El asesinato de un prominente cantante de música folclórica en territorio guatemalteco puso al propietario de una discoteca nicaragüense en el centro de la atención pública y permitió conocer una red de tráfico de drogas ilícitas que se extendía desde Colombia hasta México. Esta red era facilitada por la policía de Nicaragua, un juez y un prominente abogado vinculado a la familia más poderosa del país.
Primera Parte
El 19 de mayo de 2020, cuando todos los focos de la opinión pública estaban dirigidos hacia la pandemia del coronavirus, una jueza de Managua ordenó inexplicablemente, y sin estar facultada para eso, la expulsión de Nicaragua del ciudadano nicaragüense-estadounidense Hugo Mauricio Jaén Figueroa, uno de los últimos dos “peces gordos” que quedaban presos de una banda de traficantes de drogas y lavadores de dinero que operaba en Nicaragua con la complicidad de la policía y las más altas esferas del poder político.
Originalmente, Jaén Figueroa fue condenado como parte de esa banda de 23 personas en el caso de narcotráfico de más alto perfil en Nicaragua en las últimas dos décadas: Henry Fariñas, el empresario que era blanco del ataque en el que fue asesinado a balazos, el 9 de julio de 2011, en Guatemala, el icónico cantante argentino Facundo Cabral.
Fariñas y Cabral habían amanecido ese día en el mismo hotel en la ciudad de Guatemala y estaban manejando en el carro de Fariñas la corta distancia por el Bulevar Liberación hasta el aeropuerto cuando un vehículo grande se deslizó frente a ellos y les bloqueó el paso. Dos vehículos más se pusieron a cada lado y abrieron fuego con armas de grueso calibre, impactando el Range Rover de Fariñas por lo menos 18 veces, obligándolo a salir atropelladamente de la carretera. Fariñas quedó gravemente herido. Cabral murió en el lugar.
Indignada, la población guatemalteca salió a las calles a protestar contra el homicidio del conocido cantante. Pocos habían oído hablar del acompañante de Cabral, Fariñas, de 40 años en ese entonces, quien se había establecido en Guatemala luego de trasladarse allí en su juventud. Se había casado con la hija de un alto jefe militar guatemalteco, ya retirado, se ganaba la vida afinando pianos, y más adelante comenzó a trabajar con el club nocturno Élite, una cadena que operaba en varios países de Centroamérica.
El gobierno guatemalteco respondió rápidamente. El día del asesinato, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, anunció que lo más probable era que el objetivo fuera Fariñas, pues la mayor parte de las balas se dirigían al puesto del conductor del Range Rover. Y más adelante en la misma semana, el ministerio anunció que el ataque había sido ordenado por narcotraficantes porque Fariñas había robado un cargamento de drogas.
Las declaraciones de Menocal, un joven periodista guatemalteco que escribía sobre temas de seguridad y que se había convertido en ministro, cayeron como un terremoto en las autoridades nicaragüenses. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la jueza sandinista Alba Luz Ramos, dijo que Guatemala estaba difamando la reputación del nicaragüense: “¿Han dicho, las evidencias son estas? No, no lo han dicho. Han especulado, nada más, puras especulaciones, y ahí me parece que no es correcto porque se está ensuciando el nombre de una persona”.
Recuperándose de sus heridas, Fariñas dijo a los investigadores guatemaltecos que el asesinato había sido ordenado por su antiguo socio de negocios, un costarricense llamado Alejandro Jiménez. Pero señaló que el motivo no fue el robo de sustancias ilegales, sino que surgió de un negocio fallido en la venta de parte de la franquicia Élite a Jiménez. Este, conocido también como “Palidejo”, fue capturado cuando intentaba ingresar a Colombia en marzo de 2012, y fue extraditado a Guatemala para responder ante una corte por la muerte de Cabral.
El crimen de la leyenda de la música puso en el ojo del huracán a Fariñas tanto en Guatemala como en Nicaragua y obligó a las autoridades nicaragüenses, que lo protegían, a investigarlo. Fariñas tal vez era un oscuro empresario de clubes nocturnos, pero tenía fuertes nexos con altos jefes policiales, había sido patrocinador del equipo de fútbol de la liga primera de la policía y tenía en sus filas como defensor al mismísimo abogado de la familia más poderosa de Nicaragua, que gobierna el país con mano de hierro desde 2007.
Los investigadores también encontraron que Jaén Figueroa era el brazo derecho de Fariñas y en las oficinas de él hallaron actas de constitución de empresas elaboradas por el mismo abogado de la primera familia nicaragüense.
Tres semanas después de la captura de Jiménez, Fariñas y Figueroa fueron al aeropuerto internacional de Managua. Fariñas habría entrado y salido del país varias veces desde el ataque, según él, pero esa vez su destino era Guatemala, donde lo esperaban autoridades guatemaltecas y abogados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente judicial con respaldo de las Naciones Unidas establecido para esclarecer crímenes como el de Cabral.
“En un país donde ya operaba la CICIG era un peligro dejarlo venir: imagínate a Fariñas cantando todo a un ente de investigación autónomo y financiado por Naciones Unidas”, dijo a Expediente Público un exfuncionario guatemalteco que fue parte de la investigación sobre el crimen de Cabral.
Las autoridades nicaragüenses pensaban lo mismo. Lo arrestaron en el aeropuerto y lo acusaron de tráfico de drogas y lavado de dinero.
El juicio que siguió en Nicaragua mantuvo entretenida a la opinión pública dado que los medios reportaron detalles que hasta entonces no se sabían sobre las andanzas del oscuro personaje en las altas esferas de la política y el empresariado local. Sin embargo, aunque el juicio terminó con el encierro de Fariñas, los investigadores no presionaron para ampliar su alcance, ni arrojaron una red más amplia para identificar a colaboradores de alto nivel. De hecho, el caso parecía cambiar de dirección cada vez que tocaba a figuras poderosas, lo que indicaba que los contactos de Fariñas podían ser apenas la punta del iceberg en términos de los nexos entre ciertas personas de las élites nicaragüenses y el crimen organizado.
Finamente, Fariñas fue condenado a 33 años y Jaén Figueroa a 29 años, pero luego un tribunal de apelaciones redujo las condenas de los dos a 18 años, y en mayo 2020 la jueza sexta de Distrito Penal y Vigilancia Penitenciaria, María Concepción Ugarte, dejó a Jaén Figueroa libre. La fiscalía de Nicaragua no opuso resistencia, aunque fue una decisión excepcional y hasta ilegal por parte de la jueza. Y de todos los involucrados, solo Fariñas sigue en la cárcel.
El presente estudio de caso es nuestro intento de investigar y dar a conocer la red de Fariñas. Este intento —dirigido por Expediente Público— revela no solo el tamaño y el poder de esta red, sino además la batalla interna dentro del gobierno para evitar revelaciones que en esos años podían destruir su imagen como el país más seguro de Centroamérica. Un elemento central de esa imagen es la de la policía, una institución que era parte integral de la red de Fariñas y quizá el árbitro de la actividad criminal en Nicaragua.
Élites en Nicaragua: girando en torno al caudillo
El caso Fariñas se centra en el partido de gobierno del país, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este partido no hacía parte de la élite tradicional de Nicaragua. Con los años ha crecido hasta ocupar ese lugar, debido en mayor parte a su enigmático líder, el presidente Daniel Ortega. Todo el poder fluye desde el presidente. El exrevolucionario, que fue parte del grupo de guerrilleros que llevó a los sandinistas a la victoria, en la década de los setenta, sobre el dictador Anastasio Somoza, se ha convertido en la única voz de lo que queda del partido revolucionario que ayudó a fundar.
Ortega ha tenido una carrera política increíblemente larga y variada. Gobernó a Nicaragua por una década luego de la toma del poder por el FSLN. Sobreestimando su base política, abrió la puerta a las elecciones presidenciales en 1990, las cuales perdió a pesar de que las encuestas preelectorales lo mostraban como el claro favorito. Luego de una aplastante derrota, Ortega retuvo su poder político mediante un control férreo sobre su partido y un escaño en el Congreso desde el cual medió acuerdos con sus rivales. Esos acuerdos prepararon las condiciones para su retorno a la casa presidencial en 2007, donde se mantiene en medio de críticas de que ejerce el control total sobre las demás ramas e instituciones de gobierno, y que ha cometido fraude electoral para mantenerse en la presidencia. Junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega es el responsable de asesinatos, encarcelamientos y persecuciones contra quienes percibe como sus opositores políticos, sobre todo después de las protestas contra el régimen iniciadas en abril de 2018 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó 325 muertos y más de 2.000 heridos.
Ortega es un miembro consumado de la élite política nicaragüense, en cuanto deriva su poder del control que ejerce sobre su partido y de las oportunidades y la riqueza que le ofrece. Pero también depende de la élite burocrática de Nicaragua. Él y su partido han colonizado casi todas las ramas del poder estatal desde su retorno a la presidencia en 2007. Mediante una serie de alianzas políticas sagaces, y un patente amaño de las normas, Ortega ha logrado cooptar o ganar el control de facto de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), que regula las elecciones.
Los orígenes de esta politización de las instituciones de gobierno datan de finales de la década de los noventa, cuando Ortega, entonces en la oposición, negoció un pacto con el presidente Arnoldo Alemán. Juntos, el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Alemán formaron una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional, que les permitió seleccionar candidatos para la Corte Suprema, el CSE y otros organismos, dividiéndose los escaños entre los leales al partido (este pacto fue parte importante del regreso de Ortega al poder, pues redujo a 35 por ciento el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia, lo que le dio una ventaja de cinco puntos, que le permitió a Ortega ganar la presidencia en 2007 con 38 por ciento de la votación).
El pacto bipartidista perdió importancia cuando Ortega comenzó a acumular poder y Alemán quedó por fuera, sentenciado por cargos de corrupción a veinte años de prisión. Hacia 2010, cuando la Asamblea Nacional se negó a reelegir los magistrados del CSE en ejercicio, Ortega simplemente aprobó un decreto ejecutivo que les permitía a los funcionarios designados mantenerse en su puesto hasta la elección de sus reemplazos. Esto dejó a docenas de sus aliados en los primeros cargos en instituciones claves, y dependientes del presidente.
El presidente ejerce control rutinario de la rama judicial mediante la imposición de órdenes por medio de emisarios. Ortega da sus órdenes en todo el aparato de justicia por medio de los magistrados y magistrados de apelaciones. Antes de la deserción del exmagistrado Rafael Solís en enero de 2019, quien renunció por la represión masiva del régimen en 2018 contra los manifestantes, las órdenes eran dadas a este veterano militante sandinista; pero, ante el exilio de Solís, las orientaciones se han bajado por medio de varios leales al mandatario.
Ortega ejerce un control total de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces son nombrados por su lealtad al presidente. Una mayoría de los funcionarios judiciales en todo el país están afiliados al partido, según algunas fuentes. Ortega también ha designado comisionados que supervisan las acciones de los jueces en todo el país. En algún momento, ese lugar fue ocupado por Lenin Cerna, aliado cercano de Ortega que también fungió como jefe de seguridad del Estado en la década de los ochenta. El temible funcionario de inteligencia habría dejado ese cargo por diferencias con la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, pero continúa leal al partido y manejando información tras bambalinas. El poder judicial ha negado vehementemente todos los señalamientos de que está controlado por Ortega, pero luego de los eventos ocurridos tras las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018 y la renuncia de Solís, no quedaron dudas en los ámbitos nacional e internacional de la subordinación absoluta de este poder del Estado a Daniel Ortega, su familia y sus operadores políticos.
Las instituciones dominadas por los sandinistas le han permitido a Ortega pasar por encima de los límites constitucionales de ejercicio del poder para mantenerse en la presidencia. La Corte Suprema le allanó el camino y él se postuló para un segundo periodo consecutivo en 2011, pese al veto constitucional. Su candidatura fue aprobada sin más cuestionamientos por el CSE.
En las elecciones de 2011, muy criticadas por la falta de transparencia y por la politización del CSE que las presidía, el FSLN ganó una gran mayoría en la Asamblea Nacional, que le dio control sobre la legislatura y le permitió alterar la Constitución y designar funcionarios de manera unilateral.
Este proceso electoral se repitió en 2016, con una característica adicional: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, fue su fórmula a la vicepresidencia. Los observadores nacionales e internacionales prendieron las alarmas de que el proceso electoral estaba nuevamente arreglado y faltaba transparencia. La Organización de Estados Americanos (OEA), en particular, asumió una postura muy crítica, bajo el liderazgo del uruguayo Luis Almagro.
Almagro, Ortega y sus equipos se reunieron en varias ocasiones luego de las elecciones y eventualmente redactaron un memorando de entendimiento en el que la administración Ortega y la OEA se comprometían a estimular “el proceso de perfeccionamiento de la democracia en Nicaragua”. Se requerirían tres años para eso, dijeron. Pero el plazo se venció en 2019 y no se llegó a un acuerdo luego de que el gobierno reprimiera violentamente las protestas sociales que comenzaron en 2018 y que dejó un saldo de más de 300 personas asesinadas, la mayoría a manos de la policía o paramilitares, según organismos de derechos humanos y un equipo de especialistas de la misma OEA.
El FSLN también se ha hecho al control de los gobiernos locales y regionales en una serie de elecciones muy amañadas. Luego de las municipales de 2008, sus opositores protestaron y un buen número de observadores internacionales señalaron que la votación carecía de credibilidad por causa de la violencia, las denuncias generalizadas de irregularidades y fraude, y la negativa del gobierno a invitar misiones internacionales de observadores.
Según organismos de observación electoral como Ética y Transparencia, con una trayectoria impecable observando elecciones, el FSLN hizo fraudes en 40 municipios incluyendo la capital Managua, la plaza política más importante del país. Los medios reportaron que el fraude fue tan burdo que hubo municipios donde al candidato del FSLN le adjudicaron más votos que los facultados para votar.
Cuando donantes como la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron que retirarían la ayuda al país por el fraude electoral, Ortega simplemente replicó que sus aliados de Venezuela y Rusia compensarían el déficit.
Ortega también ha invertido mucho capital político y recursos para cooptar las fuerzas de seguridad. (En ese sentido, Ortega tiene mucho en común con opositores ideológicos, como Otto Pérez Molina, el exgeneral que en 2012 llegó a la presidencia de Guatemala y más adelante fue destituido en un escándalo de corrupción en 2015, y Juan Orlando Hernández, que se reeligió en su puesto como presidente de Honduras en 2017 con las mismas artimañas que lo hizo Ortega). Por ejemplo, ha designado en su gabinete a miembros retirados de la policía y el ejército —por lo menos 30 desde que llegó al poder entre 2007 y 2013— y ha engordado los fondos de pensiones de los oficiales retirados, mediante acuerdos comerciales criticados por la prensa nicaragüense.
La policía es igualmente importante en este esquema. La exdirectora de policía de Ortega, la celebrada Aminta Granera —también exguerrillera del FSLN—, se mantuvo en su cargo hasta meses después de la represión que comenzó en abril de 2018, a pesar de que su mandato venció en septiembre de 2010.
Granera fue sustituida por el consuegro de Ortega, el primer comisionado Francisco Díaz, un antiguo guerrillero sandinista que es suegro de uno de los hijos de Ortega.
Al igual que con la rama judicial, Ortega tiene un enlace que usa para dar sus órdenes directamente a los comandantes de la policía y el ejército, muchas veces pasando por encima de sus jefes. Los agentes de Ortega incluyen a soldados retirados y a su esposa, según numerosas fuentes de dentro y fuera del gobierno. Entre tanto, el presidente Ortega administra sus propias estructuras de poder que operan en forma paralela a las instituciones formales. Los entes investigadores y los juzgados están conformados por agentes leales entrenados en la revolución sandinista, lo que da al presidente la capacidad de investigar a cualquiera de manera informal y de usar la información para su beneficio.
Para sorpresa de algunos, el régimen de Ortega también ha establecido alianzas con actores claves de la élite económica, a saber, los grandes agroexportadores, inversionistas extranjeros, en particular en el turismo y las telecomunicaciones, y líderes de firmas en el sector financiero. A cambio de rebajar impuestos y dar participación en la redacción de legislación relevante para sus intereses, los líderes del sector privado dieron su respaldo a Ortega hasta que el mandatario mandó a reprimir las protestas en 2018 que provocaron más de 300 crímenes y el descalabro de la economía.
Hasta antes de que una parte del capital rompiera con Ortega, el mandatario se reunía frecuentemente con la élite económica. En septiembre de 2013, después de una reunión con los hombres más ricos del país, un alto consejero para la influyente federación empresarial, Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), una federación de cámaras de comercio que representa una amplia variedad de intereses comerciales en Nicaragua, defendió al gobierno frente a las críticas de la sociedad civil, declarando que Nicaragua es una sociedad abierta que goza de libertad de expresión y un sistema electoral operativo.
El COSEP trabajó junto al gobierno en docenas de leyes aprobadas desde el 2009. Durante años hasta antes del rompimiento, los proyectos público-privados eran algo común y un medio por el que todos podían sacar provecho de la liberalidad del gobierno y la laxitud en la regulación de las prácticas comerciales, las leyes sobre el patrimonio y el sistema tributario.
Un buen ejemplo de la manera como la alianza gobernante de Ortega ejerce el control y cosechó beneficios es el grupo Albanisa. El grupo económico fue el filtro para los más de US$2.500 millones de ayuda que el Banco Central de Nicaragua dice haber recibido de Venezuela entre 2008 y 2013. En la superficie, Albanisa es una firma de importación y distribución de petróleo mediante la cual se canalizan todos los fondos venezolanos. El grupo hizo diversas inversiones en el país, incluyendo en la generación de energía, pero a raíz de las sanciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos, se ha visto debilitado para hacer negocios abiertamente.
Pero muchos de esos fondos también se invirtieron en empresas privadas, que incluyen exportadoras agrícolas, hoteles y un canal de televisión, y algunos se canalizaron a programas sociales para construir la popularidad del presidente. Todo el dinero proveniente de Venezuela se mantuvo fuera del presupuesto nacional y lejos del escrutinio público, y gran parte de él se filtró a los bolsillos de esta alianza de la élite burocrática-económica gobernante, según afirma Douglas Farah, analista e investigador en temas de seguridad.
El presidente también forzó hábilmente sus nexos con las élites sociales, que sirven como interlocutores importantes con la población general y las élites económicas. Figuras emblemáticas de la Iglesia Católica, como el fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo —enemigo de los sandinistas en los ochenta— fue jalado al redil del gobierno. A cambio de su apoyo, Obando fue nombrado jefe de la comisión de reconciliación del gobierno, y uno de sus protegidos, Roberto Rivas, tuvo el apoyo del FSLN en su cargo como presidente del CSE, hasta que Estados Unidos lo puso en una lista negra y dejó su cargo.
El círculo de Ortega se ha mantenido frente a las demás facciones de la élite que compiten por el poder, eliminando a otros partidos políticos para que queden imposibilitados de competir electoralmente. Las reformas a la ley electoral introducidas por el pacto Ortega-Alemán permitieron llevar al país hacia un sistema cuasi bipartidista que dificulta aún más la competencia para los pequeños partidos. Muchos partidos minoritarios quedaron fuera de la competencia por las estrictas normas nuevas, entre ellas un requerimiento de que los partidos presenten las firmas del tres por ciento del electorado —que no haya firmado la petición de ningún otro partido— como requisito para registrarse. Más aún, la acreditación del partido queda en manos del CSE, que ha sido acusado de excesiva interferencia en líneas políticas.
El FSLN también ha marginado sistemáticamente a organizaciones no gubernamentales (ONG) de oposición y a la prensa. El gobierno los excluyó de importantes proyectos sociales, como el esquema Hambre Cero a favor de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), vinculados al FSLN, e intimidado a algunos grupos ligados a críticos, con la apertura de investigaciones penales y el allanamiento de sus oficinas. Ortega y sus aliados han silenciado continuamente a los críticos en los medios mediante calumnias y hostigamiento legal, así como con el retiro sistemático de publicidad estatal —fuente de financiación importante— de sus agencias de noticias.
Con alianzas en todos los niveles, y sin contrapesos o un organismo investigador independiente que cuestione la estructura de gobierno de Ortega, no era de sorprender que la investigación oficial del caso Fariñas cambiara de dirección cuando comenzó a tocar nombres ligados a la élite burocrática de los sandinistas.
La red Fariñas
Cuando los abogados defensores de la red de Fariñas miraron las pruebas que la Fiscalía estaba proponiendo para hallar culpables a sus defendidos, se quedaron sorprendidos. Jamás pensaron que se iban a mencionar nombres como el de José María Enríquez Moncada, el abogado de la familia presidencial en Nicaragua, y el de Guillermo Terán, un empresario perteneciente a una familia activamente involucrada en diversos negocios en ese país.
“Van a rodar cabezas”, dijo uno de los defensores cuando miró el informe. “Te aseguro que alguien se tiró las trancas, no tienen luz verde para llegar hasta el fondo de esto y los que están acusados son los perros más flacos”.
Henry Fariñas comenzó su vida delictiva en un trabajo peculiar: afinador de pianos. Nicaragüense de nacimiento, el aspirante a músico se mudó a Guatemala en su adolescencia y eventualmente dirigió sus esfuerzos a la reparación de instrumentos, en lugar de ejecutarlos. Su empleo le abrió las puertas de una nueva red social en los bares y clubes nocturnos. No es claro qué fue primero, pero en cierto punto, él comenzó a contratar y promocionar músicos y a facilitar las actividades del crimen organizado.
La red Fariñas eventualmente se expandió por Centroamérica, manteniendo una compleja red de operaciones, que incluían la producción de documentos falsos de identificación nicaragüenses, una extensa operación de lavado de dinero y una red de transportistas de drogas. Según el expediente de la policía, el grupo de Fariñas trabajaba junto con dos organizaciones criminales similares para trasladar narcóticos de Panamá a Guatemala.
Una de esas operaciones era dirigida por Alejandro Jiménez, costarricense conocido también como “Palidejo”. La sociedad comenzó luego de que el costarricense se trasladara a Nicaragua en 2008 y adquiriera una identificación nicaragüense falsa.
Jiménez dirigía sus operaciones desde una cómoda casa en lo que se conoce como la “Carretera Sur” en la capital nicaragüense, parte de la carretera panamericana que conecta a estos países, a pocos kilómetros de la casa de Fariñas. La cuenta bancaria de Jiménez apenas mostraba una renta modesta (usando su identidad nicaragüense falsa, Jiménez registró el movimiento de unos US$48.700 distribuidos en cinco cuentas en dos bancos nicaragüenses), pero le gustaban los autos de lujo, y con frecuencia sus empleados lo veían conduciendo un Audi y un BMW.
Fariñas era apenas uno de los socios de Jiménez. Un comunicado de la policía señalaba que, además de asociarse con grupos de transportistas, como la red de Fariñas, la organización criminal de Jiménez también vendía narcóticos a grupos mexicanos, guatemaltecos y hondureños, usando lugares en Costa Rica para el almacenamiento y como puntos de despacho. El grupo de Jiménez, que parece haber sido mucho más grande que la operación de Fariñas, justificaba el flujo de dinero simulando importar vehículos de lujo estropeados para restaurarlos en Nicaragua.
Los otros socios de Fariñas se conocían como “Los Charros”. Había, según las autoridades, una filial de la organización criminal mexicana, la Familia Michoacana. El jefe de Los Charros en Nicaragua era Gabriel Maldonado Siller, exagente de la policía federal mexicana, que más adelante sería capturado en Texas. Según el pliego de cargos nicaragüense revisado por Expediente Público, los traficantes mexicanos registraron empresas y compraron propiedades con ayuda de testaferros nicaragüenses, y transportaban estupefacientes en vehículos que habían sido registrados a nombre de iglesias evangélicas.
En esta extensa red, la tarea de Fariñas era doble: transportista y lavador de dinero. Los investigadores del gobierno nicaragüense declararon que Jiménez transportaba la cocaína suministrada por sus socios colombianos entre Panamá y Costa Rica; los agentes de Fariñas la transportaban desde allí hasta Managua; y el grupo de los Charros la llevaba a Guatemala. Las autoridades nicaragüenses dicen que Fariñas lavaba las ganancias de la red por medio de varias empresas, incluyendo la cadena de clubes nocturnos Élite, donde comenzó a trabajar en 2005. Los fiscales declararon que Fariñas era el propietario de la cadena, que se registró a nombre de testaferros, pero Fariñas y su familia niegan esto, y afirman que siempre fue solo un empleado de Élite en Guatemala.
El problema comenzó cuando la policía nicaragüense capturó a miembros claves de Los Charros en mayo de 2011. Viendo una oportunidad, el advenedizo Fariñas robó un cargamento de cocaína, que, según la acusación, planeaba vender por sí mismo en lugar de entregarlo a Los Charros. Esto, dicen los investigadores, puso en movimiento la cadena de sucesos que terminaron con la muerte de la leyenda popular argentina, Facundo Cabral, lo que eventualmente pondría en evidencia la empresa criminal.
Los nexos de Fariñas con las élites
Para llevar a cabo sus operaciones y proteger a sus miembros de procesos judiciales, el grupo de Fariñas construyó una red de contactos en las élites nicaragüenses. Estos incluían a algunos miembros de la policía y las autoridades judiciales. No todas esas alianzas se basaban en empresas ilegales (por ejemplo, Fariñas desarrolló nexos con miembros de la élite social, incluyendo a Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, por su trabajo como promotor musical). Como en el resto de Centroamérica, en Nicaragua el crecimiento de poderosos carteles transnacionales de droga ha entretejido el crimen organizado con la economía legítima, borrando la línea entre las empresas legales y las ilegales y las redes en las que se desarrolla el negocio. Sin embargo, hay evidencia de peso del contacto directo entre el grupo de Fariñas y las élites.
Como lo declaró la jueza Adela Cardoza de manera sucinta en la sentencia de Fariñas: “Creemos que esta red estableció alianzas en los más altos escalones económicos”.
Fariñas y un subdirector de la policía
Algunos de los principales contactos para las actividades ilegales de Fariñas provenían de la policía nicaragüense. Como se señaló anteriormente, el papel de la policía nicaragüense va más allá de la primera línea de seguridad y defensa de la población civil. La policía es un importante actor social y político, y hasta las protestas iniciadas en abril 2018, un interlocutor de la sociedad civil. Además, tuvo un papel central en el esquema burocrático del régimen de Ortega, asumiendo roles que normalmente son reservados para otros cargos públicos, como la conducción de los programas de prevención de la violencia y la dirección de campañas contra el consumo de drogas.
Fariñas tuvo importantes contactos en los niveles más altos de la policía. En los días antes de que comenzara el juicio en abril de 2012, la familia de Fariñas le dijo a la prensa que él era amigo cercano de altos comandantes de la policía, entre ellos el subdirector de la institución, Carlos Palacios Linarte, un oficial de profesión, que había ocupado importantes puestos, como el de jefe de inteligencia. Desde ese cargo, tuvo entre otras funciones manejar los informantes de los casos relacionados con drogas. Él había llegado a los más altos puestos durante la administración de Granera y era considerado un comandante confiable, aunque irascible.
Anteriormente, Palacios había sido vinculado a personajes sospechosos. En 2006, la policía despidió al jefe de la policía de Managua, Carlos Bendaña, tras denuncias de que había aceptado sobornos de empresarios, entre ellos el propietario de un club nocturno y presunto narcotraficante, llamado Jerónimo Polanco, quien había sido asesinado. Los dos hombres condenados por el asesinato tenían conexiones personales con Bendaña: uno era su chofer y el otro era el hijo del amigo de Bendaña, y supuesto informante, William Calderón.
La familia de Polanco dijo que otros policías, entre ellos Palacios (entonces jefe de inteligencia), Francisco Díaz (consuegro del presidente Ortega y director general de la Policía Nacional) y Roger Ramírez (quien más tarde se convertiría en jefe de la policía de Managua) solían ir a sus clubes y también recibían dinero de Polanco. En la prensa se publicaron fotografías de los funcionarios con Polanco, y sobre ellos cayeron sospechas del asesinato de este último. Los medios de comunicación también informaron que Palacios había organizado una reunión de directores de inteligencia centroamericanos en el club nocturno de Polanco.
A pesar de sus vínculos con el caso Polanco, el entonces subdirector Palacios continuó ascendiendo en las filas de la policía nicaragüense, bajo la supervisión de la entonces directora de la policía, Aminta Granera. Es dudoso el hecho de que Granera lo hubiera nombrado subdirector, a pesar de saber sobre las dudas en torno a su conducta, como le dijo una fuente de la judicatura que habló bajo condición de anonimato: "Aminta lo llenó de poderes. Cuando subió a la dirección general, Palacios era jefe de inteligencia y lo promueven estando ella y lo nombran subdirector y a tener la coordinación de todas las especialidades: drogas, auxilio judicial y las económicas, entonces uno se pregunta qué pasó con Aminta. El mando en la Policía es vertical y bastaba una orden de Palacios para que cualquier acción fuese detenida".
La relación exacta entre la familia Fariñas y Palacios, así como con otros funcionarios de la policía, no está clara. Por su parte, algunos miembros de la familia Fariñas han dicho que Henry Fariñas era padrino de uno de los hijos de Palacios. Además, dijeron que la discoteca Élite había pagado la costosa remodelación de una de las mayores estaciones de policía de Managua. Según la madre de Fariñas, la relación de la familia con el alto mando de la policía se remonta a la década de los ochenta, cuando su marido, Carlos, trabajaba como mecánico en el Ministerio del Interior. Jóvenes oficiales de la policía sandinista, entre ellos Palacios, solían ir al taller, y, con el paso de los años, ascendieron en las filas de la policía.
Un mes después de las declaraciones de la familia sobre su relación con Palacios, la policía anunció que este se retiraría. La directora de la policía, Granera, negó que la salida de Palacios hubiera tenido alguna relación con el caso y dijo que él recibiría una condecoración por sus servicios. Palacios también negó públicamente que su salida hubiera estado relacionada con el caso y dijo que había solicitado su jubilación un año antes. Añadió que él no era amigo de Fariñas y que este no era padrino de ninguno de sus hijos. Pero admitió que conocía a Fariñas por un equipo de fútbol en el que ambos jugaron, y que había conocido a su padre.
"Si yo tuviera información de una actividad ilícita de una persona, por supuesto que no tendría relación con ella", dijo. "Nosotros somos gente seria".
El alto jefe policial nunca fue investigado y tampoco fue llamado como testigo al juicio.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.
(continúa la segunda parte)