En medio de la crisis electoral y política en la que se encuentra sumergido el gobierno, los intereses de los laboratorios y el lobby de las vacunas y la pandemia, no descansan y aprovechan la oportunidad. En su afán de asegurar sus inescrupulosos negocios avanzan a establecer la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID para toda la población.
Dada la creciente desconfianza y la oposición irreductible de amplios sectores a inocularse con sus inventos y a los inocultables datos que revelan la peligrosidad de las “vacunas” transgénicas, los políticos a sueldo de los laboratorios están tratando de imponer una ley para obligar a todos los argentinos a aplicarse sus “remedios” bajo pena de ser excluidos de la vida civil.
La vacunación compulsiva irá acompañada de pasaportes digitales que determinaran si se puede asistir a un espectáculo al aire libre, una plaza, un restaurante, una cancha de futbol, un teatro, a viajar por el país y muchas restricciones más.
En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado K por Jujuy JOSÉ L. MARTIARENA está impulsando esa ley violatoria de elementales principios constitucionales. Lo hace acompañado –entre otros- por el diputado K PABLO YEDLIN, autor de la ley votada el año pasado que determino la impunidad de los laboratorios ante cualquier problema sanitario que pudiesen causar las “vacunas”.
Tanto Yedlin como Martiarena, como la propia Ministra de Salud CARLA VIZZOTI –entre otros- forman el grupo de funcionarios “afín” a los intereses de HUGO SIGMAN, el dueño de Grupo INSUD y AstraZeneca, amigo personal y financista de Alberto Fernández. Vizzoti fue, hasta hace muy poco tiempo, alta directiva de la Fundación Mundo Sano, una de las tantas ONG que Sigman utiliza para cooptar y emplear políticos que defiendan los intereses de la mafia de los laboratorios. Esta ONG es presidida por su esposa, la Dra. SILVIA GOLD, quien, no casualmente, es una alta funcionaria de la OMS en el área de las vacunas.
Tampoco es casualidad que esta intentona autoritaria se lleve a cabo en silencio, entre gallos y medianoche, aprovechando la crisis política del país y sin información pública.
El carácter, hasta el día de la fecha, EXPERIMENTAL que ostentan todos los procedimientos supuestamente vacunatorios que no han podido superar la fase 3 del protocolo de vacunas de la OMS, transforma este proyecto de ley en un verdadero atentado contra la salud pública. El hecho de que la propia OMS no haya avalado la aplicación obligatoria de ninguna de las supuestas vacunas, tiene que ver con el carácter experimental de las mismas y con el hecho de que, claramente, esa decisión contradice los protocolos establecidos por la propia OMS a tal efecto.
Ninguna de las “vacunas” ha superado la fase 3 de experimentación, por lo tanto solo pueden ostentar una autorización de uso e inoculación provisoria en base a la definición de “situación sanitaria de emergencia”. La fase 3, imprescindible para determinar eficacia e inocuidad de las vacunas se está llevando a cabo ahora, transformando a la población en involuntarios receptores de medicamentos genéticos que nunca han sido aplicados en seres humanos y cuyos resultados, a mediano y largo plazo son desconocidos.
Por otra parte, no deja de ser sugestivo que los países que más avanzaron en la vacunación masiva de sus poblaciones sean, hoy mismo, los que ostentan mayores cantidades de contagios. Israel, por ejemplo, que fue convertido por el Laboratorio Pfizer en un gran ejemplo de vacunación masiva, está sumergido en una oleada de contagios que no se detiene y que supera, en promedio los 10.000 casos diarios.
Esa situación es compartida por todos los países que más avanzaron en la vacunación, por caso nuestro vecino Chile. Esto indicaría, como mínimo, la bajísima efectividad de las “vacunas” experimentales para detener la pandemia, la que sólo pareciera detenerse ante la inmunidad de rebaño que va adquiriendo la humanidad.
El proyecto de ley impulsado por Martiarena lleva el número 3566/D 2021 y establece la obligatoriedad para toda la población, incluyendo ancianos y menores, de vacunarse con cualquiera de las “vacunas” aprobadas por el Ministerio de Salud, bajo apercibimiento de severas penalidades que igualarían a los infractores a delincuentes sociales. Y acá también hay que señalar que la propia OMS habla de la inconveniencia de “vacunar” a los niños por carecer de información acerca de las posibles consecuencias negativas que tendría.
La ley Yedlin –avalada por Vizzoti y Ginés González García- les permitió a los laboratorios mantener el secreto acerca de la composición de esos medicamentos y los resultados de los estudios –si los hubiera!!- acerca de problemas colaterales que puedan surgir de su aplicación. MARTIARENA y YEDLIN están terminando su mandato, se les vence en diciembre de este año y dados los magros resultados electorales que obtuvieron en las PASO, es de suponer que ser la “cabeza de turco” de este proyecto genocida les brindará un buen retiro en las cercanas de su jefe, SIGMAN Tal vez en la Fundación Mundo Sano.
No es casualidad que, en estos mismos momentos se esté intentando aprobar legislaciones similares en casi todos los países latino americanos, impulsadas no por la OMS ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino por los intereses criminales de los “vacunadores”, sus sicarios y los políticos coimeros de la vacuna.
Esta ley, en caso de ser aprobada, constituye una clara violación a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y a los protocolos sanitarios internacionales que se establecieron después de los Juicios de Núremberg, en los que se juzgó, entre otras atrocidades, a las practicas eugenésicas de los nazis inoculando masivamente a prisioneros y rehenes.
Desde las ASAMBLEAS DEL PUEBLO hacemos un llamado a todas las organizaciones democráticas a repudiar este proyecto genocida y a exigir la realización de un debate público, con participación de científicos independientes, de trabajadores de la salud y de ciudadanos, donde se exponga ante toda la población la composición de estos remedios y los resultados de las pruebas previas en animales y las que se están realizando ahora mismo en seres humanos, manteniendo el derecho de todo ciudadano a ser dueño de su cuerpo, utilizando otros procedimientos, que existen, para prevenir el contagio y la enfermedad.