25/03/20
A pesar de las dificultades que enfrentamos para acceder a datos fehacientes de detenciones, por informaciones oficiales podemos tener por cierto que más de 41.000 personas han sido detenidas por aplicación del DNU 297/2020. La mayoría de ellas, una vez notificadas de la infracción que se les imputa, penal o contravencional, recuperó su libertad a las pocas horas, mientras que 2.226 personas, alrededor del 0,5%, quedaron privados de su libertad, por tener impedimentos (capturas, comparendos, etc.) o por ser reincidentes en la violación del aislamiento.
A partir de nuestra propia experiencia, y de las denuncias que venimos recibiendo, ratificamos que –como no podría ser de otra manera- las fuerzas de seguridad no actúan de la misma forma en los barrios populares y las villas, ni tratan de igual manera a los pibes y trabajadores que a habitantes de zonas privilegiadas.
Reiteramos que, en esta situación absolutamente novedosa, nuestro objetivo como organización antirrepresiva es que podamos cumplir un rol de control y denuncia frente a las situaciones de represión que se ensañan con esos sectores más vulnerables.
Muy en particular, como venimos diciendo, hay que redoblar la atención de la situación en las unidades carcelarias, que escalaron desde reclamos y protestas a motines, como en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y antes en Coronda y La Flores, provincia de Santa Fe. Allí, el estado provincial descargó la represión, bajo la dirección del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, con la intervención de agentes de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), junto al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP). El saldo final es –por ahora- de varios hospitalizados y cinco muertos: Alan Matías Miguel Montenegro, de 23 años, en Coronda, y Matías Gastón Crespo, de 31 años, Andrés Ezequiel Behler, de 23, Rolando Duarte, de 60, y Jonatan Exequiel Coria, de 29 años, en Las Flores. Independientemente de las circunstancias en que se produjeran sus muertes, el estado es responsable, ya que se trata de personas bajo su poder de hecho y derecho.
Por otra parte, es incesante la circulación de videos y denuncias de vecinas sobre el accionar de la policía en las barriadas. En La Pampa, en el Barrio Malvinas de General Pico, un hombre salió a comprar pan, recibió disparos de bala de goma de la policía y terminó hospitalizado. Familiares y Amigos de Luciano Arruga han denunciado el hostigamiento que se vive en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, donde vivía Luciano y aún reside parte de su familia, y desde el Barrio San Alberto llegan imágenes de jóvenes detenidos por la policía, obligados a “bailar”, cantar el himno nacional y hacer sentadillas en plena calle.
Es imposible, hoy, 25 de marzo, ignorar que se cumplen 43 años de la desaparición forzada de Rodolfo Walsh, interceptado por un grupo de tareas de la ESMA, cuando se alejaba del buzón calle en la esquina de Humberto Primo y Entre Ríos, donde acababa de depositar su Carta Abierta a la Junta Militar.
Rodolfo Walsh, que se jugó la vida un día como hoy para difundir la denuncia de lo que sucedía en Argentina, es el que nos enseñó a distinguir el gatillo fácil detrás del “enfrentamiento”, a caracterizar la responsabilidad estatal por los “suicidios” o los incendios en cárceles y comisarías y marcó el camino para la denuncia de la tortura sistemática en lugares de detención. Es el mismo que nos explicó que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial también registra media docena de historias “modelo” que justifican las detenciones arbitrarias, y que, adelantándose décadas a su época, incluyó en su análisis de la política represiva estatal los femicidios de uniforme, con aquello de que “Sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria”.
En este nuevo contexto de excepción, sustancialmente distinto al de 1977, pero que victimiza centralmente al mismo pueblo trabajador, vaya en estas líneas el homenaje que no podemos hacerle hoy en las calles.
26 marzo, 2020
Desde la conferencia de prensa de ayer al mediodía, en la que la ministra de Seguridad informó que más de 43.000 personas habían sido detenidas en todo el país por aplicación del DNU 297/2020, de las cuales unas 41.000 fueron liberadas una vez que las notificaron de la infracción y 2.226 permanecían arrestadas, no se han vuelto a difundir datos oficiales a nivel nacional.
Sin embargo, la información parcial que se puede obtener de algunos distritos demuestra que sigue ascendiendo la cuenta. En la provincia de Corrientes, desde las 0 horas del viernes 20 fueron 1.451 las detenciones realizadas Chaco; 563 en Corrientes, más de 1.800 en Córdoba, 2.009 en Formosa, 599 en Jujuy, 879 en Misiones, 3.189 en Santa Fe, 1.036 en CABA, etc.
No es menor alertar sobre los métodos implementados en varios casos para cumplir con las instrucciones fiscales de no hacinar en las comisarías a las personas demoradas o detenidas. En Palpalá, Jujuy, se habilitaron hace cuatro días unos “corrales” (verdaderas jaulas) al aire libre para alojar temporariamente a los arrestados. Lo mismo se le ocurrió a la policía correntina, que armó sus propios corrales con las rejas que habitualmente usan para los vallados.
En otras provincias, como Córdoba, el recurso es hacinar unidades penales, como si sobrara el lugar. Elías Agustín Abregú (19), un pibe que venía denunciando hostigamiento policial hace tiempo, fue detenido en Alta Gracia, Córdoba, y posteriormente imputado por resistencia a la autoridad y violación del aislamiento. Después de varias horas en la comisaría local, lo trasladaron en la madrugada a la Unidad de Contención del Aprehendido, en el Establecimiento Penal 9, a casi 40 km. de distancia de su domicilio, lo que dificulta enormemente que su familia pueda acercarle comida y elementos de higiene.
Ni hablar de la ascendente cantidad de denuncias sobre hechos aberrantes, que comprueban a diario cómo se descarga la violencia represiva sobre los habitantes de los barrios populares y sobre las personas más expuestas y vulnerables.
A las imágenes de los bonaerenses de San Alberto, se sumaron en las últimas horas la no menos explícitas de gendarmes en la villa 1-11-14, forzando a jóvenes a hacer sentadillas y saltos de rana “para que tomen conciencia”, o de policías de la Ciudad, en pleno centro (Córdoba y Montevideo), agrediendo a un muchacho que intentaba mostrar una constancia que acreditaba que es paciente externo del Borda.
Particularmente grave fue la situación vivida por una compañera del FOL en Tucumán, que, a pesar de contar con autorizaciones emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para cumplir tareas comunitarias en un merendero de Villa Luján, fue interceptada por la policía provincial. La detención no se efectivizó gracias a la serenidad y firmeza de la compañera, pero exhibe el nivel de hostigamiento que padecen las clases populares y sus organizaciones.
En el caso de los policías de San Alberto y de los gendarmes de Lugano, se ha informado que fueron identificados, desafectados de la fuerza y sumariados penalmente. No hemos sabido que los detuvieran, pese a que el delito cometido es mucho más grave que el de desobediencia, por el que el muchacho de Córdoba y Montevideo permaneció dos días arrestado, según informó el Ministerio Público de la Defensa de CABA.
Como si fueran poco el despliegue de fuerzas federales que padecemos, la ministra de Seguridad dictó la Resolución 51/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, por la que habilita a los mandos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval a convocar “personal superior retirado” para sumarse a las tareas en el marco de la vigencia del DNU 297/2020. Si bien la resolución, con obvio criterio, excluye a los condenados por delitos, no sucede lo mismo con quienes tienen causas en trámite. En esa hipótesis, sólo se excluye a los acusados por delitos dolosos, con lo que el enorme universo de integrantes de fuerzas de seguridad beneficiados por jueces y fiscales que califican como “sin intención”, es decir, no dolosos, los homicidios de gatillo fácil, estarían en condiciones de volver a las calles.
Insistimos en que, en este contexto de excepción, la represión, o medidas aún más extremas que algunos reclaman o pretenden implantar de hecho, como el toque de queda o el estado de sitio, no sólo no frenan la pandemia, sino que suman una carga más sobre las ya exhaustas espaldas del pueblo trabajador.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular
CORREPI
Coordinadora contra la represión policial e institucional
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En la Villa 1-11-14, tres gendarmes hicieron caminar en cuclillas y con las manos en la nuca a dos jóvenes que habrían incumplido el aislamiento. En Isidro Casanova, policías bonaerenses obligaron a otros jóvenes a hacer saltos de rana y flexiones de brazos. Los videos circularon por las redes sociales.
Otro de los hechos de violencia institucional tuvo lugar en la Villa 1-11-14, del barrio porteño de Flores, y el otro en la localidad de Isidro Casanova, del partido de La Matanza. En ambos estuvieron involucrados agentes de Gendarmería Nacional y de la policía bonaerense, que fueron identificados y “apartados en cuestión de horas"
El hecho que ocurrió en una calle de la Villa 1-11-14 fue denunciado en las redes sociales por La Garganta Poderosa, bajo el título “La pandemia de siempre”. Allí, las filmaciones caseras muestran cómo al menos tres gendarmes hacen caminar en cuclillas y con las manos en la nuca a dos jóvenes que no habrían cumplido con la normativa.
El gobernador peronista de Buenos Aires Axel Kicillof aseguró este mediodía que el Ministerio de Seguridad bonaerense “ya resolvió” las sanciones contra esos policías y pidió que esos casos “no manchen el trabajo ejemplar de miles de policías que están trabajando” para hacer cumplir la cuarentena.