Estos tiempos de pandemia se están transformando en una excusa más para el ejercicio de la violencia por parte del aparato represivo sobre los/las trabajadores y los sectores más vulnerables.
En el caso de integrantes de la comunidad Qom, como a otras comunidades, se los obliga a vivir toda clase de abusos, intimidaciones y hasta detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, incrementando su ninguneo, invisibilización y olvido de décadas.
Repudiamos el brutal accionar de la policía de la provincia del Chaco hacia una familia Qom, golpeando, abusando, deteniendo a sus integrantes arrastrándolos para lograr su detención y tortura posterior.
La violencia policial en épocas de pandemia se extiende por todo el país: Florencia Morales en San Luis, Luis Espinoza en Tucumán, Alan Medina en Berazategui, Lucas Barrios en la Isla Maciel, viviendas quemadas en Villa Mascardi y José León Suarez, violencia en los comedores populares con el pretexto de ordenar las filas, etc.
Denunciamos estas repetidas violaciones a los derechos humanos
Exigimos la investigación de todos estos hechos violatorios
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de sus muertes.
AEDD
A 75 días de vigencia del DNU 297/2020, el gobierno nacional ha informado que más de 10 millones de personas fueron identificadas por personal de las fuerzas de seguridad federales como infractoras al cumplimiento del aislamiento obligatorio, una cifra a la que hay que sumar lo actuado por las fuerzas provinciales. Aun con esos datos parciales, es fácil concluir que, en dos meses y medio, se ha imputado por delito o contravención, en el mejor de los casos, a casi un cuarto del total de habitantes del país, o a la mitad de su población activa.
La misma fuente oficial indica que, además de las 10.113.236 personas notificadas, 93.177 quedaron detenidas. Al 20 de marzo, la cantidad de personas privadas de libertad estimada era de 120.000 en cárceles federales y provinciales y 12.000 en comisarías y otros lugares no penitenciarios. El informe no aclara si esas 93.177 personas siguen presas, en cuyo caso estaríamos ante un incremento inaudito del 75% de la población detenida en 75 días.
A la par de este festival de detenciones, recrudecen los hechos represivos en todo el país. Hemos denunciado en los últimos días la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Armando Espinoza en Tucumán; los fusilamientos de gatillo fácil de Alan Maidana en Berazategui y de Lucas Barrios en la Isla Maciel (¡18 tiros a un pibe desarmado!); femicidios de uniforme; represión en barrios y villas sitiadas por FFSS en lugar de enviar asistencia sanitaria y material, entre muchas otras situaciones de gravedad.
Particularmente denunciamos lo ocurrido en Fontana, una localidad a sólo 5 km. de Resistencia, a partir de la difusión del video que muestra el momento en que la policía entró golpes de puño y patadas a la casa de una familia, y se llevó detenidas a dos niñas menores de edad, a quienes abusaron sexualmente, rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego. El hecho tuvo tanta visibilidad que hasta el presidente de la Nación tuvo que pronunciarse vía Twitter, definiendo las imágenes como “inaceptables”. Como ya dijimos, el gobernador de la provincia del Chaco forma parte del partido oficialista, lo que compromete aún más al gobierno nacional y lo obliga a dar respuestas más contundentes que la simple difusión.
La ministra de Seguridad, interpelada por la serie de reiterados hechos de extrema gravedad, también se puso en situación de mera espectadora “preocupada”, alegando, como suele suceder, la estructura federal del país: “No tenemos competencia sobre las fuerzas provinciales que tienen autonomía y son comandadas por los gobernadores. Lo que pasó en Chubut, San Luis, y Tucumán, escapa a nuestras manos, pero elevé notas a las provincias manifestando nuestra gran preocupación por las irregularidades y lo sucedido invitando a tener un control riguroso de su personal”
No sabemos cuál es el control “riguroso” ejercido por el ministerio de Seguridad en los casos los policías federales Osvaldo Nicolás Rendichi y Germán Bentos, asesinos de Lucas Barrios y Alan Maidana, por poner los dos ejemplos más recientes.
Mucho más escandaloso es el comunicado emitido por el PRO, partido que desde febrero pasado tiene a Patricia Bullrich de presidenta, en el que “condenan” las muertes de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello en comisarías de San Luis, la desaparición forzada y asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, la muerte, también en una comisaría, de Hugo Coronel en Santiago del estero y la tortura de las niñas Qom en Chaco. En el colmo de la caradurez, a la vez que exhiben su mejor costado oportunista, no sólo responsabilizan a los gobiernos provinciales, sino que reclaman respuestas al gobierno nacional. Estaría muy bien, si no fuera que lo firman quienes son responsables de la peor escalada represiva de los últimos 30 años en Argentina, representantes del único gobierno argentino que explícitamente reivindicó e impulsó el gatillo fácil como política de estado y jamás se hizo cargo, más que para enorgullecerse, de la retahíla de hechos represivos y asesinatos cometidos bajo su dirección.
Es necesario agregar que, en cuanto a muertes en lugares de detención, debemos sumar un nuevo caso a los 23 ocurridos desde el 20 de marzo de este año. Nuevamente en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, un adolescente de 16 años que había sido detenido el domingo pasado a partir de un llamado anónimo que lo denunció como “sospechoso de querer cometer un ilícito”, y estaba alojado en la comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de esa ciudad, fue encontrado ahorcado con una remera en la celda. Es la misma comisaría en la que, el 24 de abril, murió en idénticas circunstancias otro niño de 16 años, Franco Maranguello.
En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus colectivo denunciando “las graves condiciones de detención registradas en la Comisaría 5ª del distrito, el riesgo inminente para la integridad física y la vida de las personas detenidas y las condiciones sanitarias desfavorables para el prevenir el contagio de coronavirus”. El escrito, firmado, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, señala que en marzo había 22 personas alojadas, y 19 en abril, cuando la capacidad de los calabozos es para cuatro. Por eso exigieron la clausura de la dependencia y el arresto domiciliario a los detenidos, y la provisión, mientras así se resuelva, de los insumos básicos necesarios. Es la misma comisaría con jurisdicción sobre el Frigorífico Penta, donde se han cansado de reprimir trabajadores, y tiene un largo historial de denuncias de tormentos y violaciones.
En Pico Truncado, después de la represión que sufrieron las trabajadores municipales que reclamaban por sus salarios caídos, que culminó con 18 detenidos y varios heridos, y nueva represión con disparos de armas de fuego contra quienes al día siguiente reclamaban la libertad, finalmente se logró la soltura de todas las personas detenidas, aunque naturalmente quedaron imputadas en una causa penal.
En este escenario, algunos parecen haber descubierto la represión policial a partir de la reacción popular, las protestas y las movilizaciones en EEUU luego del asesinato de George Floyd por el policía Derek Chauvin, el 25 de mayo, en Minneapolis.
Por nuestra parte, seguimos diciendo:
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
CORREPI -Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional-
El PRO manifestó su preocupación por los últimos casos de violencia policial y Mario Negri pidió la renuncia del Secretario de Derechos Humanos
“Decimos no a la violencia institucional” es el nombre de la carta que el Pro publicó en sus redes sociales. La misiva hace referencia a casos recientes que tomaron estado público en los últimos días. En el documento, el partido liderado por Patricia Bullrich acusa a los gobiernos provinciales de ser responsables y reclama al Gobierno Nacional no ser indiferente a estos hechos.
“Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público”, es el comienzo del texto. En el desarrollo de la carta, enumera distintos acontecimientos ocurridos en los últimos meses y cierra con los ataques a una familia Qom en Chaco.
El pronunciamiento del partido presidido por la ex ministra de Seguridad de la Nación, detalla: “La aparición sin vida de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello en celdas de comisarías de la provincia de San Luis; la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza en Tucumán luego abandonado en Catamarca, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, más los hechos de brutal avasallamiento y agresión contra una familia de la Comunidad Qom en Chaco exigen la más rigurosa investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia para que den cuenta de sus actos”.
La carta completa del Pro
“No vamos a permitir que amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio se violen los derechos humanos de los argentinos y mucho menos seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma”, advirtieron en la carta. “Los gobiernos provinciales son responsables, deben expresarse y actuar en consecuencias. El Pro exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no ser indiferente pues el silencio es cómplice”, concluye el documento. Sobre el cierre, en un tono destacado dice “los argentinos queremos vivir en paz y seguridad, queremos sentirnos cuidados”.
Por su parte, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, pidió la renuncia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. “El presidente debería relevar del cargo al secretario de Derechos Humanos por su inacción ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco. Pietragalla se presentó como amicus curiae para conseguir la libertad de Jaime, Pero no hace nada ante estos hechos gravísimos”, publicó el dirigente radical en su cuenta de Twitter.
En tanto, sostuvo que “el atropello y la violación de los derechos humanos por parte de fuerzas policiales debe ser condenado activamente. El Estado nacional debe plantear políticas activas para evitar que se propaguen estos hechos. No hay espacio para sesgos ideológicos o partidarios cuando están en juego los derechos humanos"
“Argentina no puede tener un Secretario de Derechos Humanos que sólo actúa cuando están en juego los derechos de los amigos del poder de turno o miembros de su partido político como Ricardo Jaime”, concluyó.
En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter una reflexión sobre la violencia institucional: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”
En efecto, el gobernador Jorge Capitanich desplazó de su cargo al grupo de efectivos acusados de cometer apremios ilegales y abuso sexual contra una familia QOM en el Chaco. A su vez, la ministra de Seguridad provincial, Gloria Salazar, repudió el “accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la Policía” hacia los integrantes del pueblo originario y exigió la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo para que sean juzgados penalmente.
Por su parte, Alberto Fernández no se pronunció sobre la muerte del peón rural Luis Espinoza, asesinado en El Melcho, Tucumán, el viernes 15 de mayo, durante un operativo policial en el que se intentaba desarticular una carrera clandestina. Hoy se comprobó que el proyectil que lo mató provino del arma del oficial auxiliar José Morales. La abogada de la familia de la víctima, Cinthia Campos, le confirmó a Infobae que la carátula de la causa en contra de ocho de los diez detenidos cambiará a “homicidio doblemente agravado”.
En tanto, en abril, la justicia de San Luis inició una investigación luego de que apareciera sin vida una mujer de 39 años que fue demorada por violar la cuarentena obligatoria decretada para contener la pandemia del coronavirus y luego apareció ahorcada en una celda, en el interior de una comisaria de la localidad de Santa Rosa de Conlara, en la zona noreste de la provincia.
Se trata de Magalí Morales, quien fue demorada el 5 de abril pasado por no cumplir con el decreto provincial que determina que la gente pueda circular por la vía pública algunos días de la semana, de acuerdo con la terminación de su número de documento de identidad.
A las pocas horas, la mujer fue hallada muerta, con el cuello atada a un cordón que pendía de una viga, en el interior de la celda a la que había sido confinada. La autopsia que se realizó en el cuerpo de Morales indicó como causa del deceso “asfixia mecánica”, es decir que murió ahorcada.
Si bien la Policía local había caratulado el hecho como “suicidio”, intervino el juez de instrucción Roque Pinto, quien determinó una causa por “averiguación causal de muerte”. En tanto, autoridades provinciales determinaron separar de la comisaría tanto al jefe como el subjefe, con cargos de comisario y subcomisario, respectivamente.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago, muerto durante un operativo ilegal de la Gendarmería en 2017, fue uno de los que reclamó la intervención del presidente: “Alberto Fernández tiene que levantar la voz para frenar los abusos de las fuerzas de seguridad, que baje una línea de que no se jode, no se puede mirar para otro lado".