Mista de Alimentação e Saúde(FPAS), también liderado por la bancada ruralista, y con evidentes asociaciones con la industria del azúcar, entre otras alianzas empresariales.

Expansión de la frontera agrícola y ataque a la reforma agraria, a los territorios y al medio ambiente

La expansión de la frontera agrícola y la reestructuración del mercado formal de tierras son el centro de las motivaciones de los ruralistas y de los grandes conglomerados del agronegocio en el Brasil contemporáneo. Desde la perspectiva del agronegocio, la delimitación de tierras indígenas y territorios quilombolas* así como la creación de unidades de conservación y asentamientos rurales, significan trabas para la adquisición de tierras para el circuito económico de reproducción del agronegocio. Por esa razón hay un ataque frontal a la política ambiental, a la reforma agraria y a los derechos territoriales de los pueblos originarios de Brasil.

*Quilombolas:son los actuales habitantes de comunidades negras rurales formadas por descendientes de africanos esclavizados, que viven, en su mayoría  de la agricultura de subsistencia en tierras donadas, compradas o ocupadas desde hace bastante tiempo

Reforma Agraria

En el último periodo la agenda agraria fue duramente atacada por la reacción política. El gobierno Temer fue responsable por varios retrocesos en el campo de la reforma agraria y el gobierno Bolsonaro presenta una línea de continuidad y profundización del gobierno Temer (2016-2018) puede ser caracterizado en síntesis como retorno a la agenda económica neoliberal y de desmonte del Estado. Este gobierno, con la medida provisoria (MP) 733/2016, convertida en la ley 13.340/16, perdonó deudas de los productores rurales inscriptos en la deuda activa del gobierno, consumiendo recursos que podrían haber atendido cerca de 120 familias acampadas (Leite, Castro, Sauer, 2018). Antes del golpe de 2018, el acuerdo 755 del Tribunal de Cuentas consideró irregular el catastro de 578 mil familias asentadas en la tierra y también suspendió la selección de nuevos beneficiarios, la creación de nuevos proyectos y el asentamiento de nuevas familias. Ninguna familia recibió otorgamiento de tierras en el gobierno Temer

En el campo normativo la MP 759/2016, convertida en la Ley 13.465/2017 fue un marco en la paralización política de asentamientos de familias. Esa MP alteró cerca de 10 diferentes leyes relacionadas a las tierras rurales y urbanas y una decena de artículos de la Ley de Reforma Agraria. Sus dispositivos alteraron la selección de familias exigiendo la inscripción individual del interesado junto al Incra y la inscripción pasó a ser personal desapareciendo de la clasificación los campamentos o cualquier tipo de agrupaciones populares intentando ser favorecidas por la Reforma Agraria así como del orden de preferencia para la selección de beneficiarios. La edición de la MP alteró además el Programa Tierra Legal, originalmente destinado a regular tierras públicas en Amazonia con extensión hasta mil hectáreas. La  ley extendió el programa para todo el país, ampliando el límite para áreas hasta 2500 hectáreas, siendo que las tierras regularizadas deberán ser pagadas con, el máximo del 50% del valor de mercado. Esas modificaciones demuestran el carácter privatista que inspiró la edición de la MP convertida en ley

Durante la campaña electoral en 2018 el candidato Jair Bolsonaro hizo diversas declaraciones demostrando de forma clara la falta de respeto a las políticas gubernamentales de reforma agraria, a la lucha por la tierra y a las demandas de agricultura familiar, a la vez que Criminalizaba al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Sus nombramientos para el Ministerio de Agricultura (MAPA) y del ex presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR) para la Secretaria Especial de Asuntos Fundiarios, indican alianzas políticas y materializan el apoyo gubernamental a las entidades de representación de la bancada ruralista y a los intereses del agro-negocio. Al mismo tiempo varios asentamientos fueron cancelados y los pocos procesos vigentes para obtención de nuevas áreas fueron paralizados.

Tierras indígenas

Más de 600 tierras indígenas quedaron paralizadas aguardando actos administrativos del Estado para ser sus procesos demarcatorios finalizados. Ese número corresponde a 58,7% del total de las 1.113 tierras indígenas del país. (CIMI, 2016)

En 2017 en razón de disposiciones tomadas (Parecer 001/2017) se había tornado obligatoria para toda la administración pública federal la paralización de las demarcaciones, algunas en fase avanzada y en consecuencia aumentaron los conflictos y la violencia contra los pueblos indígenas en sus territorios

En la actualidad está tramitando la PEC 215/2000 que pretende transferir para el Congreso Nacional la competencia de demarcar y homologar tierras indígenas, crear unidades de conservación y titular tierras quilombolas. Relacionados a esta PEC siguen PLS que buscan dar estatus de ley a la tesis de Marco Temporal.

Avance sobre las florestas y unidades de conservación y amenazas al gobierno ambiental

Brasil desmató 11% de su área de florestas entre 1985 y 2017, una área que equivale a 2,6 estados de San Pablo. De ese total 61,5% fueron perdidas de florestas en Amazonia, 18% en el Cerrado, 11% en Pantanal y 9,5% en la Caatinga. (Dantas, Domingues, 2019)

En Amazonia, 90% del desmatamiento acumulado entre 2012 y 2017, se concentra en unidades de conservación (UCs). El Cerrado es uno de las biomasa más amenazados por la rápida expansión del agro-negocio, y el más elegido desde el punto de vista de inversiones extranjeras, por cuenta del proyecto Matopiba, (IMAZON, 2018). (Ver El Caso Matopiba http://infoposta.com.ar/notas/10550/costos-ambientales-y-humanos-del-negocio-de-tierras-el-caso-de-matopiba/)

Hay una nítida intención del actual gobierno de desmantelar el Fondo Amazonia un amplio proyecto de cooperación internacional que financia acciones de prevención, monitoreo y combate  a la deforestación, y de promoción de la conservación y del uso sustentable de la Amazonia Legal. Datos de satélites del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) apuntaron un aumento del 88% de la deforestación de la Floresta Amazónica en junio de este año en comparación a igual mes de 2018. Bolsonaro afirmó sin presentar pruebas que los números eran exagerados sugiriendo que el entonces director del Inpe estaba al servicio de alguna ONG y posteriormente el director fue expulsado del cargo.

Violencia en el campo y criminalización de los movimientos sociales

El uso de la criminalización y de la violencia para contener luchas sociales se ha intensificado en Brasil.

Las ocurrencias de violencia en el campo aumentaron 4% entre 2017 y 2018 llegando a 1.489, entre ellas, 1.124 fueron relacionadas a conflictos por tierras. En 73,5% de los casos los conflictos afectaron pueblos y comunidades tradicionales. En 2018 57% de los asesinados fueron líderes populares. Lo que la organización clasificó como “violencia pedagógica” usada para punir ejemplarmente la organización del desenvolvimiento de las luchas sociales. (CPT, 2019)

Está en curso la ampliación del autoritarismo y del poder punitivo, a través de la alteración y el impulso a normativas que favorecen el camino para la criminalización de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que desempeñan acciones de contestación al autoritarismo. Dentro de ellos tiene destaque la alteración de 13 leyes y decretos en las áreas de actuación policial y que coloca en riesgo derechos y garantías individuales

Austeridad fiscal y desmonte de las políticas públicas

 

La trayectoria del Estado brasilero en la promoción de los sistemas de alimentación y en la garantía del Dhana fue marcada por una histórica dualidad de promoción de modelos diferentes y contradictorios. El país se transformó en uno de los mayores productores y exportadores de commodities agrícolas, al mismo tiempo que fortaleció la capacidad de producción familiar de alimentos diversificados para el consumo interno por la agricultura familiar. Es a partir de 1995 que la agricultura familiar comienza a ganar terreno propio, con la creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), la creación del Ministerio de Desenvolvimiento Agrario (MDA) en 2000, y la promulgación de la Ley de Agricultura Familiar en 2006. Una trayectoria institucional paralela a las ya más antiguas e institucionalizadas políticas públicas votadas para la expansión del agro-negocio conducidas por Mapa.

Las políticas de SAN, a la vez ganan impulso con el programa Hambre Cero y la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional (Consea), en 2003 y con la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad Alimentar y Nutricional (Losan, 11.346) que creó el Sistema Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional (Sisan), en 2006. Desde entonces se venía consolidando un complejo sistema que tenía como características principales la inter-sectorialidad y la participación social y un conjunto de políticas innovadoras. Una de las más recientes conquistas fue el lanzamiento en 2012, de la Política Nacional de Agro-ecología y Producción Orgánica.

Decenas de millones de personas salieron de la pobreza, en razón-entre otros factores- de la adopción de programas de protección social y de valorización del salario mínimo, que de un lado garantizaron derechos y de otro impulsaron la economía del país. Entre 2001 y 2012, la renta de los 20% más pobres creció tres veces más que la renta del 20% más rico. En 2014 el Brasil salió del Mapa de Hambre de FAO, lo que significa que menos del 5% de su población vivía en situación de inseguridad alimentar. A pesar de las causas estructurales de la desigualdad y de la violación al Dhana persistieron en ese periodo, especialmente en razón del modelo de desarrollo y del modelo de producción y consumo de alimentos adoptado en el país, los factores anteriormente citados (acceso a renta y políticas públicas) fueron determinantes para disminuir la pobreza y para que el país redujera significativamente el número de personas sufriendo hambre. A pesar de eso resaltamos que algunos grupos como los pueblos indígenas, pueblos y comunidades tradicionales, y las mujeres negras, continuaban presentando los indicadores más altos de inseguridad alimentaria y nutricional.

Con el golpe de 2016 y con la asunción del actual gobierno asistimos a un triste agravamiento de esta historia, en que se desmonta la institucionalidad a la vez que se aplican drásticas reducciones presupuestales. A partir de 2016 se intensifican medidas estructurales de austeridad fiscal, constitucionalizadas por medio de la Enmienda Constitucional 95. Conocida como la “PEC del Techo de Gastos” ella prevé que durante 20 años los gastos primarios del presupuesto público quedaran limitados a la variación inflacionaria. La tendencia es al desaparecimiento de algunas de las más estratégicas políticas volcadas para la garantía de Dhana.

La Medida Provisoria (MP) 870/2019 que propone una nueva estructura para el gobierno federal publicada en enero, fue un golpe final sobre la institucionalidad de la agricultura familiar. El Ministerio de Desenvolvimiento Agrario y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) fueron transferidos para el Ministerio de Agricultura (MAPA) quedando bajo control de la ministra Tereza Cristina, ex presidenta del Frente Parlamentario de la Agropecuaria,

Organización legal del agro-negocio. Desde 2017 lo que sobró del MDA está siendo desmantelado, en especial expulsando los funcionarios que tenían mejor relación con los movimientos sociales del campo.

En el actual organigrama del Ministerio de Ciudadanía fue extinta la Secretaria Nacional de Seguridad Alimentar y Nutricional (Sesan), reduciendo su Programa de Adquisición de Alimentos de R$ 2,5 billones en 2018 a 447 millones en 2019.

En ese sentido entre 2014 y 2018 se redujo en más de 90% la ejecución financiera de los principales presupuestos, inviabilizando por ejemplo la Reforma Agraria, la demarcación de tierras indígenas  y quilombolas y la asistencia técnica y extensión rural.

¿Qué está sucediendo con el Programa de Adquisición de Alimentos?

Más allá de la pérdida de presupuesto, cambios en el diseño del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) que ya vienen siendo realizadas desde 2016, llevaron a la pérdida de protagonismo y a la exclusión de asociaciones y cooperativas de agricultores familiares, pasando a asumir posición central, como unidades ejecutoras, las instancias municipales y estaduales del gobierno. A partir de esa lógica es favorecido el atendimiento individual a los agricultores y agricultoras, ignorando la dimensión de organización comunitaria, y de formación de un tejido social organizativo en el campo, ya perjudicado con la reducción de la asistencia técnica y extensión rural. El programa fue también fragilizado por las acciones lanzadas por órganos de control, en función del desconocimiento de la realidad y las especificidades de la agricultura familiar y de la inadecuación de la legislación sanitaria para el perfil de este segmento.

En contrapartida a los crecientes cortes presupuestarios, la estrategia del gobierno federal desde 2015 es de creación del PAA Compra Institucional, que abrió la posibilidad de que los estados, municipios y órganos federales comenzasen a adquirir alimentos de la agricultura familiar con sus propios recursos financieros. Este es el caso de hospitales, cuarteles, presidios y restaurantes universitarios, entre otros. Pero es preciso mencionar el hecho de que el PAA institucional se tiende a concentrar en los segmentos más estructurados de la agricultura familiar, dado el volumen de la demanda y las condiciones de los llamados públicos, lo que refuerza la exclusión de los pequeños productores más empobrecidos en la Región Nordeste del país.

Riesgo de retorno al mapa del hambre

El presidente Bolsonaro hizo una declaración en que afirma ser mentira que haya quien pase hambre en Brasil. Esa afirmación no encuentra respaldo en los indicadores sociales que muestran que el Brasil corre riesgo de volver al Mapa de Hambre de FAO/ONU del cual salió en 2014. Además el hambre crece del brazo con el exceso de peso y la obesidad

La proporción de personas en extrema pobreza (renta inferior a R$ 140 por mes) subió de 6,6% en 2016, para 7,4% en 2017, después de años de tasas decrecientes. En números absolutos, ese contingente aumentóde 13,5 millones en 2016 para 15,2 millones de personas en 2017 (IBGE, 2018)

En 2006, 42,6% de la población adulta (mayores de 18 años) estaba con exceso de peso y 11,8% en situación de obesidad; en 2016 esos números subieron para 53,8% y 18,9% respectivamente.(Vigitel/MS, 2017).

Las familias brasileras gastan en media 16,1% de su renta con alimentación, siendo que entre las más pobres las del sector de menor renta el gasto se eleva para 29,8% (POF 2008/2009). Con el aumento de la pobreza, se agrava el hambre en el país y se dificultan las condiciones de garantía de una alimentación adecuada y saludable.

Nuestra comida cada vez más envenenada

El programa de Análisis de Residuos de Agrotóxicos en Alimentos (Para/Anvisa), divulgó en 2011, que 63% de las muestras analizadas presentaron contaminación con agrotóxicos. Ese cuadro tiende a ser todavía más grave si consideramos que muchos agro-tóxicos -incluso el glifosato-, que representa el 40% de las ventas no fueron investigados (ANVISA, 2011). El estado de Para fue tan importante para alertar a la población sobre el envenenamiento de los alimentos, que Anvisa sufrió fuertes presiones y nuevos resultados no volvieron a ser divulgados.

De los 50 agrotóxicos más utilizados en Brasil por el agro-negocio, 22 son prohibidos en la Unión Europea (Abrasco ,2015) El herbicida glifosato uno de los más utilizados en Brasil, es blanco de acciones judiciales por contaminación en EUA. Con el nuevo gobierno se amplían y aceleran los pedidos de análisis para registro y liberación de más agrotóxicos. Entre enero y final de abril de 2019 fueron protocolados 266 nuevos pedidos para Anvisa, un numero 80% mayor que los 146 presentados en el mismo periodo de 2018. En los primeros 50 días de gobierno de Bolsonaro fueron concedidos 86 nuevos registros de venenos autorizados al manejo irresponsable del agronegocio.

Trabas para ambientes de alimentación saludables y medidas regulatorias

La agenda de regulación de la industria de alimentos, que ganó impulso a partir del Plano Intersectorial de Prevención y Control de la Obesidad, lanzado en 2011 y que tiene las indicaciones nutricionales frontales (alerta para el exceso de sal, azúcar y grasas) como una de sus principales agendas es, en la actualidad, blanco de gran presión y retrocesos. Con la llegada del actual gobierno, Anvisa es cada vez más influenciada por los intereses de la industria de alimentación, lo que resultó en la reducción drástica de la transparencia y el dialogo con las organizaciones de la sociedad civil que actúan en ese frente.

En vez de aumentar la tributación de productos con alta concentración de azúcares y comprobadamente nocivos para la salud, el Estado brasilero a contramano de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de paneles internacionales, subsidia la industria de bebidas azucaradas. Cálculos conservadores indican que al menos R$ 7 billones son transferidos anualmente al negativo sector, entre impuestos federales y estaduales- un subsidio que gira en torno de R$ 0.50 en las bebidas azucaradas de 2 litros (Peres, 2018)

Por medio del Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados (PLC) 34/2015, la FPA actúa desde 2015 en el congreso nacional para tentar retirar el símbolo T (que indica presencia de ingredientes transgénicos) en las etiquetas de los alimentos.

Consea y sistemas de participación social en extinción

La MP 870 también revocó parcialmente la Losan y consecuentemente el propio Sisan al derogar aspectos que definían la localización del Consea, sus funciones, composición y presidencia.

A partir de un proceso de amplia movilización de la sociedad, fueron propuestas enmiendas a la MP para restaurar el texto original de la Ley, que fueron aprobadas en dos plenarios del Congreso Nacional. Sin embargo el ítem que restablecía el Consea en el Ministerio de Ciudadanía fue vetado, en acto de sanción por el Presidente de la República. La extinción del Consejo se suma a la desactivación de la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentar y Nutricional (Caisan) y la no convocación de la 6ta. Conferencia Nacional, prevista para acontecer en 2019. Las decisiones arbitrarias del actual gobierno no dejan dudas de brutal desmantelamiento de la política y del Sisan.

Además de la extinción del Consea, con la publicación del Decreto 9.759/2019 fue propuesta la extinción de decenas de consejos, en una demostración evidente de interrupción del dialogo con la sociedad civil y de control social, importantes marcas de la democratización del Estado brasileño en las últimas décadas. Sin embargo el Supremo Tribunal Federal (STF) entiende que ese Decreto no puede extinguir estructuras que son amparadas por la ley. Mientras tanto los consejos siguen paralizados. Y esto no cambiará en tanto la fuerte movilización social de la población no lo imponga nuevamente.


Comunicate