3 de agosto de 2021 ·la diaria
La persecución a los pobladores de San Javier a principios de 1980 implica delito de genocidio, según Pablo Chargoñia.
A partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que confirmó el archivo de la causa que investigó el homicidio de Vladimir Roslik, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la familia de la víctima evalúan los pasos a seguir para que el homicidio del médico de San Javier no quede impune.
El fallo de la SCJ negó la reapertura del caso, en función del archivo determinado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno, que en 2014 definió que los delitos imputados en la causa habían prescripto y que existía “cosa juzgada”, en referencia a la actuación de la Justicia militar, tal como había planteado el juzgado de primera instancia que actuó en el caso. Además, la SCJ rechazó la apelación realizada por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, por entender que correspondía a la fiscalía que actuó en 2014 presentar el recurso de casación.
Uno de los caminos que abre el fallo de la SCJ es el de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), habida cuenta de que la confirmación de la prescripción por parte del máximo tribunal de Justicia implica la violación de la sentencia de esa corte en el caso Gelman, que establece que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga [a la ley de caducidad], como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
En diálogo con , la defensa de la familia de Roslik, Pablo Chargoñia, dijo que la sentencia de la corte significa “por lo menos una demora más en la resolución del caso” y señaló que la causa “encuadra” en la figura de actos genocidas “en la medida en que el ascendente ruso tuvo importancia en los operativos contra los vecinos de San Javier”. Para Chargoñia, los operativos ocurridos en San Javier, que implicaron la detención de varias personas de origen ruso, respondieron a “un operativo de inteligencia por el que la dictadura, en el final de su etapa, intentaba legitimarse”, presentando a los vecinos de la colonia rusa como agentes de los servicios de la KGB.
“Si hubo en la comisión de la tortura y el homicidio, que son crímenes de lesa humanidad, un elemento de origen nacional, entonces también estamos en presencia del crimen de genocidio, que es lo que efectivamente ocurrió en San Javier”, señaló Chargoñia.
En abril de 1980 unos 25 vecinos de San Javier fueron detenidos y torturados en la localidad y luego trasladados al Batallón de Infantería N° 9, acusados de trabajar para los servicios soviéticos, entre ellos Vladimir Roslik, su hermano y sus sobrinos. En abril de 1984, Roslik fue detenido junto a otros pobladores de San Javier, que también fueron torturados en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos, donde murió y se convirtió en la última víctima de la dictadura.
Chargoñia también señaló que el fallo del Tribunal de Apelaciones de 2014, que no fue recurrido por la fiscalía, implica dos omisiones del Estado que pueden llevarse ante la Corte IDH; del Poder Judicial, por el fallo en sí de segunda instancia y de la Fiscalía General de la Nación, por no recurrir.
El otro camino para continuar la investigación del homicidio de Roslik está contenido expresamente en el fallo de la SCJ y plantea que la Fiscalía especializada podría abrir una nueva causa en el marco del nuevo Código del Proceso “si la Fiscalía entiende que existen hechos nuevos y si hay involucrados que no quedaron amparados en la sentencia que resolvió la corte”.
Uno de esos elementos podrían ser los interrogatorios y torturas conexas al homicidio de Roslik, de los que da cuenta el expediente de la Justicia militar que actuó en el caso, que menciona a varias personas a las que se les atribuía una acusación contra Roslik.
Chargoñia señaló que la defensa tiene expectativas de que pueda concretarse la apertura de la causa bajo el nuevo Código y advirtió que eso no inhibe que se concrete la denuncia ante la Corte IDH. Consultado sobre la obligación de agotar todas las vías internas antes de apelar a un tribunal internacional, el abogado planteó que “hay antecedentes de recurrir al sistema americano aun sin haber agotado todas las vías” y subrayó que “la demora en sí misma” de la resolución del caso habilita presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A todo esto, Perciballe analiza la posibilidad de abrir esa nueva investigación penal por el sistema acusatorio. El fiscal informó que decidió no presentar recursos contra el fallo de la SCJ en la medida en que entiende que no serán considerados, pero advirtió que “desde la perspectiva de la Fiscalía no va a cejar el trabajo para obtener alguna respuesta de la Justicia”. “La Corte dispuso un fallo del que estoy totalmente en contra, pero dejó algunas puertas abiertas que está evaluando la Fiscalía para intentar abrirlas todo lo posible”, señaló.
El fallo de la SCJ respondió a un recurso de casación realizado por Perciballe en marzo de 2020, luego de que en primera y segunda instancia se negara la reapertura del caso, procurado por la familia desde 2018. Para la SCJ, la causa finalizó en 2014, cuando el Tribunal de Apelaciones planteó la existencia de cosa juzgada, ante la condena del militar Sergio Caubarrère, quien estuvo en prisión cuatro meses y 18 días por los delitos de homicidio culpable y abuso de autoridad.
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POR 15 AÑOS EL FRENTE AMPLIO MANTUVO EN JEFATURAS DEL EJÉRCITO A UNO DE LOS TORTURADORES DEL DR. ROSLIK, HOY LE DA LA BAJA UN GOBIERNO DE DERECHA
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“Hace mucho tiempo que no lo veo”
extractos la diaria 3 de agosto de 2021 ·
Afirmó que “el documento con la sentencia que dice que Castellá estaba presente en el interrogatorio tiene más de 30 años y nunca estuvo oculto”
El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Javier García, asistió este lunes a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el procedimiento que desembocó en el cese del general Daniel Castellá como presidente del Supremo Tribunal Militar, luego de que se conociera que estuvo presente en el interrogatorio con torturas en el que asesinaron a Vladimir Roslik, en 1984.
Cabe recordar que esa información está en la sentencia definitiva de primera instancia de la Justicia militar sobre el caso, fechada el 26 de abril de 1986, un documento que fue encontrado por las autoridades gracias a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diaria.
García subrayó en una conferencia de prensa que, para su cartera, para el gobierno y para el presidente Luis Lacalle Pou, con el que habló sobre el tema el lunes de la semana pasada, es “absolutamente incompatible” haber estado presente en aquel interrogatorio “y años después presidir el Supremo Tribunal Militar”. “Por eso le solicitamos la renuncia, que se efectivizó el martes pasado, en menos de 24 horas de haberla solicitado. Vinimos a informarlo en la Comisión de Defensa del Senado, haciendo todo el recuento, paso por paso, día por día, de toda la información que se fue relevando en esos 40 días exactos que supuso la respuesta al pedido de acceso a la información”, señaló García.
El ministro dijo que Castellá “niega que haya estado presente en esa sala, tal cual lo refiere la sentencia”, pero “estamos en un estado de derecho”, por lo tanto, el gobierno no se rige “ni por consideraciones personales ni por subjetividades”. “Como le expliqué a Castellá, la única acción judicial que hay es la del juzgado militar de primera instancia, de segundo turno, en 1986. En ese documento queda probado, y así lo dice el juez, entre otras tantas circunstancias, la presencia de diez oficiales, más quien interrogaba, en esa pequeña sala de cuatro por tres”, subrayó.
García agregó que “si otras autoridades” de gobiernos anteriores conocían esa sentencia “y actuaron de la forma que actuaron”, es responsabilidad “de esas autoridades”. “Este ministro no estaba en conocimiento. Cuando tomé conocimiento, en menos de 24 horas resolvimos el tema. En 1984 el semanario Jaque ya había informado que Castellá había sido quien comandó el procedimiento que detuvo a Roslik. Por eso, García subrayó que “esa no era la novedad” que surgió de esta sentencia, sino “que había estado presente en el interrogatorio”.
Manini y Loitey: “Yo creo en la palabra de lo que él me dice”
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado es el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos. Al final de la sesión, en una conferencia de prensa, dijo que él “no puso en tela de juicio la pertinencia del pedido de renuncia” ni entró en el “fondo del tema, que es totalmente aparte”. Agregó que sí realizó algunas preguntas, relacionadas con que el documento es una sentencia de 1986, “que era sabida a distintos niveles, sobre todo a niveles de gobierno, del MDN y Presidencia”. “Y siendo que la etapa final de la carrera de Castellá, el ascenso a general y después el nombramiento como presidente del Supremo Tribunal Militar, fue en períodos donde los ministros, la doctora Azucena Berrutti, [Eleuterio] Fernández Huidobro y el doctor Jorge Menéndez indudablemente no podían desconocer esa sentencia y ese fallo”, aseguró.
Manini agregó que preguntó “por qué otros ministros lo tuvieron en cuenta y no pusieron reparos en su ascenso, y por qué ahora surge este documento como algo nuevo, cuando es algo que indudablemente llevaba treinta y pico de años a disposición de distintos niveles de gobierno”. Señaló que García contestó que “no tenía respuesta”. Manini insistió con que “el documento con la sentencia que dice que Castellá estaba presente en el interrogatorio tiene más de 30 años y nunca estuvo oculto”.
El senador aseguró que conoció “bastante” a Berrutti, “una ministra muy meticulosa y estudiosa de toda la documentación en todos los temas”, además, “innegablemente, defensora de los derechos humanos y de muchos detenidos durante la dictadura”. “Y ella, para un ascenso a general, como fue el que ella propuso –porque a Castellá lo propuso ella–, tiene que haber mirado todas las actuaciones. No puede ser que una sentencia de 1986 haya escapado a su control. Indudablemente que ella se manejó con alguna otra versión, que no coincide con la que tiene el ministro García”, sostuvo.
Según la sentencia, en el interrogatorio y en el momento de la muerte de Roslik también estuvo presente el entonces teniente Alberto Loitey, candidato a intendente de Soriano por CA en las últimas elecciones. Manini fue consultado por este hecho en la conferencia de prensa y contestó que Loitey “no es dirigente” de CA sino “militante” y añadió: “Hace mucho tiempo que no lo veo”. Consultado nuevamente, dijo que “el documento no dice que él haya participado ni nada por el estilo”. “Yo creo en la palabra de lo que él me dice, como también lo que decía el general Castellá, que indudablemente también lo creyeron Azucena Berrutti y Fernández Huidobro”, finalizó.
“No tengan dudas de que no había conocimiento”
En tanto, en filas del Frente Amplio (FA), la senadora Sandra Lazo, integrante de la Comisión de Defensa, dijo en una rueda de prensa que así como García “tomó conocimiento recién” del documento y a partir de una solicitud de acceso a la información pública, “los ministros anteriores no tuvieron esa información en la mano”. “No tengan dudas de que no había conocimiento, porque todos los oficios anteriores al 21 de julio dicen que no hay información. En uno aparece algo que tira una punta y aparece esta acta, un día antes de que expire el plazo [del pedido de acceso]”, sostuvo.
Además, Lazo subrayó que el ascenso de Castellá a general fue votado “por todos los partidos con representación en el Senado”. Agregó que el FA antes de aprobar una venia de ascenso hace “todo un recorrido”, con “todas las organizaciones vinculadas” a los derechos humanos, y en ese proceso “no surgió esta información”
Por último, José Bayardi, subsecretario del MDN entre 2005 y 2008, cuando la cartera estaba encabezada por Berrutti, dijo que “no cree” que ese expediente “haya estado en conocimiento” de la entonces ministra. “Lo que sí estaba en conocimiento de todos, desde hacía tiempo, es que Castellá había estado, como capitán, en la detención de Roslik”, señaló. Agregó que Castellá “siempre negó” su presencia en el interrogatorio.
Quien colgó y le partió el estómago y el higado fue el teniente DARDO IVO MORALES, "profesor de torturas" y todos los demás participaron en esta reunión de tortura y asesinato del Dr. Roslik.
Estos son, aquí están toda la patota del regimiento N° 9 de Fray Bentos asesinos del Roslik
Los asesinos torturadores todos ellos incluido el juez y un Dr. que mintió son 18... y siguen mienten cuando niegan las torturas.
Mario Alfredo Olivera Hutton y mayor Sergio Héctor Caubarrére Baron”. Dardo Ivo Morales, el hoy general retirado Daniel Castellá,el entonces teniente Alberto Loitey, el teniente segundo Rodolfo Costas, Jorge Soloviy y Heber Calvetti; tenientes primeros ,Oscar A Lauber; tenientes segundos Luis P Estebenet, Rodolfo G Costas y Alberto J Loitey; y los alféreces Edgardo Favier y Nelson F de los Santos.
Estaban el cabo Ubaldino Miranda, el cabo de segunda Julio R García, El sargento de primera Agustín F García, enfermero. También el médico Eduardo Saiz se hizo presente, médico que calló el asesinato.
Y el juez militar teniente Vilches que justificó el asesinato por torturas con penas tan suaves como lengua e pulga!!!¡¡¡
M ienten cuando niegan las torturas......así quedó el cuerpo de Roslik...“se trata de una muerte violenta multicausal; existió ingreso a los bronquios de material fluido, de aspecto similar al existente en el estómago, que al ser aspirado en vida obstruye la vía aérea determinando una asfixia aguda, rápidamente mortal; existió un desgarro del hígado con un hematoma subcapsular, que determinó un secuestro sanguíneo a la circulación general; se comprobaron los estigmas de múltiples traumatismos superficiales y profundos [...]”.animales asesinos todos ellos le partieron el hígado a patadas y puñetazos..
Aquí es donde el Frente Amplio muestra descarnadamente su política miserable e inhumana.
Donde vemos hechos brutales que abarcan los 15 años donde se burlan y muestran el verdadero perfil fascista despreciando todas las luchas por verdad, justicia y no impunidad; salvaron a miles de asesinos torturadores , manosearon desde archivos a familiares ,rompieron y enfrentaron todo lo más avanzado sobre DD.HH ya que nunca se propusieron derogar o eliminar la ley de impunidad.
Llegaron a insultar a familiares diciéndoles que “eran buscadores de huesitos”
Corrieron a saludar a los milicos asesinos arrodillándose en los lechos de estos asesinos porque algún “pobre viejito” estaba enfermo. Corrieron a Chile esgrimiendo que los torturadores militares del caso Berríos, eran discriminados ,e inocentes angelitos y que si los enjuiciaron en Chile viola nuestra soberanía para Huidobro secuestrar y asesinar es un hecho de soberanía!!
Infiltraron y continúan infiltrando todas las organizaciones sobre derechos humanos, aun aquellas de un papel secundario.
Echaron abogados , frenaban y tacharon expedientes, manosearon y expulsaron fiscales , corrían a Italia los mandaderos de la peor calaña, como Miguelito Toma y Raulito Sendic en el vano intento de salvar de la cárcel a asesinos de la última inmundicia como TRÓCCOLI , y varios más, llegando al colmo que embajadores como Carlos ABIN llegaran tarde a presentar documentación para así salvar a los asesinos de ser extraditados….usaron a resentidos cobardes como GRACIELA JORGE y MARA MARTÍNEZ—peona de Gavazzo…para triturar expedientes
Llegaron a insultar y lo continúan haciendo como es el caso de Menéndez el fallecido exministro donde lo usaron para lavarse las manos y esconder que no presentaron las pruebas de asesinatos militares a la justicia por culpa de Menéndez y hoy esos archivos tirados a la basura continúan culpando a Menéndez que está muerto, para salvar ex-presos políticos que en el gobierno del FA suman miles, que en su origen como BAYARDI es el de colaborar como ex-presos con la dictadura
En el afán de hacer más méritos en memoria de “las rendiciones incondicionales “ en el Batallón Florida esta la defensa brutal que hicieron para esconder el asesinato del Roslik que ni siquiera era integrante del partido comunista; no solo mantuvieron a todos esos asesinos impunes sino que también escondieron la salvaje tortura a la que fue sometido premiando a uno de sus asesinos de una carrera militar que averrugada a cualquier animal que tenga dos dedos de vergüenza. ¿Por qué será ?
Extractos del Facebook de Raúl Martínez
El general retirado Daniel Castellá fue jefe de Estado Mayor de la Defensa (EMD) entre 2012 y 2014, es decir, bajo la presidencia de Mujica; y ocupaba el lugar de presidente del Supremo Tribunal Militar (STM) desde 2017, es decir, desde la segunda presidencia de Vázquez.
Fue cesado de su cargo el martes pasado por el ministro García.
El motivo de su cese reposaba en el archivo documental del Ministerio de Defensa Nacional, y salió a luz porque las autoridades de ese ministerio estaban recabando información para responder a un pedido de acceso a la información pública.
Resulta que Castellá había participado en abril de 1984 del interrogatorio al médico de San Javier, Vladimir Roslik, comunista muerto bajo tortura en el cuartel de Fray Bentos.
El ministro García, con reflejos republicanos tan drásticos como evidentes, seguramente se dijo, con toda razón, que alguien así no podía estar ocupando un lugar de tan alta jerarquía ética en Defensa. En este sentido, su iniciativa no sorprende: ya el año pasado había transparentado informaciones radicadas en su ministerio acerca de violaciones a los DD.HH y que, durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), no se habían dado a conocer, a pesar de haber sido solicitadas por familiares de detenidos y desaparecidos.
Más allá de que la información dormía en el ministerio, en estos días se supo que el nombre de Castellá vinculado al caso Roslik ya figuraba en un informe de agosto de 1984 de la revista Jaque, aquella gran publicación de Manuel Flores Mora.
El informe fue redactado por dos jóvenes colorados, Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit. Con el paso del tiempo, es natural que el dato de Castellá en Fray Bentos en 1984 haya sido olvidado por la inmensa mayoría de la opinión pública, e incluso por quienes se ocuparon periodísticamente del tema en ese entonces.
Empero, no es nada evidente que la numerosa gente de izquierda especializada en las violaciones a los derechos humanos (DDHH) en dictadura, no recordara o no supiera que el Castellá jefe de EMD en 2012 y presidente del STM en 2017 era el mismo que el del interrogatorio a Roslik.
En efecto, ¿qué tan seria es la preocupación, la investigación y el compromiso acerca de los DD.HH de parte de militantes y activistas de izquierda, si para un caso tan emblemático como el de Roslik no se dieron cuenta de que los gobiernos del FA estaban situando en cargos relevantes en Defensa a un militar particularmente involucrado en el interrogatorio de Fray Bentos?
O, más grave aún: los activistas e investigadores izquierdistas que más conocen de estos temas, ¿acaso tenían claro el papel de Castellá en 1984, pero guardaron cómplice silencio cuando el militar fue premiado con altos cargos jerárquicos en dos gobiernos del FA, de forma de evitar perjudicar a su partido político?
Fue el exministro Bayardi en 2020, queriendo hacer creer que no sabía nada de las declaraciones de Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor; serán ahora los militantes zurdos más chillones por los DD.HH, que se harán los distraídos con lo que sabían sobre la muerte de Roslik; o es Mujica, presto a marchar el 20 de mayo, pero premiando a Castellá con el EMD. Lo que los une, siempre, es un cinismo tan profundo como repugnante.
FRANCISCO FAIG El País Domingo, 01 Agosto 2021
Es tan grande esta piñata de encubrimientos y ocultamientos que al parecer hay muchos no solo los actores de estos sucesos lamentables, sino hasta los periodistas progres investigadores que olvidan que el mencionado General Daniel Castellá Lorenzo destituido, era hermano del difunto Gabriel Castellá Lorenzo, integrante del MLN y del MPP, que durante los gobiernos de Vázquez y Mujica, ocupó cargos de Director General de Secretaría y Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, hasta su fallecimiento. Gabriel Castellá fue militante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros y gran amigo de Rosadilla y Bonomi.
Durante el Gobierno de Tabaré Vázquez fue director general de secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Más tarde, ocupó la misma responsabilidad en el Ministerio de Defensa. Con la asunción del presidente José Mujica, fue designado como subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, responsabilidad en la que actuó hasta sus últimos días.
posta
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La República 08 de abril de 2011
En septiembre de 1971, El Factor Militar de un enigmático Gabriel Ramírez, empezó a circular por las librerías de Montevideo. Constituyó de inmediato todo un suceso editorial.
Nunca antes, alguien había hecho una disección tan documentada sobre la realidad interna de las Fuerzas Armadas uruguayas, sus orígenes, desarrollo de sus diferentes ramas, modalidades de dependencia psicocultural y tecnológica (Francia, EEUU), proceso de designación de sus mandos, relaciones entre el mundo de las armas y la política cotidiana, en aquel momento dominada por la presencia en el gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco.
Nadie sabía bien, quién era su autor, y antes de su lanzamiento al mercado, el propio editor fue detenido e interrogado por el director del Servicio de Información de Defensa (SID), Ramón Trabal, quien sospechaba que detrás del polémico ensayo, había una conspiración en la que estaban implicados oficiales en actividad, que manejaban mucha información de aquella época de fuego. Pero el editor, se negó a proporcionar su nombre, y fue dejado en libertad.
La obra resultó, sin embargo, requisada al poco tiempo. Solo se salvaron los ejemplares enviados al exterior, especialmente a instituciones académicas.
El autor fue localizado y un juez militar lo procesó con prisión el 14 de julio de 1972. Gabriel Castellá Lorenzo, permaneció privado de su libertad hasta el 15 de mayo de 1974.
En septiembre de 1988, El Factor Militar fue reeditado en aquel país que transitaba por la senda de la democracia; y en junio de 1989, se agregó un segundo volumen («La Cuestión Militar. ¿Democracia Tutelada o democracia asociativa? El caso uruguayo (II)». Su autor, siempre mantuvo el seudónimo de Gabriel Ramírez.
En la obra original, dividida en trece capítulos, se dio a conocer el contenido del convenio de asistencia militar entre Uruguay y los EEUU (1953), detalles de la octava conferencia de Ejércitos Americanos realizada en 1968 en Brasil, y un panorama general de las FFAA del continente, tomando como una de sus fuentes, un cuaderno publicado por Jornal de Brasil en setiembre de 1968.
Locuaz, pero reservado, Gabriel Castellá no solía hacer comentarios sobre las vicisitudes que rodearon la publicación de aquel libro.
Casado, tuvo una hija (hoy médica), llegó a la gerencia del Mercado Modelo, a ocupar cargos ejecutivos en empresas vinculadas a la industria de la pesca, militando políticamente cerca del hoy presidente José Mujica.
Integró desde los comienzos la comisión de Defensa Nacional del Frente Amplio, encabezada por el general Víctor Licandro, que conoció a su padre, el coronel Gabriel Lorenzo Castellá un típico militar profesional, que cultivaba los valores del batllismo, quien a fines de la década de 1960, llegó a ser segundo jefe de la Región Militar III. Un hermano siguió la carrera militar y hoy es general (Daniel Castellá), y comandante de la División II (San José).
Cuando en 2005 ganó las elecciones Tabaré Vázquez, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, lo llevó a la dirección general de esa cartera.
En 2008, pasó a la dirección general pero del Ministerio de Defensa Nacional. En 2009, siendo Gonzalo Fernández el titular, Castellá se transformó en subsecretario, cargo que ocupaba hasta el presente. En el plano partidario, integraba la dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP).
Hace un par de meses le detectaron un cáncer en el páncreas. Fue operado, estuvo en actividad hasta hace pocos días, y falleció ayer de mañana, de una crisis cardíaca, en el Hospital Central de las FFAA.
Tenía 63 años. Hoy será sepultado con honores de ministro de Estado a la hora 10.30 en el cementerio central de Montevideo.