Si hay un intelectual argentino con influencia actual en Bolivia es Pablo Stefanoni. Por ello Bernardo Corro Barrientos reacciona extrañado que en un reciente artículo aquel solamente encuentre explicación de lo sucedido en Bolivia como un golpe militar o una insurrección popular contra una dictadura, eliminando cualquier otra interpretación posible.
Por: Bernardo Corro Barrientos, economista | Periódico PUKARA Nº 160 DICIEMBRE 2019 La Paz
Pablo Stefanoni en su artículo Bolivia: Biblias, Balas y Votos (Letras Libres 21/11/2019) analiza los factores políticos y sociales que provocaron la caída del régimen de Evo Morales y define el carácter político e institucional del nuevo gobierno a partir de los diversos aspectos que tomó la sucesión presidencial.
El analista mencionado comienza su artículo haciéndose dos preguntas 1) si la caída del régimen fue resultado de un golpe militar contra un gobierno popular, o diferentemente, 2) si fue una insurrección democrática contra una dictadura
Para el escritor no existirían otras posibilidades que las mencionadas que expliquen la caída del régimen anterior y el ascenso de la nueva presidenta. Se responde diciendo que ninguna de las dos “imágenes” da cuenta de lo ocurrido, pero indica que ambas tendrían “algo de verdad”. La primera insistiría mucho, según él, en el “mecanismo” del derrocamiento pero subestimaría a los actores y, la segunda, echaría luz sobre algunas imágenes pero omitiría al resto de la película cuyo final se “alejaría bastante de un movimiento democrático”.
En realidad ninguna de las dos posibilidades de Stefanoni se aproxima a lo que realmente ocurrió. En cuanto a la primera no se trató obviamente de un golpe militar contra un gobierno popular. En este caso no existieron en el escenario ni “militares alzados” ni mucho menos un “gobierno popular”
Aquí no se presenta obviamente la imagen clásica de un acto violento en el que participen tropas militares tomando por la fuerza un palacio presidencial y deponiendo a un presidente constitucional. En cuanto a la segunda tampoco se trató de una especie de “insurrección democrática” contra una dictadura. Los que participaban en el movimiento ciudadano en las calles lo hacían no para derrocar a una dictadura, que sí lo era, sino simplemente para protestar contra un flagrante y vergonzoso fraude electoral y para exigir una “segunda vuelta”
Si Evo Morales ante el movimiento ciudadano hubiera decidido dar un paso atrás en su fraude, por ejemplo, reconociendo la “segunda vuelta electoral”, todo hubiera terminado ahí, todos hubieran entrado tranquilos a sus casas para esperar las nuevas elecciones. En este movimiento abiertamente pacífico y democrático participaba gente de todas las clases sociales, mayoritariamente la clase media urbana, antigua y nueva, de todos los colores, de todas las edades, vecinos de todos los barrios altos, medios o bajos, así como de muchos pueblos rurales.
Este movimiento es conocido ahora popularmente como la “revolución de las pititas” (“pitas” de fibras vegetales o cintas de plástico colocadas en las esquinas de sus casas que impedían el paso de los vehículos), para ilustrar sobre los medios insignificantes que los vecinos utilizaban para armar los bloqueos en las calles. En estos bloqueos no se veían grandes barricadas ni los típicos medios militares como ser tropas, tanques y aviones que se utilizan en los golpes de Estado tradicionales.
Fue la tozudez y arrogancia de la cúpula gubernamental, que al no tener la capacidad moral y la humildad de reconocer su fraude, que fue interpretada por la ciudadanía como un exceso de soberbia y de autoritarismo. Esta soberbia provocó en los vecinos y ciudadanos la voluntad de continuar con las pititas en las calles durante varios días pero nunca con la intención explícita de provocar el derrocamiento y la caída del régimen
Se trató simplemente de un movimiento democrático de protesta y de desobediencia civil contra “una” decisión de un gobierno dictatorial, pero no se trató de una “insurrección general” -el objetivo soñado de los trotskistas desde hace más de cien años- dirigida a provocar su caída.
El movimiento ciudadano no expresó en ningún momento el deseo explícito de un cambio de autoridades gubernamentales porque no existía en realidad un partido político que lo dirija, que lo encabece
El movimiento ciudadano era tan pacífico y democrático que incluso no dio motivos suficientes a la policía, la institución encargada por la Constitución de mantener el orden en el territorio y en las ciudades, como para desencadenar acciones policiales de mayor represión. Al durar el movimiento durante varios días, los policías de las calles llegaron incluso a entablar diálogos personales diarios sobre el fraude electoral con los vecinos, lo que desarrolló simpatías y amistades. Era frecuente también en estos diálogos compartir bebidas y alimentos de los vecinos a los policías.
Finalmente, al cabo de varios días, los policías de algunas guarniciones departamentales decidieron, no obedecer las instrucciones gubernamentales de reprimir de manera violenta las expresiones pacíficas de la población.
Los comandantes del ejército igualmente, en este ambiente, efectuaban declaraciones moderadas en los medios sobre las manifestaciones de la ciudadanía e insinuaban su voluntad de no causar daños a la población civil. Los oficiales del ejército no deseaban realizar otra vez el papel represivo que tuvieron que cumplir en 2003 durante el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, que se saldó con la muerte de decenas de civiles en las calles de El Alto.
Simultáneamente, el presidente Evo Morales, por su parte, deseoso de calmar cuanto antes al movimiento ciudadano mantuvo reuniones con los comandantes del ejército, pero, al cabo de intensos análisis conjuntos, no obtuvo aparentemente una respuesta explícita favorable para salir a las calles y reprimir a la población que protestaba contra el fraude electoral.
También realizó consultas similares a algunas organizaciones sindicales aliadas como a la Central Obrera Boliviana (COB), que no manifestaron una predisposición favorable de defender al gobierno de manera violenta. Al parecer estas organizaciones recomendaron más bien al presidente dar un paso al costado y dejar la presidencia En estas condiciones, el presidente Morales y el Vicepresidente García informaron públicamente el 10 de noviembre que renunciaban a sus funciones y dejaban el gobierno.
Después de esta decisión, las autoridades del poder legislativo llamadas a asumir la sucesión constitucional de presidente y de vicepresidente del Estado, como ser la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, tomaron la decisión de renunciar a sus cargos y de no asumir, por sucesión constitucional, los altos cargos del Estado. Se puede asumir que estas decisiones fueron tomadas con el acuerdo y con las instrucciones de sus superiores políticos con quiénes mantenían una comunicación permanente. Esto puede parecer sorprendente pero no encontramos otra explicación.
Ante estas renuncias, la senadora Jeanine Añez, vicepresidenta hasta entonces de la Cámara de Senadores, se encontró repentinamente ante la decisión de asumir automáticamente el cargo de Presidenta de la Cámara de Senadores y, por sucesión constitucional, al cargo de Presidenta del Estado.
En este proceso de sucesión constitucional no existió la intervención de algún militar o de algún partido político que haya intervenido pidiendo o exigiendo tal o cual cosa, pidiendo que se vaya tal o cual persona o, finalmente, proponiendo que alguien asuma tal o cual cargo. No existía en esos momentos ninguna persona o autoridad con facultad para proponer y mucho menos imponer cualquier decisión. A partir de la renuncia voluntaria del presidente y del vicepresidente solo intervino como protagonista un pequeño texto, un pequeño libro llamado Constitución Política del Estado y sus artículos constitucionales, que señalaban los pasos que debían seguirse.
Antes del proceso descrito, es probable -tal vez es seguro-, que hayan existido algunos cálculos e intenciones políticas diabólicas e incluso malévolas. Es posible que las renuncias del presidente y del vicepresidente del Estado, así como de la presidenta del Senado y del presidente de Diputados tuvieran el objetivo final de provocar un “vacío constitucional” que debía inmediatamente empujar a los comandantes del ejército a cubrirlo mediante su “intervención pacífica”, que técnicamente podía llamarse “golpe militar de Estado”
Este cálculo diabólico no logró concretarse, sin embargo, porque las fuerzas armadas no estaban dispuestas a jugar el papel de “chivo expiatorio gratuito” de las autoridades gubernamentales fuertemente desacreditadas tanto por el reciente fraude electoral como por anteriores justas electorales cuestionadas. Los mandos militares medios se habían pronunciado secretamente en este sentido después del fraude electoral. El gobierno arrastraba también un pasado nada prestigioso en materia de conducción económica, política y social del país.
Es probable que las autoridades gubernamentales, en condiciones de deterioro general de su imagen, confeccionaran deliberadamente el plan del golpe militar con un doble objetivo.
Primeramente, para aparecer ante la ciudadanía como “víctimas” de un malvado golpe militar, orquestado desde atrás por la derecha neoliberal, por el imperialismo y por las organizaciones cívicas y políticas de oposición.
En segundo lugar, gracias a las caras lavadas por el golpe militar las autoridades “derrocadas” esperaban recuperar el apoyo de los sectores populares que repudiaron el golpe militar. En las nuevas condiciones, con un nuevo “prestigio” y “nuevos antecedentes heroicos”, los líderes del MAS podrían organizar y ganar nuevas elecciones.
El plan, lamentablemente para sus autores, no fue bien visto por los militares porque podía provocar protestas antigolpistas, difíciles de controlar. En este caso, los militares no estaban dispuestos a jugar este papel porque el riesgo era elevado para sí mismas y para su prestigio ganado en los últimos años. Además, los militares se daban cuenta que un plan de esa naturaleza podía resultar nefasto porque ponía en riesgo a una gran parte de la población civil y al país al exponerlos a una larga aventura de represión y muerte.
Por otra parte, el plan no logró cumplirse debido a la aparición inesperada de otro factor, el “factor Añez”. Las autoridades diabólicas no contaron que podía aparecer de manera repentina una vicepresidenta del Senado – abogada experimentada con cerca de diez años de experiencia parlamentaria- dispuesta a declararse la “sucesora constitucional automática” de los cargos mencionados anteriormente. Para bloquear esta posibilidad la anterior presidenta renunciante de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, hasta entonces refugiada en la embajada de México, hizo su aparición a último momento reclamando “lo que le correspondía constitucionalmente”. Pero ya era tarde. Su salida apresurada de la embajada mexicana donde se refugió días antes después de renunciar públicamente al Senado no sirvió de nada, las personas y los formatos ya estaban colocados en los lugares definidos por la Constitución.
¿Cómo definir a este proceso político?Para Stefanoni, su tesis es que “lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones concluyó en un “gobierno de facto”, es decir no constitucional
Como se puede observar en el proceso descrito, no se puede hablar de un “gobierno de facto” puesto que para la designación presidencial se han respetado y seguido todos los pasos constitucionales. Este es un importante mérito político para la presidencia transitoria de Jeanine Añez.
Por otra parte, para Stefanoni “las recién conformadas autoridades intentan gobernar al margen o contra el parlamento”. En este caso igualmente, se advierte que la nueva mandataria sigue fielmente con la voluntad de encuadrar sus actos en un diálogo permanente aunque difícil, lo cual es normal, con todas las bancadas del parlamento, incluyendo con la del partido del gobierno anterior. Uno de sus logros mayores ha sido, en este sentido, haber conseguido definir y “viabilizar” la convocatoria a nuevas elecciones generales transparentes junto con las demás bancadas parlamentarias.
Es incorrecto, por consiguiente afirmar, como lo hace Stefanoni, que la nueva mandataria “no se percibe a sí misma, como el canal para hacer viables nuevas elecciones transparentes”
Finalmente, Stefanoni considera que la nueva mandataria “tiene ansias refundacionales que se propone destruir material y simbólicamente los pilares del régimen anterior.” Es evidente que la mandataria va a continuar con su lucha de más de diez años contra las políticas demagógicas y erróneas del gobierno anterior o lo que el analista mencionado llama “los pilares del régimen anterior”. Estos pilares y símbolos son de orden económico, social, político, ideológico y moral.
En cuanto a lo económico, la mandataria fue una crítica permanente de la política económica del gobierno, caracterizada por basarse en las actividades extractivistas declinantes. Desde temprano el denominado “modelo económico comunitario y productivo” manifestó sus escasas potencialidades de desarrollo y de creación de empleos. Su escaso dinamismo no contribuyó al desarrollo de las empresas sino sobre todo a la expansión de la informalidad en las ciudades y al contrabando. Las numerosas empresas estatales creadas nunca pudieron alcanzar una rentabilidad adecuada. A corto plazo, la economía enfrenta el peligro de una crisis severa producto de la pésima conducción de la economía.
En cuanto a lo social, la mandataria fue crítica también de las políticas demagógicas de salud, educación y vivienda, caracterizadas por prestar pésimos y deficitarios servicios a la población. Las políticas de protección al medio ambiente y a la naturaleza, presentadas internacionalmente como símbolos centrales del gobierno, no solo fueron ignoradas sino que fueron utilizadas demagógicamente para justamente agredir y dañar a los bosques y a la fauna. La política respecto a los indígenas y a las culturas nacionales, sectores supuestamente emblemáticos y de orgullo del “Estado Plurinacional”, se caracterizó por la demagogia, la corrupción y la manipulación permanentes. El supuesto “bloque indígena-popular en el poder” dirigiendo la “revolución económica y cultural” nunca se cumplió, ya que esos nombres solo eran utilizados para estafar y manipular a los pueblos originarios. Etcétera...
Como se ve, quedaría poco para preservar los brillantes símbolos del régimen anterior.