El 2021 culminó con un hecho poco común en la política uruguaya. El presidente vetó una ley aprobada en el parlamento. Se trataba del primer intento en más de 40 años de reducir la superficie habilitada para la forestación en el país. Daniel Pena analiza la manera en que las sólidas evidencias sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del agronegocio forestal-celulósico comienzan a colarse en la agenda política de Uruguay.
Daniel Pena- ZUR- 21/12/21
El jueves 16 de diciembre del presente año, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou decidió utilizar la herramienta menos democrática que brinda nuestra constitución: el poder de veto presidencial. Más allá de la polémica por el uso del veto como gobierno, lo más tenso se encuentra en los argumentos esgrimidos para desandar la ley que reformaba parte de las reglas de juego forestales en nuestro país: según fue detallado en el Observador “El texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”
Según queda expresamente claro, el veto prioriza ante cualquier otro argumento la libertad de los productores a decidir qué y cómo hacer con sus tierras, en primer lugar la defensa de la propiedad privada incluso si esto implica la destrucción del suelo, las cuencas, la capacidad productiva de los vecinos y los ecosistemas.
Un veto en defensa de la libertad de destrucción.
Esto desconoce la inmensa bibliografía científica (nacional e internacional) y los relatos de productores de alimentos de nuestro país que fueron presentados ante la comisión del senado correspondiente. Al parecer, la acidificación y salinización de los suelos, la disminución de la capacidad hídrica de las cuencas y la consecuente problemática de falta de agua para productores vecinos y pueblos que encuentran secos sus pozos, la invasión de plagas como jabalí, garrapatas y caranchos, la sistemática pérdida de productores familiares productores de alimentos, la migración rural-urbana intensificada por este modelo, las precarias condiciones del 44% de los trabajadores forestales informales, la destrucción de los tejidos comunitarios rurales y los saberes productivos involucrados, así como la inmensa pérdida de biodiversidad por el avance del monocultivo de eucaliptus en más de un millón de hectáreas; ninguna de esas problemáticas son “razones de interés general”, en un país que prioriza la propiedad privada como máxima absoluta, y fragmenta los ecosistemas en los límites del alambrado. Con su mensaje a la ciudadanía, el presidente nos da a entender que desconoce las evidencias científicas del daño que la forestación está realizando en nuestra fauna, flora y comunidades rurales; y prefiere responder a los intereses de las las multinacionales UPM, Montes del Plata y Lumin (y de paso al puñado de familias uruguayas propietarias de plantaciones, dentro de las cuáles se encuentra su propia familia)
Ahora bien, ¿qué fue lo que vetó el presidente el jueves? El Frente Amplio y Cabildo Abierto (partido de origen militar, integrante de la coalición de gobierno) en el senado, sumados en diputados al Partido Ecologista Radical e Intransigente, aprobaron una ley que reformaba algunos elementos de la Ley Forestal de 1987. Esta reforma no era la ideal claramente, y tenía algunos puntos para corregir y debatir más a fondo, sin embargo significaba algunos cambios relevantes.
1. Restringía los cultivos forestales a las tierras de prioridad forestal (actualmente se puede plantar en cualquier tierra, mediante la presentación de estudios de impacto ambiental, de hecho el 25% de las plantaciones están por fuera de este tipo de suelos)
2. Establecía una superficie máxima a nivel nacional del 10% para la forestación, lo que significaba que 1.600.000 podrían ser forestadas, unas 400.000 hectáreas más que las actualmente afectadas /1
3. Obligaba a las plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas a realizar estudio de impacto ambiental.
4. Obligaba a las empresas forestales a restaurar la pastura natural o plantar monte nativo una vez que se decida no volver a forestar, haciéndose cargo parcialmente del daño producido en los campos /2
La reforma enviaba algunas señales claras a las multinacionales forestal-celulósicas y sus familias uruguayas aliadas: su crecimiento tendría un límite, no se podría evadir controles forestando 98 hectáreas por padrón como sistemáticamente hacen actualmente, y deberían sumar en sus costos al menos algo de lo que externalizan a toda la sociedad: la recuperación de la pastura o monte nativo.
Tanto la alianza CA-FA como el veto presidencial fueron un juego político de ganar-ganar para todos los partidos. Por un lado Cabildo Abierto, con su nacionalismo de derecha extrema quedó posicionado como el defensor de la producción nacional, y dio respuesta a algunas demandas del movimiento de productores rurales Un Solo Uruguay. Al mismo tiempo mostró su capacidad de desobedecer la coalición de gobierno. El Frente Amplio barrió bajo la alfombra su historia de facilidades y negocios con las empresas forestal-celulósicas intentando dar una señal de escucha a los movimientos ambientales y la academia, incluso bajo la vergonzosa alianza con la derecha que se abrió de sus filas
Entre una serie de políticas progresistas en defensa de la forestación, fue el gobierno presidido por José Mujica quien amplió a la medida de Montes del Plata la categorización de los suelos 5.02b /3 a prioridad forestal para facilitarles el negocio, mientras que el gobierno presidido por Tabaré Vázquez negoció en secreto el bochornoso contrato ROU-UPM en 2018 para su segunda planta, y que los tres gobiernos progresistas brindaron zonas francas, e incluso gran parte del puerto de Montevideo a estas empresas que ganan más de un millón de dólares por día sin pagar impuestos, ni generar nuevos empleos /4 El Partido Nacional reafirma su alianza con la élite económica de nuestro país, de la cual es parte, dejando claro su defensa de la propiedad privada como bien supremo.
Los perdedores en la ecuación son los mismos de siempre: las personas de a pie, los productores familiares, los movimientos sociales y ambientales, los ecosistemas de nuestro territorio. Evidencia de esto es la inactividad de la oposición frente a la gravedad que implica una acción de veto: el Frente Amplio no ha generado ni generará ninguna acción de manifestación en defensa de la ley, no fue más que un simulacro mediático del cual prefiere hablar poco para no ser cuestionado por su propia base irritada con la alianza con la ultra derecha.
Como con tantas otras injusticias negadas por la política representativa será necesario defender en la calle y los territorios las transformaciones, seguir sensibilizando a la población con las consecuencias de este modelo extractivista, escuchando la voz de los afectados, y rompiendo las barreras entre las luchas, ya que que las injusticias que las originan operan juntas y superpuestas.
notas_______
1 Este es quizá el punto más polémico de la pretendida reforma, ya que habilitaba la plantación de eucaliptus suficiente como para una cuarta planta de celulosa, y el porcentaje no tenía un trasfondo argumentativo ninguno, sino un número completamente arbitrario.
2 Una síntesis del proceso de discusión parlamentaria puede revisarse en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/148848
3 Se puede consultar al respecto el documento “Riesgos al declarar la Unidad de Suelos 5.02b de prioridad forestal”. REDES-Amigos de la Tierra-Uruguay Sustentable. Montevideo. 2011. Acceso: www.redes.org.uy
4 Pena y Recoba, (2020) Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas.
La ley forestal aprobada en el Parlamento y observada por el Poder Ejecutivo, todo en las últimas 24 horas, merece un análisis, en especial para compararla con el decreto que sobre el mismo tema queda vigente.
Raúl E Viñas- la diaria - 17/12/21
El año pasado se presentó en Diputados un proyecto de ley modificativo de la ley forestal, atendiendo al avance de las plantaciones masivas de árboles sobre terrenos fuera de la prioridad forestal, un avance posibilitado por los beneficios logrados por un activo lobby que llevó a esa actividad a ser subvencionada, en sus plantaciones primero y en la industrialización, especialmente la celulósica después.
El proyecto fue aprobado hace un año en la cámara de Diputados y a lo largo de este año se trató en la cámara de Senadores.
Hubo en el tratamiento en la cámara de Senadores, repetidas menciones a la importancia de la inversión de la empresas celulósicas, sin tener en cuenta que sólo la plantación anual de más de un millón de hectáreas de soja significa un movimiento económico cercano a la mitad del que anuncia UPM para tres años, con la diferencia de que el movimiento económico a partir de la soja y podríamos decir también del arroz, el sorgo, el trigo, la cebada y la ganadería es en más del 80% dentro del Uruguay mientras que la inversión de UPM es en más del 70% en otros países.
Volviendo al proyecto, hoy ley observada por el Poder Ejecutivo a la espera de la decisión de la Asamblea General, el mismo circunscribe las plantaciones masivas de árboles a los suelos de prioridad forestal, lo que ya es norma a nivel departamental, por ejemplo en Cerro Largo. Cuando se aprobó la Ley Forestal de 1987 quedaban incluidos en esa calificación algo menos de un millón y medio de hectáreas. Hoy, gracias al paciente trabajo del lobby forestal y a pesar de los avances técnicos que posibilitan la explotación diversificada de los suelos, esa superficie creció hasta más de cuatro millones y medio de hectáreas, más de la cuarta parte del país. Esa situación se corrige en la ley aprobada al determinar que las plantaciones intensivas de árboles no podrán superar el diez por ciento del territorio bajo explotación agropecuaria.
Otras disposiciones como la limitación al ocho por ciento de la superficie a plantar con árboles en predios fuera de la prioridad forestal, no son novedosas ya que viene del decreto 191/2006.
La ley expresa en cuanto a los terrenos de prioridad forestal que serán los designados como “terrenos Forestales” en la Ley 15.939, la ley forestal de 1987, y los decretos reglamentarios “vigentes”, disposición que cobra especial importancia cuando analizamos el decreto que el viernes 10 de diciembre publicó el Poder Ejecutivo en su web (Decreto 405/21), que los Ministros de Ambiente y Ganadería presentaron en la comisión del Senado el lunes pasado.
Ese decreto, a diferencia de la ley que es básicamente una norma relacionada con el ordenamiento territorial, se centra en los primeros artículos en temas de regulación ambiental, la más novedosa la que mandata a registrar las nuevas plantaciones de árboles de entre 40 y 100 hectáreas, incluyendo en el registro información ambiental, pero sin exigir un estudio de impacto ambiental.
Ese estudio si pasa a exigirse para las replantaciones en áreas previamente forestadas que en su momento no hubieran estado sujetas a Autorización Ambiental Previa, de hecho todas las realizadas hasta la vigencia del decreto 349/2005. Antes de ese decreto, aun estando en vigencia la Ley de Ambiente (16466) de 1994 las plantaciones masivas de árboles no tenían que hacerlo al haber sido específicamente exoneradas por el Decreto 435/1994.
Una primera diferencia con la ley aprobada se da cuando el decreto permite que hasta un 50% del área plantada pueda no ser de prioridad forestal en plantaciones entre 40 y 100 hectáreas (Artículo 7) y esa diferencia se hace más patente aún en el Artículo 9 que merece un análisis especial.
El mencionado Artículo 9 define los “terrenos forestales”, los que la ley determina son de “prioridad forestal “, en base a tres criterios:
1. Todos los ya forestados.
De esta manera incluye en la “Prioridad forestal” incluso aquellos que fueron plantados en áreas que no eran de prioridad forestal y que hoy son unas 300.000 hectáreas.
2. Los clasificados USDA VI y VII y/o
3. Suelos clasificados USDA IVe con potencia riesgo de erosión.
Esa clasificación es un verdadero cambio en las reglas del juego, se abandona el criterio que viene de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) de 1967, modificado en 1976 y que clasifica los suelos objetivamente en base a características propias y medibles; pasando a una clasificación del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) en base a aptitud agrícola
Más allá del cambio de reglas de juego, el principal problema de la clasificación que se usa en el decreto es que NO EXISTE aplicada a los suelos del Uruguay. No hay disponible cartografía que nos permita evaluar por ejemplo que tanto crecen o decrecen las áreas de prioridad forestal si se aplicara este decreto. Aplicación que es imposible sin esa información.
En este decreto además las empresas forestales y el lobby forestal recuperan la capacidad de que se consideren terrenos forestales los que sin serlo se incluyan dentro de una plantación hasta el 20% de la superficie plantada.
Eso libera de hecho y derecho a las empresas de tener que solicitar dispensas y permisos especiales en los casos en que la reglamentación departamental lo mandata por ocupar la plantación áreas que no son de prioridad forestal.
Finalmente el decreto en su artículo 16 pone su fecha de entrada en vigencia en tres meses, dice “3 (tres) mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial” por lo que no está vigente hoy.
Ese punto es de capital importancia dado que de acuerdo con la ley aprobada no serían considerados Terrenos Forestales y el decreto sería entonces en ese punto letra muerta.
Ahí aparece la necesidad de las empresas forestales , dueñas de más del 80% de las plantaciones masivas de árboles, y del lobby forestal, de que no se aplique la ley y que se imponga el decreto por el que se aseguran condiciones altamente favorables que les permiten seguir extendiendo sus plantaciones, evitando los pocos controles y limitaciones que tímidamente se les pretendieron imponer, especialmente a nivel departamental, para proteger otras producciones que lejos están de tener las ventajas que la forestación celulósica de alguna manera ha logrado en el Uruguay.
Funcional a eso es ahora la observación (veto) presidencial a la ley aprobada, el que reacomoda el statu quo de que gozan hoy las empresas forestales, en especial las de las celulósicas que operan en zona franca. Que en el fundamento de la observación se haga explícita referencia a los contratos de inversión firmados con esas empresas, garantizándoles la inamovilidad jurídica, muestra el poder que esas empresas tienen sobre el que aún hoy decimos es “nuestro” país, un poder más relacionado con el de las potencias coloniales que con el de empresas que operan en un territorio soberano.
Así, de mantenerse el “veto” y entrar en vigencia en tres meses el decreto, quedarán esas empresas en inmejorables condiciones para seguir avanzando en el territorio, alejando cualquier amenaza a su privilegiada posición, inigualada en el mundo, de que gozan en el Uruguay
Los liderados por Guido Manini Ríos saben que tienen que recurrir a argumentos que apunten a la conveniencia política de aprobar el proyecto.
El País 7/12/21
En política todo es dinámico. Esto se suele repetir a la hora de responder acerca de qué postura se tiene cuando sobre la mesa hay una propuesta que parte las aguas, que tiene muchas aristas o que el impacto que puede producir en la realidad es significativo. La coalición de gobierno ha tenido varias veces situaciones de este tipo y, ahora, en los últimos días del año legislativo, el oficialismo repite esa experiencia, aunque el brete tiene sus particularidades.
El tema en cuestión lleva más de un año de discusión: Cabildo Abierto está jugado a que el proyecto de ley que introduce cambios regulatorios a la actividad forestal se apruebe esta semana. Y que así sea, tanto si cuenta con los votos del resto de los socios de la coalición, o solo con los del Frente Amplio, con cuya adhesión ya contó el año pasado cuando la iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados.
Para eso, en estas horas de definición, los liderados por Guido Manini Ríos saben que tienen que recurrir a argumentos que apunten a la conveniencia política de aprobar el proyecto, y a hacerlo todos juntos.
Así que, siguiendo esa línea, el senador Guillermo Domenech -a cargo de esta negociación por parte de Cabildo Abierto y participante de la comisión en donde se debate el tema- recuerda que la iniciativa está en armonía con los “intereses” de un movimiento político que entiende que el gobierno no puede desconocer. “Yo creo que hay que prestarle atención al hecho de que este proyecto es apoyado por Un Solo Uruguay, que tuvo una excelente votación en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS)”, dijo el senador en ese sentido.
“Fue muy significativo: les doblaron el brazo a la Asociación y la Federación Rural”, agregó en diálogo con el presidente de Cabildo, quien considera a este movimiento surgido en 2018 -y que en los comicios del BPS obtuvo 450.000 votos- como el que representa “a los intereses del campo”. Y dijo más: “Si el Partido Nacional no se da cuenta de cuál es la opinión de los productores, es grave, porque siempre fue mirado con grandes expectativas por parte del campo”.
Marcelo Nougué, vocero de Un Solo Uruguay, reconoció que el movimiento “comparte la necesidad de que los rubros (productivos) compitan en igualdad de condiciones”, así como tienen en cuenta los efectos negativos del “vaciamiento” del campo producto de la expansión de las tierras forestadas, cuestión que ha sido remarcada incluso por Manini Ríos.
“El repoblamiento de la campaña es un tema que nos preocupa: hoy los ingresos siguen dependiendo del sector agroexportador y tenemos un campo vacío”, cuestionó.
Los cambios obligados
En Cabildo saben desde hace rato que para que el proyecto salga adelante es necesario aceptar la introducción de algunos cambios, sin que estos traicionen el “espíritu” de su reforma, entre otras razones porque saben que a la vuelta de la esquina está la desaprobación del presidente Luis Lacalle Pou, que en diciembre pasado definió que de aprobarse la iniciativa tal como estaba redactada la iba a vetar. “Así como está, no”, ratificó el mandatario en marzo al ser consultado acerca de si podría cambiar de postura si las negociaciones internas llevaban a cambios en el texto. La posibilidad, entonces, es dejar por el camino el segundo artículo de la iniciativa , que establece que las tierras utilizadas para plantación de arboles no pueden superar el 10% “de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria”
Pero eso solo, hasta ahora, no alcanza, porque aun así los cabildantes no tienen la seguridad de que el resto de los socios acompañe la iniciativa, y no están dispuestos a negociar ese punto con el Frente Amplio si no se obtienen los votos del resto del oficialismo. Y además, los colorados y la mayoría de los blancos mantienen su rechazo, e incluso algunos legisladores están directamente molestos con los cabildantes por estar a punto de votar la iniciativa con la oposición. “Es una cuestión de procedimiento”, resumió uno de los consultados.
Entre los blancos, el único convencido hasta ahora es el senador Sergio Botana, aunque igualmente propondría algún ajuste menor.
En paralelo, los legisladores de la coalición también esperan por un decreto del Poder Ejecutivo que establecerá una recategorización de la tierra que clasificará las que son de “aptitud ambiental” de las que no la son, según informó El Observador este sábado. Por eso se aguarda con expectativa la comparecencia del ministro de Ganadería Fernando Mattos, quien la semana pasada solicitó a los integrantes de la Comisión de Ganadería ser recibido para hacer una exposición al respecto.
Eso, además de que en la última sesión de esta comisión Domenech propuso que los legisladores se dieran “un compás de espera” hasta esta semana, fue lo que puso una breve pausa al tramo final de esta novela. Pero las negociaciones no paran. Domenech pidió ese tiempo el jueves pasado para analizar y definir de una vez por todas si los conducidos por Manini Ríos continuarán “con el proyecto de ley tal como está” o si negociarán cambios hasta el final. Y entre estos, además de la eliminación del tope a la forestación, está también sobre la mesa la opción de introducir la modalidad productiva del “silvopastoreo”, que en los hechos es la habilitación de una pequeña forestación en determinado tipo de suelo, si a su vez en ese mismo terreno se desarrolla la explotación ganadera o agropecuaria.
Pero como en la política todo es dinámico, las posiciones pueden variar de un momento a otro, sobre todo cuando las horas de definición se acercan, y más cuando del otro lado, en el Frente Amplio, son más que conscientes que con sus votos pueden generar un flanco abierto en la coalición al obligarla a votar dividida y exponerla al veto del presidente.
Dos claves del proyecto en discusión
Prioridad
El proyecto de Cabildo Abierto plantea en su primer artículo que “toda plantación de bosques generales y de rendimiento (...) queda limitada a los suelos de prioridad forestal”, los cuales son definidos por el Ministerio de Ganadería, siguiendo, entre otros, criterios ambientales o climáticos que determinen que esa tierra no puede aprovecharse para otros fines de explotación. El argumento es que desde que se aprobó la ley vigente en 1987, la forestación -sector productivo considerado de alto desarrollo y prosperidad- se ha expandido a impulso del crecimiento de la industria de la celulosa, y en detrimento de otros rubros con más generación de empleo, como la explotación ganadera y lechera. Lo más grave acá es que esas tierras que se plantan son las mejores del país. Esto está pasando en Colonia, Soriano, Río Negro, San José, Flores, porque son las tierras que están más cerca de las plantas”, dijo Manini Ríos meses atrás.
Tope de 10%
El segundo artículo limita con un porcentaje concreto -10%- la plantación de árboles en todo el territorio nacional. Es un punto que ha generado la especial desaprobación en el Partido Nacional y el Colorado, entre otros motivos por “dos efectos negativos”, puntualizó el senador blanco Sergio Botana. “Es un mal mensaje hacia el sector, porque es ‘te limito porque te limito’. Pero además porque es una limitación futura que acelera el presente, ya que lo que generará es que los forestadores salgan enseguida a acopiarse de tierras para que no se las quede otro, y termina siendo un aliento de algo contrario a lo que se quiere”.
En Cabildo, aunque aceptan quitar este límite, entienden que esto no es así, sino que la plantación de árboles continuará de la misma forma que lo viene haciendo desde la década de 1990. En la actualidad hay 1.100.000 hectáreas forestadas, de un total 16.000.000 en todo el Uruguay, por lo que queda por plantar aproximadamente 600 mil hectáreas”. “Al ritmo que venimos -dijo Manini Ríos en julio pasado- da para 25 años (de plantación) sin problemas”
El Telégrafo 21/12/21
“Hemos asistido a la primera discusión parlamentaria sobre forestación y sus efectos en nuestro país en más de 30 años”, sostiene el movimiento Un Solo Uruguay (USU) a través de un comunicado, enfatizando que “lamentable es ver y escuchar cómo una discusión de carácter productivo y técnico se politiza y se deriva en peleas y pujas partidarias cuando se deja de lado lo importante”
Afirman que “la inmensa mayoría de los argumentadores demuestran un desconocimiento absoluto del texto de la ley vigente (15.939) impulsada por el gobierno colorado en el año ‘87 y avalada por todos los gobiernos y legislaturas sucesivas hasta hoy. Ley que determina a texto expreso las características de los suelos de prioridad forestal, ley y artículos reglamentarios que otorgan al MGAP la potestad de definir a futuro las modificaciones a la prioridad forestal”
Y agrega que “increíblemente ha ido creciendo, un 250% desde la aprobación de la misma, como si nos avanzara un desierto o como si no hubiese existido avance tecnológico alguno en más de seis lustros, lo cual podría haber quitado muchos tipos de suelos, ya que sus aptitudes dejaron de ser limitantes para producciones provechosas de carácter permanente. Dicho incremento jamás tuvo una explicación por parte de las diferentes autoridades de turno”. El movimiento creado en Paysandú el 8 de enero de 2018, no es partidario “de limitaciones productivas, además creemos que el presente proyecto de ley no lo hace, ya que no desafecta suelos de la PF y reitera la posibilidad de forestar hasta el 8% de campos ganaderos y agrícolas, lo cual suma la posibilidad de forestar más de un millón de hectáreas en todo el país”.
“Lo que está claro”, afirma, “es que la forestación no compite en igualdad de condiciones con los demás rubros productivos, ya que dicha actividad ha sido subsidiada permanentemente por la sociedad uruguaya en todas sus fases: campo, transporte e industria, y lamentablemente le seguiremos poniendo plata (la cual falta en muchos lados) para que continúe su feliz crecimiento”. Al tiempo de apoyar el proyecto de ley presentado, expresa que “no sin cuestionarnos por qué hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente, violada permanente y reiteradamente”. “La determinación y regulación de la actividad forestal no es patrimonio de unas pocas empresas, sino de todos los que la subsidiamos. Este tema merece un debate nacional entre todas las partes involucradas, a las cuáles ya les proponemos el mismo”, finaliza diciendo el comunicado.