El abogado italiano Fabio Galiani fue consultado a raíz de las recientes divulgaciones periodísticas sobre los viajes del exsecretario Toma. Galiani estuvo al frente de las causas en las que el Estado uruguayo era parte civil ante la justicia italiana en casos vinculados al Plan Cóndor.
La Mañana 1/10/20
El 8 de julio de 2019 el portal de Presidencia tituló en su portada “Apelación impulsada por el Gobierno uruguayo finalizó con la condena de represores por parte de un tribunal de apelaciones italiano”. Para reafirmar esa idea del impulso, en la bajada del título agregaron: “Tras la orden del presidente Vázquez y a instancias del secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, los legajos debidamente reproducidos y aportados al proceso en la etapa de apelación fueron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones italiano para revocar la sentencia de primera instancia…”.
El portal agregó un enlace a la sentencia del tribunal y un comunicado de prensa de Presidencia que dice textualmente “podemos concluir que hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes”. Y finaliza: “Si bien lo logrado en esta segunda instancia pauta el compromiso de la Presidencia de la República en la lucha contra los represores y violadores de derechos humanos, se destaca que la labor y este compromiso continúan a nivel nacional”
Dos días después, el excanciller y secretario general de OEA, Luis Almagro, fue entrevistado por el programa Así nos va de radio Carve y salió al cruce de esa versión y de algunas expresiones de Toma. Almagro indicó que el Estado uruguayo incurrió en una “omisión por demás grave” al no apelar la sentencia de primera instancia y presentó pruebas “redundantes”. También dijo que era falso lo dicho por Toma acerca de que la contratación del abogado Galiani había sido durante la gestión de Almagro como canciller.
“Es una omisión por demás grave contraria a los principios de actuación pública, no se apeló una sentencia absolutoria de militares imputados por su actuación en el Plan Cóndor”, sostuvo el funcionario internacional, que –según destacó El País– trazó un paralelismo con la polémica surgida meses atrás con los fallos del Tribunal de Honor que terminaron en el relevo del excomandante en jefe Guido Manini Ríos y otros militares.
Toma, en tanto, había realizado declaraciones en informativo Sarandí donde fue muy duro contra el excanciller. “Almagro está un poco mal. No sé qué le pasa, pero además lleva consigo una enorme responsabilidad porque en su administración contrató a un profesional que se dedicó a atacar a los propios testigos uruguayos. Caso Mirtha Guianze, que sufrió el ataque del abogado de Uruguay porque presentó una prueba que estaba mutilada, no estaba traducida. Le pesa mucho a Almagro y la primera reacción es atacar”, declaró Toma en la radio.
Almagro publicó ese mismo día en sus redes una carta del abogado Galiani adjuntando pruebas sobre lo correcto de su actuación. “Toma no estaba en Roma para ayudarme, sino para controlar lo que yo estaba haciendo, así como la información que estaba manejando”, señaló Galiani en la misiva. “Aparentemente, no estaban cómodos con la entrega de información que yo había descubierto a la justicia italiana y por eso es que querían despedirme”
“Esta comedia tiene un solo propósito: conceder al pacto del Club Naval, impedir que se logre verdad y justicia. Esa es una de las principales razones por las cuales se me impidió presentar a militares como testigos”, sostuvo Galiani. Y añadió entonces finalizando su carta: “Estoy listo para debatir públicamente con el Sr. Toma, Mirtha Guianze y cualquiera que sea considerado, para proveer evidencia de todo el trabajo que se hizo. Y también para entender por qué pusieron tantos obstáculos a mi trabajo”.
Galiani sobre omisión del Ejecutivo en actas de Silveira y Gavazzo: “No me sorprende para nada”
Consultado sobre la posible justificación del viaje de Toma y su asesora contable a Roma en diciembre de 2019, Galiani dijo no saberlo y que en lo que le concierne no había “en absoluto” en curso algún tipo de investigación de delitos económicos vinculados al Plan Cóndor.
Galiani rebatió a Toma y afirmó que llegó a ser abogado representante del Estado uruguayo y de los familiares de las víctimas “en el 2009 cuando fue excarcelado Troccoli. Fui nombrado por Gonzalo Fernández en el primer gobierno de Tabaré Vázquez”. “Le pidieron a Felipe Michelini y dio mi nombre”, agregó.
Preguntado sobre si existieron omisiones y ocultamientos durante la formación de la causa del juicio de Roma, Galiani dijo que “me fueron dadas algunas informaciones equivocadas, otras se me ocultaron”.
En cuanto a la apelación, Galiani dijo que “todos menos un familiar y Uruguay” buscaban hacerlo. “Hubo una reunión entre Italia y Uruguay. Uruguay dijo a Italia que ellos apelarían y por lo tanto pidieron a Italia no realizarla para no ponerlos en una situación incómoda. Italia decidió no apelar. Luego escribí al jefe de gobierno, al secretario del PD y a otros gobernantes italianos en carácter de abogado de algunos familiares que tenían si o si que realizar la apelación y por lo tanto Italia lo hizo, haciendo ver las mentiras dichas sobre la apelación”, explicó Galiani.
Acerca de su relación con los familiares de las víctimas, Galiani estableció que “en las que llaman asociaciones de familiares hay muchos negociantes, pero pocos o ningún familiar”. “Estas asociaciones nos obstaculizaron la verdad y la justicia, se representan solo a sí mismas”, indicó.
En tanto, consultado sobre la actitud del Poder Ejecutivo en los tribunales de honor de Gilberto Vázquez en 2006 y José Gavazzo en 2019, dijo que “no conoce la documentación, no me fueron jamás dadas” y que “no me sorprende para nada lo que sucedió en Uruguay”.
Periodista manifestó que exfiscal Guianze “utilizó la Justicia con fines políticos”
Un duro cruce se dio en Twitter entre el periodista de Sarandí Juan Miguel Carzolio y la exfiscal Mirtha Guianze. A raíz de una diferencia sobre la polémica en torno a las aglomeraciones en la Expo Prado y la Marcha de la Diversidad, el asunto derivó hacia otro tema.
“Podría hablarse de ceguera mental escuchando a ciertos comunicadores. Pero más bien es otra cosa lo que deben padecer”, escribió Guianze.
La respuesta de Carzolio apuntó contra la actuación de Guianze en el pasado. “Lo dice una persona que utilizó la Justicia con fines políticos, y desde una fiscalía colaboró con encarcelar a alguien que murió preso por un delito que no cometió. Por suerte no padezco de lo mismo”. Al texto adjuntó un enlace de un artículo de El Observador del periodista Gabriel Pereyra del año 2014 titulado “La muerte del general Dalmao, una llaga en el Estado de Derecho”
La mancha en el Estado de Derecho
En su artículo, Pereyra escribió:
“Por los miles de torturados que hubo en dictadura (1973-1985) terminaron presos una docena de militares. Desde el comienzo de los juicios todo tuvo tufo a revancha, a cumplir con el molde, a cabezas de turco bien elegidos para que pagaran por todos, aunque las pruebas fueran de una fragilidad aterradora.
Un alto oficial de la Policía me dijo que si la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos se investigaran policialmente, no habría pruebas para procesar a los presuntos responsables. “Si los jueces actuaran con los delincuentes comunes como lo hacen con los (ex)represores, tendríamos cinco cárceles llenas. Pero para los rapiñeros piden pruebas precisas y a algunos de estos militares los procesaron por sospechas”, agregó el investigador.
Es probable que quienes defienden el Estado de Derecho sobre circunstancias tan dolorosas se vean expuestos a la crítica, a veces burda, de quienes creen que todo aquél que no milite por la verdad y la justicia es un defensor de las torturas. Pero es historia que la defensa de estos valores, que en ocasiones implica defender el derecho de los victimarios a un juicio justo, no es gratuita y pasa la cuenta.
La dictadura militar quedará como una dolorosa mancha en la historia de la democracia uruguaya. La forma en que procedió la politizada Justicia con algunas consecuencias de aquella dictadura, será otra mancha más en la historia del Estado de Derecho, cuya solidez se mide no solo por la forma en que protege el derecho de las víctimas pero también, y sobre todo, el de los victimarios”. (Fragmento publicado en El Observador, 20 de diciembre de 2014)
Búsqueda 30/9/20
Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), e instructor de la investigación administrativa iniciada contra el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por las misiones oficiales que realizó a Roma y Washington en 2019 junto con una contadora del gobierno, tiene un vínculo pasado con Toma, y algunos funcionarios de la ONSC aseguraron a que recurrió a él para solicitarle un favor ante una situación familiar límite.
En 2009, su hijo fue procesado con prisión por riñas en el marco del caso del asesinato del hincha de Aguada, Rodrigo Núñez. Sánchez presentó un escrito jurídico para pedir condiciones de reclusión seguras para su hijo y también —según las fuentes— le pidió a Toma, que en ese entonces era secretario de Presidencia del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que intercediera a su favor para que esto ocurra. Sánchez trabajó con Toma en la ONSC desde el año 2005 al 2008. El comentario sobre el pedido de ayuda a Toma fue escuchado por al menos tres de sus compañeros en la ONSC. El hijo de Sánchez cumplió su pena, de tres años, en Cárcel Central. Consultado, el instructor de la investigación a Toma declinó hacer comentarios.
Desde el lunes 28 se están llevando adelante las tareas de investigación administrativa por los viajes del exsecretario de Presidencia. El martes 29 Toma declaró durante unas seis horas y se fue raudo de la Torre Ejecutiva sin hablar con los medios. El miércoles 30 de setiembre dio su testimonio la contadora Giuliana Pérez Muñiz y el exsecretario Antilavado Daniel Espinosa. El presidente Luis Lacalle Pou manifestó su intención de remover a Toma de su cargo actual como fiscal de gobierno.