18.JUL.20 | PostaPorteña 2128

POSTALINAS

Por posta

 

 Montevideo : Usurpando el derecho a la vivienda

 

El miércoles 15 de julio fue detenido un referente de la ocupación del barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina. El compañero asistió de buena fe a una convocatoria realizada por el Sistema de Mediación de Montevideo en el edificio oficial del IMPO.

La convocatoria fue realizada para iniciar un: “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” que sería “dirigido por terceros imparciales expertos en manejo de conflictos que facilitarán el diálogo”. Entre esos expertos se destaca la figura de Leonel Groisman, quien comandó la instancia de “negociación” a la que estaban convocados, además del compañero detenido, abogados de familias asentadas, la Coordinadora de Asentamientos, la Comisión de Vivienda Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal que lleva la causa de la ocupación, entre otros.
Mientras Groisman exponía las características del “proceso de diálogo”, el fiscal se comunicaba con la policía para que llegara a la sede del IMPO y se llevara detenido al compañero. En ese contexto, y enterados de la situación, un grupo de militantes del Nuevo Comienzo y de diversas organizaciones sociales que han apoyado la ocupación se acercaron a la sede del IMPO para solidarizarse.

Ante la concentración de militantes el proceso de detención pasó por una instancia de negociación que de todas formas derivó en que Adrián quedara detenido en zona 4 y el jueves fuera trasladado a jefatura. Ante todo eso, quienes convocaron a la “negociación” que terminó siendo una “cama” al compañero, no aportaron nada concreto para evitar la detención.
El jueves a la mañana Adrián fue trasladado a fiscalía, en donde nuevamente recibió la solidaridad y el apoyo de decenas de vecinos, vecinas y militantes, aunque ningún “negociador” se hizo presente.

El delito de Adrián: “asociarse” para “usurpar” terrenos baldíos y construir en ellos su vivienda. Nuevamente quedaban enfrentados propiedad privada y derecho a la vivienda, nuevamente prima el derecho a ser dueño de un terreno abandonado que el de tener un lugar en donde vivir. La fiscalía este jueves pidió una nueva prórroga, y recién mañana sabremos qué pasará con el compañero. Lo cierto es que la justicia “legal” desprotege cada día más a los más débiles, cada día defiende más la propiedad privada, y las leyes, para los pobres, se transforman en un cerco que los encierra en un espacio cada vez más miserable.

Ante esa situación no hay resignación.
Además de denunciar falsas negociaciones y manejos legales habrá que dar la pelea para que el derecho a vida digna esté antes que el  derecho al terreno baldío.

Adrián no está solo. El Nuevo Comienzo sigue pariendo rebeldía.
Los únicos usurpadores son quienes defienden la tierra baldía antes que la vivienda digna.

La Senda

 

Detención de Nicmer Evans reafirma patrón sistemático de represión política y social en Venezuela:

 

¡Exigimos respeto a las garantías constitucionales durante la pandemia!

Provea 16 Jul 2020

Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana y latinoamericana, así como las individualidades que suscriben el presente comunicado, rechazamos enérgicamente la detención del activista político y director del medio de comunicación “Punto de Corte” Nicmer Evans, a quien se le acusa de “promoción o incitación al odio”, exigimos su inmediata liberación y hacemos responsable a Nicolás Maduro, al Fiscal General Tarek William Saab y al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz de cualquier violación a sus derechos humanos, especialmente a la vida e integridad personal.

El pasado 13 de julio de 2020 Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo. Los funcionarios mostraron una orden de aprehensión y comenzaron a hostigar a sus familiares. Motivado a la ausencia del solicitado los funcionarios detuvieron a un tercero, al abogado Álvaro Herrera, como mecanismo de presión, un patrón recurrente de detenciones arbitrarias en el país. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche los funcionarios lograron detener a Evans, quien informó que la orden de detención era por los cargos de “promoción o incitación al odio”, ordenados por el juez José Mascimino Márquez.

Nicmer Evans es politólogo y director del medio digital “Punto de Corte”, cuyas denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro motivaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) prohibiera su acceso desde Venezuela, dónde al igual que otros portales de comunicación independientes sólo es posible consultarlo mediante la utilización de una red privada virtual (VPN), para evadir la censura. Evans fue militante del chavismo durante varios años, movimiento del cual se desvinculó tras su deriva antidemocrática.

En años recientes ha intentado, sin éxito, registrar organizaciones políticas para participar en elecciones. Como Provea demostró en su informe “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez”, la represión contra perfiles públicos progresistas, pero críticos de la gestión de Nicolás Maduro, es particularmente hostil en un contexto general de suspensión, por la vía de los hechos, de los derechos políticos establecidos en la Constitución.

Las personas detenidas por razones políticas tienen una alta probabilidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes, e incluso torturas, como ha sido documentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La detención de Evans confirma el patrón sistemático y generalizado de encarcelamiento a la disidencia, por lo que la actual Misión de Verificación de Hechos, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, investiga el patrón de detenciones arbitrarias y sus responsables. La política de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, evidenciada en encarcelaciones o privación de libertad por motivos políticos, pudieran considerarse crímenes de lesa humanidad a ser evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su Examen Preliminar sobre la situación de Venezuela.

Por todo lo anterior exigimos:

– La inmediata liberación de Nicmer Evans y del conjunto de presos por razones políticas en Venezuela.

– Garantías que durante su privación de libertad, Nicmer Evans no va a ser víctima de torturas, tratos inhumanos y degradantes

– Suspensión de los mecanismos de censura contra el portal “Punto de Corte” y el resto de los medios de comunicación que impiden su consulta dentro del país.

– Interrumpir la generación de temor y chantaje contra los líderes políticos y sociales mediante la estrategia de detención y hostigamiento contras terceros y familiares

– Derogar la “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento de judicialización y persecución de la disidencia en Venezuela.

– Evitar usar la situación de confinamiento derivado del decreto de estado de alarma en Venezuela para vulnerar derechos civiles y políticos de la población.

¡Liberen a Nicmer Evans! Exigimos respeto a su vida y a su integridad física.

¡Exigimos respeto a las garantías constitucionales de todos los venezolanos!

Adhieren:

 Cientos de ORGANIZACIONES

 

Descubren en Berlín a presunto sindicado de delitos de lesa humanidad en Argentina

 

Se llama Juan Esteban Kyburg, tiene 72 años y es buscado con orden de captura de la Interpol. El diario Bild asegura que lo encontró en la capital alemana, en donde se ha escondido de la Justicia por años.

Según el periódico alemán Bild, Kyburg, nacido el 22 de enero de 1948, vive en el populoso barrio de Friedrichshain, de la capital alemana, aunque otras fuentes lo sitúan en el colindante barrio de Pankow. Juan Esteban Kyburg habría pertenecido a una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Argentina, la cual comandaba. La unidad se llamaba más exactamente "Agrupación de Buzos Tácticos U.T. 6.1.2".

Dicha unidad especializada es sindicada de ser responsable del secuestro y asesinato de 152 personas opositoras a la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Kyburg es buscado desde 2013 por la Interpol, sindicado de haber cometido crímenes de guerra.

"Los buzos tácticos eran los asesinos mejor entrenados"

La Agrupación de Buzos Tácticos (APBT) es una de las fuerzas operacionales especiales de la Armada Argentina, creada en 1952 y tiene su asiento en la Base Naval Mar del Plata. Cuenta con aproximadamente 400 efectivos. Los miembros de esta unidad utilizan una boina marrón con el emblema de los Buzos Tácticos.

Hoy, los buques que se encargan del control de la zona económica exclusiva llevan personal de los buzos tácticos. También participan en las tareas de búsqueda y rescate, salvamento y del adiestramiento específico en operaciones navales especiales.

La causa N° 4447/140 de los crímenes de la dictadura

El expediente Kyburg está registrado en la Fiscalía argentina bajo "causa N° 4447/1402" de los crímenes de la dictadura. Aunque Kyburg nació en Catamarca, Argentina, además de ser argentino, también es ciudadano alemán por la proveniencia de sus padres.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación Argentina ofrece desde hace 7 años una recompensa de 500.000 pesos argentinos "A quienes aporten datos para encontrar a Juan Esteban Kyburg". El ente argentino "garantiza el carácter secreto de la información y pide comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia".

jov (bild/fiscales.gob.ar)Deutsche Welle


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