10.JUL.21 | PostaPorteña 2216

Colombia: Constitución del 91 y conflicto político social

Por ColectivoComunayComunidad

 

La convocatoria y elección popular de la asamblea constituyente en 1990 es –para muchos- uno de los hitos de la política de fines de siglo XX, y da cuenta de una coyuntura compleja. Así se puede evidenciar en la intencionalidad de su convocatoria: búsqueda de fórmulas para que el Estado, gobernado por líderes honestos y competentes, pudiera asegurar la paz, liquidar la impunidad y ensanchar los ámbitos de la democracia participativa. La creación de un simbolismo democrático respondía a la intención de “superar la aguda crisis de legitimidad”. El resultado fue un texto catalogado como uno de las “más avanzados del mundo”, pero que refleja disgregación de fines e intereses, de forma tal que resulta erróneo pensarlo como el resultado de consensos.

El impacto que en la esfera social ha tenido la constitución de 1991 pasados 30 años de este acontecimiento se constata que los problemas de fondo permanecen intactos: miseria social, corrupción política, violencia endémica, deterioro del medio ambiente.

De otro lado, los mecanismos de control oligárquico y de cooptación están incólumes, salvo por el ascenso de un reducido pero influyente sector de la clase media de origen provinciano, que accedió al control del congreso y a parte de la burocracia y el presupuesto público del orden central, y que tiene como proyecto atender y saciar sus propias canonjías.

La reforma constitucional de 1991, resultó claramente incapaz de construir la legitimidad del Estado sobre la base de un orden social justo; garantizar el monopolio de las armas por el Estado, para que su uso no sirva de instrumento de retaliación de un sector de la sociedad en contra de otro; hacer efectivo el funcionamiento del aparato judicial; y, aclimatar un proceso de paz que sirva de base al desarrollo nacional como instrumento para alcanzar una vida civilizada en el país. Esta imposibilidad de la constitución es una muestra de la insuficiencia de la normatividad, por sí misma, de conseguir cambios estructurales.

En este marco entonces, ¿cuál es el impacto histórico de la constitución del 91 en la solución del conflicto político social colombiano? Se trata de un impacto nada sustancial. Está claro que los preceptos sociales, civiles y políticos de los textos constitucionales y legales se convierten en fuente de alienación política y de frustración social.[1] En la perspectiva demoliberal a lo anterior se aúna la ausencia de auténticas instancias representativas, lo que deviene en la promoción de un ciudadano apático que tiene en la dinámica electoral su única posibilidad de acción política, y no encuentra razón para tomar una responsabilidad en el ‘control social’ [2]

Hay una frustración característica de la historia constitucional colombiana que comienza a expresarse con un episodio no suficientemente conocido: el 17 de abril de 1854 se introdujo un gobierno socialista en Colombia con el propósito de “convocar al pueblo, para que manifestase su voluntad sin interferencias de los políticos, los demagogos, los embaucadores y los prejuicios constitucionales”

 Los promotores de este gobierno, afirmaban que la constitución está conformada por simples palabras, siendo así un “instrumento para engañar a los pueblos”. En el proceso de lucha de clases que precedió al golpe democrático artesanal de 1854, el general Melo conminó al presidente Obando a “romper el pacto constitucional de la república de leguleyos y doctores”, para implantar una república de artesanos y campesinos. Este intento fue derrotado manu militari el 4 de diciembre del mismo año.

Estos hechos evidencian el descontento y frustración que genera la ineficacia material de las constituciones y, en general, del mundo jurídico que se integra por un complejo y extenso entramado normativo, que en la mayoría de los casos no está pensado más allá de la consecución de una simple eficacia simbólica.

Un paralelo entre la Guerra de los Mil Días con la situación actual, resulta bastante aleccionador para el estudio de las relaciones entre la guerra y el derecho. En este punto, interesa la permanencia de la guerra en nuestro país, la cual “revela, de hecho, que nunca ha habido victorias decisivas de las partes contendientes, sino paréntesis dentro de los cuales las hostilidades se prolongan por otros medios”,[3] en especial las reformas para expedir “nuevas” constituciones.

El problema del Estado atraviesa la relación existente entre una minoría que detenta el poder económico frente a una mayoría desposeída, en la que la primera requiere del poder del Estado para mantener y reproducir el sistema de explotación económica, que no se reproduciría sin un sistema de dominación política (llamado en la ideología liberal sistema constitucional/constitucionalismo), y de hegemonía cultural.

Dos puntos centrales en la problemática colombiana son la guerra y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Estos dos fenómenos se encuentran directamente relacionados entre sí. Hoy es irrefutable la existencia de concentración de la riqueza en manos de una minoría, y la incidencia que tiene el nivel de pobreza en la violencia. Estas dos variables, pobreza y violencia, resultan así claves para el estudio del conflicto político y social, y se constituyen como dos grandes dificultades para la viabilidad estructural de un proceso de paz.

Sin embargo, la pobreza no es la explicación absoluta de la violencia que azota al país. La historia colombiana enseña que la violencia se volvió una forma de funcionamiento de la sociedad colombiana, y ha dado nacimiento a redes diversas de influencia y presión sobre la población. Esto explica que un mayor gasto en guerra no soluciona la violencia, y ésta pasa no sólo por la guerra, sino también por la cultura, la economía y la política. En este marco, también el clientelismo, la corrupción y la mafia, constituyen fermentos de la violencia.

Más allá de la consonancia de las cifras de pobreza y de los factores coadyuvantes a la violencia antes anotados, hay un matiz que escapa a los analistas: la pobreza es, en sí misma, violencia. Y su presencia es tan ominosa que actúa como freno a las iniciativas para construir un país que supere el atraso productivo, la concentración, la iniquidad y la injusticia social.

Retomando los efectos sociales y políticos de la constitución del 91, tenemos un nulo impacto en el “nivel de pobreza” que se evidencia en la ausencia de lo que la Organización de las Naciones Unidas –ONU-  llama la “seguridad humana” y que abarca diversas variables como el empleo, la educación, la información, el tiempo libre, las libertades fundamentales, y una vida social y cultural basada en el respeto. En este punto, debemos tener en cuenta que, como lo afirmara Francesco Vincenti, al dejar su cargo como representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, “no es posible combinar paz y neoliberalismo, y tampoco es posible combinar desarrollo, productividad y competitividad sin seguridad humana”

 De esta forma, pensar en la paz es necesariamente cuestionar las políticas estatales, al igual que las estructuras económicas y diversas imposiciones internacionales que en muchas ocasiones agravan la problemática social interna. En torno a esto, Vincenti, expuso la ineficacia de la agenda mundial contra el tráfico de narcóticos, y dio cuenta de la imposición de “una política financiera internacional de espaldas al desastre económico y social que ha provocado en los países del trópico”.[4]

En conclusión, es claro que un sistema constitucional por sí solo no es un instrumento eficaz para la resolución de los diferentes problemas políticos y sociales, y la (re)forma de la normatividad debe acompañarse del (re)planteamiento radical y emancipatorio de las estructuras económicas en “dirección al socialismo”.[5]



[1]   La estabilización de comportamientos mediante la normatividad, implica tener en cuenta el riesgo de frustración social por el no cumplimiento de la expectativa institucionalizada, el cual da al traste con la (in)eficacia normativa, y la consecuente pérdida de legitimidad social. El 5 de diciembre de 1990 la abstención  alcanzó el 80%, la fecha es de digna recordación por el ataque ordenado por el presidente César Gaviria  y su flamante ministro de defensa el civil Rafael Pardo Rueda -bajo la consigna de “guerra total”- contra Casa Verde sede de la comandancia de las FARC ubicada en el corregimiento de La Julia, La Uribe, Meta.

[2]   Conclusión de Marco Palacios en sus “Apuntamientos históricos sobre gobernación y gobernabilidad democráticas en Colombia” presentado como ponencia en el Taller “Fallas en la transición democrática en Colombia” organizado por el Iepri de la Universidad Nacional el 19-20 de junio de 1996, mimeo, p. 18.

[3]   Ver su ensayo “De amnistías, guerras y negociaciones” en Memoria de un país en guerra. Los Mil Días 1899-1902, Sánchez, Gonzalo/Mario Aguilera (Editores), Editorial Planeta, Bogotá, 2001, p. 329.

[4]   En El Espectador, 25 del abril del 2001, p. 4-A.

[5]   Véase Elster, Jon (1999), “Argumentos en pro de la elección constitucional” en Elster, Jon/Rune Slagstad, Constitucionalismo y democracia, Fondo de Cultura Económica, México, p. 322.

Colectivo Comuna y Comunidad


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