Juzgue el lector cuales eran las reales intenciones de los empresarios: no querían la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y la ONU, aplicara un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, pero para evitar que una nueva insurrección popular triunfara sobre el régimen.
Victoriano Sánchez, Revista Abril 20 mayo 2020 (*)
La situación en Nicaragua sufrió un giro dramático con las movilizaciones juveniles contra el gobierno sandinista en 2018. La hegemonía política que el FSLN había logrado construir, en contubernio con los empresarios, de repente se agrietó.
Los estudiantes de la UCA organizaron, para el día miércoles 18 de abril, un acto de solidaridad con la protesta de los jubilados por la reforma del Reglamento del INSS. El gobierno lanzó fuerzas de choque de la JS-19, que atacaron con palos y piedras a los estudiantes de la UCA. El tema de la reforma a la seguridad social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus familiares.
1.- Inicio del levantamiento estudiantil y popular
Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), pero tuvo poca asistencia. Algo estaba pasando. La maniobra de organizar una marcha el 19 de abril, no funcionó porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tomas de edificios en solidaridad con los estudiantes de la UCA y en solidaridad con la lucha contra las reformas al INSS.
Los estudiantes de la UNA libraron una batalla campal contra los antimotines en la carretera norte, frente a las instalaciones. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuyos dueños son la Convención Bautista, también iniciaron protestas frente a sus instalaciones.
1.1.-Rebelión estudiantil y primera masacre
Las movilizaciones se generalizaron en todo el país. Se produjeron enormes manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de choque sandinistas (los “motorizados”) en la ciudad de León, baluarte histórico del sandinismo. Las escenas de violencia de los motorizados contra los estudiantes y los pocos pensionados, enardecieron los ánimos. En Masaya, en el barrio indígena de Monimbó, otro antiguo bastión del FSLN, quienes se oponían a las reformas del INSS se enfrentaron a palos, piedras y morterazos contra las fuerzas de choque del sandinismo. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde se produjo una masiva movilización frente a la Catedral. En Estelí y Jinotega también se produjeron movilizaciones. En Managua, se produjo una enorme movilización frente a la Catedral, la cual fue reprimida a balazos por la Policía Nacional. Esta primera masacre estudiantil caldeó los ánimos y provocó enfrentamientos callejeros en todo el país. Las movilizaciones fueron espontáneas. Este estallido social reflejó el enorme descontento popular acumulado en los 12 años de gobierno de Daniel Ortega.
1.2.- Iglesia Católica y empresarios piden Diálogo Nacional
La noche del 20 de abril, después de una escalada represiva en todo el país con el objetivo de ablandar la resistencia de los jóvenes, Rosario Murillo anunció que el gobierno estaba dispuesto a reanudar el Diálogo con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Las masivas movilizaciones de protestas obligaron a los empresarios del COSEP a dar un giro y distanciarse un poco de la política de “diálogos y consensos”, que tantos beneficios económicos les había dejado. En un primer momento, el COSEP llamó al gobierno a restablecer el Diálogo. Para presionar, el COSEP convocó a una marcha nacional para el día lunes 23 de abril, a las Pm, saliendo de la rotonda de Metrocentro, en Managua, con destino hacia la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), donde se habían refugiado los estudiantes que lograron sobrevivir a la masacre del 19 de abril.
La Iglesia Católica exhortó al gobierno a “escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y derogar las reformas a las políticas de dicho Instituto publicadas recientemente en la Gaceta (Decreto Presidencial 03-2018). Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad, escuchar es camino de sensatez, buscar a toda costa la paz es sabiduría. Por tanto, una vez más invitamos a los autores de dichas reformas a plantearse el diálogo como posibilidad para solucionar este conflicto que puede agravarse si no se toman decisiones acertadas para todos y a tiempo que nadie perturbe y obstaculice la posibilidad de este diálogo. La máxima expresión de esta arbitrariedad es el cobro del 5% a los jubilados que con su esfuerzo han cotizado durante muchos años”. (Comunicado 28/04/2018)
No obstante, la presión social obligó al COSEP a endurecer posiciones contra el gobierno, en un comunicado expresó: su “total respaldo a todos los jóvenes y a la población en general, que se han movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos. Dado que la crisis va más allá del descontento de reformas del Sistema de Pensiones, demandamos urgente al gobierno de la República a: Cesar de inmediato la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al gobierno y garantizar el derecho a la libre movilización pacífica. b. Liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente. c. Restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión. No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo, el cual debe partir de una agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de Jóvenes, Sectores Académicos y la Conferencia Episcopal”
Mientras las marchas se sucedían casi a diario, gritando la consigna de renuncia de la pareja presidencial, los empresarios comenzaron a preocuparse por la dinámica de los acontecimientos. Todo el reacomodo político de los empresarios conducía a un solo punto: instalar una mesa de negociación, a través del Diálogo Nacional, tal como había recomendado el diario La Prensa.
El 3 de mayo del 2018, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) reforzaron la petición de los empresarios, a través de una Carta Pastoral que, en sus partes medulares, expresaba: “(…) el objetivo de este Diálogo Nacional debe de ser “revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia”. Creemos también que el tema de las dolorosas muertes sufridas durante las manifestaciones universitarias, deben de ser esclarecidas a fondo. Hacemos un llamado a los estudiantes universitarios para que terminen de organizarse lo más pronto posible y definan su agenda y a sus representantes. Igualmente, a estar atentos a grupos ajenos al movimiento estudiantil que están actuando agresivamente, sembrando confusión”
1.3.- Primer triunfo: derogación de las reformas al INSS
A pesar de contabilizar los primeros 30 muertos, 121 heridos y centenares de detenidos la primera oleada de la insurrección popular produjo un triunfo. El domingo 22 de abril, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) derogó la Resolución 1317, que dio origen al Decreto Ejecutivo No 03-2018, el cual también fue derogado
En esa ocasión, Daniel Ortega retrocedió en sus decisiones, y declaró: “la Resolución 1318 fechada el 22 de abril anula la anterior Resolución. O sea, queda la Mesa limpia para sentarse a tratar el Tema (…) invito a Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes para que pueda participar con una Delegación de Obispos, (…) como Garantes, como Testigos, para estimular, darle seguimiento y darle fortaleza a lo que es un Diálogo que lleve al restablecimiento de la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro País” (La voz del sandinismo, 22/04/2018)
La dictadura había retrocedido, pero al mismo tiempo había lanzado una trampa contra la revolución democrática en curso: el Diálogo Nacional, que tanto habían reclamado la Iglesia Católica y los empresarios.
Aunque Daniel Ortega retrocedió, ya era muy tarde: la radicalización política de la juventud universitaria se expresaba en la consigna de renuncia de la pareja presidencial, que era coreada en las manifestaciones masivas que casi a diario se produjeron en todas las ciudades de Nicaragua
Esta situación preocupó al diario La Prensa, y por eso trazó el rumbo para una transición ordenada, para evitar una nueva revolución triunfante, como la de 1979. “Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma (...) Los empresarios también deben convocar a un paro nacional. Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza (…) En el diálogo nacional, que debería ser mediado y garantizado por la comunidad internacional, al menos por la OEA, se tiene que acordar la salida de Ortega, las garantías de una transición ordenada y pacífica a la democracia y, primordialmente, la convocatoria a elecciones libres y transparentes” (Editorial de La Prensa, 23/04/2018)
2.- Desesperados llamados a favor del Diálogo Nacional
En ese momento de gran efervescencia política, la mayoría de los grupos estudiantiles mantuvieron la ilusión de que, a través del Diálogo Nacional, en alianza con los empresarios que de pronto se volvieron demócratas, por medio de negociaciones se podrían obtener la rendición voluntaria de la dictadura, es decir, organizar su salida del poder, sin un mayor derramamiento de sangre. Otros sectores, más combativos, creyeron que los empresarios convocarían a un gran Paro Nacional y de esta forma se aceleraría la salida pacífica de la dictadura.
En un comunicado, con fecha 24 de abril del 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) aceptó “estar en carácter de “mediador y testigo” en el diálogo convocado por el Sr. Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra “(…) para facilitar el clima de diálogo consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil: evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses”
Casi al mismo tiempo, alzaron sus voces los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), apoyando la propuesta de Diálogo hecha por Ortega. José Adán Aguerri declaró: “reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social (…) Valoramos como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y apelamos a su inicio urgente (…)”. (END, 23/04/ 2018)
A la posición del COSEP y de la Iglesia Católica a favor del Diálogo Nacional se sumó María Nelly Rivas, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), quien fue un poco más allá en sus demandas: “estamos atentos y listos al llamado de los obispos nicaragüenses para iniciar el diálogo nacional que debe tener una agenda amplia, entre ellos, el derecho a la movilización pacífica, garantías para los estudiantes y todos los nicaragüenses que participaron en las protestas, respeto a la libertad de prensa y de expresión, elecciones libres, entre otros” (Metro, 27/04/2018)
Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reconoció que “el objeto de discusión ya no es solamente el decreto sobre las medidas recaudatorias para cerrar el déficit del INSS, sino que consiste en evitar que la situación se deteriore más y se logre detener esta espiral de violencia”. (END 23/04/2018)
Mientras se producían los naturales forcejeos entre las cámaras empresariales y la dictadura Ortega-Murillo, se produjeron las multitudinarias marchas del lunes 23 de abril convocada por el COSEP, la del sábado 28 de abril convocada por la Iglesia católica, y la del miércoles 9 de mayo convocada por los organismos de la sociedad civil. La presión popular crecía en las calles. La dictadura respondió con dos contramarchas, el 30 de abril y 9 de mayo, que fueron mucho más reducidas. La erosión política del FSLN era visible.
2.1- Las demandas de la oposición burguesa
En un hecho sin precedentes, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), los exportadores de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), exigieron lo siguiente: “I.- Abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril del 2018. (…) II. Reformas al sistema electoral que incluyan la implementación a lo inmediato de las recomendaciones de los informes de la OEA en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y la observación electoral independiente, nacional e internacional, para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses. III. Reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción. IV. Resolver la problemática de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social e inicio a lo inmediato una auditoría forense e integral de la institución”
El programa de los empresarios era bien claro: 1.- reformas al sistema electoral 2.- reformas institucionales y eliminación de la corrupción que perjudica sus negocios, 3.- un plan específico para el INSS.
2.2. Estados Unidos y la Unión Europea llamaron también al Diálogo Nacional
En su sucia campaña de desinformación, los medios de propaganda de la dictadura calificaron el levantamiento estudiantil y popular como un “golpe blando”, promovido y financiado por el gobierno de Estados Unidos
Estas afirmaciones no reflejaban la realidad. Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en un comunicado condenó “la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras personas contra los civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión”. (La Prensa 22/04/2018)
Ese mismo día, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado reflejó la posición de la Unión Europea: “La violencia es inaceptable, las diferencias solo se pueden resolver a través del diálogo inclusivo. Las protestas deben llevarse a cabo pacíficamente, y las fuerzas de seguridad pública deben actuar con la máxima moderación. La UE está dispuesta a apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los actores sociales y el Gobierno, y a fortalecer el Estado de derecho en Nicaragua» (EFE, 22/04/2018.
Al día siguiente, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, emitió un comunicado afirmando que “Canadá está profundamente preocupada por las informaciones de varios muertos y heridos en las manifestaciones que se están produciendo en Nicaragua. Demandamos a todas las partes involucradas que resuelvan la situación con un diálogo pacífico e incluyente para proteger los derechos y seguridad del pueblo nicaragüense” (El Nuevo Diario, 24/04/2018)
La Casa Blanca emitió un comunicado que reflejaba la posición oficial de la administración de Donald Trump: “Estados Unidos condena la violencia y la represión propagadas por el Gobierno de Nicaragua y el cierre de medios de comunicación (…) La administración se une a la comunidad internacional en llamados a un diálogo amplio y apoyo para el pueblo de Nicaragua, que anhela la libertad de expresión política y las verdaderas reformas democráticas que tanto se merece” (AFP, 25/04/2018)
La posición de la Unión Europea y de la administración de Donald Trump era la de presionar diplomáticamente a favor del Diálogo Nacional para negociar una reforma que democratizara al régimen dictatorial, y bajo ninguna circunstancia se habían propuesto el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega. Esta postura fue confirmada con el discurso del vicepresidente Mike Pence, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 7 de mayo del 2018.
En relación a la crisis en Nicaragua, Pence se refirió tangencialmente en dos párrafos, en los siguientes términos:
“En Nicaragua, cientos de miles de personas tomaron las calles para mostrar su enojo contra su envejecido líder socialista y su exigencia de regresar al orden democrático. Pero el represivo gobierno de Ortega ha respondido con fuerza letal, matando a docenas de manifestantes pacíficos y cerrando medios de comunicación independientes que se atrevieron a informar sobre sus acciones mortales.
Los Estados Unidos condenan estas acciones brutales en los términos más enérgicos posibles. Pedimos al gobierno de Ortega que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Y nos unimos a las naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de una reforma democrática y haga rendir cuentas a los responsables de la violencia. El pueblo de Nicaragua merece algo mejor que el empeoramiento de la represión del gobierno de Daniel Ortega”
Las exigencias de Estados Unidos Canadá y la Unión Europea eran coincidentes: el cese de la represión, la aplicación de reformas democráticas, la instalación de un Diálogo Nacional y la presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua.
2.3.- Diferentes visiones e intereses en torno al Diálogo Nacional
En el primer semestre del 2018, en Nicaragua se produjo una situación sumamente contradictoria. Por un lado, se produjo una dinámica insurreccional de las masas que demandaban cada vez más claramente la renuncia o salida del gobierno Ortega-Murillo, y por el otro lado, existieron también enormes ilusiones democráticas, a pesar de los enfrentamientos violentos y las muertes diarias, en una posible salida pacífica de la crisis.
Para evitar una nueva y sangrienta guerra civil, el único camino posible era la salida pacífica, bajo la mediación de la Iglesia Católica y la instalación del Diálogo Nacional.
Incluso, entre los miles de activistas democráticos se desarrolló la ilusión que el Diálogo Nacional seria la mesa de negociación para lograr la rendición de la dictadura.
3. La ruptura del statu quo y el nacimiento de nuevas expresiones políticas
El viejo orden había sido atacado mortalmente por el levantamiento estudiantil y popular. Los viejos partidos políticos tradicionales no asomaban la cabeza. El despertar político de la sociedad nicaragüense condujo al surgimiento de nuevas e improvisadas fuerzas políticas
Casi en las mismas fechas, a inicios de mayo del 2018, surgieron dos nuevas agrupaciones. Por un lado, surgió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, pero controlada y dirigida por las cámaras empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) que rápidamente se reacomodaron, rompieron sus alianzas con la dictadura, y con un discurso democrático atrajeron a una parte de los movimientos sociales que habían surgido al calor de la rebelión de abril, y a otros que tenían larga trayectoria de lucha como el movimiento feminista y el movimiento campesino
No obstante, el objetivo central de la ACJD no era el derrocamiento de la dictadura, sino su reforma a través de una salida electoral, es decir, crear condiciones para un “aterrizaje suave”. Por ello la principal consigna de la ACJD era la exigencia de elecciones anticipadas, las que se debían negociar en el Diálogo Nacional.
También a inicios de mayo del 2018, producto de la ebullición social, surgió la Asamblea de Movimientos Sociales (AMS) conocida también como Articulación, que agrupaba a ONGS y los movimientos de autoconvocados. En ese momento, tanto la ACJD como la Articulación tenían vasos comunicantes, porque muchos de los movimientos sociales que surgieron en abril se entrelazaban con ambas organizaciones, aunque hubo contradicciones en torno a cuál era la ruta para salir de la dictadura.
4.- Nacimiento y primeros intentos de coordinación de los grupos estudiantiles
Los estudiantes universitarios fueron el sector social que se colocó a la vanguardia de la lucha democrática en abril del 2018. Los grupos estudiantiles que surgieron no tenían experiencia política, y muchas veces rivalizaban entre sí.
En el año 2018, al calor de la rebelión estudiantil y popular, se produjeron dos intentos de crear una nueva organización estudiantil, que superara la dispersión y se postulara como alternativa ante la decadente y burocrática Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que se había transformado en una fuerza de choque de la dictadura.
El primer intento fue la creación de la Coalición Universitaria (CU), conformada por cinco agrupaciones estudiantiles. La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME-19A), el Movimiento 19 de abril de la Universidad Agraria (M-19-UNA), y la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), que agrupaba a otro conglomerado de grupos estudiantiles.
La Coalición Universitaria fracasó, fue imposible conciliar posiciones. Rápidamente, los grupos estudiantiles se alinearon en torno a las nuevas fuerzas políticas emergentes. La CUDJ se alineó con la Articulación, y los restantes cuatro grupos se afiliaron a la ACJD. La vanguardia estudiantil quedó dividida en dos segmentos.
Los bloques estudiantiles en lucha, por su parte, se dividieron en torno al tema del Diálogo Nacional. El sector más radicalizado agrupado en la CUDJ planteó que no había nada que negociar con el gobierno asesino, que “los muertos no podían negociar”, pero otro sector, ligado a la ACJD sostuvo que era necesario dialogar con el gobierno para negociar puntos torales como la autonomía en las universidades o la propia renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Mientras la CUDJ se concentraba en las tomas de recintos universitarios y en las movilizaciones, sin habérselo propuesto, probablemente por inexperiencia política, dejaron el campo libre a los grupos estudiantiles que sostenían una postura negociadora.
Al final, se impuso este línea negociadora y en una conferencia de prensa en un hotel en Managua, el Movimiento 19 de Abril brindó una conferencia de prensa en conjunto con José Adán Aguerri, presidente del COSEP, y Juan Sebastián Chamorro, presidente del FUNIDES, en que reafirmaron su alianza: “(…) demandamos el cese inmediato de las agresiones por parte de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque; así como el cese de los mensajes y acciones de odio, desinformación y amenazas en contra de nuestros compañeros y familias. Estamos listos. Tenemos nuestros representantes y nuestros puntos de agenda, esperamos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) indique la fecha y la hora para la apertura del diálogo nacional. Reiteramos la demanda de invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y a los Relatores para Temas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que efectúen la investigación sobre la responsabilidad de los crímenes en contra de los estudiantes y la población, que es el primer punto de agenda por parte de todos los que suscribimos este mensaje”. (El Nuevo Diario, 12/05/2018)
La creación de nuevas organizaciones estudiantiles fue un fenómeno enormemente progresivo, después de un largo periodo de control totalitario del FSLN en las universidades públicas y privadas. Sin embargo, también reflejó otro fenómeno peligro: la inexperiencia política. Era la primera vez que, en la historia de Nicaragua, los grupos estudiantiles se convertían en aliados incondicionales de los empresarios, ahora convertidos en opositores
5. Instalación y fracaso del Diálogo Nacional
Inicialmente, la dictadura Ortega-Murillo propuso un diálogo para resolver la crisis relacionada con las reformas a la seguridad social, invitando a la Iglesia Católica como mediadora, garante y testigo, creyendo que así se restablecería el modelo de “diálogos y consensos” con los empresarios. Pero estos, temerosos de la dinámica del levantamiento estudiantil y popular, aprovecharon el momento para ampliar la agenda, incluyendo otros temas económicos y políticos.
A pesar de sus diferencias políticas, los grupos estudiantiles coincidían en la negociación como un mecanismo para detener la salvaje represión y aclarar las responsabilidades en la masacre del 19 y 20 de abril. La dictadura retrasó la instalación del Diálogo Nacional con la esperanza de controlar la rebelión, antes de sentarse a negociar. Necesitaba recuperar la iniciativa estratégica y superar la fase defensiva en que se encontraba.
La estrategia de negociación del FSLN siempre ha sido golpear primero para negociar después, y hacerlo en el filo de la navaja. Dentro de su estrategia de negociar al borde del abismo, la dictadura sostuvo negociaciones secretas por separado con los con los principales económicos, en un intento de reconstruir el consenso roto por la reforma al INSS y la masacre estudiantil de los días 19 y 20 de abril.
En su afán de recuperar la iniciativa política, la dictadura alentó los saqueos, para atemorizar a los empresarios, llegando, incluso, a quemar edificios municipales, para culpar a la rebelión.
Después de muchas maniobras, que incluían asesinatos selectivos con francotiradores, el 16 de mayo, un mes después del inicio de la rebelión, fue instalado solemnemente el Diálogo Nacional, con la presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los obispos de la Conferencia Episcopal y el cuerpo diplomático. Esta primera sesión del Diálogo Nacional fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión.
Con la instalación formal del Diálogo Nacional se inició una gigantesca maniobra de la dictadura Ortega-Murillo con el objetivo de cansar y debilitar al movimiento de masas, recomponer su imagen en el exterior, sobre todo para mantener la neutralidad amistosa de la administración de Donald Trump.
Ortega hizo concesiones unilaterales: invitó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a visitar Nicaragua, como demandaba la ACJD, la que arribó el mismo día de la instalación del Diálogo Nacional. El discurso de Ortega no fue conciliador, sino amenazante. Los estudiantes, por su parte, denunciaron los asesinatos con el histórico discurso de Lesther Alemán.
La primera sesión de trabajo del Diálogo Nacional se realizó el viernes 18 de mayo, y produjo los primeros acuerdos. En comunicado oficial, la Comisión Mediadora, formada por los obispos, expresó que todas las partes llamaron urgentemente a “detener los actos de violencia (…) Todos los sectores se comprometieron a realizar una tregua, el sábado 19 y domingo 20 de mayo, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía y retirar fuerzas de choque, simpatizantes del gobierno, y la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al Diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo 2018”
Esta “tregua” hizo crecer las expectativas de que el Diálogo Nacional podría traer soluciones, pero reflejó al mismo tiempo las debilidades políticas de la dirigencia de la ACJD y la Articulación, así como de los grupos estudiantiles. Estas posturas “flexibles” le permitieron a la dictadura retomar la ofensiva contra las masas, como efectivamente ocurrió.
La segunda sesión del Diálogo Nacional se realizó el lunes 21 de mayo, donde se produjo un nuevo acuerdo: ambas partes, dictadura y opositores, retomaron las 15 conclusiones del informe demoledor de la visita de la CIDH: 76 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas, 868 fueron heridas, 438 personas fueron detenidas.
El informe de la CIDH incluyó el cese de la represión, respeto al derecho de protesta, creación de un mecanismo internacional de investigación de la masacre, investigación y sanción a los culpables, “ asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley”, desmantelamiento de los grupos paramilitares, libertad de prensa, correcta atención de los heridos en los hospitales, y seguimiento internacional de los hechos.
A esas alturas, la dictadura Ortega-Murillo no podía negar lo evidente, el alcance de las masacres y la represión, pero nuevamente maniobró para desvirtuar el informe de la CIDH. EL FSLN dio la orden a su militancia que presentara denuncias masivas ante la CIDH, sobre supuestas agresiones, para colocarse en un plano de igualdad como víctimas. Ya no negaba los acontecimientos, pero afirmaba que también había policías y sandinistas muertos.
En esta sesión, afloraron las tensiones y las recriminaciones mutuas, debido a que el gobierno comenzó a insistir en la necesidad de suspender los “tranques” (bloqueos) en las carreteras, caminos y barrios, para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación.
6.- El surgimiento de los tranques
Para el lunes 21 de mayo, los tranques, bloqueo de caminos y carreteras, se habían convertido en el eje de la lucha. La represión hizo disminuir temporalmente la cantidad de marchas, que se producían especialmente en el sector urbano.
La lucha se había prolongado y la dictadura no daba señales de caer. Contrario al ambiente eufórico que siguió a las primeras gigantescas marchas en Managua y otras cabeceras departamentales, Daniel Ortega no estaba con un pie en el avión, sino que se mostraba desafiante, maniobrando, para ganar tiempo y con una voluntad firme de aferrarse al poder a cualquier costo.
En las movilizaciones de finales de abril y comienzos de mayo, eran visible dos grandes segmentos sociales que marcharon unidos: sectores radicalizados de los diferentes estratos de la clase media, principalmente en Managua, y la enorme masa popular de las barriadas y los pueblos del interior.
Mientras impulsaba el Diálogo Nacional, la dictadura Ortega-Murillo utilizó los primeros grupos paramilitares para mantener el asedio y zozobra sobre los tranques y recintos universitarios tomados, llegando a utilizar francotiradores o pistoleros que asesinan selectivamente a los luchadores más combativos
Algunos sectores de la oposición que luchaban honestamente contra la dictadura, concebían la movilización solamente como mecanismo de presión auxiliar dentro del Diálogo Nacional, y no como el eje de la actividad para lograr la meta final de derrocar a la dictadura. No comprendían la relación dialéctica entre movilización y negociación. La intensidad y generalización de la movilización eran determinantes, sin ellas cualquier negociación estaría condenada al fracaso, y le permitiría maniobrar a la dictadura Ortega-Murillo, ganar tiempo para recomponer sus fuerzas de choque.
Por esta razón, dentro del Diálogo Nacional, la dictadura concentró sus presiones para lograr el desmantelamiento voluntario de los “tranques”, que se habían convertido en la principal trinchera de lucha. Levantar los tranques era equivalente a rendirse ante la dictadura.
6.1.- La agenda de democratización de la ACJD
Para la tercera sesión del Diálogo Nacional, convocada el miércoles 23 de mayo, la ACJD presentó la agenda para la democratización de Nicaragua, la cual fue presentada ante la Comisión Mediadora presidida por los obispos.
El primer punto de esta agenda demandaba la realización de una “Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible. Un título transitorio que incorpore: 1.- Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano. 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República”
Como parte de la democratización, proponían “volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995”, es decir, restablecer el 50% más uno de los votos para la primera vuelta electoral, y la mayoría dentro de la segunda vuelta electoral. Para realizar la reforma constitucional, proponían reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de manera que en un año la legislatura de la Asamblea Nacional se dividiese en dos periodos, uno que terminase el 30 de junio del 2018, y otro que comenzaría en agosto y terminaría en diciembre del 2018.
Para aplicar este plan, proponían aprobar una Ley Marco para la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo Nacional, que debe ser aprobados por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el FSLN. En pocas palabras, todas las propuestas de la ACJD dependían de la buena voluntad del FSLN.
También plantearon que el adelanto de las elecciones debía ser vigilado por la OEA, ONU, Centro Carter y Unión Europea. El Consejo Supremo Electoral (CSE) debía reestructurarse, y sus magistrados nombrados por consenso dentro del Diálogo Nacional. De la misma manera debía aprobarse la reforma a la Ley Electoral y aprobar una nueva Ley de Partidos Políticos, así como realizarse otras reformas estructurales que propiciaran la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, y la independencia de los poderes del Estado.
La dictadura Ortega-Murillo tildó la agenda de la ACJD como un “golpe de Estado”, porque con el adelanto de las elecciones se pretendía terminar con el periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El canciller Denis Moncada Colindres, declaró asustado: “La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno” (Confidencial, 23/05/208)
Los obispos presentaron la Agenda de la ACJD como parte del orden del día, lo que provocó el malestar del gobierno. Al no haber acuerdos, los obispos se vieron obligados a emitir un comunicado que en un su parte final, expresó lo siguiente: “Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del Diálogo Nacional lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del Diálogo Nacional. No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este (…)”. (Comunicado del 23/05/2018)
De esta manera, la realidad se encargó de poner fin a las ilusiones democráticas que existían sobre la posibilidad de que en el Diálogo Nacional se negociaría la salida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El gobierno acusó a los obispos de haberse parcializado a favor de la ACJD, insinuando que se debía cambiar al mediador. (continuará)
Dada la extensión se publica en 2 partes