Ya han tomado posesión los nuevos parlamentarios y en pocos días lo hará el nuevo presidente de derecha, Luis Lacalle Pou. El cambio del gobierno se produce en medio de una gran polémica sobre el proyecto denominado “Ley de Urgente Consideración”
Escrito por Heber
Dicha ley con sus más de 450 artículos está dirigida a recortar muchas conquistas de las obreras y los trabajadores, intenta limitar el derecho de huelga y las ocupaciones, criminalizando las protestas y movilizaciones.
También en su texto se anuncia la liquidación del monopolio estatal petrolero de ANCAP profundizando las privatizaciones, como también varias medidas que van en perjuicio de la educación pública y gratuita.
A lo anterior se suman los dichos de integrantes de la ultraderecha de Cabildo Abierto, que en entrevistas y declaraciones han salido a reivindicar la dictadura y justificar la violación de los Derechos Humanos.
Cabildo Abierto que es integrado por muchos ex jerarcas militares, ha dado rienda suelta a sus ansias de recortar las libertades democráticas, desprecia el reclamo de Familiares por los desaparecidos en Uruguay, minimiza las torturas realizadas, los asesinatos, las violaciones de mujeres y los miles de presos políticos que fueron detenidos en la década del 70 y los 80 bajo la dictadura cívico militar.
Es en medio de este ambiente que profundiza la polarización social, es que el 1° de marzo asumirá el gobierno Lacalle Pou y pondrá en funciones a todos sus ministros de derecha.
Socios “multicolores”, un gobierno con muchas debilidades
La corporación financiera imperialista Fitch, con sede en Nueva York y Londres, emitió un comunicado donde afirma que coalición multicolor está «compuesta por partidos que no son todos aliados tradicionales, con un grado de diversidad ideológica entre ellos, que plantea cierta incertidumbre sobre el alcance y la velocidad de las reformas que se pueden lograr»
Por ello Fitch estima que la Ley de Urgente Consideración «servirá como una prueba temprana para la coalición».
Estos buitres financieros que quieren asegurar la continuidad de los pagos de la deuda externa y están muy interesados en que se apliquen las medidas de ajuste anunciadas por la derecha, tiene razones muy fundadas para su preocupación e incertidumbre acerca del nuevo gobierno.
Peleas por candidaturas, los Derechos Humanos y diferencias con la ley
Es que aunque todos los integrantes multicolores tienen un acuerdo de fondo en ir contra los derechos y las conquistas de los trabajadores, las formas en que lo van a llevar adelante les ha generado enormes disputas. Incluso la pelea por las candidaturas a la Intendencia llegaron a rispideces tan álgidas que el propio Lacalle Pou se vio obligado a intervenir para poner “orden” designando a Laura Raffo como candidata por Montevideo ante la pelea que crecía entre sus socios.
Ni bien bajó la intensidad de esa discusión, los voceros de Lacalle Pou nuevamente debieron poner paños fríos y salir a aclarar que no respaldan el relato de C.A. sobre la pasada dictadura militar que volvió a encender la discusión sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos y la dictadura. Estos hechos no hacen más que continuar profundizando las fisuras en el régimen, y pone de manifiesto los desacuerdos entre los diferentes sectores de la burguesía sobre el camino a recorrer para “dar vuelta la página”.
El propio proyecto de Ley presentado por Lacalle es otro motivo de diferencias entre los multicolores. Múltiples reuniones se han sucedido entre, Blancos, Colorados, Cabildo Abierto, y sus socios menores, donde quieren cambiar o agregar artículos, difieren en los tiempos de aplicación de la Ley e incluso en la redacción de algunas de las medidas anunciadas en el texto.
A estas disputas internas dentro de la coalición se ha sumado la detención de Maya Cikurel, pareja del futuro Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, acusada de lavado de dinero en la enorme trama de corrupción de la empresa Odebrecht. Por este mismo caso recordemos que fue procesado el hermano del actual senador Colorado, Julio María Sanguinetti, apodado “Betingo”, que cumple prisión domiciliaria.
Todos estos temas, las polémicas y desacuerdos que se generaron incluso antes de asumir Lacalle Pou la presidencia, deja marcados muchos de los rasgos de debilidad del futuro gobierno, a lo que suma un parlamento totalmente fragmentado.
Sabemos por sus anuncios y declaraciones, que para pasar sus medidas antiobreras este gobierno intentará apoyarse aún más en el aparato represivo usando como excusa la inseguridad que se vive en los barrios obreros y humildes.
Pero la “mano dura” no será usada de ninguna manera contra los verdaderos y grandes delincuentes, en lo fundamental estará dirigida contra las luchas de los trabajadores, contra el derecho de huelga y contra las movilizaciones populares y los barrios humildes.
Pero más allá de su intención de endurecer el garrote, Lacalle Pou sabe muy bien que debe ser cuidadoso porque puede incendiar la pradera y ya lo han advertido varios analistas burgueses. Los ejemplos de los pueblos de Chile y América Latina que han despertado enormes movilizaciones y luchas cuando se impuso la práctica represiva violenta contra jóvenes, trabajadores y el pueblo humilde, son un enorme ejemplo que recorre el continente y que nuestro pueblo más temprano que tarde seguro recorrerá en estos tiempos de rebelión.
IZQUIERDA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES
El gobierno acaba de aplicar un nuevo ajuste contra los jubilados. Alberto Fernández sigue los consejos del FMI. Un “ahorro” para pagar la deuda.
El gobierno de Alberto Fernández miente descaradamente al afirmar que con los jubilados “no hay un ajuste”. Vamos a los números concretos, 2,7 millones de jubilados tendrán un aumento menor al que le hubiera correspondido de acuerdo a la ley de movilidad derogada por el nuevo gobierno peronista en diciembre pasado. Todos tendrían que haber percibido un aumento de 11,56%. Sin embargo, aquellos que tienen jubilaciones y pensiones desde 16.195 pesos para arriba cobrarán sustancialmente menos.
Así, los que cobran 20.000 pesos recibirán apenas 9,8% de aumento perdiendo 352 por mes en comparación a lo que hubieran cobrado con la fórmula original. Los que cobran 30.000, dejarán de cobrar 1.278 mensuales, ya que para ellos el aumento será menor aún, de 7,3%, y así sucesivamente. Y nótese que estamos hablando de jubilados que, en todos estos casos, cobran menos que la canasta básica de la tercera edad, calculada por la Defensoría en 38.000 pesos. Eugenio Semino, titular de dicha Defensoría ha denunciado que, con los sucesivos cambios de fórmula jubilatoria, los jubilados ya han perdido más del 20% de sus haberes.
La “justificación” del gobierno es que buscó “priorizar” a los jubilados que cobran la mínima. De esta manera, los que en la actualidad reciben 14.067 pesos pasarán a cobrar 15.891, un incremento de 12.96%, o sea 197 pesos más que con la fórmula derogada en diciembre. ¡La famosa “mejora” o “prioridad” no llega a 200 pesos por mes! El kilo de pan, comprado con la tarjeta alimentaria, está a 65 pesos: un jubilado de la mínima tendrá el “privilegio” de comprar tres kilos más de pan. A eso se reduce todo.
Lo concreto es que el gobierno se “ahorra” de pagar 5.500 millones de pesos por mes. Aun restando otros aumentos (como AUH o asignaciones familiares, que salen de la misma caja), el ajuste es de 5.100 millones mensuales. De marzo a diciembre son 10 meses: 51.000 millones de pesos que les correspondían a los jubilados e irán a las manos de los usureros de la deuda.
Pero la cuenta es peor aún: en junio se deberían volver a ajustar las jubilaciones, ahora por otro 14%. Pero, como la ley de diciembre derogó la fórmula, otra vez será reemplazada por alguna “suma fija” similar a la actual. Ya sabemos cómo terminará esto: el gobierno le volverá a robar a los jubilados
Todos estos números son tan claros que incluso fueron calculados por el Centro de Economía Política (CEPA), consultora cercana al oficialismo (ver https:// centrocepa.com.ar/informes/244- el-impacto-del-aumento-de-lasjubilaciones-en-marzo-de-2020. html). Claro que, ante la difusión pública de estos datos, la propia consultora y el presidente Fernández salieron a decir que “se los había sacado de contexto” y empezaron a “sumar” otros montos para tratar de justificar que no había existido tal ajuste. Pero ni aun así lo lograron: incluso si sumamos el bono por dos meses que se les pagó a los que percibían la mínima, el gobierno terminará pagando en concepto de jubilaciones 50.000 millones de pesos menos que lo que hubiera resultado si se ajustaba como marcaba la ley.
En la campaña electoral Alberto Fernández había prometido: “el 10 de diciembre vamos a aumentar un 20% las jubilaciones”. No pasó. Como vemos, ni siquiera se cumplió con los reajustes previamente establecidos. A los jubilados se los “reperfiló” a la fuerza. ¿Para qué? Sobre esto no caben dudas: para “ahorrar” para tener fondos para pagar la deuda. El mismo gobierno que dice que “no hay ajuste” para la tribuna, al mismo tiempo se reúne con el FMI y los acreedores externos y, en el marco de la renegociación de la deuda, les pone como ejemplo de que están haciendo los deberes todo lo que están “ahorrando” por haber eliminado la cláusula de reajuste jubilatorio.
Los jubilados vienen cobrando importes miserables desde siempre. Cristina, cuando era presidenta, llegó a vetar una ley que establecía el 82% móvil. Macri les robó escandalosamente con el cambio de fórmula en diciembre de 2017. Ahora, cuando por única vez esa fórmula iba a resultar favorable, Alberto Fernández la deroga y la reemplaza por este “aumento”. Otra vez pierden los jubilados. Por eso decimos: ¡basta de robo! Plata para jubilaciones, no para la deuda. Exigimos un aumento de emergencia para que ningún jubilado cobre menos que la canasta de la tercera edad (38.000 pesos), que se apliquen las fórmulas indexatorias que corresponden, y de allí en adelante, el 82% móvil de acuerdo al salario en actividad.
19 de febrero de 2020
José Castillo
Militante de Izquierda Socialista – Argentina (UIT-CI)