Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez los encubridores de los curros de este Campeón de los DDHH !!!
Patricia Madrid Radio Carve 16/9/20
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó a comienzos de 2020 una investigación que se generó luego de que el organismo recibió, a través de una denuncia anónima, la advertencia de una serie de viajes realizados en 2019 por el ex secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, junto a una joven contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Esta historia comienza con un nombre: Giuliana Pérez. Pérez firmó su título de Contadora Pública por la Universidad de la República el 4 de diciembre de 2018, de acuerdo a lo que ella misma divulgó en sus redes sociales.
En abril de 2019, Pérez -recomendada por Toma, según se pudo saber - ingresó a trabajar en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) junto a otro joven contador, ambos con contrato temporal aprobado por Presidencia de la República.
En julio de 2019, Toma informó a la Senaclaft que la contadora Pérez -que se dedicaba a tareas administrativas- formaría parte de la comitiva de Presidencia en el viaje que se realizaría a la ciudad de Roma (Italia) en el marco de la causa del Plan Cóndor. Pérez viajó a pedido expreso de Toma porque, al parecer, la joven contadora podía analizar si los involucrados en la causa del Plan Cóndor habían cometido “financiamiento de terrorismo de Estado”. En la Senaclaft hubo caras de sorpresa, dijeron las fuentes consultadas, ya que el organismo dedicado a la lucha contra el lavado de activos contaba con distintos profesionales contadores, con más años y experiencia en la labor.
Presidencia de la República compró tres pasajes para el viaje que se desarrollaría entre el 4 y el 11 de julio de 2019. Un pasaje se compró para el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma (viaje en clase ejecutiva por U$S 6.265) y dos pasajes en económica valor cada uno U$S 1.795 (uno era para la contadora Pérez y el otro para la escribana María Antonella Introini, quien se desempeñaba como asesora en la Secretaría de la Presidencia de la República). Este viaje no figura entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia de la República, según se constató, aunque sí en las redes sociales de la contadora Pérez.
Un mes después, entre el 25 y el 31 de agosto de 2019, Toma vuelve a subirse a un avión -en clase ejecutiva- con destino a Washington DC (Estados Unidos). El motivo del viaje fueron las reuniones que se llevarían adelante con motivo del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí. Presidencia abonó por este pasaje U$S 6.355. De acuerdo a la web de Compras Estatales, estaba previsto que tanto la contadora Pérez como la escribana Introini viajaran junto al secretario de la Presidencia pero el vuelo de ambas se pospuso para el 2 de septiembre. Así fue que los pasajes de ambas -en clase económica- se reasignaron entre el 2 y el 7 septiembre y Presidencia pagó por estos traslados U$S 2.972 en total, de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. Este viaje sí figura entre las Misiones Oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia de la República
En noviembre de 2019, Toma y Pérez vuelven a viajar a Washington DC por el caso Aratirí. Una escapada fugaz, entre el 18 y el 23 de ese mes. Presidencia pagó por ambos pasajes U$S 2.525 ya que habían quedado pasajes abiertos y solo hubo que pagar una diferencia de precios. Este viaje también fue publicado entre las Misiones Oficiales del mes en la página web de Presidencia de la República
Y en diciembre de 2019, Toma y Pérez repiten viaje en conjunto pero esta vez a la ciudad de Roma, entre el 9 y el 14 de diciembre, nuevamente por la causa del Plan Cóndor. Presidencia pagó un total de U$S 8.975 en pasajes (Toma vuelve a viajar en clase ejecutiva con un boleto de U$S 6.780), de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. Si bien este viaje también fue publicado entre las Misiones Oficiales del mes en la página web de Presidencia de la República, cuando se quiere ingresar al detalle de la misión aparece “Error 404”
El último viaje de Toma junto con la contadora Pérez tuvo lugar este año, entre el 17 y el 23 de enero. Viajaron nuevamente a Washington DC por el caso Aratirí: Toma en clase ejecutiva y Pérez en económica. Presidencia paga en total US$9.715 por los dos pasajes.
Inmensas dudas
Los viajes realizados por Toma junto a la contadora Pérez, y las dudas respecto a su efectiva participación técnico-profesional en ambas causas -la del Plan Cóndor en Italia y la de Aratirí en Estados Unidos- llegó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre fines de 2019, bajo el formato de “denuncia anónima”. La Jutep tomó el caso, y solicitó a Presidencia de la República una ampliación de la información.
Terminó el año y la respuesta de Presidencia no había llegado. Llegó recién la primera semana de enero de 2020. Diego Pastorin, quien ocupaba el cargo de Director General de Presidencia, respondió a la Jutep -haciendo alusión a lo contestado por Toma- el detalle de cada viaje en el que participó Pérez, las autorizaciones de Presidencia de la República, los gastos de pasajes, etc.
¿Qué hizo la Jutep? Se pudo saber que dos de los miembros del organismo -Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez- resolvieron, una semana después de recibir la respuesta de Presidencia, archivar la investigación por entender que las consultas habían sido evacuadas.
El tercer integrante de la Jutep y quien presidía el organismo, Ricardo Gil Iribarne, estuvo de vacaciones la primera quincena del año y al regresar de su licencia se enteró del trámite que había tenido el expediente. Así fue que en la sesión de la Jutep del 22 de enero, Gil Iribarne dejó constancia en actas que no estaba de acuerdo con que se resolviera archivar la investigación, por entender que en la respuesta de Presidencia faltaban elementos que explicaran la presencia de la contadora Pérez en esos viajes.
El exsecretario de la Presidencia sumó a sus últimos viajes a una funcionaria de la secretaría antilavado, que él contrató poco antes, y le atribuyó tareas en el exterior que su jefe desconocía, como indagar la “ruta de dineros” del Plan Cóndor
Guillermo Draper 17/9/20 Búsqueda
El 29 de noviembre del año pasado, el entonces vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Daniel Borrelli, recibió un correo electrónico de un desconocido. “Yo lo conocí a usted en el Ministerio, pero ahora estoy en otro destino y no quiero arriesgarme a que se sepa mi nombre y me corten la carrera”, comenzaba el mail firmado por Santín y enviado desde una casilla Protonmail, un servicio de correos electrónicos cifrados.
“En Presidencia están pasando cosas muy raras y sé que usted no está de acuerdo con esas cosas porque además de ministro ha sido juez” (sic), advertía el denunciante. Pedía, en particular, que averiguara sobre “viajes y misiones oficiales”. Y precisaba: “Averigüe quien fue a Roma por el juicio contra los militares y cuanto cobraron y va a ver lo que le digo. Hay gente que fue a pasear” (sic).
La denominada Junta Anticorrupción abrió una investigación días después ante una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” en Presidencia.
El desenlace, sin embargo, dividió a los integrantes de la Jutep. Para el entonces titular del organismo, Ricardo Gil, las respuestas que brindó el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dejaron espacio a dudas que debieron ser evacuadas, pero no se hizo, surge del expediente que obtuvo Búsqueda con un pedido de acceso a la información.
La explicación
El 18 de diciembre, la Jutep envió al director general de Presidencia, Diego Pastorín, una nota en la que le pidió información sobre las misiones oficiales entre 2018 y 2019 relacionadas con el juicio que se desarrollaba en Roma a exmilitares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura. La junta también quería las rendiciones de cuentas de esos viajes y, “si los hubiera, copia de los informes sobre el desarrollo de la misión presentados por los funcionarios designados”.
La respuesta de Pastorín, fechada el 2 de enero y recibida por la Jutep el 7 de enero, incluyó una explicación de Toma de su trabajo en el marco del juicio en Roma.
El informe del entonces secretario de la Presidencia detallaba que “el equipo que encara la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana” estaba integrado por el propio Toma, por un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.
Pese a que no le preguntan específicamente por ella, Toma se detuvo en el trabajo de la contadora de la Senaclaft Giuliana Pérez Muñiz.
Destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares no incluyó entre los damnificados a Uruguay. Y explicó que, gracias a que Pérez Muñiz vio eso, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.
En otro pasaje, Toma dijo que la última misión oficial a Roma en la que también participó Pérez Muñiz significó “el comienzo de la investigación, en los últimos casos, de la ruta de dineros que pudieran llegar a Roma para financiar actividades de los represores del Plan Cóndor”.
La Jutep no accedió a más datos sobre esas tareas. “Los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, explicó Toma.
Satisfactoria y no tanto
La respuesta de Presidencia fue discutida por las autoridades de la Jutep el 9 de enero, cuando Gil estaba de licencia. Con los votos de Borrelli y la vocal Matilde Rodríguez (Partido Nacional), el organismo consideró satisfactorias las respuestas y archivó el caso.
En la sesión, a cuya acta se accedió a través de una solicitud de información, el directorio evaluó que estaba todo aclarado y no era necesario pedir más información.
“Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos”, dice la nota que envió la Jutep, firmada por Borrelli, a Presidencia.
En la sesión del 22 de enero, Gil pidió dejar constancia en actas sobre su discrepancia con la resolución de la Jutep. “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”, resume el acta.
Sin datos
El rol de Pérez Muñiz en las misiones oficiales a Roma engendró dudas en la Presidencia de la República en el período pasado.
Consultado por, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. Y agregó: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.
También se consultó a tres personas vinculadas al caso que se tramita en Roma y ninguna estaba al tanto de investigaciones sobre la “ruta del dinero” ni sobre un recurso de casación del Estado.
El padre de Pérez Muñiz, le entregó la nena a su amigo....
Varias fuentes dijeron que su llegada a la Senaclaft, mediante un contrato temporal, fue resuelta por Toma, quien además es amigo personal del padre de la funcionaria. Pérez Muñiz asumió el cargo en abril de 2019, según publicó en su perfil de LinkedIn. Antes había trabajado un año como contadora en BASF y dos años como auxiliar contable en el estudio Posadas, Posadas & Vecino.
Si bien Toma escribió en su respuesta a la consulta de la Jutep que el equipo vinculado al Plan Cóndor estaba integrado por tres personas, las primeras cuatro veces viajó solo a Roma. Recién en las dos últimas, en julio y diciembre del 2019, estuvo acompañado por Pérez Muñiz, según datos de la Presidencia a los que se accedió mediante otro pedido de acceso a la información.
Pérez Muñiz viajó en otras misiones oficiales lideradas por Toma. En tres ocasiones lo acompañó a Washington D.C. en el marco del juicio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo. Esos viajes no fueron analizados por la Jutep porque no eran parte de la denuncia inicial
Con la Jutep compañera es todo más sencillo
La Jutep archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y Giuliana Pérez, una contadora de la Senaclaft.
A comienzos de este año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y por Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft),
Este jueves de tarde la periodista Patricia Madrid informó a través de su cuenta de Twitter que Toma aprovechó esa visita a la capital italiana para asistir al partido en el que la Roma enfrentó al Wolfsberger AC por la Europa League el 12 de diciembre. Un video del canal deportivo ESPN que sintetiza el encuentro muestra a Toma en las tribunas del estadio (aparece a partir del 1:42).
La denuncia anónima realizada, que pone en duda la participación profesional de ambos, hizo que la Jutep tome el caso y solicite a Presidencia una ampliación de la información.
La respuesta de Presidencia llegó en los primeros días de enero y una semana después la Jutep resolvió, con dos de los miembros del organismo (Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez) archivar la investigación entendiendo que las consultas habían sido despejadas.
Ricardo Gil Iribarne, tercer integrante de la Jutep, estuvo de licencia mientras se resolvió archivar la investigación. Por eso, en su reintegro, dejó constancia que no estaba de acuerdo con la decisión que había tomado la junta.
Consultado por El Observador, Gil Iribarne dijo, entre otros argumentos para respaldar su postura: "Hay un viaje (a Roma) informado en diciembre cuando en julio ya había sido expedido el fallo. Faltaba que se publicaran los fundamentos, pero el fallo ya había sido expedido".
El 8 de julio de 2019 en Roma se condenó a cadena perpetua a 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la muerte y desaparición de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.
La denuncia
El presidente del organismo no estuvo presente cuando las autoridades del organismo dieron por "satisfactoria" la respuesta del exsecretario de Presidencia sobre misiones oficiales
El anterior presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, consideró que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida de parte del exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, luego de que el organismo a su cargo abriera una investigación ante una "denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales" en Presidencia durante la gestión de Tabaré Vázquez,
Gil Iribarne no estuvo presente cuando los otros jerarcas dieron por "satisfactoria en todos sus términos" la respuesta elaborada por Presidencia, publicó Búsqueda a partir de un pedido de acceso a la información pública.
En diciembre de 2019 la Jutep había dirigido una nota al entonces director general de Presidencia, Diego Pastorín, pidiendo información sobre misiones oficiales del gobierno entre 2018 y 2019 relacionadas al juicio desarrollado en Roma para exmilitares acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura.
La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares por desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor en América Latina. La sentencia alcanzó a 12 militares uruguayos –entre ellos Gilberto Vázquez y José Nino Gavazzo– y al excanciller Juan Carlos Blanco.
La réplica llegó en enero, e incluyó explicaciones brindadas por Toma. En ella detallaba que el equipo a cargo de "la defensa del Estado uruguayo ante la Justicia italiana" había estado integrado por un escribano que ofició "como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas" y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que ofició "como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales".
El exsecretario de Presidencia expuso sobre la contadora: "Además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia".
La contadora es Giuliana Pérez Muñiz. Toma destacó que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay. También señaló que gracias a que Pérez Muñiz tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.
El documento concluía que “los informes derivados de cada misión, por la extrema sensibilidad de los mismos, son efectuados al señor presidente en exclusividad”, por lo que no fueron brindados más detalles al respecto.
Las autoridades de la Jutep analizaron la respuesta de Presidencia el 9 de enero, día en que el presidente del organismo, Gil Iribarne, estaba de licencia. Los jerarcas presentes –el vicepresidente Daniel Borrelli y la representante por el Partido Nacional, Matilde Rodríguez– zanjaron el asunto: "Vuestra contestación se tuvo por satisfactoria en todos sus términos”, resolvieron, según consta en la nota enviada por Borrelli a Presidencia.
No obstante, Gil Iribarne discrepó con la decisión y dejó constancia de ello a su regreso el 22 de enero: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.
Daniel Borrelli que es un salteño Colorado, masón, amigo de Tabaré ha integrado el Poder Judicial y el Ejecutivo, fue de todo, hasta comisario y con varios gobiernos y es un fiel “salvador” de su amigo Miguel Ángel, es un personaje clave también en toda la cadena de impunidad y curros de estos caraduras súper millonarios ver nota de perfil de Toma del 2018 Miguel Ángel Toma, El Escudero de Vázquez (aquí)
También se recuerda que en ese proceso, del accidente donde Toma atropella y mata a un ciclista, estuvo muy presente Daniel Borrelli –por entonces subsecretario del Interior y hoy vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública-. Lo que Fernández abogado de la victima jamás se explicó fue como el proceso judicial de su antiguo compañero de banda, Toma era tecladista, no derivó a la esfera penal.
Toma junto a Daniel Borrelli fueron, también los fiscales de gobierno que recomendaron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI).
Que opinará de esto la fiscal de gobierno María Inés Da Rosa Callorda, que acompañó siempre al ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en cada uno de las funciones públicas que desempeñó...
Esta otra amiga de Miguelito el rebelde que fue quien redacto el fallo de la Fiscalía de Gobierno que avaló la compra del avión presidencial del oncólogo mentiroso, no se sentirá despechada y olvidada???
El abogado que logró condenas en Italia a militares uruguayos por el Plan Cóndor, habla sobre Toma un monje negro pero colorado y frenteamplista
Es muy claro que había hay un plande impunidad en el Uruguay. En este plan intervino el personaje más oscuro y poderoso en esta historia: Miguel Ángel Toma, Toribio el Rasputín
Toma apareció en el caso 7 años después de comenzado. Nunca lo había conocido porque jamás estuvo involucrado en el caso. Aparentemente, voló a Roma para defenderme de los ataques injustificados de Guianze. En realidad, estaba en Italiapor pedido de Guianze al Presidente de la República, por la cual obviamente su intención no era ayudarme. Guianze solicito la intervención de Toma cuando entendió que sus ataques y mentirasno me detendrían de buscar verdad y justicia.
La relación con Toma empeoró cuando le solicité presentar a Pintado Otero como testigo en el juicio en Roma y que me autorizara a crear un grupo de excavación, ya que me había dicho donde encontrar los restos deEdmundo Dossetti, padre de Soledad Dossetti, asistida por mí en el juicio en Roma.Nunca me autorizo a hacer ninguna de las dos cosas, a pesar de que Pintado Otero tiene en su poder los archivos del Coronel Buratti y es él quien indico donde estaban los restos de Fernando Miranda (pero Javier Miranda no lo sabía...). La información principal que me dio Pintado Otero fue confirmada por Lille Caruso, una conocida activista de derechos humanos.
En septiembre de 2016, Toma declaro al semanario Brecha que había traído a Italia documentos muy importantes que nunca habían sido remitidos a la justicia italiana. El mismo artículo me criticaba pero sin dar ningún tipo de argumento sólido o justificación.
Desafortunadamente, nunca me informó sobre esa iniciativa. Toma remitió al Fiscal las sentencias de la justicia uruguaya sobre los acusados traducidas al italiano. Esos documentosya habían sido presentados e incluidos en el expediente, pero no habían sido traducidos al italiano a propósito. Yo le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores que no tradujera dichas decisiones, para evitar que se declarara que los acusados no podrían ser condenados debido al principio de ne bis in idem. De hecho, el Juez de la audiencia preliminar solicitó (como lo exige el código penal italiano) la autorización del Ministro de Justicia italiano para proceder por segunda vez, solo en los casos de aquellos acusados para los que la justicia uruguaya se había pronunciado previamente pronunciado sentencia sobre los mismos hechos. Se puede acceder a dicho documento en el siguiente enlace.
https://drive.google.com/drive/folders/1DmFb1n_iabYhibbC6BWBeyXAurZbfggS?usp=sharing
También en el sitio web de la Asociación 24Marzo de Ithurburu se puede leer: Audiencia Preliminar, 13.10.2014… se ha solicitado al Ministro de Justicia que proceda de acuerdo al artículo 11 del código penal, para aquellos militares acusados en B1 (casos Gatti, Islas, Recagno, Arnone), que ya han sido procesados en Uruguay. En relación a los demás uruguayos acusados (Larcebeau, et al) se ha solicitado la remisión de las decisiones en primera y segunda instancia, ya que no hay evidencia de los mismos hechos en la decisiones de la Corte Suprema Uruguaya para los casos en disputa; reenviándolos a la audiencia del 19.12.2014 a las 10:00 am en la sala 10 GUP.
El juez pidió autorización al Ministro de Justicia italiano por algunos de los acusados, pero no para Larcebeau, solicitando que los acusados produjeran evidencia de haber sido juzgados en Uruguay por los mismos hechos. Ni los mismos acusados presentaron estos documentos, pero Toma se aparece a presentarlos años después!
En consecuencia, los llamados “documentos muy importantes para probar el Plan Cóndor” remitidos por Toma en italianoeran documentos en favor de los acusados. Asimismo, habían sido incluidos previamente en la versión en español del expediente.
Uno de los familiares de las victimas también se dio cuenta de este error y lo comento en el grupo de WhatsApp
https://drive.google.com/file/d/1F8NyVUg7vXTcVO7ZHNs-lvhNBoHQQffL/view?usp=sharing
- Fue preocupante ver como por primera vez en 7 años del caso, alguien del gobierno uruguayo solo se interesaba en el Plan Cóndor y no en el caso Troccoli. De hecho, la decisión en primera instancia ya había probado la existencia del Plan Cóndor pero no la responsabilidad penal de Tróccoli.¿Sera que Toma predice el futuro?
- Toma miente cuando declara que me contrató Luis Almagro. Esto no es cierto, fui contratado cuando Gonzalo Fernández era Ministro de Relaciones Exteriores, y fui confirmado por sus sucesores incluyendo Almagro y Rodolfo Nin Novoa.
- En la época que Almagro era Ministro de Relaciones Exteriores, instruyó claramente a la jefa de Gabinete Cecilia Otegui, que asegurara apoyo total al juicio en Roma. Cecilia Otegui encontró mis correos electrónicos en los que durante años yo venía solicitando una serie de documentos. Me pregunto si alguna vez había recibido respuesta a alguno de esos correos electrónicos a lo que respondí quenunca había recibido respuesta.
De manera que Almagro, Otegui y el entonces Embajador de Uruguay en Italia, Alberto Breccia me invitaron a Montevideo por primera vez a investigar, seleccionar documentos y reunirme con familiares de las víctimas y testigos.
Fue en esa ocasión que propuse una estrategia y cada uno de los pasos que deberían seguirse. Sin mi propuesta y la autorización de Almagro para solicitar a la Corte que el Estado Uruguayo se constituyera como parte civil, Uruguay jamás hubiera participado en el juicio Plan Cóndor en Roma.
Fue en la época en que Almagro era Ministro que se hizo la mayor parte del trabajo, con su total cooperación, incluso en lo relacionado a la comunicación institucional con la prensa, los familiares y las asociaciones. Al terminar la gestión de Almagro. Lo primero que me pidió el Ministro Nin durante una de mis visitas a Montevideo fue que no diera declaraciones a la prensa para que los militares no se molestaran.
En relación al “circo” que armaron Toma, Guianze y su círculo cercano sobre mi trabajo “insatisfactorio,” primero quiero decir que Toma mintió al decir que habíamos presentado los documentos en un pendrive y que por eso no habían sido admitidos por la Corte en primera instancia. Esto es una fantasía total, quizás resultado de la reciente legalización de la marihuana en el Uruguay.
La realidad es que Cecilia Otegui viajo a Roma previo a la Audiencia Preliminar para hacer llegar miles de páginas de documentos de prueba certificadas por escribanía de gobierno, traducidas por profesionales registrados como proveedores del Estado, legalizadas ante la Suprema Corte de Justicia y el Consulado italiano en Montevideo y finalmente apostilladas. Fue así que se remitieron correctamente primero al Fiscal, segundo en la Audiencia Preliminar, y finalmente en el juicio. Durante las declaraciones de los testigos fueron prueba fundamental de la responsabilidad penal de los acusados. Mas evidencia de las mentiras de Toma, cualquiera puede acceder al registro de documentos que fueron presentados a la justicia italiana, en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para que fueran aceptados como prueba (no en un pendrive) en el siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1gYs4TQSkRmbDbKIivq53Hu-RPpjyRsTj?usp=sharing.
Dada la relevancia en ese momento y actual de manera exclusiva reproducimos nuevamente la entrevista integra, que por razones de extensión y de espacio no se publicó totalmente en Infobae ni en ningún otro medio El Abogado Galiani, no solo responde las acusaciones, sino que arremete contra cada uno de los actores de este verdadero pacto de impunidad que sigue imperando en el Uruguay
parte 1 ( aquí)
parte 2 (aquí)
fuentes El País, Observador