Hace 168 meses Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez, el día de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz.
Fue el 18 de septiembre de 2006. Desde entonces, la lucha y la movilización por su aparición con vida fue incesante. Desde la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada hemos salido a la calle, primero todas las semanas, luego todos los meses a ahora cada año para denunciar el hecho como un nuevo crimen de Estado. La causa judicial acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, pero sin ningún resultado.
Durante 14 años tanto los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Macri, como el de Alberto Fernández no han impulsado ningún avance en la investigación del caso, transformándose en cómplices del encubrimiento junto a los gobernadores Sola, Scioli, Vidal, y Kicillof. El Poder Judicial decidió empantanar la investigación, junto a la Policía bonaerense y federal, y no indagar nunca en el propio entorno del genocida Etchecolatz, a quien señalamos desde un primer momento como responsable del hecho.
A más de 44 años del golpe genocida los juicios a los responsables del plan sistemático de exterminio de una generación entera de obreros y militantes también están empantanados. Este año con la excusa de la pandemia se han habilitado juicios virtuales, se ha estirado la sentencia en la causa por la Brigada de San Justo, y se ha retrasado el inicio de varios procesos como las causas por el Centro Clandestino de 1 y 60, “El Infierno” y por el Pozo de Quilmes y de Banfield, esta última elevada a juicio hace más de 8 años. A más de 44 años del golpe genocida sólo se ha condenado a 1.000 represores en todo el país. Pese a parecer una cifra importante, ello representa una mínima parte de los perpetradores del genocidio, sus cómplices y encubridores. Menos de 2 genocidas por cada Centro Clandestino que existió en el país. Además más de los 67% de los represores procesados y condenados gozan del beneficio del arresto domiciliario que nadie controla.
Centenares de represores del Circuito Camps han muerto impunes en estos últimos años, como Bruno Trevisán, Rómulo Ferranti, Juan María Torino y Gustavo Cacivio, alias “El Francés”. Muchos otros han sido apartados de los juicios por estar supuestamente seniles, como Miguel Amigo, Julio Candioti y Miguel Ángel Ferreyro. Y muchos otros han sido vergonzosamente absueltos como el asesino de la CNU Juan José “Pipi” Pomares y el genocida y ex jefe del Ejército del kirchnerismo Cesar Milani. Seguimos denunciando la política de impunidad, expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelación a la impunidad biológica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas.
En estos años hemos perdido a varios compañeros y compañeras sobrevivientes del Terrorismo de Estado que lucharon durante décadas por el Juicio y Castigo a los genocidas y no tuvieron un mínimo de la reparación que el Estado promete. En memoria de Adriana Calvo, Enrique “Cachito” Fukman y Nilda Eloy seguiremos denunciando que los gobiernos pasan y se sigue imponiendo un manto de impunidad, silencio y olvido.
A 14 años sin López decimos con más fuerza que nunca que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Seguiremos señalando a los responsables políticos de su segunda desaparición y exigiendo respuestas: queremos saber qué pasó y quiénes son los responsables materiales de este crimen.
EL CRIMEN DE CRÍMENES
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y que son perpetradas por el aparato represivo del estado con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los sectores populares para que no reclamen por sus derechos. Eso es lo que pasó con Julio López, y eso es también lo que pasó con la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza y de Facundo Astudillo Castro. La excusa de romper la cuarentena significó para ellos la desaparición forzada de persona. Seguimos comprobando que todos los gobiernos matan, encubren y desaparecen.
En términos estrictos en todas los casos de desaparecidos registrados en estos años, incluso en los que ha habido alguna actividad judicial, quedan eslabones de la cadena de impunidad por deshacer. En la causa de Andrés Núñez, desaparecido en La Plata en 1990, se encontró el cuerpo y se condenó a 3 de los 9 policías de la Brigada de Investigaciones responsables, con el policía Pablo Martín Gerez, principal ejecutor del hecho, prófugo desde hace décadas. Este 28 de septiembre se cumplen 30 años del hecho y seguimos acompañando a la compañera de Andrés, Mirna Gómez, en el reclamo por juicio y castigo a los asesinos que falta juzgar. En el caso de Miguel Bru, si bien se condenó a varios de los policías de la Comisaría 9na de La Plata, todos los asesinos recuperaron la libertad o murieron sin cumplir la pena, y el cuerpo de Miguel nunca fue hallado. En el caso de Iván Torres, desaparecido por la Policía de Comodoro Rivadavia en 2003 se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado argentino a realizar un juicio que igualmente fue parcial y sólo condenó a 2 policías como partícipes secundarios de un hecho que parece que no tuviera autores materiales.
La causa por la segunda desaparición forzada del ex detenido desaparecido en dictadura Jorge Julio López va camino a los 14 años de impunidad sin imputados ni procesados. La causa federal por la desaparición de Luciano Arruga no obtuvo el impulso debido, incluso pese a la condena recibida en 2015 por el policía Julio Torales por las torturas que le practicó a Luciano en el mismo destacamento policial de La Matanza donde meses después lo confinaron para desaparecerlo. En la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel, siete de los policías involucrados fueron condenados en 2018 por la figura de homicidio agravado, pero continúan libres y en funciones hasta que la sentencia quede firme, y nada se dijo en el fallo de la modalidad de explotación a los trabajadores golondrinas que sostienen las empresas frutícolas del valle de Río Negro y sin la cual no se explica el crimen de Daniel. El expediente por el crimen de Franco Casco, desaparecido en Rosario en 2014, fue elevado a juicio en diciembre pasado con la carátula de desaparición forzada pero con dispar atribución de responsabilidades a los quince policías involucrados en el hecho.
El año pasado el juicio oral por la desaparición de Sebastián “Nino” Largueri, desaparecido por la policía correntina de Monte Caseros en 2015, fue anulado luego de dos audiencias y justo el día que debía declarar la hermana de la víctima, e increíblemente reenviado a instrucción por el tribunal de Paso de Los Libres con la excusa de “proteger los derechos de defensa” de los policías imputados Cristian Ibalo, Walter García, Roberto Aguirre y Ramón Goín.
Como sabemos a esta altura, la desaparición forzada de persona, el “crimen de crímenes” como lo definió Nora Cortiñas, es la privación ilegal de la libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Actualmente las causas por desaparición forzada de persona en Argentina, más de 220 casos de 1983 a la fecha, rara vez llegan a investigarse como se debe, reconociendo la existencia plena del delito y con ello la responsabilidad estatal que cabe en esclarecerlo y condenar a los responsables. Argentina, el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, tardó 28 años desde finalizada la dictadura para incluir en su ordenamiento legal la posibilidad de condenar a agentes del Estado por la figura de desaparición forzada de persona con el artículo 142 ter del Código penal.
LA CUARENTENA REPRESIVA
Tanto el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional como el de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni en provincia, han implementado como política sanitaria ante el Covid 19 el confinamiento de familias trabajadoras en los asentamientos y las villas, con las fuerzas armadas y la policía en las calles aumentando el control social y descargando la represión contra los trabajadores, los jóvenes y las disidencias. Esta escalada se ha llevado la vida de más de 100 personas en 6 meses de “cuarentena”. El gatillo fácil, los fusilamientos, las muertes por torturas o fraguadas en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, junto con las causas armadas, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento policial, son parte fundamental del engranaje de la represión que se ha desplegado durante la cuarentena represiva.
En la provincia esta escalada tiene su punto máximo en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en el partido de Villarino. Luego de 100 días de incertidumbre se confirmó la peor noticia. Ya sabemos que el cuerpo encontrado en Villarino viejo corresponde a Facundo Astudillo Castro. Ahora no tenemos que dejar que gane la impunidad. Porque muy rápidamente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof salieron a ponerse a disposición, siendo responsables totales por el hecho junto al ministro Sergio Facho Berni. Porque los autores materiales de la desaparición seguida de muerte de Facundo son los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca. Y los encubridores desde la Jefatura Departamental 19 de Bahía Blanca hasta el propio Berni.
Dentro de unos días se van a conocer los resultados definitivos de la autopsia del cuerpo de Facundo, aunque ya se adelantó que fue asesinado, que no tuvo ningún accidente, y que hubo todo un protocolo de encubrimiento de este crimen de Estado. Con esto está clara la responsabilidad política del gobernador Kicillof y de su ministro de Sergio Berni en el caso.
Aún con la escalada represiva desatada en el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, no nos olvidamos de que entre el kirchnerismo y el macrismo han concentrado el 75% de los casos de personas asesinadas por el Estado en los últimos 35 años. No nos olvidamos de las más de 600 muertes producidas por la policía y el Servicio Penitenciario de Scioli, Casal y Granados, como los casos de Braian Mogica, Omar Cigarán y Mauricio Andrada. No nos olvidamos de las masacres de San Miguel del Monte, de la Comisaría 1ra de Pergamino, y de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría, llevadas a cabo por la gestión de Vidal y Ritondo.
Por todo esto denunciamos a la represión llamándola por su nombre, no con el eufemismo de “violencia Institucional”, sino como represión estatal. Porque llevamos más de 7 mil asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado desde 1983 a la fecha. Y porque los distintos gobiernos patronales, y las organizaciones que los apoyan, esconden el rol represivo del Estado en medio de la crisis porque no les conviene reconocer que al ajuste que llevan a delante sólo lo contienen con represión.
A 14 años sin Jorge Julio López y ante la escalada represiva de la cuarentena seguimos gritando:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ.
JUSTICIA POR FACUNDO ASTUDILLO CASTRO, LUIS ESPINOZA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN EN CUARENTENA.
FUERA BERNI!!!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, ¡¡¡PRESENTES!!!
AHORA Y SIEMPRE
HIJOS LA PLATA