Si bien la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio marcha atrás en sus declaraciones, aludiendo a que la expresión "humor social" fue poco feliz y dio lugar a confusiones sobre el “Ciberpatrullaje”, esto no lo hace menos grave. Más allá de haber reconocido un error discursivo, Frederic defiende este tipo de procedimientos.
Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata 11/4/20
Son preocupantes estos métodos: investigar las publicaciones de las personas para detectar focos de descontento es ilegal. Somos conscientes de que las redes son en gran medida públicas, pero una cosa es que nuestra red social pueda ser vista por centenares de personas, y otra muy distinta es que las fuerzas represivas de la mano del Estado, sin orden judicial ni autorización la utilicen, guarden los datos, etc.
No olvidemos el "Proyecto X", otro favor que nos hicieron los mismos que nos gobiernan hoy, que dejó en evidencia un sistema de recopilación y clasificación de información pública y privada de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y personalidades, que luego se “blanqueaban” en las distintas causas judiciales que se le abrían ante protestas que realizaban esos sectores.
Todo eso lo llevaba adelante la Gendarmería en nombre del “orden público” sin orden judicial o ley que le permitiera hacerlo. Es por ello que numerosas causas penales que se armaban en los juzgados federales contra activistas obreros que protestaban en las rutas, cayeron y quedaron sin efecto, por basarse en este procedimiento sustentado en el Proyecto X, con información obtenida ilegalmente.
Revisar una red social para “medir el humor social” es una tarea de inteligencia, ya sea pública o privada la publicación. La Ley Nacional de Inteligencia (25.520) lo prohíbe expresamente en su artículo 4º inciso 2. La ley indica que las fuerzas no podrán “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su…opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.
Alberto Fernández había modificado la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional en el marco del espionaje, los carpetazos y todo el turbio entramado del poder, pero quedó en evidencia que las políticas de inteligencia hacia la clase trabajadora continúan.
Por todo esto, seguimos denunciando al Estado, que lejos de garantizar las condiciones para llevar adelante una cuarentena en condiciones humanas sigue vulnerando nuestros derechos.
Vemos una correlación directa entre estas prácticas nefastas y las últimas medidas anunciadas el 10/4 por el presidente Alberto Fernández. Si bien estas medidas pueden parecer simpáticas al ojo desatento (están evaluando si podemos salir a correr entre otras cosas), comprendemos que estos beneficios no corren para todos por igual: los sectores más postergados siguen esperando cobrar un bono (bono que como mucho alcanzará para algo de comida).
Mientras tanto el hambre crece y la escalada represiva es atroz.
Por Rubén Lasagno – (Agencia OPI Santa Cruz) 9/4/20
No se trata de poner en duda las medidas necesarias y adecuadas que se toman desde el gobierno para protegernos comunitariamente del coronavirus, se trata de pensar qué tipo de conductas sociales y políticas/gubernamentales sobrevivirán a la pandemia, teniendo en cuenta que bajo el kirchnerismo actual se están ensayando acciones de control social inéditas en el país y solo presentes en las dictaduras de los ´70, salvando, claro, el salto tecnológico que hace de este control social en la actualidad, algo más “silencioso” pero doblemente peligroso.
El coronavirus le puso en bandeja al gobierno nacional y los respectivos intendentes del Conurbano y gobernadores provinciales, una herramienta económica/financiera fundamental para el manejo indiscriminado de fondos: las emergencias (social, sanitaria, económica, etc.)
En ese marco aparecen los casos de corrupción como los del Ministerio de Desarrollo Social, el del alcohol en gel de la ANSES y tantos otros que no nos enteramos. Tampoco es ajeno a todo esto, la asignación de un bono de 10 mil pesos y reparto a mansalva, sin control y total discrecionalidad de “ayudas”, “planes” y cualquier similitud que haya con la distribución dispendiosa de fondos a los cuales no se pueden diferenciar entre la ayuda real, el beneficio de bolsillos ajenos y lo que se distribuye con fines puramente partidarios/electoralista, entre las franjas más necesitadas de la población.
El coronavirus le amplió al Estado (nacional, provincial y municipal) otra herramienta clave: el control fáctico/total de la calle. Una potestad delegada natural y constitucionalmente al Estado como es el derecho al uso de la fuerza y la potestad para aplicarla legalmente, se ha ampliado de hecho casi con una característica intervencionista en tiempos de guerra, al punto que el propio gobierno nacional se ha visto tentado a instalar el “estado de sitio” que no es otra cosa que la caída de todas las garantías constitucionales, un “manos libres” a las autoridades que prevé la Constitución en caso de conmoción interior y su aplicación conlleva la supresión de los derechos ciudadanos, una medida que de estar en manos de irresponsables, demagogos, autoritarios y populistas (como en el caso de Venezuela), pasa a ser una herramienta de opresión sin límites y termina instalándose como el sofocamiento social “legal” que encuentran los filo dictadores para sojuzgar a la población y ocultar sus propios desbordes y corrupción.
No es necesario aclarar lo que está facultado a hacer un gobierno con “Estado de sitio” declarado. Basta ver la historia de Argentina, Chile, Brasil y Venezuela, para ahorrarnos aclaraciones obvias.
Otra herramienta de gran poder es el dictado de la “Cuarentena nacional” y el manejo de las excepciones. Si bien el fundamento de todo esto es mantener a la población asilada ante la peste, no es menos cierto señalar que el mecanismo de encierro y el establecimiento de quién, cuánto y hasta dónde deben acatarla, le da discrecionalidad a la autoridad y saca del medio a mucha gente asignada a controles del propio Estado, generando una “burbuja” donde solo los apuntados por la misma autoridad, tiene la potestad de hacer y deshacer a su antojo, en detrimento de las libertades y derechos de otros, pero siembre “en nombre del beneficio común”
No es casual que a raíz de ello haya salido la antropóloga devenida en Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, a dar una clase de cómo se va a perseguir a gente por las redes sociales, en lo que inapropiadamente la funcionaria (extraña a su profesión de base) llamó “ciberpatrullaje” para testear el “humor social” pero aclarando inmediatamente algo que la puso aún más al desnudo de sus verdaderas intenciones al señalar “que de ninguna manera significa ciberespionaje”
La antropóloga, que sabe de Seguridad como quien escribe hablar en Chino Mandarín, entiende perfectamente (o al menos le han soplado en la oreja) que es un buen momento para ampliar la base de intromisión a la vida ciudadana/empresaria/política/social/privada (cosa que por otro lado hacen a diario), pero esta vez justificando y/o blanqueando este accionar ilegal y perverso, como forma de “cubrirse” por cualquier denuncia futura.
Sin embargo, acecha tras las palabras de Frederic, el peligro de la persecución personal mediante el auxilio de las nuevas tecnologías de posicionamiento global, la distribución de programas de alertas y escuchas ilegales en los móviles de aquellos a quienes hayan sido “marcados” por el gobierno como “potenciales peligros” sociales, ya que se propone buscar palabras compatibles en las redes sociales, tal como hace EEUU en la web para combatir el terrorismo, con lo cual si uno de nosotros pone varias veces en su Facebook, Twitter, Instagram “desobedecer la cuarentena”, “viva el Coronavirus” o pavadas por el estilo, puede ser detenido y considerado “enemigo público” por parte de un gobierno con hambre de totalitarismo, típico del kirchnerismo más recalcitrante y abyecto el cual si no va más allá, es porque solo lleva 4 meses en el poder.
En síntesis, si la ciudadanía y particularmente la oposición política, tan relajada hoy y entusiasmada por “cerrar la grieta”, no está debidamente alertada del avance imparable sobre las libertades que se autoimpone el gobierno y deja que en virtud de la pandemia los tiempos de cuarentena y emergencia se extiendan indefinidamente, estamos en riesgo de recrear la fábula del sapo que tirado en agua hirviendo salta de la olla inmediatamente pero colocado en una olla con agua fría y puesto al fuego, muere hervido varios minutos después, casi sin darse cuenta.
Desde la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, repudiamos la política de ciberpatrullaje llevada adelante por el ministerio de seguridad de la nación.
Las expresiones de la ministra de seguridad en relación a medir el «humor social» o de evaluar «las posibles situaciones de saqueos, malestares sociales respecto al aislamiento», se enmarcan dentro de la política represiva que venimos denunciando desde el comienzo de la cuarentena, a la que esta semana debemos sumarle la detención seguida de muerte de Florencia Morales en San Luis y la represión a los trabajadores del frigorífico Penta en Quilmes.
Sabemos que el aparato represivo del estado se nutre de distintas fuentes de información para llevar adelante su actividad, en este caso información pública de libre acceso.
Debemos denunciar cualquier uso de información, ya sea pública o privada, de las personas, con el fin de ejercer control social.
En este contexto de pandemia, cuarentena y con más de 16 millones de pobres, todos los recursos del estado deben estar dedicados a fortalecer el sistema de salud y garantizar la alimentación de la población.
No al ciberpatrullaje
Desmantelamiento del aparato represivo
AEDD 11/4/20