08.SEP.20 | PostaPorteña 2145

URU: «El FA antes de ser gobierno, había resuelto que los militares no irían presos»

Por varios

 

En entrevista con Bajo La Lupa el periodista y escritor Álvaro Alfonso se refirió a las recientes cartas conocidas públicamente con las declaraciones de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor

por Mariana Peralta   3 de sept de 2020

El periodista y escritor Álvaro Alfonso reflexionó sobre qué hay detrás del pacto de silencio y cuánto abarca a los integrantes del FA.

Alfonso recordó que en el ministerio de Defensa -en época de la gestión de José Bayardi como subsecretario- había «gran expectativa» por lo que arrojaría el Tribunal de Honor para que Gilberto Vázquez relatara el momento de la fuga. Según Alfonso lo que se conoció ahora ya estaba en conocimiento en 2006. «El expediente lo recibió un coronel que informó a Bayardi, posteriormente se le hizo una fotocopia de las preguntas y respuestas al entonces subsecretario del Ministerio de Defensa. Evidentemente si las tuvo en la mano las tiene que haber leído en el 2006»

El entrevistado expresó que hay un «cúmulo de pactos rotos» y que de estos temas «son 50 años o más que una cosa trae la otra y estamos siendo rehenes distintas generaciones de un tema que pudo haberse resuelto en 1985»
Alfonso leyó un fragmento de su libro (agotado en librerías) titulado «Encontrando a los desaparecidos». En ese fragmento recordó que había una sospecha por parte de los medios militares de que Gilberto Vázquez iba a protagonizar esta fuga y le quisieron hacer firmar un papel diciéndoles que no se iban a fugar porque sería la vergüenza para el Ejército. En la reunión hubo 6 personas. «14 años después no se puede decir que no sabían que se iba a fugar»

Estaba clara la idea central del entonces presidente Vázquez era que no iban a ir los militares presos salvo que desconociera lo resuelto en 2003 por el congreso del FA.

Alfonso recordó el congreso del Frente Amplio de 2003 realizado en el Palacio Peñarol donde hubo una gran discusión con dos posturas, la de Fernández Huidobro quien quería mantener la ley de Caducidad producto de un plebiscito avalado por la soberanía popular, y la postura del ex diputado Hugo Cores quien abogaba por eliminar la citada ley. Con más del 60% de los votos se avala mantener la ley de caducidad. «Es decir, el FA antes de ser gobierno había resuelto que los militares no irían presos, porque la ley de caducidad quieran o no quieran les guste o no fue una ley de amnistía»

Alfonso también se refirió al episodio de agosto de 2006 durante el primer mandato de Tabaré Vázquez cuando este dijo que 99.9% producto de un informe del ejército iban a localizar los restos de la nuera del escritor argentino Juan Gelman.
«Eso fue provocado por una mala información. Estuvieron excavando tres meses en un lugar de un plano que era viejo. Esto fue avalado por los forenses que hicieron un trabajo al respecto» y que la conclusión es que allí nunca pudo haber enterramientos «de nada». «Ese informe fue a la Justicia»

En el libro «Presos a la Uruguaya» están publicadas hasta las opiniones que tenían los generales sobre Bertolotti. «Lo mínimo que dijeron es que actuaba en forma delirante. Uno de los que intercambiaba información con Bertolotti era Gilberto Vázquez».

«El primer desaparecido en Uruguay fue Pascasio Báez, el peón rural muerto por una inyección de pentotal que cuando las fuerzas armadas reciben la información que estaba enterrado en una estancia, dejan una guardia y al otro día comunican a la prensa», algo muy distinto a lo que ocurrió con el caso de la nuera de Gelman dijo Alfonso.

«Acá llevaron a la nieta de Gelman, le dijeron que estaba sepultada su mamá allí, y después fueron y tomaron un refrigerio festejando no sé qué clase de festejo era. Protagonizado por el comandante y por el propio Gonzalo Fernández y después resulta que estuvieron buscando tres meses en un lugar donde no podían encontrar nada porque el plano era viejo y se enteraron después que era viejo»

Tal vez el principal opositor que tuvo el presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato no fue la oposición política en Uruguay sino el presidente argentino Néstor Kirchner quien «amenazaba con pedidos de extradición a rajatabla por los expedientes que hay en la Argentina. Por cortarle la energía. Incluso en los expedientes que hay del tribunal de honor Gilberto Vázquez también lo dice. En aquella época había problemas de energía en Uruguay y Kirchner quería resultados en este caso de la nuera de Juan Gelman. Claramente era así y presionó al presidente de la República»

El periodista Álvaro Alfonso tiene en sus planes hacer un documental sobre la historia reciente de Uruguay dado que cuenta con materiales audiovisuales con testimonios de los involucrados. «La intención es hacer un documental, tengo a varios involucrados en este tema, algunos filmados, otros en cinta. Hay que hacer un documental para narrar la historia reciente. Pero nadie quiere un documental sobre la historia reciente. Nadie lo quiere porque todos tienen responsabilidades. Tampoco creo en la teoría de los dos demonios», afirmó

Alfonso señaló que una cosa que la gente desconoce es que José Mujica no podría haber sido presidente de la República «si no se hubiera aprobado a la salida de la dictadura esa ley de amnistía para los guerrilleros» porque tendría que haber salido de la cárcel en 2010 y otros en 2012.

El periodista en otra parte de la entrevista puntualizó que otra parte que se desconoce de la historia es quiénes participaron en el Pacto del Club Naval. «Se dice que fueron las Fuerzas Armadas con tres partidos políticos: el Partido Colorado, FA y la Unión Cívica. Y no es así, porque había dos personas más que eran una especie de delegados de Gregorio Álvarez con un supuesto partido que estuvieron presentes en las reuniones del Club Naval. Esas dos personas no hablaban pero escucharon todo»

 

Tribunales de Honor: ¿Pacto, desidia o jopeada?

 

La publicación de las actas del tribunal de honor realizado a Gilberto Vázquez en 2006 revela algunos datos desconocidos hasta el momento. ¿Por qué no se difundió antes su contenido? ¿Hubo ocultamiento premeditado? ¿Por parte de quien: los militares o los jerarcas frentistas? ¿Hubo voluntad política de investigar? ¿Es confiable Gilberto Vázquez o es una operación de inteligencia? ¿Por qué se niega el acceso a la información en el 2019? ¿Aporta algo para realizar nuevas investigaciones? ¿Habrá más actas ocultas? ¿La aparición de estas actas en este momento tiene alguna relación con el debatido desafuero de Manini? ¿Debe el presidente ordenar la desclasificación de todas las informaciones referentes a las violaciones a derechos humanos?

6 sept. Voces (extractos)

La pérdida del alma por Mario Ferreira

El alma es aquel lugar recóndito donde se almacenan de forma intangible, nuestros valores, creencias y vivencias.  Lo más profundo de nuestro ser. Algo inasible que no podemos modelar. Está allí para interpelarnos; es eso a lo que a veces llamamos conciencia. Es algo cierto para mí y para muchos, que las organizaciones formadas por hombres y mujeres poseen un alma que las cuestiona constantemente, pero que, además, les permite desarrollar una mística, un estado elevado de acercamiento al mundo ideal con el que sueñan.

Cuando en mi juventud comencé a ser un individuo preocupado por la realidad, encontré en el Frente Amplio un camino repleto del misticismo necesario para deslumbrar a un chico de 18 años. Es que esa construcción política pudo hacerse realidad gracias a que todos sus integrantes dejaron atrás diferencias y rencores para crear juntos, el alma de la coalición. Como en una tierra prometida, compartían sus sueños y desvelos, cristianos y marxistas, comunistas y trotskistas, blancos y colorados y hasta militares demócratas. Había grandes diferencias, pero había, sobre todo, algo que los unía: la mística de luchar por un futuro más justo

Hoy me duele ver como desde aquellos días a hoy, el Frente fue perdiendo su alma. El diálogo constructivo hacia adentro y hacia afuera, trocó en altanería y enojo. Basta ver los rostros de sus más encumbrados representantes; basta escuchar sus silencios. Sí, porque como frentista me duelen más los silencios, la falta de humildad y autocrítica.

Soy de los que creen que se hizo muy poco por mantener en alto la bandera de la búsqueda de los desaparecidos. Por mucho tiempo se utilizó la excusa de que los generales no dicen lo que saben. Pero siempre me he preguntado: ¿alguien pensó seriamente que lo iban a hacer?

Hoy nos cae esta piedra: un expediente donde se reconoce y se justifica la tortura, la muerte y la desaparición, durmió 14 años en un estante del Ministerio de Defensa. ¿No es una omisión inadmisible (y acaso también extraña) que nadie durante todos los gobiernos del Frente Amplio, es decir, en 15 años, haya analizado profundamente TODOS los expedientes que surgían de los Tribunales de Honor?

Está claro que, en este tipo de instituciones, el sentimiento de pertenencia a una “clase de iguales” les permite blindarse hacia afuera, pero también esa sensación de seguridad, genera una actitud de superioridad sobre el resto de la sociedad que algunas veces se convierte en un flanco débil por donde se escapan intimidades hacia el mundo exterior. Es así que, si estamos buscando información, lo básico es bucear en aquella que surge desde la interna de las FF.AA., como son en este caso, los expedientes de los Tribunales de Honor. El Frente Amplio no escucha a su alma, hace oídos sordos a su conciencia que le dice cosas que no le gusta o no conviene a la situación actual por la que está pasando. Pero el alma no se equivoca.

Me entristece ver cómo un ex subsecretario y un ex presidente se escudan en que “no les llegó toda la información” y nos cuentan sin vergüenza que dieron su homologación a lo actuado por el Tribunal de Honor en base a un resumen de las conclusiones. Es peor aún. Según información aparecida en la prensa, la abogada del Ministerio de Defensa de ese entonces, en el informe que elevó a la ministra, indicó que las actuaciones del Tribunal de Honor habían sido detenidas en un momento debido a “la presunción de delito”. En buen romance: algo de lo dicho durante el proceso, podría, para los miembros del Tribunal (militares ellos, colegas del juzgado) configurar un delito. Y, aun así, ni al departamento jurídico del ministerio ni a la ministro ni al presidente de la época se les cruzó por la mente investigar cuál había sido esa presunción de delito, de lo cual hoy, catorce años después, nos enteramos que se refería a violaciones a los derechos humanos. Triste, muy triste y desalentador.

Y la historia continúa: aparentemente recién cuando se fue a archivar el expediente y éste ya había sido homologado, se percataron de que no estaba completo, faltando “las actuaciones”, las cuales aparecieron a los pocos días. Tampoco ante esta gruesa irregularidad, a nadie se le movió un pelo.

No soy idealista, quizás lo fui de joven (lo que muchas veces me trajo algunos sinsabores), pero este tipo de omisiones son imperdonables y sobre todo por parte de un gobierno de izquierda que debe llevar hasta las últimas consecuencias la promesa humanista de encontrar a esos uruguayos que sufrieron las peores vejaciones y la muerte en soledad; y también, por respeto a esos familiares que no han podido cerrar esa parte de la historia de sus vidas. Me da pena escuchar excusas vacías de niño de escuela. Hay muchos que siguen el rebaño montados en viejos cánticos a quienes quizás les convenzan; pero hay muchos también que pensamos y analizamos los hechos y nos gusta que respeten nuestra inteligencia.

A todos nos quedan muchas preguntas que los dirigentes del Frente Amplio deben contestar en honor a los orígenes de esta fuerza que fue perdiendo con el tiempo y el usufructo del poder, justamente dos de sus principales principios: la humildad y la verdad. Pero esas respuestas que deben a su militancia y al pueblo todo, no las queremos oír desde la tribuna mediática y en tono altanero, si no, desde el llano y con todas las cartas sobre la mesa. No quisiera imaginarme cosas como acuerdos secretos entre el Frente Amplio y los militares o pagos de favores políticos. Creo que es hora de sincerarnos y antes de que el alma frentista se rompa en pedazos (cosa que ya nos está pasando a muchos) traigamos cuanto antes un tiempo para la refundación.

Preguntas sin respuesta por Juan Martín Posadas

Hace pocos días el país recibió con estupor, a través de la difusión de unas actas del Tribunal de Honor que juzgó al Coronel Gilberto Vásquez, la información directa, pormenorizada y de primera mano, acerca de atropellos perpetrados en dependencias de estado por personal militar durante el período de combate a la sedición.

Los uruguayos ya nos habíamos hecho una imagen bastante certera de esos hechos repudiables a través de información fragmentada recogida poco a poco en el curso de los años. Lo que nunca habíamos tenido que confrontar, nunca había tenido contacto directo, era con una confesión como la que se ha conocido estos días. Uno que hoy tiene los años como para haber vivido del principio al fin aquellos tiempos de intransigencia y fanatismo vuelve a repasar con azorada perplejidad ¿cómo fue posible que los uruguayos nos hiciéramos todo eso a nosotros mismos? La salida del período oscuro no ha sido aún bien explicada y la caída en él menos. Pero lo que acrecienta en este momento la conmoción pública que se ha producido es el enterarse de que se llegó a esa información terrible sobre lo acontecido en los cuarteles no a través de una ardua y azarosa investigación sino por una pesquisa periodística y mediando un simple pedido burocrático de solicitud de información que, por ley, tiene que ser contestado en veinte días hábiles (y así se hizo). La información en cuestión estaba al alcance, lo había estado desde el año 2006. Quienes deben una explicación por haberla mantenido fuera del conocimiento público son los gobernantes del período pasado y el Partido al que pertenecen. Hasta ahora se han ofrecido excusas (no sabíamos) más que respuestas.

El reglamento militar estipula que las actuaciones (no dice: los resúmenes) de los tribunales de honor han de ser elevados (al Comando, luego al Ministro, y finalmente al Presidente de la República) para su homologación (o no). Si no fue así, si lo recibido en Presidencia no fueron las actuaciones sino una parte, o si se firmó la homologación sin haber accedido (o leído) todo su contenido se trata de una falta que habrá de ser asumida y no esquivada o disimulada.

Un ocultamiento voluntario de parte del Presidente Vázquez no me parece creíble: no condice con quien autorizó y propició la búsqueda y desenterramiento de los cuerpos de los desparecidos en los predios militares. Pero tampoco se puede negar que hay muchas preguntas abiertas. Sobre todo hay, en este momento, muchos preguntantes. Yo y muchos tenemos preguntas, pero quienes más necesitan respuestas y no excusas son los propios militantes y votantes frenteamplistas y, ni que hablar, los familiares de los detenidos desaparecidos. El recientemente nombrado secretario político del Frente Amplio, acaba de expresar en la prensa: quizás tuvimos que haber pedido la información en aquel momento y no catorce años después.

Es menester mirar las cosas en lo que el reconocido historiador francés Ferdinand Braudel llamaba los grandes trazos. Si no se procede de ese modo no se entiende bien nada. Las secuelas del pasado oscuro de nuestro país siguen afectando su vida. Ubicado en ese plano voy a lo que sigue. El instrumento escogido y puesto en práctica para concretar una salida del período de facto (lo llamo así para abreviar) –el Acuerdo del Club Naval- generó soluciones en algunos aspectos y esquivó otros aspectos que quedaron pendientes. El Frente Amplio, que ahora se encuentra en aprietos para explicar los motivos de su omisión para hacer pública la información de los mencionados Tribunales de Honor, tampoco ha dado nunca explicación pormenorizada y cabal de su participación en el Acuerdo del Club Naval. El Frente Amplio ha construido un relato de sí mismo ajeno al Club Naval y como si no hubiera tenido participación plena en dicho acuerdo, tanto en sus resoluciones como en todas sus omisiones y esquives. El Frente Amplio no se ha hecho cargo hasta ahora de su parte en lo que fue el Acuerdo del Club Naval, de sus consecuencias buscadas y de sus reticencias consentidas.

El reclamo de información transparente, de conocer la verdad y de no justificar ocultamientos, que la ciudadanía ha reclamado siempre y que se hace agudo hoy por el caso del coronel G. Vázquez se dirige hoy al Frente Amplio esperando la información debida, tanto respecto a la reticencia pertinaz en reconocerse como actor del Acuerdo del Club Naval como a la inexplicable situación de no haber hecho pública la información de las actas de los Tribunales de Honor.

Lo que Gilberto nos dejó por Gerardo Tagliaferro

Aunque el excoronel Gilberto Vázquez no es muy creíble, entre otras cosas porque fue un oficial de inteligencia que en 2006 se consideraba “en combate” y se puede suponer que el engaño formaba parte de su labor, la mayoría de los hechos que reconoció ante el Tribunal de Honor ese año son conocidos. Sin embargo, hay algunos sobre los cuales es la primera vez que un militar habla con tanta claridad en un ámbito más o menos público.

Dijo por ejemplo que en 1989 las FF.AA. como institución, a través de sus mandos, elaboraron un plan para asesinar dirigentes políticos de izquierda si se derogaba la ley de Caducidad. En 1989, cuatro años después de restablecida la democracia. Y las FF.AA., no cuatro loquitos.

También dijo que en ese momento –año 2006, gobierno del FA- había un pacto entre el poder político y los mandos militares para que estos entregaran algunas cabezas a cambio de que no se habilitaran las extradiciones que solicitaba la justicia argentina.

Entre esos hechos de 1989 y 2006 pasaron 17 años y gobiernos de los tres partidos mayoritarios pero el desarrollo de los acontecimientos parece formar parte de un mismo guión: las FF.AA. como cuerpo impermeable a la lógica de la democracia y sus instituciones.

Para lo que comúnmente llamamos “la derecha” no hay aquí demasiado problema, porque siempre trató a las FF.AA. como una entidad funcional a su visión de la sociedad, y lo único que hay que hacer es no molestarlas demasiado y tirarles algún hueso presupuestal de vez en cuando. El problema lo tiene la izquierda, que no ha dado con una estrategia adecuada para pararse frente a una corporación que quienes llegan a dirigirla –en 1973, en 1989 o en 2020- la tienen como enemiga.

Con la información disponible hasta el momento no es fácil saber si realmente en 2006 el gobierno de Tabaré Vázquez tuvo conocimiento de las declaraciones de Gilberto Vázquez y por qué, eventualmente, no hizo nada. Tampoco es fácil saber si desde 2006 hasta acá alguien del ex oficialismo conoció estas y tal vez otras confesiones por el estilo.

Pero lo que sí sabemos es que desde el fin de la dictadura la única estrategia que existió en la izquierda hacia las FF.AA. fue la de Fernández Huidobro y compañía, que se podría resumir como un intento de colonización ideológica en procura de transformarlas en el brazo armado de un proyecto nacional. El resto de la izquierda deambuló en un laberinto que incluía desde gritos principistas sin resonancia en la vida real, hasta intentos de no hacer olas y patear el problema indefinidamente hacia delante.

Sea por un intento de ganarse la confianza de la oficialidad, sea por no hacer olas o sencillamente por no saber qué hacer, rompe los ojos que la relación de los gobiernos del FA con las FF.AA. incluyó entre cuatro paredes pactos, concesiones o “vistas gordas” que su propio discurso censuraba en público.

Mientras siguen buscando el camino hacia la utopía de una sociedad sin armas ni violencia, las fuerzas progresistas deberían de una vez por todas enfrentar este problema: quienes ingresan a las FF.AA. y se forman en sus aulas y cuarteles, lo siguen haciendo en base a postulados radicalmente enfrentados a ese y otros de sus paradigmas.

Si tenemos FF.AA. para rato, cortar la perversa cadena de transmisión ideológica que las convierte en un tumor social controlado pero latente, amerita una tarea de análisis y elaboración que, por lo visto, sigue en el debe.

La importancia de los detalles por José Pedro Pollak

Cuando era estudiante el Profesor Gelsi Bidart nos decía que, en los juicios, por más simple que fuera la temática, había que tener una obsesión por los hechos y sus detalles. Y transitar por los caminos impensados a que nos llevaran esos detalles.  Y de los hechos más potentes son los que están escritos.

Me explayaré sobre las responsabilidades de los actores civiles, dejando de lado las responsabilidades militares a aquellos que manejan las leyes y reglas castrenses.

En el 2006 se elevó al MDN las actuaciones del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, cuyas conclusiones fueron homologadas por el Ejecutivo. La causa era la fuga de este militar mientras estaba detenido en el Hospital Militar. Dentro del expediente existían detalles que, si se hubieran navegado hubieran aparecido dichas actas. Pero ni el MDN ni el Poder Ejecutivo se molestaron en revisar las actas que contenían las declaraciones espeluznantes del imputado.

Por las publicaciones de prensa se llega a la conclusión de que en esas Actas, es probable que hubieran aparecido pistas de nuevos delitos cometidos tanto por el declarante como por terceros.

¿Qué relevancia jurídica puede tener todo esto? En aquel año este Tribunal de Honor fue uno de los expedientes más importantes que tuvo la cartera. Ha salido en estos días en los medios el exSubsecretario Bayardi  y en sus declaraciones se defiende diciendo que el objeto del Tribunal de Honor fue la fuga y esos documentos marginales no hacían al caso y por lo tanto no los leyó. Son tristes esas declaraciones de un jerarca del nuevo gobierno, que venía con un discurso de transparencia en lo que a delitos contra derechos humanos se refiere. La falta de compromiso rompe los ojos.

De esas actas surgen importantes consecuencias jurídicas y desde el punto de vista penal pueden caber dos posibilidades:

La primera es conocer si las actas se podían conseguir. Si esto fue así, se podría haber cometido el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal: Omisión de los funcionarios públicas de Denunciar”. No es admisible la excusa de que no las leyó.

La segunda posibilidad es que haya tenido noticia y deliberadamente se ocultaron sus resultancias. No conozco si su actuación fue corporativa o individual, pero la premeditación asoma por todos lados. Esa conducta ilícita puede mutar al encubrimiento previsto en el artículo 197 y el plazo de prescripción opera a los 10 años. El año próximo se cumplen estos 10 años, por lo que queda aún tiempo para que se investigue y eventualmente se proceda.

Avancemos ahora hasta el año 2019. La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública establece que los pedidos deben ser contestados dentro de un plazo de 20 días, pudiendo ser prorrogados por otros 20. En abril de 2019 el periodista Mauro Bettega, solicitó la entrega de dichas actas. Y hasta hoy entiendo que no tuvo respuesta.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en mayo de 2019 hizo una solicitud similar. Según trascendidos, estuvo precedida por una reunión con el Ministro en la cual se acordó presentar dicho pedido. Tampoco fueron contestadas.

Las actas según lo afirmó el Ministro Javier García, estaban en el MDN. Entonces: ¿Cuál fue la razón para que el Ministro Bayardi no contestara aportando las mismas o declarándolas material reservado? No hizo ni lo uno ni lo otro; simplemente cajoneó los pedidos.

En este último caso la conducta seguida evidencia un ocultamiento intencional. ¿Qué hubiera ocurrido si esas actas se hacían públicas? Probablemente se hubiera definido en ese momento la elección nacional a favor de Lacalle Pou. Entonces, ese cajoneo probablemente formó parte de una estrategia electoral para impedir que en ese momento salieran a la luz. No se requiere mucha lucidez para pensar de esa manera. No hay otra explicación seria para no haber contestado ese pedido tal cual obliga la ley. Esa conducta omisa, que nada tiene de republicana, es propia de alguien que se siente dueño del cargo y olvida que es simplemente un inquilino temporal.

Otro aspecto que se agrega: ocultó sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los deberes del cargo, conducta que el Código Penal tipifica en el artículo 164 del Código Penal, así como el artículo 31 de la ley 18381. Esa omisión en contestar esos dos pedidos de acceso fue contumaz y evidencia que no tuvo intención alguna de contestar.

Llegamos al presente. Familiares hizo un pedido de Acceso y dentro del plazo legal de 20 días les fue contestado por el actual Ministro García. En agosto saltó todo y este tema pasó a ser central en todos los medios de comunicación.  Esto da la pauta de lo que pudo haber ocurrido si afloraba en junio de 2019.

Esto complica a las más altas jerarquías del Frente Amplio, desde el expresidente Vázquez, pasando por sus secretarios actuales y de la época, así como a los jerarcas del MDN, y la considero el acontecimiento político más impactante en muchos años. Teniendo presente la monstruosidad de las deposiciones y las graves omisiones de funcionarios políticos de particular confianza, no les queda otra que pasar estas actuaciones el Tribunal de Conducta Política de dicho Partido. Si esto no es un tema ético, no sé qué es la Ética

Si no lo hace, dicho Partido perderá toda credibilidad, y en cambio sí enfrenta y dispone su pase a dicho Tribunal, puede que salga lastimado, pero las heridas cicatrizarán. No olvidemos que las nubes pasan y el azul queda.

Un régimen de impunidad por Lucía Siola

Una nueva revelación de actas del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas, esta vez realizado en 2006 al coronel retirado condenado por delitos de lesa humanidad Gilberto Vázquez ha generado un gran revuelo político. En ellas, el militar confiesa haber ejecutado, secuestrado, torturado a numerosas personas en el marco de la dictadura. Confirma, además, la existencia del segundo vuelo de la muerte en 1976, que había sido negado por Gavazzo. Las actas prueban nuevamente algo que, desde las organizaciones de Derechos Humanos, de las organizaciones de trabajadores y estudiantiles, así como desde la izquierda extra FA, se ha venido señalando hace años; la defensa de la impunidad por parte de los mandos del Ejército y del conjunto del régimen político desde 1985 a la actualidad, en relación a los crímenes de la dictadura.

La revelación que denuncia Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos tiene lugar cuando se discute en el Senado el desafuero de Manini Ríos, producto de su actuación y responsabilidad en el Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo donde este confiesa haber torturado y asesinado al militante Roberto Gomensoro.

De alguna manera, la paradoja de todo esto, es que los blancos que gobiernan en alianza con el ultraderechista militar Cabildo Abierto estén reivindicándose (demagógicamente claro está) como defensores de los derechos humanos, por haber entregado la información de esta nueva documentación a las organizaciones de DD.HH. y haberlas remitido a la justicia y al parlamento, mientras que el ex presidente Tabaré Vázquez homologó el fallo y el ex ministro Bayardi negó en 2019 la documentación solicitada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

A esta altura es prácticamente imposible negar la complicidad y responsabilidad del Frente Amplio con la impunidad. Desde el Pacto del Club Naval, pasando por un amplio prontuario en sus tres administraciones; su actuación en el plebiscito de 2009 y su negativa a anular la ley de caducidad mediante el uso de su mayoría parlamentaria, las obstrucciones del ex ministro de Defensa Fernández Huidobro al acceso de la Justicia a los batallones del Ejército, la cárcel VIP para los torturadores, el punto final de Vázquez y las declaraciones de Mujica afirmando “que no quería ver más viejitos presos”, llamando a la reconciliación, la negativa a abrir los archivos y documentación estatal y militar de la dictadura, la designación de Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército, hasta las actuales y escandalosas homologaciones a los fallos de los Tribunales de Honor en el caso Gavazzo y ahora Gilberto Vázquez.

A las notables justificaciones de firmar sin leer el expediente de las declaraciones de Gavazzo, ahora se suma, el que no habrían sido notificados, o por decirlo mal y pronto, habrían sido puenteados por los militares.

Lo cierto es, que en la actualidad todos los partidos del régimen han defendido, y defienden el régimen de la impunidad. El combate a la avanzada derechista, a la política de guerra contra los trabajadores y sus derechos, y la lucha por la verdad, el juicio y el castigo, deben realizarse con independencia política de los partidos responsables del encubrimiento y de la impunidad. El desafuero de Manini debe ser el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a todos los responsables, a los directos y a los cómplices, algo que sólo se podrá lograr con la movilización popular.


Comunicate