Jorge Zabalza Voces 26 nov 2020
“Acá llegamos nosotros, los dueños del Uruguay, a gobernar según nuestras necesidades y perspectivas”, es el mensaje de la coalición multi reaccionaria. No hemos necesitado de los viejos golpes de Estado para hacernos cargo de la política económica, el control policial de la población y las relaciones internacionales. Desde siempre hemos sido dueños del poder, ahora pudimos recuperar el gobierno sin salirnos de la Constitución y las leyes.
Parece ocioso debatir sobre el articulado de la “ley de urgente consideración”, cuando lo esencial no fue el debate parlamentario, sino el acto de poder y de soberbia que significó. La LUC es mucho más que la hoja de ruta para los próximos cinco años de gobierno. Ante nuestra pasividad, nos sodomizaron una vez más, sin piedad y sin escrúpulos. El medioeval derecho de pernada ejercido sin piedad ni escrúpulos.
Frente al hecho inevitable, hubo parlamentarios que inicialmente pusieron el grito en el cielo, desplegaron toda la parafernalia verbal de que disponían y condenaron la LUC de Lacalle Pou. Sin embargo, luego de discutirlo entrecasa, predominó la mesura y terminaron aprobando casi el 50% de la LUC. Flagrante incoherencia entre el discurso y los hechos. Sin consultar al movimiento social para nada, se auto convencieron de que solamente la mitad del engendro era antipopular y anticonstitucional. Consideraron que la otra mitad era urgente, estaba en el “camino correcto” y merecía pues ser aprobada para reducir los daños, según sostuvieron.
Podrían haber convertido el parlamento en el primer escalón de la defensa del movimiento popular, pero no se los permitió su particular visión de un quehacer responsable: transar y transar, retroceder y retroceder. En definitiva, no consintieron la sodomización.
“Hay que escapar a la lógica de ganar y perder”, redondeó el Pelado Gómez la tarde del jueves, pues no se trata solamente de si las firmas alcanzarán o no: se trata de dar una señal clara, un gesto que indique la disposición a lucha contra el proyecto multi reaccionario que la coalición viene ejecutando. Exclamar ¡no nos dejaremos sodomizar! ¡No pasarán!
Dejar claro que, para hacerlo, deberán vencer la resistencia popular. Es el momento del grito de dignidad, de trasladar a las calles la democracia, sacarla del recinto parlamentario y mudarla al territorio de la participación política directa. Como ha hecho el pueblo chileno durante el último año como vienen haciendo en Colombia, Perú, Guatemala y Honduras. Hasta en Brasil el pueblo corcovea indignado. El movimiento popular debería anticiparse a las luchas sociales que se le vienen encima, aprontar los corazones y preparar brochas y pinceles, pero, sobre todo, recuperar aquel horizonte transformador que convocó a empujar la dictadura militar y a los gobiernos de derecha que la siguieron.
Lo fundamental es dar una señal bien clara: con las calles llenas de pueblo no les será tan fácil como en el parlamento cumplir con sus propósitos de sodomización. Es el momento de abandonar las lógicas que todo lo analizan en cantidades de votos para el 2024 y comenzar a acumular en consciencia, recuperar aquel viejo horizonte que se extravió en el salón de los pasos perdidos.
Desde el pacto del Club Naval, las fuerzas armadas sostuvieron que era todo mentira que, convocados por el poder ejecutivo, el parlamento y la partidocracia,
Habían actuado en defensa de la “nación agredida” por el comunismo internacional y la subversión. Esa pétrea historia oficial era el basamento ideológico de la disciplina ciega, la obediencia refleja, sin pensar. Durante 35 años los gobiernos no cuestionaron la falsificación que se enseñaba en liceo y escuela militar.
No comprenden, dice el comandante del ejército, Ante sendos tribunales de honor un par de notorios verdugos confirmaron que la institución armada fue la responsable orgánica de los crímenes de lesa humanidad. Las torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzosas se realizaron siguiendo las órdenes del comando superior, no fueron errores ni excesos cometidos por algunos degenerados. Era una política de Estado.
Ahora, al parecer, la oficialidad más joven se siente afectada por “sentimientos negativos” que despierta esa verdad archisabida en la sociedad. Salvo uno cuantos “políticos”, la gente no los abraza ni adula. Se les desarticuló el entramado ideológico que sostiene la obediencia debida. Los inocentes querubines quedaron desconcertados, la mirada perdida en lontananza. En una institución piramidal, no democrática, cuando se debilita la confianza religiosa y política que une a sus miembros, comienza a fallar la disciplina de los robots.
Antes de que el desconcierto se les transformara en duda existencial, los mandos superiores salieron a salvarlos de la confusión. Verticales como es su deber ser, decidieron revisar los programas de historia que se enseñan en el liceo y la escuela militar. En especial el período comprendido entre los años 1968 y 1985. Su propósito no es escribir la otra historia sino revisarla para encontrar nuevas justificaciones a los viejos crímenes.
¿Con qué perspectiva revisarán la historia oficial sobre el asesinato de “Nucho” Batalla en 1972 torturado en el cuartel de Treinta y Tres en plena democracia? ¿Seguirán sin reconocer la responsabilidad de los mandos en el asesinato de Roberto Gomensoro, muerto bajo tortura en el cuartel de La Paloma, cuando todavía no había dado el golpe de Estado?
Todavía no han dicho una sola palabra sobre la orientación de la revisión, pero, sin esperar algo más concreto, imbuidos por el espíritu liberal que domina la coyuntura, todo el progresismo (el partidario y el social) se sumó a la algarabía que despertó esta iniciativa de los generales. Se hicieron eco de la derecha liberal y de sus medios masivos. ¡Llegó la democratización esperada! Sin embargo, nada indica que esa ilusión se haga realidad: el mismo comandante que decretó el “estado de revisión de la historia”, fue el presidente del tribunal que no encontró que José Gavazzo hubiera faltado al honor militar por torturar y desaparecer a Tito Gomensoro.
De puro desconfiado y suspicaz, uno se inclina a pensar que es otra operación de inteligencia, otra de esas maniobras dirigidas a neutralizar cúpulas partidarias y de las organizaciones sociales. Algo así como fueron los documentos dados a conocer en febrero de 1973. Aquellos que, medio siglo atrás, se quemaron con leche, debieran asustarse al ver la misma vaca con otra caravana.
La estrategia de oposición responsable toma forma de responsabilidad hacia lo anunciado por un ejército que aún no ha respondido por sus crímenes. Es el sainete que remeda la tragedia de 1972/73, cuando tantos y tantas buscaron “oficiales nacionalistas” en el pajar de la Doctrina de Seguridad Nacional. Huele a nueva sodomización del movimiento popular. Tal vez, como hace medio siglo, logren su objetivo, pero, esta vez, por lo menos, intentemos no consentir la sodomía.
Una opinión personal de Fernando Moyano
Noviembre 27, 2020
Hoy día sigue la polémica en torno a si se cuestiona a la LUC en forma TOTAL o PARCIAL en un referéndum. Voy a referirme a algunos de sus artículos.
El artículo 111 de la LUC establece en forma genérica (salvo situaciones extremas en que sería disparatado) el derecho de porte de armas por retirados militares.
Se ha difundido una lista de artículos en que se detalla en dos apartados los artículos de los que se impulsa la derogación, o bien la conservación, por parte de distintas organizaciones. Un subtítulo habla de artículos a "refrendar". Se usa esa palabra exactamente al revés de lo quiere decir, que es: "Dar validez a un documento por medio de la firma de una persona autorizada... Manifestar públicamente la aprobación de algo o alguien".
Refrendar es aprobar, pero aquí se puede deducir del contexto que se usa al revés, es lo que se quiere derogar. No es la única cosa que está totalmente al revés en este tema.
Ese artículo no aparece ni entre lo cuestionado ni tampoco en lo que se lo quiere conservar. Como no se ha planteado derogarlo, se lo mantiene. Lo que no se plantea derogar se mantiene. Como no se ha planteado conservarlo, no hay nadie que lo defienda. Pero se lo mantiene. Mi posición personal es esta:
1) Estoy contra cualquier extensión del porte de armas por particulares.
2) Los retirados militares están retirados. No tienen por qué portar armas.
3) El argumento de que pueden ser llamados a combate en una posible guerra es una estupidez, porque: a) no va a haber ninguna guerra, b) si la llegare a haber, el tipo no va a ir a la guerra por su cuenta con esa arma. Eso no se lo puede creer nadie.
4) Pero lo fundamental es otra cosa, y quiero detenerme en eso. Se habla ahora de que los milicos jóvenes no tienen nada que ver con el "pasado reciente" y "cargan la mochila". Yo no comparto para nada eso, pero hay algo mucho más importante.
LOS RETIRADOS MILITARES SON PRECISAMENTE LOS MILICOS DEL PROCESO. No son de estos jóvenes que, supuestamente, no tuvieron nada que ver. No cargan la mochila porque evadieron la justicia. Porte de armas para ellos es porte de armas para LOS MILICOS DE LA DICTADURA. Se les habilita a andar armados por la calle a ellos, a los criminales lesa humanidad.
Hay muchos otros aspectos en la LUC que dan alas a los militares, que alimentan el huevo de la serpiente. Yo estoy contra TODA la LUC y esa discusión artículo por artículo me parece un desgaste innecesario, porque:
1) Importa el contenido primordial de la LUC, que es duramente regresiva.
2) Si hubiere (yo no veo) algo positivo, el camino no es meterlo en esta ley ómnibus avasallante, sino desglosarlo y justificarlo por su lado, y discutirlo democráticamente.
Pero la discusión de algunos artículos demostrativos de lo que es, y que además los quieren pasar por el moño, es muy importante para evitar esa maniobra.
De la sección "Secretaria de Inteligencia del Estado", o sea el huevo mismo de la serpiente del Estado proto-fascista, el PIT-CNT cuestiona solamente tres artículos de nueve: 118, 125 y 126. No dice nada, y nadie ha dicho nada, del artículo 119 que incluye a los milicos en una función de "Inteligencia" que es la VIGILANCIA SOBRE LA PROPIA SOCIEDAD CIVIL. No una "Defensa" de agresiones extranjeras, sino una defensa del poder que se defiende de la actividad civil se los propios ciudadanos, un Estado dentro de otro Estado como son estas fuerzas armadas que siguen teniendo un servicio de espionaje sobre la vida civil de los ciudadanos, como ya se ha visto. Esta ley la consagra, y sobre eso, los de la "parcial" ni palabra.
Dejar pasar esto iría contra todos los principios que hemos sostenido