En el marco del aniversario de la Declaratoria de Independencia del país latinoamericano, el día 25 de agosto, los colectivos sociales convocan acciones por la defensa del territorio y el agua, para mostrar, una vez más, su rechazo al modelo extractivista y neocolonial que plantea el megaproyecto forestal y de producción de celulosa planificado por la empresa finlandesa UPM.
MATHIAS RODRÍGUEZ El Salto Ago 25, 2020
Hace ya casi 200 años desde que, un 25 de agosto, el pequeño país sudamericano que hoy conocemos como Uruguay firmó la Declaratoria de la Independencia sobre las formaciones rocosas de Piedra Alta, a unos 80 kilómetros de Montevideo, su capital. Desde entonces, esta es una de las fechas que el país celebra cada año y que por segunda vez consecutivo será también un punto de encuentro, en paralelo a los actos oficiales, para denunciar los modelos neocoloniales que promueven el extractivismo de los recursos naturales y la influencia de las multinacionales sobre la soberanía y la vida de la sociedad uruguaya.
“El objetivo será dejar presente nuestra lucha contra las relaciones de dependencia neocoloniales, que implican la injerencia de las multinacionales en varios aspectos de nuestras vidas, como son la salud, el trabajo, la educación o la vivienda”, señaló la Asamblea Territorial por el Agua, la Tierra y la Vida, celebrada en Santa Lucía a principios de mes con una intención muy concreta: frenar la instalación de la tercera planta de celulosa que se planea construir sobre el Río Negro, el cauce fluvial interior más grande del país. “Los poderes y las multinacionales extranjeras están decidiendo sobre nuestro país y sobre nuestras vidas, por lo que este año volvemos a interrumpir el acto oficial para decir que, en realidad, seguimos sin ser independientes”, explica Sofía Taranto, integrante de la Coordinadora Nacional Contra UPM, un colectivo asambleario formado por más de 50 colectivos ambientales, sociales, feministas y sindicales de todo el territorio uruguayo.
Tanto es así que, según la organización internacional Paper Environmental Network, el acuerdo con la empresa UPM-Kymmene Corporation “no beneficia al pueblo uruguayo y fue firmado antes de que se hiciera cualquier evaluación del impacto ambiental”, a lo que se suma la presencia de otras dos plantas de celulosa que ya funcionan en el país, una que es propiedad de UPM y otra que pertenece a Montes del Plata, un conglomerado empresarial de origen chileno y sueco-finlandés, cuyos vertidos al Río Uruguay siguen siendo altamente cuestionados por los colectivos ecologistas y la sociedad civil, no solo en Uruguay sino también a nivel internacional.
De hecho, en el Estado español existe también una lucha histórica por la contaminación de la ría de Pontevedra, donde se ubica una planta mucho más pequeña en comparación con la que se pretende construir ahora en Uruguay, y que sitúa desde hace años a la localidad gallega como uno de los puntos negros del litoral español a nivel ambiental.
Además, persisten las dudas sobre la legitimidad democrática de este acuerdo, firmado en 2017 entre el Estado uruguayo y la compañía finlandesa, puesto que nunca fue discutido ni aprobado por el Congreso, ni tampoco fue sometido a ningún tipo de debate público, cuando se trata de un proyecto con unas dimensiones nunca antes vistas en el país, y que implica la construcción de una de las plantas de celulosa más grandes del mundo.
LAS VÍAS DEL TREN COMO SÍMBOLO DEL EXTRACTIVISMO
“Vinieron al pueblo, según ellos, a traernos el progreso, pero lamentablemente el progreso por acá va a pasar de largo. Lo vamos a ver pasar a alta velocidad y nos está ocasionando un daño permanente. Vamos a pensar en el futuro, de aquí a 20 o 25 años, tal vez muchos de nosotros no estemos vivos pero nuestros hijos y nuestras nietas son quienes van a tener que pagar esto”, reclama un vecino de la localidad 25 de Mayo. Con unos dos mil habitantes, es una de las 22 poblaciones afectadas por las obras del Ferrocarril Central, un proyecto de inversión pública para la construcción de una vía férrea que servirá para conectar una zona franca ubicada en el puerto de Montevideo, y exenta de impuestos, con la nueva planta de celulosa que la finlandesa UPM pretende construir en el centro del país.
Las vías que conectarán el puerto de Montevideo con la nueva planta de celulosa serán de uso preferente para la empresa UPM y su trazado afectará a localidades y barrios que ya están sufriendo las consecuencias de las obras
“Para que sea más eficiente el extractivismo de nuestros recursos, se construye un tren que planea atravesar medio Uruguay, de forma que la empresa pueda transportar sus materias primas, altamente contaminantes, desde el puerto hasta la planta, y a la vez extraer la pasta de celulosa, que saldrá en contenedores en forma de materia prima. En Uruguay no ocurre nada, todo ocurre en Finlandia pero con nuestra agua y nuestra tierra”, denuncia Marcelo Cabrera, miembro de la Coordinadora. Unas vías que serán de uso preferente para la empresa y cuyo trazado, de más de 200 km, pasará por zonas urbanas y periurbanas afectando a localidades y barrios que ya están sufriendo las consecuencias de las obras.
Además, los trenes circularán con una alta frecuencia de paso, y transportarán materiales peligrosos y químicos tóxicos altamente contaminantes, para los que no hay planificada ninguna medida de protección. “Se han promovido acciones ciudadanas para frenar este proyecto en cada una de las localidades afectadas, pero hasta ahora sólo ha funcionado en dos poblaciones donde se instalará una especie de by-pass, evitando así que el tren atraviese el pueblo por la mitad”, señala Taranto.
En este sentido, el pasado 10 de agosto se publicó el informe
Un tren a contramarcha: los efectos del tren de UPM en tres barrios de Montevideo, donde diversos colectivos feministas analizan, junto la Facultad de Sociología de la Universidad de la República, las consecuencias que este emprendimiento ferroviario podría tener “en la vida de los barrios y el devenir cotidiano de las mujeres”. “Desde el activismo feminista, se entendió que era necesario colocar la mirada en los efectos que el tren y el nuevo trazado de las vías tendrá desde el punto de vista urbanístico, social y ambiental”, afirma la reconocida activista feminista Lilian Celiberti.
“Luego de más de 25 años de implementación de políticas de género en Montevideo, se hace necesario poner a debate qué ciudad queremos habitar y cómo construimos una ciudad cuidadora de la ciudadanía, del ambiente y de los espacios sociales”, agregó la activista durante la presentación del informe.
VIENEN POR EL AGUA
Analizando el megaproyecto en perspectiva, la construcción del denominado Ferrocarril Central es solo la punta de un iceberg que, prometiendo desarrollo y trabajo a la sociedad uruguaya, utilizará con fines comerciales los recursos naturales del país, partiendo de una clara posición de desigualdad de poder con respecto a los ciudadanos y ciudadanas que habitan el territorio
“Este megaproyecto promoverá la expansión de monocultivos de árboles —sobre todo eucaliptus— con un impacto negativo en la biodiversidad, reduciendo los pastizales nativos, y afectando gravemente a las aves y las variedades de peces presentes en el ecosistema natural de las praderas”, denunciaron en 2019 más de 100 organizaciones, ocales e internacionales, a través de una declaración conjunta en la que también participaron varios colectivos ambientalistas finlandeses. Ante estos reclamos, la empresa UPM emitió una respuesta pública que iba dirigida únicamente a las organizaciones finlandesas, ignorando completamente las demandas de las organizaciones de la sociedad civil uruguaya.
Por otro lado, “el peor impacto ambiental será para un sistema de agua ya comprometido, puesto que este tipo de monocultivos depende de fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas, que erosionan los suelos y contaminan los ríos, produciendo impactos en las características del agua y el suelo que comprometen la capacidad futura de Uruguay para cultivar alimentos”, señalan los colectivos.
Además, la cantidad de agua que necesitan estas plantaciones, una problemática que viene siendo documentada desde finales de los años 90, se vería fuertemente incrementada por los millones de litros de agua que requiere la nueva planta para su funcionamiento. Según denuncian las organizaciones firmantes, ubicadas en Uruguay, Finlandia, Italia, Holanda, Chile, Brasil o EE UU, entre otros; “las demandas de flujo de agua de la nueva planta de celulosa son equivalentes, para dar una imagen, al consumo diario de agua de más de 53 millones de personas, casi 15 veces la población de todo el Uruguay”
Y no solo eso. La nueva planta de celulosa también afectará la calidad del agua a través de sus efluentes, es decir, de los vertidos residuales que se arrojarán sobre los cauces fluviales, lo que por ejemplo podría aumentar considerablemente la cantidad de nitrógeno y fósforo presentes en el Río Negro y en el Río Uruguay. “Tanto los efluentes de la planta, como su enorme necesidad de agua, amenazan la calidad y disponibilidad del agua para las comunidades locales”, señala el estudio ambiental realizado por Environmental Paper Network.
“Este tema fue una de las mayores controversias sobre la primera planta de celulosa instalada sobre el Río Uruguay —que ahora también pertenece a UPM—, y que provocó protestas masivas y hasta un conflicto diplomático durante varios años con Argentina”, añade el informe.
A pesar de este nuevo atropello a la naturaleza del pequeño país sudamericano, que se presenta al mundo bajo el eslogan de “Uruguay Natural”, hay colectivos y movimientos sociales que se mantienen firmes en defender el patrimonio natural por su valor intrínseco, más allá de la visión utilitarista. Ejemplo de ello es el planteamiento de concebir a los ríos como sujetos portadores de derechos, tal y como ya existe en algunos países de la región, y como se plateó en la asamblea celebrada a principios de mes.
EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES
“Frente al escenario de instalación de la tercer planta industrial de producción de celulosa en el país, entendemos que es sumamente relevante tener en cuenta qué sucedió en todos estos años transcurridos desde la instalación de la primer planta en Fray Bentos (UPM, Ex-Botnia) y la segunda en Conchillas (Montes del Plata)”, plantea el informe realizado por la Casa Bertolt Brecht y la fundación Rosa Luxemburgo, que analiza los efectos sociales y culturales de las dos plantas de celulosa que ya están en funcionamiento en Uruguay. En el estudio se relata la influencia de estas multinacionales en aspectos tan cruciales como la salud, la educación y el empleo, pero que también incide en las consecuencias del colonialismo simbólico-cultural, la gobernanza ambiental o la división sexual del trabajo productivo y reproductivo que este tipo de inversiones está generando en las comunidades locales.
“La idea de una —salvación— externa que llega y opaca las alternativas locales resalta entre los entrevistados sociales que anhelan otros posibles caminos de transformación de la realidad local”, explica uno de los epígrafes de dicho informe. Y la realidad que viene a mostrar este documento es que para muchas personas que viven en Uruguay, la posibilidad de atraer este tipo de inversiones es entendida como una fuente de empleo y desarrollo que los uruguayos, por sí mismos, no serían capaces de generar. Esta idea, según explican miembros de la Coordinación Nacional Contra UPM, además de partir de una premisa colonialista y de un autoconcepto de inferioridad, entiende que los recursos naturales son mercancías que deben ponerse a disposición de cualquier institución que desee explotarlas, priorizando su rendimiento económico sobre su valor ecológico, social o cultural.
“Entendemos que es el mismo proceso que viene ocurriendo desde 1492, que tiene que ver con perpetuar una dependencia económica, social y cultural respecto a los países del norte”, explica Marcelo Cabrera desde la Coordinadora Nacional Contra UPM. “Observamos, por ejemplo, la influencia que la empresa está teniendo sobre los planes educativos a todos los niveles. También sobre los derechos de los trabajadores y la lucha sindical o la gestión de nuestro patrimonio natural”, añade Bettina, que también integra la Coordinación Nacional contra UPM.
“Personas sensibles con esta problemática en todo el territorio nos envían fotos de una furgoneta blanca con el logo de UPM que llega a las escuelas públicas para proyectar vídeos o material —educativo— creado por la empresa”, denuncia Iván Kortis, que también pertenece a la Coordinación. De hecho, los movimientos sociales han recopilado una lista en la que se detallan las estrategias de influencia educativa de la empresa UPM a través de fundaciones e instituciones con programas de becas y formaciones en escuelas rurales, formaciones para educadores de primera infancia, programas para jóvenes emprendedores y posgrados universitarios enfocados a fortalecer la visión de la empresa.
“Es una forma de intromisión gradual, como han hecho las empresas multinacionales en Perú, Ecuador o Bolivia, llegando a las aldeas para amigarse con la gente”, añade. “Nos dicen que nos quedemos tranquilos, que vienen a ayudar, hasta que con el tiempo confirmaremos que vienen a por nuestros recursos, y que también contaminan nuestras vidas”, concluye Cortis.