Cuando hace exactamente ocho años las imágenes de los canales de televisión, los audios radiales y los textos en medios electrónicos nos acercaban lo que acababa de suceder a unos pocos metros de este lugar, nadie de nosotros se animaba a pensar que íbamos a ser golpeados en nuestra propia carne por esta masacre. Ni los que llegamos a este lugar a escasos minutos de ocurrido, ni quienes lo veían en sus televisores o escuchaban en sus radios. Solo veíamos y escuchábamos sirenas, bomberos, médicos, gritos, sobrevivientes en el piso o intentando salir de los vagones. Más gritos. Helicópteros de rescate, policías, trabajadores del ferrocarril desesperados y aturdidos. Y otra vez, los gritos.
Mientras, y en medio de la desesperación, empezábamos a hacer llamados a teléfonos celulares que nunca fueron contestados. Hasta que llegó el silencio. Horas después, la estación fue quedando vacía. Entonces llegó el silencio en varias formas.
Se callaron las ambulancias y los ruidos de las unidades policiales. Las voces desesperadas de los heridos dejaron de escucharse en el hall. Sonaron, entonces, en decenas de hospitales y sanatorios. Mientras, iban apareciendo las listas de quienes habían podido salvar su vida. Muy adentro nuestro empezaba a aturdirnos el más tremendo de los ruidos. El del llamado sin respuesta. Y el de otras preguntas: ¿Dónde estás?, ¿dónde estás mamá, papá, hijo, hija, hermano, nieta, amigo, compinche?
Horas o días después encontraríamos la más horrorosa de las respuestas.
Seguramente muchos de ustedes estuvieron ese miércoles. Puedan dar fe de todo este mínimo repaso por los recuerdos. Para nosotros es diferente. Porque cerramos los ojos, o los abrimos para volver a ver este lugar, y el aliento se pierde, los latidos se aceleran, la voz se quiebra, y por la piel nos pasa esa sensación tan parecida a una descarga eléctrica, que llega al corazón para dejar detenida una parte de él en esa mañana y para siempre.
Con el correr de las horas, los funcionarios responsables daban respuestas deshumanizadas, carentes de criterio e hirientes. De la boca de los empresarios salían balbuceos inconexos y sin fundamento. Lo que empezaban a hacer era algo que no dejaron nunca de intentar: salvarse de la responsabilidad, intentar que el país entero mirase para otro lado. Que no leyesen sus nombres, que no recordasen sus caras ni el contenido de sus frases: “Si hubiese ocurrido un domingo…”, “no sabemos que le paso al motorman”, “hay que esperar”, “yo ya no soy funcionario”, “no voy a hacer declaraciones”
En las morgues, o adentro del tren, los cuerpos de nuestros amados familiares iban siendo encontrados.
Eran el resultado más palpable de la desidia de aquellos, la expresión clara de su falta de idoneidad para cuidarnos, y por sobre todo, la manifestación de su crueldad y su falta de valentía para asumir los resultados de su acción perversa en algunos casos, de su inacción voluntaria en otros.
A los pocos días comenzamos juntos un camino que hemos descripto muchas veces en estos larguísimos ocho años. De cómo nos conocimos, de cómo dejamos de lado cualquier diferencia, de cómo nos animamos a emprender una lucha sin saber ni siquiera nuestros nombres.
¿Vos sos la mamá de…? ¿Vos sos papá de….? ¿Vos de quién sos amigo? Así, en nuestro mundo familiar teñido por la sangre, con el alma hecha trizas, sin saber nada del otro, nos abrazamos por primera vez. No nos importaba otra cosa que entender que esa persona sentía lo mismo. ¿Qué importaba su nombre? Ya llegaría el momento de saberlo.
Ahora llorábamos, y necesitábamos consuelo, porque nos teníamos a nosotros, y a un país que nos miraba con la bondad de quién sabe que podría haber estado en ese lugar. O en otro similar.
Para 2012 la embajada de Israel y la AMIA habían sido voladas por manos asesinas. Los pibes de Cromañón habían sido víctimas de la corrupción. Meses antes, en las vías de Flores el destruido andamiaje de la línea dejaba nuevas muertes. Los chicos de ECOS y tantas otras vidas perdidas de manera absurda, eran el espejo que nos devolvía una imagen de nosotros mismos que nunca hubiésemos deseado ver. Pero era real. Dolorosamente real. Y con la condena de los responsables como horizonte, dimos el primer paso: juntamos nuestras pocas fuerzas, y avanzamos.
Ocho años después, miramos para atrás y volvemos a ver imágenes imborrables: el primer acto, las recorridas por las estaciones de la línea, las tres veces que la Plaza de Mayo se llenó con nuestros carteles de Justicia, los miles de abrazos de personas anónimas que con su abrazo nos sostuvieron, los quinientos mil que se animaron en nuestro país y en muchos otros a exigir justicia con nuestra campaña de fotografías, cientos de entrevistas, participación junto a otras causas. Todo pudimos hacerlo porque entendimos que había pilares que iban a mantenerse siempre. Entendimos que en la suma de las individualidades estaba nuestra fuerza, que nuestras diferencias nos aportaban visiones nuevas, que las discusiones siempre llegaban a buen fin. El resultado está a la vista.
Más de 2900 días nos han tenido atentos cada minuto a lo que debimos hacer, siempre con la misma seguridad. Hoy no es distinto. Las diferencias que puedan haber, sean personales, ideológicas, o de cualquier otra índole son respetadas y los nuevos desafíos que cada miembro de este grupo decide emprender, tiene al grupo como principal impulsor. Nada importa más que trabajar, desde el lugar que se elija, para que tengamos un país mejor cada día. Nunca nos hemos puesto, como grupo, del lado de ningún signo político, y hemos exigido y exigiremos lo que creamos que nos corresponde desde el mismo lugar.
Muchas de esas cosas han pasado, ayudados por la parte de la sociedad que nos acompaña. Porque hay otra parte que nos ha intentado demonizar y destruir tanto como ha podido. No creemos en las reconciliaciones ni el perdón ni el olvido sobre las acciones de quienes nos han destrozado la vida.
Pero si hubiese un camino, ese debería ser el reconocimiento por parte del Estado Argentino de su demostrada responsabilidad en lo sucedido. Pero lejos de eso, el negacionismo sigue reinando en los discursos públicos de dirigentes que hoy ejercen cargos centrales en diferentes poderes del Estado.
Es absurdo, pero en este país pueden reconocerse deudas monetarias con capitales extranjeros, pueden solidarizarse con naciones de todo el orbe por los más disímiles motivos. Pueden pensarse, y está muy bien, políticas a futuro que defiendan derechos de toda índole. Pero cuando se habla de muertes, ahí todo cambia. Y volvemos a escuchar el eco de aquellas primeras horas, de boca de actuales y ex funcionarios.
“El tren frenaba” “Al motorman Córdoba algo le pasó” “Habíamos invertido millones, la responsabilidad es de otros” “Ese grupo tiene intereses políticos”. Autocrítica cero.
Poco antes del cambio de gobierno volvieron los clamores de los autodenominados “presos políticos”. Nosotros cambiamos el orden de las palabras, para darles el sentido que deben tener: son políticos presos, que es una cosa muy diferente.
Y así como durante años confiamos en la Justicia, con coincidencias y disidencias tuvimos dos juicios con fallos absolutamente históricos. Cirigliano, Jaime, Schiavi, apellidos de empresarios y funcionarios con un poder casi intocable, se convirtieron en los de condenados por administración fraudulenta y estrago culposo seguido de muerte.
El primer fallo llegó en diciembre de 2015 y su confirmación en Cámara de Casación en 2018. Pero desde allí hasta hoy, y tras la presentación de la defensa de los convictos del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, estamos esperando la decisión final del Supremo Tribunal. Nuestra confianza en la Justicia se mantiene, pero tenemos todo el derecho a interpelarlos acerca de los tiempos. Es cierto que la ausencia de plazos para expedirse es una prerrogativa de las más altas autoridades del Poder Judicial. Pero esa extensión en las definiciones se hace ansiedad, enfermedad, daños de todo tipo.
Siempre vamos a gritar a quién nos escuche: Justicia lenta no es justicia. Entonces, volvemos a preguntar el porqué de la demora de la conformación de las penas dictadas en 2015. Con el respeto que los señores jueces de la Corte nos merecen, queremos señalarles, desde nuestro humilde lugar de ciudadanos, que la dilación es la que abona el negacionismo sobre las responsabilidades. El paso del tiempo también cimienta el discurso del “preso político” y del “perseguido por razones ideológicas”. Y que las tardanzas no generan daños menores. Este grupo ha ido perdiendo a integrantes, víctimas del dolor, de la desesperanza, del esfuerzo puesto en esta lucha. Entonces ya no son solo 52. A las vidas perdidas en febrero de 2012 se suman otras a lo largo de estos años, que se han ido sin tener la seguridad de que toda la lucha emprendida tuvo su recompensa.
El argentino común ha quedado preso, a lo largo de su historia, de todo tipo de vaivenes políticos que condicionan o demoran fallos judiciales. Y con todo derecho sentimos que nos está pasando lo mismo. Lo decidido por el Tribunal Oral Federal número 2 en el proceso denominado “Once 1” tiene una fundamentación incontrastable. Prueba tras prueba señalan las responsabilidades de los condenados. Por eso, la Cámara de Casación lo ratifico ampliando la pena al corrupto confeso Ricardo Jaime a pedido de la defensa de estos familiares. Entonces, Señores Jueces, mientras los años pasan, nuestra exigencia sigue en pie y nuestra demanda permanece inquebrantable.
Nos es muy difícil entender porque su resolución ha tomado más tiempo que la instrucción, o que el proceso oral, o que el fallo de Casación. Junto a esta demora, abundan los pedidos de prisión domiciliaria. Varios casos han tenido sentencia favorable por razones humanitarias, y no nos hemos negado a tal situación. A pesar de ser corresponsables de la masacre, varios de ellos atraviesan enfermedades producto de su edad o de otros motivos que hacen necesario su tratamiento fuera del Penal. Nosotros respondemos respetando las obligaciones que la ley nos impone. Respetar la ley no es no es ninguna virtud especial. Es lo que deberíamos hacer cada uno, desde el lugar que le toca en este país. Pero hay otros casos que definitivamente parecen estar motivados por una nueva burla.
No les alcanzó con violar las leyes, el mandato popular, sus responsabilidades sobre el bien más preciado del prójimo, que no es otra cosa que la vida. Buscan subterfugios de lo más inverosímiles para poder purgar su condena en su casa y reiteran sus pedidos de manera sistemática, para ver si en algún momento lo consiguen. Algunas de ellas han sido rechazadas por la Fiscalía, por eso en esos pedidos de supuestas enfermedades de cualquier índole entran en una contradicción sin salida. O son presos políticos, tal como se autodefinen, o lo hacen como supuestos enfermos. Si estuvieran presos por cuestiones políticas harían sus presentaciones en ese sentido, y en realidad las hacen como si padecieran patologías que deben ser tratadas de manera domiciliaria, víctimas de depresión por estar encarcelados por motivos que ellos consideran injustos pero que están demás probados. Con eso nos demuestran que son delincuentes comunes, nunca presos políticos.
Por ello, una vez más nos vemos obligados a señalar enfáticamente que las únicas víctimas de lo ocurrido son los fallecidos y sus familiares y amigos. Los condenados son victimarios, y como tales, deben afrontar lo que la Justicia ha determinado, y no insistir en actitudes claramente psicopáticas, intentando colocarse en el lugar del dañado. Señalamos que claramente eso sucede con el aval externo que se configura en el silencio cómplice de cierta dirigencia, aquel del que ya hablamos.
Es la que sustenta tales arremetidas para lograr beneficios que no son sostenidos por pericias médicas. Por ello, en el día de ayer el Tribunal Federal 2 rechazó el pedido de prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, tras las presentaciones de nuestra querella en la que sosteníamos que no existían motivos para que el corrupto ex secretario de Transporte consiguiese tal beneficio. Es solo otro ejemplo de que las resoluciones judiciales sostienen y avalan nuestros reclamos, porque siempre son realizados en base a hechos, pruebas y datos concretos, oponiéndonos con argumentos fundados en la ley a los intentos de evasión que los encarcelados y sus representantes intentan pergeñar.
El segundo juicio de Once llevo al banquillo al intocable ex ministro Julio De Vido, quién resulto condenado por administración fraudulenta de bienes del Estado en 2018. En este caso, todavía estamos esperando el fallo de segunda instancia. Si se siguiese el mismo criterio aplicado en Once 1, la condena de De Vido ya debería estar confirmada. Pero eso todavía no sucedió. No entendemos el porqué de esa demora. Seguramente distinta hubiese sido la suerte de quién disfruta desde diciembre pasado de los beneficios de la prisión domiciliaria por otra causa judicial, en su mansión de la Provincia de Buenos Aires. Por ello es que hacemos el mismo llamado a los señores jueces de la Cámara de Casación, y con el mismo respeto del que hicimos a la Corte Suprema.
Y al hablar de De Vido, debemos volver al tema de su detención, por una causa que no es la de Once.
Volvemos a hacerlo por ser el abanderado de los autodenominados “presos políticos” y sus seguidores. Hace pocos días señaló al Presidente de la Nación: “Usted es penalista y entenderá rápidamente que las instrucciones de todas nuestras causas fueron políticamente armadas, o sea, insanablemente nulas.”
Como es lógico, solo haremos referencia a la causa que nos involucra, porque al decir “todas” el ex ministro incluye a Once 2: la instrucción, la recolección de testimonios que lo involucraron en la masacre, el juicio en el que se lo juzgo y su condena, no tuvieron una sola pizca de política.
Son, en su totalidad, basadas en pruebas irrefutables, contundentes e imposibles de tergiversar. Sus derechos fueron garantizados por un Tribunal idóneo que le otorgó absoluta transparencia al proceso. Y está condenado en base a la verdad sobre los hechos y su responsabilidad en los mismos, y por ninguna otra cosa. Pero él insiste con su status de preso político. Como si con esto no alcanzara, se le suman sectores que piden la intervención del Poder Ejecutivo para torcer las decisiones judiciales. Eso no solo es una afrenta a la división de poderes que impone la Constitución Nacional. Es también un llamamiento al método que tiene un Presidente para actuar sobre las citadas resoluciones: un indulto a los condenados.
Si bien el mandatario ha negado el indulto a un personaje nefasto como De Vido, entre otros, repudiamos enérgicamente tales insinuaciones, y hacemos un firme llamado a no intentar violentar una de las bases fundamentales de toda República. Indulto es sinónimo de impunidad, y nos rehusamos a creer que un instrumento tan denostado podría ser usado para beneficiar a condenados por administrar fraudulentamente los bienes del Estado y cometer el estrago doloso que fue seguido de 52 muertes.
El Señor Presidente es una persona formada en el derecho penal, y esperamos de su persona la racionalidad que su formación le impone. No existen elementos ni para indultar ni para conmutar penas. Nunca pedimos detenciones ni perseguimos a nadie. La causa es intachable. Solo quedaron detenidos con las confirmaciones de las sentencias. No buscamos presos, buscamos justicia. Y si bien es evidente que una cosa va de la mano con la otra, el sentido de justicia que aplicamos no se cierra solo a detenidos tras las rejas, sino a un “que no se repita”, que nos lleva encabezando una lucha a la par de los usuarios y los trabajadores, y acompañados por millones de argentinos. Eso es la primera deuda que tenemos con los fallecidos.
Al hablar de ambos juicios no podemos dejar de recordar a dos personas centrales en su desarrollo, y que fallecieron en los últimos meses. El Juez Claudio Bonadío llevó adelante la investigación por la masacre de la que se cumple hoy 8 años con absoluto compromiso, personal y profesional. Con escasísimos recursos, humanos y tecnológicos, dio celeridad a la instrucción. Dio total libertad de trabajo a las partes, y todo su accionar fue avalado por el Fiscal de Instrucción, Federico Delgado, y por sus superiores en distintas instancias. Tuvimos coincidencias y disidencias, pero nunca dudamos que trabajó para echar luz a la verdad. Eso nos permitió investigar, sin detenernos ni en nombres ni en cargos. Además, y con años de antelación a la sanción de la ley de víctimas y los derechos que esta norma incluyó, el magistrado nos dio el lugar que nos correspondía, otorgándonos el lugar central en la demanda, entendiendo que ante todo se trataba de un hecho penal que había hecho trizas la vida de seres humanos inocentes.
El otro nombre que guardaremos siempre en nuestra memoria es el del ex presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuoy. Su histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos denunciando los crímenes de la dictadura, tuvo su réplica cuando nos acompañó, sin dudarlo. En base a sus denuncias remitidas desde la Auditoría, se convirtió en un testigo imprescindible para esclarecer los hechos de febrero de 2012.
Si se lo hubiese escuchado a tiempo, seguramente nuestros 52 estarían con vida, y la tragedia nunca hubiese ocurrido. Muchas veces, entre lágrimas, y en privado, recordó ese hecho. Por ello, con valentía, perseguido judicialmente por alguno de los condenados y enfermo, siguió poniendo su fuerza en el combate y la condena a los corruptos.
Nos dejó en diciembre último pero siempre estará en este andén, como tantas veces lo hizo. Bonadío y Despuoy son dos apellidos sinónimos de compromiso con esta lucha. Y así serán recordados.
Para finalizar el repaso de las resoluciones pendientes, con dolor, los familiares de Lucas Menghini Rey, apoyados por todos nuestros hermanos de lucha, seguimos esperando que se reabra el juicio contra los tres jefes policiales acusados por su manifiesta y comprobada ineptitud en la búsqueda del cuerpo. Si bien un juicio tuvo como resultado su absolución a instancia del Fiscal Delgado y la jueza Servini, sus superiores la instruyeron para que se realice un nuevo proceso por llegar a un fallo que no se ajusta a derecho y por tanto ser nulo todo lo actuado. Estamos a la espera de esa nueva instancia, que como mucha causas, parecen frenadas por el solo hecho de involucrar a fuerzas de seguridad negligentes y apañadas para esquivar sus responsabilidades.
El mantenimiento de los ramales ferroviarios sigue siendo motivo de preocupación de usuarios y trabajadores. El flamante ministro de Infraestructura Katopodis señaló, en enero pasado, que el soterramiento del ferrocarril Sarmiento es inviable. Y recientemente, la polémica sobre su continuidad envolvió al actual Ministro de Transporte y a su antecesor. No desconocemos los inconvenientes que ha tenido esa obra, anunciada hace la friolera de trece años. Tampoco las sombras de corrupción que caen sobre ella. Debe investigarse cada peso gastado, su origen y destino. Pero no somos jueces, fiscales, ni funcionarios. Simplemente deseamos que el servicio sea cada día mejor.
Por eso, no podemos dejar de señalar que su viabilidad no puede ser evaluada por un contexto económico que nadie desconoce, sino por las irreparables consecuencias que puede acarrear su no finalización.
Y en cada centímetro hay una razón para pensar en un futuro que aliviane las vías y las calles. También instamos, como le hemos hecho siempre, a que se escuche a los trabajadores y sus propuestas. Lo invertido en el soterramiento no puede ser desechado, ya que sería tirar a la basura miles y miles de millones de pesos de los contribuyentes. Eso no significa avalar a empresarios corruptos, ni abandonar las investigaciones que la Justicia determine.
Hablamos de la seguridad del usuario, de la mejora en el servicio, de la preservación, ampliación y perfeccionamiento de las condiciones de empleo respetando a rajatabla los convenios colectivos y los puestos de trabajo. Porque además, los ferroviarios han alertado a las nuevas autoridades sobre los recurrentes descarrilamientos, la precariedad del estado de las vías, las carencias de frenado automático y repuestos para las unidades. Y ellos son una voz autorizada para realizar estos reclamos. Fueron de los pocos que denunciaron que la masacre ocurriría. Pero los oídos sordos de su momento no los escucharon. Y así llegó el 22 de febrero de 2012
Así, hemos atravesado estos ocho años. Han sido muy difíciles. Padres y madres que envejecemos, hijos e hijas que crecen sin sus papás o mamás, hermanos y hermanas que no pueden compartir las alegrías de la vida con sus compinches de los primeros años. Partidas de seres queridos. Y todavía hoy, esperando cerrar el único capítulo posible, el de la Justicia, porque la herida de las muertes impensadas e injustas quedará abierta por siempre. Pero por todo ello, también hemos aprendido a valorar cada minuto de vida, a reafirmar nuestros amores, a encontrar energía y sabiduría en la lucha. Seguimos enfrentando con la frente en alto las dificultades que nos trae el lugar que elegimos. Lo seguimos haciendo con el convencimiento de siempre. Si reclamamos condenas firmes en un caso y confirmación en otro, no es por venganza ni odio.
Es por la imperiosa necesidad y creencia que es lo que nos asiste por derecho. Porque como hemos dicho tantas veces, una Justicia lenta, tardía, y que revictimiza a los deudos como nosotros, no es Justicia.
Pero la espera, aunque angustiante y dolorosa, vale. Nada es más difícil que no tenerlos y nos sobra la fuerza para seguir. Y porque, emulando al poeta, podemos decir que la Justicia tardará en llegar, pero al final, habrá recompensa. Y esa no será otra que la de vivir en un país con corruptos presos y sin tragedias previsibles que partan en dos la vida de inocentes y la de quienes los amamos.
JUSTICIA PARA LOS MUERTOS Y HERIDOS DE ONCE
( Facundo)