Séptimo reporte de aplicación del DNU 297/2020
28 marzo, 2020
Mediante otro decreto de necesidad y urgencia en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno nacional decidió otorgar un plus salarial de $5.000 a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Se trata de una asignación no remunerativa ni bonificable a cobrar en el mes de abril, que abarca todas las fuerzas implicadas en los operativos por la pandemia.
En términos concretos, es equivalente a uno de los cuatro pagos que recibirán los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia y contribuyen en serio con la población (Resolución 440/2020 Ministerio de Salud que otorga cuatro pagos de $5.000 a los trabajadores del sector).
El DNU fue anunciado el mismo día que la población más afectada por las políticas económicas que devastaron al país se agolpaba sobre los cajeros automáticos para percibir la suma de $3.000 prevista para beneficiarios de AUH y AUE.
La fundamentación oficial para este privilegio para las FFSS federales es la importancia que el gobierno asigna a “su rol en el cumplimiento efectivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, mientras que, para las FF.AA., el argumento es la “colaboración y el apoyo logístico en la emergencia”.
Resulta más que evidente la paradoja, la contradicción entre alentar el cuidado de la población, y, al mismo tiempo, recompensar a quienes la agreden. La resolución pone de manifiesto el carácter central de premiar la respuesta represiva por sobre los criterios de contención económica y humanitaria de la población en riesgo.
Es inadmisible que, mientras se agrava la situación de emergencia sanitaria, que obliga a más de una tercera parte de los habitantes del país a atravesarla en condiciones rayanas con la indignidad, se disponga ese dinero para respaldar a quienes, a diario, ejercen actos de desprecio, violencia y represión contra el pueblo trabajador, como se ha reiterado en estos ocho días de vigencia del aislamiento social. Esa plata es la que nos dicen que no alcanza cuando reclamamos equipos de protección para el personal de la salud, más testeos e insumos imprescindibles para contribuir al cuidado sanitario.
Es también inadmisible porque los uniformados que resultan beneficiarios del bono en cuestión tienen toda la contención y el respaldo económico que no posee la población en riesgo.
Si lo que se necesita es el aislamiento efectivo, no será legitimando los actos de rigoreo y discrecionalidad que las fuerzas despliegan de distinta manera según la condición de clase del destinatario, sino resolviendo los graves problemas que enfrentan en la cotidianeidad quienes debemos aislarnos.
Crece la represión
Ayer denunciábamos la detención de Juan Alberto “Chano” Cáceres, un carrero sobreviviente de la represión de diciembre de 1999 en el Puente General Belgrano, compañero del cartonero asesinado ese día Francisco Escobar. Fue liberado un día después, con la espalda y glúteos cubiertos de disparos de postas de goma , notificación de imputación penal, y la orden de cumplir una “tarea de utilidad pública” de pura factura policial: Le ordenaron que vaya la semana que viene a la comisaría a palear unos escombros que les molestan. La compañera Hilda Presman, de la Red Provincial de DDHH, formulará el lunes denuncia penal contra la comisaría, con la adhesión de CORREPI.
De Córdoba nos llegaron ayer otros dos videos de represión explícita. En uno, se ve a un policía que, al fracasar en su intento de reducir a un pibe que se las arregló para zafar y salir corriendo, simplemente sacó su reglamentaria y disparó. Afortunadamente el chico no fue herido, y el policía, ante el griterío de las vecinas que se abalanzaron a las ventanas, tuvo que subir al móvil y retirarse. En el otro, se ve la escena final de la situación que padeció un trabajador de la Central Nuclear Embalse. Al término del turno (la planta está en funcionamiento como servicio esencial), se controla la temperatura de todos los trabajadores. Como tenían un termómetro de los comunes, con columna de mercurio, y el hombre marcó 36.8, lo separaron y mantuvieron retenido por varias horas, ya que no conseguían un termómetro digital. Ante su reclamo de que lo dejaran regresar a su hogar, ya que necesitaba descansar para volver al trabajo al día siguiente, lo golpearon, redujeron, detuvieron, e imputaron penalmente. Fuentes oficiales armaron una historia de “agresión al personal policial” que absolutamente todos los trabajadores que presenciaron los hechos desmintieron.
Ayer, a las 12:20, en Loyola entre Thames y Serrano, CABA, un patrullero (patente ABS17VQ) interceptó y detuvo a un joven repartidor de Rappi, a pesar que el chico les exhibió el permiso para hacer entregas de alimentos y su DNI.
La provincia de Neuquén, en la que el gobernador ya había decretado, el 22 de marzo, una suerte de “toque de queda” prohibiendo la circulación de personas entre las 20:00 y las 8:00, agregó, en un nuevo decreto, el horario de 9:00 a 19:00, de lunes a sábado, para la apertura de comercios de insumos necesarios, y estableció la prohibición total de circulación de personas los días domingo.
La misma provincia sumó, ayer, una feroz represión en el pabellón nº 8 la Unidad de Detención 11, donde, como en el resto de las cárceles, las personas detenidas reclamaban condiciones de higiene y salubridad.
Finalmente, otra noticia que nos sacudió ayer fue el anuncio de que Techint, el holding de Paolo Rocca, y el más importante del país, despidió 1.450 empleados, con el argumento de que, como se trata de obras de construcción privadas que fueron suspendidas, “si las obras se paralizan, se pueden finalizar los contratos de trabajo”. Una vez más, los empresarios descargan la crisis sobre los trabajadores.
Más que nunca vemos que la organización y la solidaridad popular son nuestras herramientas para defendernos del virus, y de la represión.
29 marzo, 2020
Al inicio de la segunda semana de vigencia del DNU 297/2020, las cifras de detenciones, totalmente naturalizadas por los medios hegemónicos, apenas si se mencionan colateralmente. Según información oficial del Ministerio de Seguridad, para las 8 a.m. de este domingo, el total de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad a las que, antes de liberarlas, se les notificó la formación de una causa penal es de 524.557, mientras que en 13.006 casos no se produjo la soltura.
A partir de las consultas que venimos recibiendo, es fundamental señalar que, además del inefable olfato de clase que caracteriza a policías y demás uniformados, que hace que no sean tratadas de la misma manera todas las personas, ni la policía, gendarmería y otras fuerzas actúen igual en todos los barrios, también sucede que no estén siquiera al tanto de la normativa de emergencia que están aplicando.
Anoche, por ejemplo, un trabajador de prensa que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, terminado su turno, iba como todos los días a ver a su padre, de más de 80 años, en recuperación de un ACV. Llevaba consigo, además de su credencial de prensa, la declaración jurada descargada de la página del Ministerio de Desarrollo Social, completada con los datos propios y los de su padre, y la epicrisis con el diagnóstico. Fue interceptado por policías bonaerenses, que, con absoluta terquedad, decían que la declaración jurada no era válida, “porque carecía de firma de autoridad competente”. Afortunadamente, el compañero logró comunicarse con CORREPI, le enviamos el texto de la resolución del Ministerio, argumentó sin perder la calma, y dos horas después pudo seguir su camino sin ser detenido. Imaginemos lo que hubiera sucedido si se hubiera tratado de una persona con menos recursos de contacto y argumentativos.
Infinidad de ejemplos semejantes, muchos con peores finales, corroboran que es necesario estar preparadas para dar todas las explicaciones del caso, con tanta serenidad como precisión, y, sobre todo, con paciencia y temple para resistir la provocación que, cuanto menos “respetable” sea nuestro aspecto, más intensa será. Hemos actualizado recientemente las recomendaciones generales para las distintas hipótesis, que esperamos puedan servir como herramientas útiles para preservarnos en la medida de lo posible.
Acaba de publicarse una nueva disposición del Ministerio del Interior, que unifica las diversas declaraciones juradas y permisos que hasta ahora existían según el caso, llamado “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”. Este certificado es personal e intransferible, tiene una vigencia de siete días, y debe exhibirse junto al DNI. Hay que tramitarlo a través de la plataforma de “Trámites a Distancia”, en https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico. Como era de esperar, a horas de su lanzamiento el sitio está saturado y es imposible ingresar…
Por supuesto que, a medida que pasan los días, y crece el número de presos y encausados, se amontonan las denuncias por hechos represivos. Para registrarlos, hemos habilitado una solapa en nuestra web, www.correpi.org, en la que los vamos subiendo a medida que llegan. En general, se trata de situaciones de alto nivel de violencia, con golpes, insultos e intimidaciones, y por supuesto, un saldo increíble de privaciones de libertad y formación de causas. Naturalmente, a medida que se profundiza la situación gravísima de quienes deben necesariamente salir a conseguir comida y medicamentos, que las organizaciones sociales tratan ingentemente de paliar, con sus recursos limitados, se incrementan estos hechos represivos.
En estos días, hemos conocido otra práctica, supuesto ilegal, de la policía en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona sur del Conurbano. Ya sabemos que, ante la aprehensión de personas, se las traslada a una dependencia policial, para realizar los trámites que impusieron las fiscalías dejarlas ir a su casa. Pero en varias comisarías de Lanús y Lomas de Zamora han comenzado, aleatoriamente, a retener los documentos de identidad. Esto, además de ser obviamente injustificado e ilegal, deja a la persona en cuestión condenada de hecho a no volver a salir durante la emergencia, ya que al carecer de DNI sería inmediatamente detenida, y, ya fichada como “reincidente”, podría no recuperar la libertad.
Poco es posible hacer, en esta situación de excepción, para recuperar los documentos y denunciar el delito cometido, pero es necesario que, en caso de resultar víctimas de ello, de manera inmediata lo informemos, por algún medio que permita conservar el mensaje, como el correo electrónico o cualquier sistema de mensajería, a referentes barriales de confianza, con todos los datos relacionados (nombre, apellido, DNI, día y hora del procedimiento y comisaría interviniente). De ese modo, el mensaje y su destinatario podrán servir para defenderse frente a cualquier uso delictual que la policía dé a nuestro documento hasta tanto se pueda formular la denuncia penal y tramitar un nuevo ejemplar.
Más que nunca vemos que la organización y la solidaridad popular son nuestras herramientas para defendernos del virus, y de la represión.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
CORREPI
Coordinadora contra la represión policial e institucional