29.MAY.20 | PostaPorteña 2116

Nicaragua, Abril-Julio de 2018: crónica del aplastamiento de una insurrección desarmada (2)

Por VictorianoSánchez/RevistaAbril

 

Juzgue el lector cuales eran las reales intenciones de los empresarios: no querían la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y la ONU, aplicara un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, pero para evitar que una nueva insurrección popular triunfara sobre el régimen.

 Victoriano SánchezRevista Abril 20 mayo 2020 (parte final)

6.2.- El gobierno Ortega-Murillo desempolva los acuerdos secretos con la OEA

Un día antes que el Diálogo Nacional entrara en coma, el martes 22 de mayo, arribó a Managua una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Gonzalo Koncke y Luis Ángel Rosadilla. Al día siguiente, en la tercera sesión del Diálogo Nacional, el gobierno solicitó que la delegación de la OEA participara en el Diálogo Nacional, pero los obispos respondieron que aceptarían solo si la delegación estaba encabezada por Luis Almagro.

Al final de esa jornada, el Diálogo Nacional entró en crisis, pero resultó evidente que la dictadura no estaba dispuesta a hacer concesiones sustanciales en una mesa de negociación a nivel nacional, sino que necesitaba retomar los acuerdos secretos que fueron firmados en enero del 2017 con la secretaria general de la OEA, en la que se habían comprometido a realizar elecciones vigiladas para el año 2021. La estrategia de la dictadura no solo era ganar tiempo en la negociación que no había comenzado, sino establecer la idea central que las elecciones debían realizarse en el año 2021, es decir, que Daniel Ortega tenía que terminar su periodo presidencial. Daniel Ortega se resistía a renunciar.

El mismo día que el Diálogo Nacional entró en crisis, Luis Almagro difundió un video en donde aclaraba cual era la nueva posición de la OEA: “(…) en cuanto a la salida política en Nicaragua hemos insistido en que la salida debe ser electoral, sin exclusiones, sin habilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. (…) Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo. (…)”. Con esta alocución, Luis Almagro dejo a un lado los acuerdos de enero del 2017, y avanzó unos pasos más para presionar al gobierno Ortega-Murillo para adelantar las elecciones.

El 25 de mayo, dos días después de la crisis del Diálogo Nacional, el departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una corta nota de prensa, en que expresaba: “El gobierno nicaragüense debe crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes. Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y actuemos sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el Diálogo Nacional debido a la incapacidad del gobierno de participar creíblemente en la democratización. Instamos al gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses”

Hasta ese momento, la administración Trump había mantenido un perfil bajo, y en anteriores declaraciones, se inclinó por el diálogo y la implementación de reformas democráticas. A Trump le preocupaba que la ausencia de reformas provocara una frustración masiva, un nuevo estallido insurreccional, un desbordamiento y radicalización del movimiento de masas.

7.- Las tomas prolongadas de los recintos universitarios y la dispersión de la vanguardia estudiantil

Al suspenderse las clases de manera indefinida en las universidades públicas y privadas, se dispersó el sector social que inició la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo; su vanguardia quedo encerrada en los recintos tomados.

Las tomas de los recintos universitarios se produjeron en un momento de alza de la lucha contra la dictadura, y su expresión estudiantil: la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). En los recintos tomados estaban concentrados los elementos más combativos de la vanguardia estudiantil, pero al prolongarse la lucha se produjo un resultado contradictorio: lo más combativo y decidido de los estudiantes quedaron aislados de sus bases, debilitando al conjunto de los grupos estudiantiles. La situación se agravó cuando la propia dictadura suspendió las clases, para desmovilizar a los estudiantes.

El motor de las movilizaciones, los estudiantes universitarios, estaba cercado en los recintos, resistiendo las presiones de los grupos paramilitares que los asediaban a diario, mientras que el grueso de la masa estudiantil estaba desmovilizado, en sus casas, participando como individuos en las marchas de protesta.

8. La preocupación del gran capital

La dictadura Ortega-Murillo rompió las negociaciones del Diálogo Nacional, el 23 de mayo, argumentando que la agenda de democratización de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), significaba un “golpe de Estado”. En una clara maniobra, pateó la mesa de negociaciones, pero las reacciones no se hicieron esperar.

Días después, el empresario Piero Coen Ubilla, presidente del Grupo Coen, el segundo grupo económico en importancia, después del Grupo Pellas, declaró que “(…) Lo que el pueblo quiere no es un Golpe de Estado, sino una salida constitucional, democrática y pacífica”. (Confidencial, 29/05(2018)

Carlos Pellas, presidente del grupo económico más fuerte de Nicaragua, declaró “(…) el modelo que traía el país se agotó (…) hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades”. (La Prensa, 30/05/2018)

Y para que no quepan dudas, el mismo 30 de mayo, los presidentes de los principales grupos económicos y de la oligarquía financiera, enviaron una carta conjunta a Daniel Ortega, expresándole que “el sector privado está de acuerdo y apoya los aspectos fundamentales relativos a garantiza la institucionalidad democrática (…) creemos conveniente invitar que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea. (…) los años pasan y nadie es eterno. Usted (…) debe colaborar en replantear el funcionamiento del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un estado democrático”. (La Prensa, 30/05/2018)

En Nicaragua, los grandes empresarios casi nunca emiten declaraciones, ni gustan del protagonismo político. Ellos prefieren que sus empleados o agentes hagan el trabajo. Pero los acontecimientos revolucionarios del 2018 los obligaron a salir de sus mansiones y fortalezas, y en un hecho inusual, los jefes de los principales grupos económicos y financieros, brindaron opiniones y declaraciones sobre la crisis del país.

Entre estos empresarios del “gran capital” se destacan Carlos Pellas, presidente del Grupo Pellas; Piero Coen, presidente del Grupo Coen; Ramiro Ortiz Gurdián, presidente del grupo financiero Promerica; José Antonio Baltodano, presidente de Merco Coffee Group o CISA AGRO.

En menos de 48 horas, los jefes de los principales grupos económicos emitieron sendas declaraciones sobre la crisis de Nicaragua, algo que no se miraba desde el año 1974 cuando todos los grupos empresariales condenaron la competencia desleal de la familia Somoza.

En una entrevista al diario La Prensa, Carlos Pellas manifestó que “El modelo que traía el país se agotó… (…) En Nicaragua no se puede vislumbrar ninguna salida a la situación actual que no pase por una profunda transformación institucional y porque se restablezca la democracia como uno de los pilares fundamentales en la organización del país. (…) Desde mi punto de vista, y es algo que compartimos plenamente en el sector privado, hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades. Tal como lo dijimos en el comunicado de todo el sector privado: se requiere, a lo inmediato, la renuncia de todos los miembros del Consejo Supremo Electoral. (…) Asimismo, habrá que realizar otros cambios acordados en el proceso de diálogo, para ir depurando las instituciones a fin de que vayan adquiriendo un perfil auténticamente nacional, no partidista, y que exprese la realidad de la separación de poderes propia de un sistema democrático. (…) Hay que trabajar y pensar mucho en la mecánica de la transición para que esta sea duradera, sostenible y dentro de un marco legal, que permita enrumbar de nuevo al país por una senda de crecimiento y justicia. Considero que la Organización de Estados Americanos puede coadyuvar como acompañante y garante del proceso, en apoyo a la labor extraordinaria que realiza la Conferencia Episcopal de Nicaragua”. (La Prensa 30/05/2018)

En una entrevista al programa televisivo “Esta semana” del Canal 12, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, y que fue reproducida de manera impresa en el semanario Confidencial, Piero Coen dijo lo siguiente: “Creo que el Gobierno, al igual que muchos nicaragüenses, se enfocó en un modelo que consideraba únicamente los buenos resultados económicos. Jamás se percibió el grado de descontento que existía en muchos sectores de nuestro país por medidas que fueron, de una u otra forma, debilitando la independencia de los poderes del Estado y cerrando espacios políticos. (…) Todos tenemos claro que un golpe de Estado no se lleva a cabo en una mesa de diálogo. El concepto mismo de diálogo desacredita el de golpe de Estado. Yo sigo creyendo que un Diálogo accesible de parte del Gobierno es la mejor opción para resolver las demandas de la población (…) Lo que el Pueblo quisiera no es un Golpe de Estado, sino que una salida constitucional, democrática y pacífica (…) La relación del sector privado empresarial con el Gobierno ha venido deteriorándose pues es un modelo que por definición no era sostenible para siempre y que como todo modelo sufre al no ser revisado”. (Confidencial, 30/05/2018)

Al día siguiente, el banquero Ramiro Ortiz Gurdián publicó una entrevista en El Nuevo Diario, de su propiedad, en la que expuso lo siguiente: “(…) es imperativo que en el seno del Diálogo nacional se acuerden las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones, pero de una manera ordenada y bajo un proceso justo, claro, transparente y supervisado. No puede haber otra manera de salir de esta crisis que no sea a través de elecciones incluyentes y constitucionales y a través del diálogo que resulte en un ambiente de convivencia pacífica para todos los nicaragüenses. Creemos que es esencial que se tomen las acciones para que se incorpore la OEA al Diálogo nacional, que es la organización que más camino ha recorrido en este campo y que ha hecho las recomendaciones más integrales y profundas para sanear el sistema electoral nicaragüense”. (El Nuevo Diario 31/05/2018)

El diario La Prensa publicó otra importante entrevista a José Antonio Baltodano, en que expresó lo siguiente: “(…) Sin duda alguna, urge adelantar elecciones y cambiar magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero también se deben crear opciones para poder elegir en libertad. Estos son solo los primeros cambios, se tiene que reconstruir la institucionalidad de este país y esto no podemos hacerlo de un día para otro. Debemos priorizar adelantar las elecciones, cambiar a sus magistrados y contar con observadores electorales nacionales e internacionales. Los nicas debemos encontrar una salida ordenada a la crisis que tenemos actualmente, debemos cuidar el país y el empleo. No por correr vamos a avanzar. Recordemos que debemos cambiar a los siete magistrados del CSE y a sus tres suplentes; debemos darle tiempo a la ciudadanía para que se organice políticamente y pueda presentar candidatos y opciones. (…) debemos enfocarnos en el Diálogo Nacional. El paro no es una varita mágica que traerá la paz y la democracia. El paro tiene implicaciones serias que afectan, principalmente a el empleo de miles de nicaragüenses por lo que esta medida es una opción y debemos usarla en el momento adecuado. Lo mejor para Nicaragua hoy es enfocarnos en el Diálogo Nacional y las protestas pacíficas, tener confianza en los participantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y en la Conferencia Episcopal. (…) Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el modelo de trabajo impuesto por el gobierno se agotó, que consistía en consensuar leyes económicas dirigidas a crear inversión y empleo para todos los nicaragüenses. Pero para crecer sosteniblemente debemos tener libertad, justicia y democracia (…)”.  (La prensa 31/05/2018)

Los criterios expresados de manera individual por estos capos de la burguesía nicaragüense fueron expresados de manera conjunta, no solo por ellos, sino también por todos los presidentes de las cámaras afiliadas al COSEP. Un inusual documento que reunió a todos los empresarios, incluidos la oligarquía financiera.

La carta con fecha 30 de mayo está dirigida a Daniel Ortega y pretende convencerle de la necesidad de adelantar las elecciones e implementar un conjunto de reformas democráticas.

En su parte medular, la carta expone lo siguiente: “(…) consideramos urgente implementar las reformas necesarias, que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional entre los representantes de su gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.(…) para procurar la agilización de los mecanismos de diálogo y negociación y salvar a nuestra nación, creemos conveniente invitar a que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea (…)”. (La prensa 30/05/2018).

Juzgue el lector cuales eran las reales intenciones de los empresarios: no querían la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, sino que este, en conjunto con la OEA y la ONU, aplicara un paquete de reformas democráticas para adelantar las elecciones, pero para evitar que una nueva insurrección popular triunfara sobre el régimen.

9.- Peligros y debilidades de una “insurrección desarmada”

El levantamiento estudiantil y popular que comenzó en abril del 2018 fue una “insurrección desarmada”. Se caracterizó por una incorporación masiva de importantes destacamentos de la juventud (estudiantes y jóvenes de los barrios), que desafiaron el control de la dictadura, y fueron apoyados por vecinos y familiares, quienes se tomaron las calles, levantaron barricadas, brindaron solidaridad a los familiares de las víctimas, organizaron cocinas populares, y cerraron filas contra las embestidas de la Policía y las fuerzas de choque, organizando una improvisada autodefensa con palos, piedras y morteros como únicas armas.

A pesar del vigoroso levantamiento popular, en realidad las masas se enfrentaron con el pecho descubierto a las balas asesinas.  A esto se debe el elevado número de muertos y de heridos. Retomando las tradiciones de la insurrección contra Somoza en 1979, rápidamente los jóvenes comenzaron a fabricar morteros artesanales, bombas de contacto, incluso algunas armas hechizas (que nunca superaron a las armas convencionales)

Este proceso insurreccional fue desigual, es decir, no fue general en todo el territorio nacional. Los focos más álgidos se concentraban en las ciudades de la costa del pacifico. Antiguos bastiones del sandinismo, como Masaya y León, se habían rebelado. La marcha del 20 de mayo el León contra la dictadura Ortega-Murillo, fue apoteósica. La insurrección del barrio indígena de Monimbó, en Masaya, fue la vanguardia del proceso insurreccional. En Masaya, por la intensidad de los combates, se desarrollaron comités que asumieron funciones de doble poder, ante el repudio de la población a las instituciones del Estado. Pero Masaya fue una verdadera excepción a la regla.

Estelí, en la zona norte, otro antiguo bastión del sandinismo, también se sublevó, aportando una dolorosa cuota de muertos y heridos.

En Managua, donde se habían producido 4 enormes marchas masivas (23 y 29 de abril, 9 y 30 de mayo), el levantamiento se concentró alrededor de los recintos universitarios. En el día, la capital mostraba cierta normalidad, rota por los adoquines de las barricadas que habían sido destruidas, pero por la noche las calles estaban vacías, los negocios y bares sin clientes, predominaban el temor y la cautela ante el accionar de las fuerzas de choque de la dictadura que se movilizaban en camionetas gubernamentales

La zona oriental, compuesta por los departamentos de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, desarrolló un proceso más o menos general, con algunos ritmos diferentes.

La zona central, que comprende los departamentos de Boaco y Chontales, antiguos baluartes el ejército contra, contradictoriamente, no se levantó de manera generalizada, pero fue la zona donde proliferaron los tranques.

Durante el mes de mayo, mientras el Diálogo Nacional agonizaba, se desarrollaron tranques en casi todas las principales carreteras. Estos bloqueos no fueron totales, sino parciales. Los muchachos, y la población que les apoyaba, dejaban pasar los vehículos particulares y de carga, cada cierto lapso de tiempo, causando inconformidad en algunos y alivio en otros. Estos tranques flexibles explican por qué los mercados y supermercados permanecieron abastecidos.

Los tranques más masivos e importantes se instalaron en la carretera al Norte y al Atlántico, en los municipios tradicionalmente anti sandinistas. En algún momento, los tranques se convirtieron en símbolos de la lucha y la resistencia. Pero, en realidad, los tranques fueron barreras defensivas, trincheras en las carreteras para contener el envió de tropas del gobierno, manteniendo focalizado el proceso insurreccional dentro de los territorios. Esta situación creó un equilibrio por algún tiempo; no pasaban las tropas de la Policía, pero tampoco avanzan la insurrección. En cierta medida, los tranques fragmentaron la insurrección en la medida que no hubo una coordinación departamental o regional.

La gran debilidad de esta insurrección fue que no tuvo una dirección centralizada. Parecía un contrasentido: una insurrección conformada en realidad por una enorme cantidad de procesos de levantamientos locales, que no tenían conexión unos con otros. Todo proceso insurreccional implica cierto grado de centralización y coordinación, que no existió. Los diferentes tranques se mantenían informados de lo que ocurría en su departamento, por los medios de comunicación independientes, especialmente por los informes de la ciudadanía a través de Radio Corporación.

Este fue el talón de Aquiles, que la dictadura explotó cuando desarrolló su ofensiva militar en junio y julio del 2018. La dictadura Ortega-Murillo percibió esta debilidad, y se dotó de una táctica inteligente para aplastar la insurrección: atacar los tranques uno por uno. Al estar descoordinados y separados unos de otros los levantamientos locales, la información de inteligencia proporcionada por el Ejército y la Policía permitió a la dictadura concentrar tropas y grupos paramilitares en un solo punto de ataque, como lo hizo en Masaya o Estelí.

Toda insurrección implica una lucha de masas por tumbar al gobierno de turno y tomar en sus manos el poder. Esta fue la otra debilidad esencial. Los levantamientos populares en las localidades fueron espontáneos, no tenían un plan siquiera para instaurar el poder popular en la localidad. Esta falta de objetivos claros es una lógica consecuencia de la ausencia de una dirección centralizada.

Existió una enorme contradicción entre la dinámica insurreccional, en una buena parte de los municipios del país, y la política de negociaciones que la Alianza Cívica por Justicia y la Democracia (ACJD) impulsaba dentro del Diálogo Nacional.

10.- La ofensiva militar contra los tranques y el primer paro nacional del 14 de Junio

El 7 de junio se produjo una fallida reunión de mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) con Daniel Ortega. Después de escucharlos en silencio, Ortega solicitó 48 horas para dar una repuesta a la propuesta de Agenda de Democratización planteada por la ACJD, pero al vencerse el plazo no hubo la repuesta esperada.

Para resucitar al Diálogo Nacional que había entrado en una profunda crisis, la ACJD convocó al primer paro nacional para presionarla, y convencerla de restaurar el Diálogo Nacional. Este Paro Nacional fue, en realidad, un lock out, los empresarios dieron vacaciones a sus trabajadores, aunque la población participó no saliendo a la calle.

El Diálogo Nacional entró en crisis terminal el 16 de junio. En el comunicado sobre la sesión del día 15 de junio, en el Diálogo Nacional, el punto seis estableció que ambas tomaron el acuerdo de “6.- El cese de toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio nacional y un plan con su implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad”.

La ACJD, en un afán de mantener con vida el Diálogo Nacional, había hecho la enorme concesión de remover voluntariamente los tranques. Este acuerdo provocó una enorme conmoción política dentro de la ACJD, e inmediatamente tuvieron que recular, pero ya era tarde.

El Diálogo Nacional fue suspendido de manera indefinida el 23 de junio, y con ellos se inició la ofensiva militar para desarticular a los tranques. Debido a que las tropas de la Policía Nacional resultaban insuficientes para aplastar la dinámica insurreccional, la dictadura recurrió a su vieja militancia que participó en la guerra civil (1982-1990), armó grupos paramilitares para sembrar el terror en los barrios, atacando hogares, capturando a reconocidos activistas del movimiento popular, golpeando o asesinándolos, a veces secuestrándolos, destruyendo la vivienda y enseres domésticos, y finalmente atacando militarmente a los tranques y barricas, hasta disolverlos, uno por uno

El primer ataque fue contra el tranque de Maderas y Sébaco, siguieron los ataques contra Ticuantepe y Nindirí, hasta culminar con el desmantelamiento del tranque en la entrada sur de Estelí. El objetivo central fue restablecer la circulación de vehículos en la carretera Panamericana

Muchos de estos tranques fueron desmantelados, no por falta de coraje y voluntad de lucha de quienes los defendían, sino porque las fuerzas de choque del FSLN, apoyadas y protegidas por la Policía Nacional, al bajarse de sus camionetas entraron disparando sus armas de guerra, matando e hiriendo. Los morteros resultaron insuficientes para contener semejante volumen de fuego y metralla. Era una lucha absolutamente desigual. El repliegue de los luchadores era inevitable. Pero fue una retirada desordenada, sin plan alternativo para reagrupar las fuerzas.

La eliminación del tranque de Nindirí creó condiciones favorables para el posterior ataque despiadado contra la ciudad de Masaya, ocurrido el 19 de junio. Masaya fue, junto a Jinotepe y León, baluarte de la insurrección nacional. Masaya fue la primera ciudad en liberarse de la tiranía y la que dio el ejemplo al constituir el primer gobierno revolucionario local.

Después, la dictadura lanzó una ofensiva militar que despejó la carretera Managua-Masaya, para reabastecer el cuartel policial esta última ciudad. Al recuperar esa parte de la carretera centroamericana, no solo hizo la primera incursión militar sobre la ciudad de Masaya, tanteando sus defensas, sino que creó un vasto anillo alrededor de Masaya y Jinotepe, dos ciudades cercanas, igualmente liberadas y con gobiernos locales autónomos e independientes.

El 17 de julio fue atacada la toma de la UNAN-Managua, produciendo muertos, heridos, desaparecidos y capturados.

El aplastamiento de los tranque se produjo ante el silencio sepulcral de la comunidad internacional, y con ello la dictadura logró cambiar la correlación de fuerzas, y derrotar al proceso insurreccional.

11. Ortega proclama su triunfo

La ofensiva contra los tranques duró un mes, y finalizó con la celebración del 18 de julio del 2018, cuando Daniel Ortega, eufórico, proclamó su victoria.

En su discurso Ortega se refirió a los detalles de la reunión con los obispos de la Iglesia Católica, el día 7 de Junio: “(…) reunidos en la Casa de Los Pueblos (…) sacaron la estrategia y ahí decían, hay que cambiar ya, a partir del día 11, nos daban un plazo de dos días, al poder judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los poderes del estado, a la Asamblea Nacional,  y hay que quitar al Presidente y adelantar las elecciones (…) ellos no esperaban consenso, simplemente aparecieron con un ultimátum, yo no quise hablarles con toda claridad, simplemente agarré la nota, la ojeé, me asombré (…)”

Ortega confesó que no quiso “hablar con claridad”, lo que en lenguaje político significaba, como lo dijimos en su momento, que estaba ganando tiempo. Ortega reconoció cínicamente que ocultó sus reales intenciones. La convocatoria a Diálogo Nacional con la mediación de la Iglesia Católica, creó la falsa ilusión de que se obtendría la renuncia o rendición de la pareja presidencial, lo que le dio un compás de espera necesario y permitió a la dictadura superar la crisis, reorganizar sus fuerzas para iniciar posteriormente una ofensiva militar con los paramilitares.

Ortega se sintió feliz al reconocer públicamente las maniobras que hizo, engañando a los obispos y a los ingenuos negociadores de la AJCD: “(…) Ellos pensaban que ya estábamos derrotados, simplemente porque teníamos paciencia, paciencia, paciencia. (…) Y nuestra paciencia, nuestra flexibilidad llegó al extremo que aceptamos acuartelar a la Policía, pero llegó un momento en que dijimos, somos pacientes, pero también somos responsables de la seguridad de este pueblo. (…) Y nos lo dijo incluso la embajadora de los Estados Unidos, que la Policía debía actuar (…) “Entonces, no porque lo dijera la embajadora de los Estados Unidos, sino porque sabemos que es una obligación del Estado nicaragüense velar por los ciudadanos, dijimos: Esto se acabó y tenemos que restablecer el orden en nuestro país (…)

La enseñanza es muy clara: Ortega siempre tuvo una estrategia clara y coherente para aplastar la rebelión popular. La estrategia de la ACJD siempre estuvo basada en ilusiones, no en realidades. En vez de acelerar la dinámica de la insurrección popular, muchas veces la frenó, y eso ha tenido consecuencias fatales. De esta manera, Ortega logró superar el momento de debilidad.

Aunque la crisis de la dictadura continúa, con el aplastamiento de la insurrección popular y los tranques, Ortega logró prolongar dos años más su caótico gobierno, provocando más dolor y sufrimiento al pueblo de Nicaragua.


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