El gobierno de Alberto Fernández quedaría sumamente debilitado y con dos años de mandato por delante. A pesar de la reacción positiva de los mercados financieros, que descuentan tal vez de manera algo apurada un giro hacia políticas pro-mercado en 2023, hay motivos para la cautela. El gobierno probablemente doble la apuesta de cara a las elecciones e intente recuperar los votos perdidos con una inyección de dinero, incluso a costa de agravar los desequilibrios macroeconómicos existentes. (CADAL)
Por Ignacio Labaqui-Clarín 13/9/21
El resultado de las PASO fue un verdadero baldazo de agua fría para el gobierno de Alberto Fernández. La magnitud de la debacle electoral del Frente de Todos fue superior a cualquier especulación previa. Durante las semanas anteriores a la elección se esperaba ciertamente que el gobierno tuviera una mala performance en la franja central del país, principalmente en Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, a la que muchos analistas consideran “la madre de toda las batallas”, se preveía un resultado parejo, aunque favorable al gobierno, entre la suma de las listas de Diego Santilli y Facundo Manes de Juntos con el Cambio, y la lista del Frente de Todos encabezada por Victoria Tolosa Paz. Un triunfo en provincia permitiría compensar por las performances previsiblemente flojas en los demás distritos grandes. En el resto del país, mayoritariamente gobernado por el peronismo, se asumía que los oficialismos locales triunfarían.
El resultado fue infinitamente peor a lo que podía imaginarse.
La performance del oficialismo puede evaluarse en torno a tres variables: 1) el resultado en términos de bancas, que es lo que verdaderamente está en juego en una elección legislativa; 2) el resultado a nivel nacional, que en los hechos es una construcción artificial dado que la elección de mitad de mandato no es una elección sino 24 elecciones; 3) el resultado en provincia de Buenos Aires.
La mítica madre de todas las batallas es el distrito más poblado del país con un 37% del electorado nacional. Su peso en una elección presidencial es innegable (aunque Macri fue electo presidente sin ser el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires), pero está sub representada en el Congreso.
En estos tres planos el resultado de las PASO fue una verdadera paliza para el gobierno. En materia de bancas la expectativa era que el oficialismo ganaría algunas bancas de diputados, aunque no las suficientes como para tener quórum propio en la Cámara Baja, y que perdería algunas bancas en el Senado, aunque sin necesariamente resignar la mayoría absoluta. Sin embargo, si los resultados de ayer se repitiesen en noviembre el gobierno perdería 9 bancas de diputados, a pesar de renovar solo 51 escaños, frente a los 60 de Juntos por el Cambio; y perdería 6 de las 41 bancas que tiene en el Senado, con lo cual seguiría siendo la primera minoría, por tan solo a un escaño.
Si se toma el voto a nivel nacional el oficialismo obtuvo un 32% de los votos válidos afirmativos. No es correcto comparar una elección presidencial como la de 2019 con una primaria legislativa. Sin embargo, es evidente, dada la cantidad de distritos en los que Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada, que hubo una clara ola nacional de castigo a la gestión de Alberto Fernández en las urnas.
Finalmente, en provincia de Buenos Aires, donde el gobierno se ilusionaba con romper el maleficio según el cual desde 2005 el kirchnerismo no ha ganado ninguna elección intermedia, Juntos por el Cambio dio el batacazo con una performance similar a la de la elección legislativa de octubre de 2017.
¿Qué pasará en noviembre? ¿Será la elección legislativa una réplica de las primarias? ¿Puede el gobierno mejorar?
Hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, hay un conjunto de listas que no estará en la elección de noviembre dado que no superaron el 1.5% de los votos válidos en las PASO. Habrá una menor oferta electoral y por ende una menor dispersión del voto. En segundo lugar, es esperable un incremento en la participación electoral que en las PASO alcanzó solo el 68% del electorado.
Probablemente vaya más gente a votar en noviembre. Suele ser así desde que se comenzó a utilizar el sistema de PASO. A ello debe agregarse que probablemente haya un mayor porcentaje de población que haya completado el proceso de vacunación y un menor temor a contagiarse de Covid-19. Un cuarto elemento para considerar es la reacción del gobierno. Por un lado, su campaña se orientará a estimular el voto útil, buscando atraer votantes de terceras fuerzas que hayan superado el umbral de las PASO. A la vez, el gobierno probablemente buscará “poner plata en el bolsillo de la gente” sin importar los costos asociados a ellos el día posterior a la elección de noviembre.
¿Alcanzará? El aumento en la participación entre las PASO y las generales suele beneficiar a Juntos por el Cambio. Ese al menos fue el caso en 2015, 2017 y 2019.
Y en las legislativas suele haber una menor participación que en las presidenciales. Con lo cual no es claro que el aumento en la participación por sí solo le permita revertir el resultado. La campaña y las medidas económicas con las que reaccione el gobierno deberían tener más incidencia. La pregunta más bien sería si el electorado castigó al gobierno solo por la situación económica y por el pésimo manejo de la pandemia, o si hubo también un componente simbólico de ruptura en el vínculo del Presidente con una porción de los votantes del Frente de Todos.
No me refiero exclusivamente al Olivos-Gate, el epílogo de un quiebre en la confianza del votante que apostó a que efectivamente con Fernández el kirchnerismo volvía mejor, y que tuvo su primer atisbo de que “la canción seguía siendo la misma” cuando el presidente anunció la fallida estatización de Vicentín y cuando en uno de los peores momentos de la pandemia impulsó, en una muestra palmaria de falta de tacto político, una reforma judicial alejada de las principales preocupaciones de la sociedad. Ambos episodios fueron sucedidos por una creciente influencia y presencia de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, lo cual, como sugiere el resultado de las PASO, redujo el apoyo del gobierno al núcleo duro de fieles del kirchnerismo.
¿Qué ocurriría si el 14 de noviembre el resultado es similar al de las PASO?
El gobierno quedaría sumamente debilitado y con dos años de mandato por delante. A pesar de la reacción positiva de los mercados financieros, que descuentan tal vez de manera algo apurada un giro hacia políticas pro-mercado en 2023, hay motivos para la cautela. El gobierno probablemente doble la apuesta de cara a las elecciones e intente recuperar los votos perdidos con una inyección de dinero, incluso a costa de agravar los desequilibrios macroeconómicos existentes. Ya habrá tiempo para ocuparse de ellos luego de las elecciones será el razonamiento que probablemente aplique el oficialismo.
Amén de ello, el gobierno enfrenta un duro desafío: llegar a un arreglo con el FMI al cual debe pagarle el grueso de los 44 mil millones de dólares desembolsados en el marco del Stand-by de 2018, entre 2022 y 2023.
Las tratativas con el Fondo vienen demoradas, más que todo por la decisión del gobierno de postergar las negociaciones para después de las elecciones. Un escenario de marcada debilidad política dejará pocos incentivos al gobierno para comprometerse a un ajuste. Más aún, el programa con el Fondo debe ser ratificado por el Congreso. Probablemente Juntos por el Cambio no sea un obstáculo en la medida que el gobierno no busque ordenar las finanzas públicas mediante un aumento de la presión tributaria.
Finalmente, ¿de qué modo procesaría el Frente de Todos una derrota de esta magnitud?
Cada vez se hace más evidente que lo que resultó una brillante estrategia electoral es una pesadilla en materia de gobernabilidad. El vice-presidencialismo de coalición, tomando prestada la expresión de Luis Tonelli, ha dado muestras de ser un verdadero problema a la hora de conducir el gobierno nacional. Lo único que mantiene unida a la coalición oficialista, a pesar de las notorias diferencias que en una variedad de temas tienen las distintas facciones que lo integran, es la perspectiva de mantenerse en el poder ganando elecciones. Hace casi un año la vicepresidenta se quejó a través de una epístola de los funcionarios que no funcionan. Más recientemente le dijo públicamente al presidente que ordenara lo que hubiera que ordenar. No sorprendería que la mala performance en las urnas lleve tanto a un aumento de las tensiones dentro del Frente de Todos como a un recambio ministerial.
Si el Frente de Todos fuese una sociedad por acciones, resulta claro que el kirchnerismo con Cristina Kirchner a la cabeza es el accionista mayoritario; Sergio Massa y los gobernadores son accionistas minoritarios, en tanto que Alberto Fernández y su núcleo duro de colaboradores (“el albertismo”) son el CEO y el management de la compañía.
El mal trance del gobierno va a estimular a los dueños a hacerse cargo del manejo de la empresa, preservando al CEO, pero desprendiéndose de sus colaboradores más cercanos. Al gobierno le quedarán dos duros años por delante en los que tendrá escaso margen para procrastinar, y al a vez escasos incentivos para sanear la situación macroeconómica.
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Rolando Astarita 16 sept 2021
La vicepresidente presiona al Gobierno mediante la renuncia de los ministros y altos funcionarios alineados con ella. Y Alberto Fernández busca apoyo en gobernadores, intendentes, la CGT y los movimientos sociales oficialistas. Al momento de escribir estas líneas la crisis sigue abierta, y es imposible prever su evolución.
Pero sí es necesario bucear en las raíces últimas del conflicto.
En este respecto, desde la izquierda (véase declaración del FIT-U) se ha adelantado un análisis que, sintéticamente, dice: a) el trasfondo de la crisis política es la derrota electoral; b) todas las partes en conflicto defienden, en esencia, la misma política económica, caracterizada por la subordinación al FMI; c) por lo tanto, aquí está en juego una discusión por cuotas de poder. No habría otro contenido. En particular, se subraya que el sector pro – K no representa ninguna propuesta progresista o nacionalista.
Se trata de la misma caracterización que sostenía la mayoría de la izquierda en la elección de 2019: “todos [Juntos por el Cambio, Frente de Todos] son agentes del FMI” (para una crítica, véase aquí). Pasados dos años se sigue con lo mismo: “son todos iguales”. Por lo tanto la crisis se debe solo a una lucha por el poder.
Simplista y reductiva
Pues bien, considero que la anterior caracterización de la situación de la clase dominante es simplista y reductiva. En la nota de 2019 decía: “… las fuerzas burguesas, o pequeñoburguesas, expresan intereses distintos, y tienen orientaciones distintas. No se pueden pasar por alto estas diferencias”.
Por ejemplo, en la coalición oficialista están desde maoístas y PC, hasta burócratas y funcionarios de la tradicional derecha peronista. Es imposible que semejante sopa heterogénea tenga coincidencias de fondo en políticas y programa económico. Entre otras, existen diferencias en torno a cuánta intervención estatal (controles de precios, estatizaciones) en la economía; sobre si proteccionismo o apertura de la economía; sobre la relación entre exportaciones y mercado interno; sobre si financiar el déficit fiscal con más emisión monetaria o tomando más deuda; y sobre la cuantía de subsidios y planes.
Los alineados con el pensamiento K pugnan por imponer una orientación más estatista y nacionalista, y los que se agrupan en torno a Alberto Fernández resisten esa presión. Y para el capital estas posiciones no dan igual. De ahí la euforia con las acciones y bonos argentinos cuando llegan noticias del retroceso del kirchnerismo; y la reacción opuesta cuando ven que avanza.
Esto no se puede explicar diciendo “son todos iguales” y al capital (o al FMI) le da lo mismo quién gane.
Por lo tanto, es infantil negar que existan diferencias. Y estas se profundizaron a partir del resultado electoral. Por eso, algunos dirigentes dicen que la pérdida de votos del Frente de Todos se debe a que el gobierno no fue lo suficientemente “nacional y popular” (el argumento es contrafáctico; pero algunos también muestran el crecimiento de la izquierda).
Y otros sostienen que la pérdida se debió a que la economía está muy mal, y es necesario avanzar hacia “los equilibrios macroeconómicos” (y muestran el crecimiento electoral de la “derecha pro-mercado ortodoxa”).
Y entre estas posturas polares encontramos una variedad de posiciones. Es cierto entonces que todos dicen querer arreglar con el FMI, pero eso no agota las cuestiones en disputa. Con el agregado de que, por fuera de las negociaciones con el Fondo subyace la presión del capital que, de conjunto, exige lo mismo que el FMI –la “flexibilización” laboral en primer lugar- para volver a invertir.
La fractura es real
Por lo tanto, la fractura es real porque las diferencias son reales. Repetimos, no existe una clase dominante homogénea. En su seno hay tensiones y diferencias que se corresponden a posiciones de clase distintas, y tienen sus correspondientes expresiones políticas. Incluidas, cómo no, las expresiones “radicales” del estatismo y nacionalismo pequeñoburgués –aunque a veces se auto consideren “marxistas”. Las brutales peleas por el poder, como ocurre hoy en Argentina, enraízan en intereses, orientaciones y programas de clases y fracciones de clases distintas y hasta opuestas.
Por último, ¿significa lo anterior que los marxistas debemos considerar más progresista a la fracción nacional-estatista? No, en absoluto.
El programa nacional-estatista burgués, o pequeñoburgués, no tiene nada de progresivo para la clase obrera. El progresismo nacionalista burgués no tiene manera de responder a la huelga de inversiones, al movimiento globalizado de los capitales y a la presión que ponen sobre las políticas de los gobiernos. Por eso también en la actual coyuntura –entre otros elementos, quietud y desorientación de la clase obrera ocupada- no existe posibilidad alguna de que haya una salida progresiva, para los explotados y oprimidos, de la crisis en curso. Reconocer que existen diferencias en la clase dominante no es sinónimo de apoyar a alguna corriente burguesa contra la otra.
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La derrota en las elecciones abrió una crisis política de dimensiones inéditas. La presentación de renuncias de los principales miembros del gabinete, todos ellos de filiación cristinista, pone objetivamente contra la pared al Presidente de la Nación y, por lo tanto, a sus políticas de ajuste, saqueo y represión.
Damián Quevedo-Convergencia Socialista 16/9/21 (extractos)
Hasta ahora parece que de esas renuncias solo algunas serían aceptadas, ya que Fernández mantendría a sus principales funcionarios, dándole pelea al kirchnerismo. De suceder, esto lleva a la profundización de las peleas internas. En ese sentido, el llamado a la movilización del Movimiento Evita, para “defender al presidente”, es un anuncio de “guerra” contra sus enemigos de La Cámpora. (SE LEVANTÓ)
La decisión de resistir las presiones de cambios de ministros, con Santiago Cafiero (jefe de Gabinete); y Martín Guzmán (Economía) como principales apuntados, fue tomada mientras la mayoría de los ministros que no habían renunciado estaban en la Casa Rosada. De hecho, una señal de que Alberto Fernández no cambiará ahora su equipo de colaboradores la dieron Claudio Moroni (Trabajo) y Sabina Frederic (Seguridad), quienes difundieron mensajes de apoyo por Twitter. (Infobae 15/09/2021).
El golpe está dado, por más que Alberto no ceda a la presión, la amenaza de renuncias generó una crisis política más grande que la que provocó el resultado electoral. ¡La alianza que gobierna ya no es una coalición y estos sismos ponen en evidencia que el presidente tampoco gobierna y que la fractura del FdeT es irreversible!
Hasta ayer pensaban en revertir el resultado del domingo en noviembre, ahora esa perspectiva les queda demasiado lejos.
La movida del kirchnerismo es un acto desesperado, en cuanto a distanciarse del fracaso electoral, algo más que difícil si se toma en cuenta que Cristina prácticamente encabezó la campaña. La gran preocupación de la “Jefa” reside en que podría perder la mayoría en el Senado, una situación que hace años no vivía el PJ, dando lugar a una dispersión mayor del ejercicio del poder, con el peronismo dividido en tres fracciones y Juntos por el Cambio en, al menos, dos.
Esta es una realidad que ninguna de las fracciones en pugna buscó, una crisis que nadie está en condiciones de pilotear. La situación de extrema debilidad -de quienes manejan el Estado, tanto oficialistas como opositores- es la mejor de las condiciones para que el movimiento de masas pase a la ofensiva y, en ese marco, le pegue un golpe durísimo a las políticas anti-obreras y anti-populares del gobierno.
La implementación del encierro del año pasado, fue el principal paso para ejecutar el brutal ajuste que el gobierno llevó adelante durante todo este tiempo.
Ya no están en condiciones de repetir esta línea, porque la mayoría no quiere volver a “quedarse en casa”.
Los de abajo están en condiciones de hacer aún más aplastante la derrota del oficialismo, movilizando a la Plaza de Mayo y a otras plazas y auto-convocándose en asambleas en las fábricas, barrios y escuelas, para empezar a discutir desde las bases qué “modelo” de país hay que poner en marcha de acá en más.
La izquierda, de conjunto, es la única expresión política que está en condiciones de llamar a la rebeldía, porque queda claro que es la única fuerza que se opone consecuentemente al ajuste y a la sumisión al FMI. Es el momento de señalar que ninguno de los partidos que hoy discuten a puertas cerradas representa una salida a la crisis. ¡Todo lo contrario, sus dirigentes lo único que buscan es mantener e intensificar las políticas de la miseria y explotación que sufren todos los trabajadores!