Por: Ebert Cardoza Sáez*
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza en su artículo 91:
“Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa(…) el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. Amén
Desde la histórica jornada de protesta de Chicago, la cual dio lugar al 1 de mayo, hasta hoy, la batalla entre capital y el trabajo la ha ganado el capital, sin que ello se haya revertido en ninguna fase del desarrollo capitalista mundial. Así ha sucedido tanto en los llamados países “socialistas” (capitalismo de Estado), como en los llamados países defensores del libre mercado o “mundo libre”, adoradores del Capital.
Cada 1 de mayo es tradición anunciar el aumento de salario mínimo. Sin embargo, en materia de sueldos y salarios, la recurrente violación de la constitución nacional ha sido una constante desde su aprobación mediante referéndum consultivo de 1999. Tanto la canasta básica como la alimentaria nunca jamás se ha ajustado al salario mínimo vital, ni viceversa. Ni con el precio del petróleo a 100 $ ni mucho menos a 4, 30 $. Históricamente, jamás ni nunca se han equiparado ambas variables.
Por su parte, en sus respectivas alocuciones ninguno de los presidentes de la llamada V República, es decir, Chávez y Maduro, mucho menos Carmona Estanga, han hablado sobre el artículo 91. Es más, tratan de ignorarlo por completo, quizás porque sería cuchillo para su propia garganta.
Pero más grave aún, la mayoría de los venezolanos desconocen el contenido del artículo 91. Por eso, decía Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Debido a ello, se ha hecho rutina que la clase trabajadora venezolana asuma una actitud pasiva e indiferente frente a los aumentos de salario mínimo, dejando al ejecutivo toda la responsabilidad del caso y delegando en unos gremios y sindicatos neutralizados por la burocracia todo lo relativo a la materia salarial.
De manera que siempre se cae en las famosos “convenios” o “acuerdos” entre patrono y trabajador que siempre plantean porcentajes muy por debajo del costo de la canasta básica, haciendo que sea, finalmente, el ejecutivo quien decrete el tan anhelado aumento salarial. Por otra parte, el sólo anuncio de aumento salarial provoca una especie de “terror” por la consecuente escalada de precios, sin embargo los aumentos de precios son casi a diarios por la constante subida del dólar, el cual se ha convertido en el barómetro de la galopante inflación reinante.
Comúnmente se ha denunciado la explotación del hombre por el hombre, se ha señalado a la empresa privada como la principal explotadora de la clase trabajadora, lo cual no deja de ser cierto en la desigual y siempre conflictiva relación entre capital y trabajo. Sin embargo, en Venezuela, donde el Estado es quien administra la riqueza nacional y tiene la obligación de distribuir equitativamente la renta petrolera, por ende, se convierte en el principal explotador de los trabajadores dependientes de la administración pública, haciendo que sea una élite y no la mayoría quien se beneficia de la riqueza nacional de “todos los venezolanos y venezolanas”, quienes viven y sobreviven resignados y sometidos a migajas que caen de la mesa del banquete de Miraflores.
En Venezuela, el patrono Estado es quien administra el excedente o plusvalía del ingreso nacional, por concepto de explotación petrolera, aurífera, gasífera, diamantífera, etc., etc., así quien administra la recaudación tributaria (SENIAT), además de otras fuentes de ingreso per cápita.
Sin embargo, esa riqueza nacional, tal como hace el patrono empresarial privado, no va a las manos de la clase trabajadora, sino a una élite en el poder que usufructúa, saquea, roba esa riqueza en nombre del pueblo y la “revolución”, convirtiendo al Estado en una corporación privada en manos de una minoría en el poder.
Así que si usted es chavista u opositor, ni – ni o extremista, pero es un asalariado, debe saber que HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES no es un acto de traición a la patria, sino una DEMANDA contra aquellos que juraron hacer cumplir las leyes y la constitución.
Y si usted es pro – capitalista, socialista, anarquista o comunista, y es un asalariado del Estado, usted tiene deberes y derechos contemplados en la constitución. Por tanto, hacer cumplir el artículo 91 no es un acto contrarrevolucionario, subversivo o terrorista, sino un acto estrictamente jurídico, enteramente CONSTITUCIONAL.
No se trata de esperar a que caiga el gobierno, venga una invasión o la próxima elección presidencial. Sea quien sea el presidente, ministro o gobernador, tiene el deber de hacer cumplir las leyes de la república, y cada trabajador tiene el derecho de gozar de un salario mínimo igualmente ajustado a la canasta básica. De lo contrario estamos en presencia de una estafa y un fraude continuado y progresivo, repitiendo la historia de nunca acabar.
Ante el continuo atropello y violación de la constitución en su artículo 91, cabe preguntarse si sería viable entonces, introducir una demanda contra el Estado y, por supuesto, contra todo patrono público o privado, una DEMANDA por incumplimiento de derechos laborales, a pesar de lo vulnerable del ciudadano, el secuestro de todos los poderes públicos y el peso del ejecutivo y el capital en la toma de decisiones.
¿Será la hora de convertir a la constitución de letra muerta en demanda viva? ¿O quizás, por ahora, sea más importante colocarnos el tapabocas para sobrevivir al coronavirus y callar ante una realidad que amenaza con matarnos de hambre y miseria, mientras los altos funcionarios del patrono Estado y sus aliados capitalistas –de Oriente y Occidente- engordan sus cuentas bancarias apropiándose indebida y delincuencialmente de la riqueza nacional de “todos los venezolanos”?
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*Historiador. Escuela de Historia (ULA)