El prólogo de la dictadura: mayo de 1972, la ofensiva tupamara y la militarización del país
En el verano de 1972, el MLN-T anuncia a la FAU su intención de pasar a una “etapa superior de lucha”, una etapa definida por el lanzamiento de una ofensiva revolucionaria contra el paramilitarismo, contra el Terrorismo de Estado, aspiración muy sentida y reclamada desde las organizaciones de masas.
El día elegido fue el 14 de abril; esa mañana, los comandos tupamaros mataban a tres personas vinculados a los Escuadrones de la Muerte: el Subcomisario Oscar Delega Luzardo, el Capitán Ernesto Motto y el ex-Subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara. El plan incluía más objetivos, como el subcomisario Juan J. Reyes, el fascista Miguel Sofía o el Capitán Jorge Nader, pero diversas circunstancias impidieron a la guerrilla llevarlos a buen término.
A partir del 14 de abril de 1972, comienza otra historia en el Uruguay, otro nivel de violencia. Aquel día se produjo un quiebre histórico que determinó el futuro del país en los siguientes treinta años.
Aquel mismo día el Gobierno solicitaba al Parlamento la venia para instaurar el Estado de Guerra Interna y, ya por la tarde, las Fuerzas Conjuntas desataban una brutal contraofensiva que incluyó la muerte de ocho tupamaros, incluido el dirigente Jorge Candán Grajales, la detención de otros trece activistas, siete de ellos heridos, y el asesinato de dos simpatizantes de la guerrilla, el periodista Luís Martirena y su esposa Ivette, ésta, según se supo años después, ejecutada a bocajarro por el inspector Víctor Castiglioni. Entre los guerrilleros capturados estaban dos miembros de la cúpula tupamara: Eleuterio Fernández Huidobro, gravemente herido, y David Cámpora. En sólo ocho horas doce personas habían muerto de forma violenta, ocho del lado guerrillero, cuatro del otro bando. A todo ello sumar el violento e injustificable allanamiento de la sede central del PCU, tan sólo un adelanto de la matanza perpetrada en la Seccional 20 dos días después, el 17 de abril: la llamada “Masacre de la 20” remató con el asesinato de ocho militantes, algunos de ellos agonizantes durante horas, hasta que los militares permitieron el acceso de los servicios sanitarios al local.
El mismo 14 de abril, el MLN-T trató de explicar su ofensiva dando a conocer las confesiones de Nelson Bardesio, pero esta estrategia no bastó para contrarrestar el efecto de veinte muertos en cuatro días.
Mientras el Parlamento, presionado por el Ejecutivo y por la violencia de la jornada, daba luz verde, aquel mismo día, el 14 de abril, y en una tensa sesión vespertina, a la declaración del Estado de Guerra Interno y la suspensión del derecho a la seguridad individual. Algunas fuentes señalan que tal medida ya fuera acordada en una reunión secreta de la de la jerarquía militar y representantes de los partidos mayoritarios, el PN y el PC; la supuesta reunión se habría celebrado el 6 de abril, así pues, diez días antes de la ofensiva guerrillera, que no habría sido sino la excusa perfecta para justificar públicamente tal decisión. Con la declaración del Estado de Guerra, los militares adquirieron un poder enorme, impropio de un régimen constitucional: su “guerra sucia” contra la subversión tenía las manos libres para eludir el poder judicial y las garantías constitucionales; el delito de lesa nación pasó a ser un delito militar y en consecuencia, la justicia castrense comenzó aplicarse también a los civiles.
Ya sin obstáculos legales de ningún tipo, la represión contra el MLN-T y los espacios próximos fue fulminante: el allanamiento de cientos de locales, la detención de miles de personas y la institucionalización de la tortura, convertida en la práctica habitual de los interrogatorios, dieron su frutos y provocaron el descalabro de la poderosa organización guerrillera, que en pocas semanas fue militarmente derrotada. Cientos de activistas fueron muertos o detenidos y sus principales líderes siguieron, uno tras otro la misma suerte; el 9 de septiembre de 1972, la captura de Raúl Sendic, gravemente herido, el último dirigente histórico en libertad, marcó el fin de la organización armada.
Pero la ofensiva militar no se limitó a derrotar a los tupamaros, su principal objetivo, asestando también duros golpes a las infraestructuras de las demás organizaciones revolucionarias. La FAU-ROE no fue una excepción, siendo detenidos no pocos militantes y dirigentes, sobre todo tras el secuestro por la OPR del industrial Sergio Molaguero; en mayo fueron detenidos León Duarte y Washington Pérez y en agosto Gerardo Gatti y Hugo Cores, requeridos por la justicia militar, debieron pasar a la clandestinidad. A finales de año le tocó el turno al PCR, el heredero del MIR.
La OPR en 1972
Por estas fechas la dirección de la OPR, “Aguilar” en el lenguaje de la clandestinidad, estaba integrada, entre otros, por J. C. Mechoso, Mauricio Gatti, alias “Sebastián”, y Alfredo Pareja.
Aquel año, el aparato militar de la FAU intentó actuar con autonomía, pero debió hacerlo en un escenario pautado por otros, un escenario que no tenía previsto y para el que no estaba preparado, sufriendo también el envite de las Fuerzas Armadas. Así, el aviso tupamaro sobre su inmediata ofensiva contra los Escuadrones de la Muerte, no influyó en los planes de la organización, que decidió mantener, e incluso incrementar, su actividad; prácticamente no hubo discrepancias al respecto, destacando tan sólo las críticas de Hebert Mejías Collazo, que apostaba por una suspensión temporal de las operaciones; en contra de lo que podría esperarse, la escalada represiva desencadenada a partir del 14 de abril no hizo variar las posiciones de la dirección de la FAU y la OPR quemó sus últimos cartuchos.
Fue así, como en el otoño de 1972, en plena contraofensiva militar pero con su estructura armada aún intacta, la FAU resuelve secuestrar a Sergio Hugo Molaguero, hijo del poderoso empresario José Hugo Molaguero, un significado representante del sector más reaccionario de la patronal uruguaya. Molaguero era el propietario único de la fábrica de calzados SERAL, ubicada en la ciudad de Santa Clara, en el Departamento de Canelones; dirigía su empresa de forma absolutamente caciquil, incumpliendo todas las normas y acuerdos laborales, cometiendo todo tipo de arbitrariedades y respondiendo con el despido a la más mínima protesta. Su hijo Sergio trabajaba también en la fábrica y colaboraba activamente en la labor represiva; algunas fuentes lo relacionan con la ultraderecha, con vínculos con la UJP o con los Grupos Fascistas. El conflicto recibiera el apoyo incondicional de los vecinos de la localidad y de otros muchos gremios, organizaciones y trabajadores, como la FAU y el Sindicato de FUNSA, con Washington Pérez y León Duarte, la UF, Unión Ferroviaria, o los obreros de Portland o CICSA, pero duraba ya cerca de medio año y la intransigencia de Molaguero contaba con el respaldo de las Fuerzas Conjuntas, que militarizaron la empresa y toda la ciudad, reprimiendo brutalmente todo acto de protesta.
En estas circunstancias, el operativo de la OPR fue concebido como un acto de solidaridad y apoyatura armada a un conflicto sindical sin visos de solución, formando parte así pues, de la línea de acción habitual de la FAU-OPR. Sin embargo, la variación del contexto nacional, con la ofensiva tupamara y la reacción represiva del Estado, le dio otra significación.
La OPR ejecutó el operativo en la madrugada del 11 de mayo. Al frente del comando, Alberto Mechoso, alias “El Abuelo” o “Martín”, acompañado, entre otros, por Adalberto Soba “El plomito” e Ivonne Trías, “Lola”. La acción se llevó a cabo sin incidencias y los secuestradores no tardaron ni 24 horas en transmitir sus exigencias: una indemnización de 20.000 pesos para cada trabajador de la empresa, el reparto de ropa y material escolar entre los niños de los barrios populares de Santa Clara, un acuerdo laboral público que incluyese el cumplimento del convenio, el pago de los salarios debidos, la readmisión de los despedidos, el reconocimiento de la UOS, Unión Obrera de Seral, y una “compensación económica” para la OPR.
Sin embargo, las FFAA, envalentonadas por el desmoronamiento del MLN-T, presionaron a la familia Molaguero para que rechazara las negociaciones con los sediciosos, postergando la liberación del retenido durante más de dos meses y poniendo al pequeño aparato armado de la FAU al límite de sus capacidades. Los militares multiplicaron los allanamientos y las detenciones y se cebaron en el entorno sindical ligado al conflicto de SERAL, apresando a León Duarte, a Washington Pérez y a los líderes de la UOS, como Julio Ojeda o Hida Moreira. La OPR y sus hombres vivieron también situaciones complicadas y momentos muy difíciles, con una caída en cadena de los locales donde estuviera retenido la víctima: el 4 de julio era descubierto un piso franco en la calle Rafael, en el Barrio de Maroñas; al día siguiente caía otro local en la calle Humberto Primo…El mismo jefe militar de la FAU, Juan Carlos Mechoso, estuvo a punto de ser capturado a finales de julio, cuando los militares allanaron el piso en el que vivían su mujer y sus dos hijos. Poco a poco, el cerco se iba estrechando. El escondite estuvo a punto de ser descubierto en varias ocasiones, pero el retenido fue trasladado a tiempo. Así, la OPR pudo completar el operativo con éxito y el 19 de julio, tras el cumplimiento de las exigencias de los guerrilleros, Sergio Molaguero era liberado.
Tras la liberación, las Fuerzas Conjuntas mantuvieron su presión, continuando con los allanamientos y las detenciones, incluidos no pocos militantes sindicales y estudiantiles del entorno de la FAU-ROE, muchos de ellos sin vinculaciones con la organización armada. La tenaza represiva siguió cerrándose en las siguientes semanas y al tiempo que la infraestructura de la organización menguaba, decenas de activistas “legales” de la OPR debían pasar a la clandestinidad o eran detenidos: el 30 de julio era apresado Jorge Vázquez Rosas, alias “Marcelo”, miembro de uno de los equipos de la OPR implicados en el secuestro; el 5 de agosto caía el refugio de otro de los comandos encargados del operativo, un piso en la calle Adolfo Vaillant; pocas horas después, en la madrugada del 6 de agosto, eran detenidos dos de sus ocupantes, Alberto Mechoso e Ivonne Trías, dos de los principales cuadros de la organización; el 11 de octubre el capturado era Cesar Martínez, miembro de otro equipo implicado; el 14 de octubre se suicidaba, ante la inminencia de su captura, Olivar Caussade, el “Viejo Pocho”, el responsable de la construcción de los escondrijos de la organización (zulos, pozos, berretines…)…
El desafío le había costado caro a la OPR y la organización debió pasar definitivamente a la defensiva. De hecho, tras el secuestro de Molaguero, su único operativo de entidad fue la breve retención, de menos de 24 horas, del periodista Héctor Menoni, que sería el último secuestro de la guerrilla uruguaya y que no fue sino una prolongación del operativo de Sergio Molaguero, la respuesta de la FAU-OPR a la, a su juicio, difamatoria campaña desplegada por la prensa afín al régimen con la colaboración de Molaguero, que, tras su liberación, denunció golpizas y malos tratos por parte de sus captores. Menoni, responsable de la Agencia de Noticias UPI, United Press International, fue secuestrado el 28 de julio y fue liberado al día siguiente, tras facilitársele un informe detallado sobre las condiciones laborales de SERAL y sobre el trato recibido realmente por Molaguero durante su secuestro.
A partir de entonces, sólo más detenciones y algunos pequeños operativos sin mayor trascendencia. Sólo la fuga de Alberto Mechoso, el 21 de noviembre, inyectó algo de optimismo a una organización en clara retirada.
1973: el repliegue de la FAU
La FAU supo interpretar con gran acierto la situación del Uruguay y la escalada militar, supo ver que el espacio político del país era una dictadura inminente, adelantándose al Golpe de Estado y aprobando en abril de 1973 la evacuación de la organización hacia la Argentina. Ello le permitió, a diferencia de las otras fuerzas políticas de la izquierda, conservar casi intacto su aparato organizativo.
En 1973 la represión siguió avanzando y la FAU tenía cada vez más dificultades para dar refugio al creciente número de activistas que debían pasar a la clandestinidad. El 24 de marzo, la organización sufre un duro golpe con la caída de parte de su cúpula militar, reunida en “Torres”, nombre en clave del local que la OPR tenía cono “Centro de Información” en el Barrio de La Agüada: la noche de aquel sábado, Juan Carlos Mechoso, Alfredo Pareja y Raúl Cariboni fueron detenidos en un gran operativo de las Fuerzas Conjuntas y sólo la fortuna impidió la captura del resto de la dirección armada de la FAU, puesto que, no mucho antes, Mauricio Gatti y Roger Julien abandonaran la reunión. Los repiques de esta caída arrastraron a otros activistas y locales, debilitando aún más la exigua infraestructura de la organización.
Acorralada por la acometida de las FFAA, la FAU entendió que llegara el momento de iniciar la retirada para salvar a la organización. La idea ya fuera valorada por el Secretariado a finales del invierno de 1972, tras el cerco que siguió al secuestro de Molaguero, previendo incluso que dirigentes serían evacuados y cuales quedarían en Montevideo, al frente de la organización; era una estrategia de “reserva”, por si las circunstancias lo requerían y ahora, seis meses después, el momento había llegado. La decisión no se comunicó a la militancia hasta que su puesta en marcha no fue inminente, en el otoño de 1973, cuando fue recogida en un documento interno llamado “Acta de Abril”. La dirección estudió caso por caso quien podía permanecer todavía en el Uruguay y quien debía salir al exilio. De este modo, aquel mismo mes, y de forma ordenada, la FAU comenzó a sacar del país a parte de su dirigencia, encabezada por Gerardo Gatti, y a la militancia clandestina, empezando por la de la OPR, la más “quemada”. El grupo liderado por Gatti, llamado en clave el “Instituto de Historia”, se instaló en Buenos Aires con dos objetivos fundamentales: trabajar en apoyo de la actividad de la FAU del interior y redactar el material necesario para la futura fundación del partido, una necesidad planteada ya desde hacia tiempo en el seno dela organización.
En un marco regional pautado por las dictaduras –Brasil, Paraguay, Chile y muy pronto Uruguay-, Argentina aparecía como un refugio privilegiado para los miles de activistas que huían de las botas de los militares del Cono Sur. El país, vivía en aquellos meses una ilusión desbordada, incontenible, tras la restauración de la democracia y el retorno del exilio del añorado líder, el populista Domingo Perón.
La evacuación no fue aceptada por un sector de la OPR. Este grupo, muy minoritario y liderado por Idilio de León y Julio Larrañaga, se escindió de la organización y creó una nueva formación armada bautizada como Los Libertarios, de vida efímera.
Con el repliegue, la FAU debió reorganizarse, desarrollando dos estructuras, una para el interior y otra en la Argentina. Para el interior, el Secretariado designó inicialmente una dirección integrada por Hugo Cores, Juan Carlos Mechoso, Mauricio Gatti, Alfredo Pareja y León Duarte; sin embargo, esta dirección no llegó a funcionar tal cual debido a la temprana caída de Pareja y Mechoso, sustituidos a partir de abril por Carlos Coitiño, un joven dirigente procedente del gremio bancario, y Pablo Anzalone. Mauricio Gatti causó baja en mayo, cuando un requerimiento de la justicia militar forzó su huida del Uruguay. En la dirección de la ROE del “interior”, repetían Hugo Cores, Carlos Coitiño, León Duarte y Pablo Anzalone, añadiéndoseles Raúl Oliveira, de la UF, Jorge Zaffaroni y Mariela Salaberry
EL GOLPE DE ESTADO DEL 27 DE JUNIO DE 1973
No se puede hablar del Golpe de Estado de junio sin hablar de los “hechos de febrero” y el Pacto de Boiso Lanza, un auténtico prólogo del quiebre institucional que se produciría pocos meses después. Desde su llegada a la Presidencia, Bordaberry se aliara con los sectores más conservadores y lo hiciera tanto en el ámbito civil como en el militar, donde favoreció a la oficialidad más derechista. Con él, el poder de las FFAA no hiciera sino incrementarse cada vez más. Sin embargo, las FFAA fueron adquiriendo una conducta propia que de hecho, los acabó independizando del poder político al que en principio estaban sometidas; así, el nuevo rol otorgado al estamento castrense incluyó una progresiva intromisión de los militares en la vida política, una agresividad y un envalentonamiento que crecía al ritmo de sus triunfos en la lucha contra la subversión y que en ocasiones generó situaciones verdaderamente insólitas, situaciones en las que en su caso no dudaban en criticar públicamente la política del que no dejaba de ser su Comandante en Jefe, el Presidente de la República. Esta arrogancia de la cúpula militar acabó provocando fisuras en su alianza con el Ejecutivo y los partidos tradicionales; así, a partir de principios de 1973 se fueron haciendo cada vez más evidentes ciertas tensiones entre el elenco civil del Gobierno y la mayor parte del Parlamento por un lado y los mandos militares por el otro. Estas tensiones estallaron el 8 de febrero de 1973: ese día, Bordaberry cesó a Armando Malet, su Ministro de Defensa, y nombró en su lugar al General retirado Antonio Francese; con esta jugada, el Presidente trataba de controlar la efervescencia de las FFAA, de frenar su injerencia en los “asuntos de Estado”, pero lo que logró fue todo lo contrario: aunque la Armada mantuvo su lealtad institucional, el Ejército y la Fuerza Aérea desafiaron abiertamente al Presidente e ignoraron el relevo ministerial, no dudando en manifestar su postura públicamente y en sacar los tanques a la calle; el enfrentamiento acabó con la derrota explícita de Bordaberry, que no tardó ni 24 horas en remover a Francese. Su sumisión se evidenció aún más, si cabe, tras pactar su continuidad a cambio de ceder parte de su autoridad ejecutiva a las FFAA: el “Acuerdo de Boiso Lanza”, firmado el día 12 en la base aérea del mismo nombre, encomendaba a las FFAA la misión de preservar la “soberanía y la seguridad del Estado” y reconocía su facultad para participar en la actividad político-administrativa; esta actividad se realizaría a través del COSEMA, Consejo de Seguridad Nacional, un órgano asesor del Poder Ejecutivo integrado por el Presidente, algunos ministros y los Comandantes en Jefe de las FFAA. Con este pacto, se completaba el deslizamiento hacia un gobierno cívico-militar, un gobierno civil en lo formal pero cuyo centro de poder recaía en las FFAA.
El miércoles 27 de junio de 1973, cuatro meses después del Acuerdo de Boiso Lanza, las FFAA, ahora invitadas por el Presidente de la República, concretaban el Golpe de Estado. El detonante: la negativa del Congreso, por un solo voto eso sí, a conceder el desafuero del senador Enrique Erro, exigido por los militares. Como respuesta, Bordaberry convocó a la residencia presidencial a los Comandantes de las tres armas para urdir el asalto definitivo al Parlamento.
A las 1,40 de la madrugada del mismo día 27 de junio de 1973, el Senado remataba su última sesión, en la que todos los senadores presentes en la sala manifestaban su rechazo al golpe que se gestaba. Allí se escucharon los últimos debates con los que se cerraban más de 30 años de democracia ininterrumpida, toda una excepción en el contexto del Cono Sur. Como ausentes, los aliados de los golpistas: los senadores de la Unión Nacional Reeleccionista, del PC, y los de la Alianza Nacionalista, del PN. Poco después, las fuerzas militares ocupaban el Palacio Legislativo.
En respuesta al golpe que se gestaba, en la misma madrugada, el Secretariado de la CNT, reunido en el local de la Federación del Vidrio, en La Teja, convocó una huelga general y llamó a la ocupación de las fábricas, movilizando antes de nacer el día a miles de trabajadores y ciudadanos. Por la mañana, el frente estudiantil se sumó sin titubeos al paro nacional.
Finalmente, y argumentando “la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, inserta en las propias instituciones para presentarse encubierta como una actividad legal”, el Ejecutivo uruguayo dictó a primera hora del día 27 un decreto que disolvía las dos cámaras y las sustituía por un Consejo de Estado con poderes legislativos, suspendía los derechos civiles, establecía la censura de los diversos medios de comunicación y facultaba a las FFAA a asegurar por los medios que estimase oportunos el funcionamiento de los servicios públicos. Aquel día, Montevideo amaneció militarizado, con tanquetas y jeeps ocupados por soldados fuertemente armados que recorrían las principales calles y avenidas. Mientras, los medios de comunicación no dejaban de reproducir insistentemente el decreto de cuatro artículos promulgado por el ahora dictador Juan María Bordaberry.
Durante los días siguientes, y por debajo de la tranquilidad impuesta por las patrullas y el miedo, Montevideo hervía de gente que repartía volantes y panfletos a favor de la huelga y contra la dictadura, de acciones de ocupación y reocupación de centros de trabajo, de muchas pequeñas reuniones sindicales, de “frenteamplistas” de base que se solidarizaban y apoyaban a los trabajadores que ocupaban las fábricas, etc.… Durante dos semanas, el pueblo reunido y desarmado se erigió en vanguardia de la defensa de la democracia y luchó contra el atropello de las instituciones perpetrado desde la misma Presidencia de la República. La huelga duró 15 días y se convirtió en la más larga de la historia del Uruguay, poniendo de manifiesto toda la potencialidad, también los límites, del movimiento obrero uruguayo.
La respuesta de las fuerzas políticas fue en cambio escasa, cayendo en la inacción; sólo el FA y el PN, sobre todo el Movimiento Por la Patria de Wilson Ferreira Aldunate y sus aliados del Movimiento Nacional de Rocha, liderado por Ricardo Rocha Imaz, participaron del rechazo al golpe y convergieron políticamente para dar su apoyo explícito a la huelga, aunque en ningún momento asumieron el liderato del movimiento de resistencia, en manos del frente sindical.
El Ejecutivo y las FFAA respondieron al desafío sindical con más represión: ilegalizaciones, detenciones, torturas, desapariciones forzadas…
El día 28, mientras efectivos militares allanaban la sede central del PSU y detenían a los miembros de su Comité Central, liberados no obstante al día siguiente, la justicia militar expedía una orden de captura contra los legisladores moderados más díscolos: Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruíz y Ricardo Rocha, del PN, Enrique Erro y Juan Chenlo, de la UP, y un Zelmar Michellini alejado definitivamente del PC e integrado en el FA.
El 30 de junio, el Gobierno emite un nuevo decreto por el que ilegaliza y disuelve la CNT, ordena la captura de su dirigencia y procede a la incautación de todos los bienes de las organizaciones sindicales. Simultáneamente comienza la “Operación Desalojo”; decenas de fábricas fueron desalojadas por las Fuerzas Conjuntas y vueltas a ocupar por sus trabajadores, en algunos casos hasta una decena de veces; para desalojar la emblemática FUNSA se utilizaron cinco camiones repletos de soldados, dos tanquetas militares y un helicóptero Los vecinos del Cerro levantaron barricadas para impedir el arribo de las fuerzas represivas.
El 4 de julio, el Ejecutivo difunde en los medios periodísticos las fotos de 52 líderes sindicales en búsqueda y captura y expide un nuevo decreto que establece el despido sin derecho a indemnización de todos los trabajadores en huelga, comenzando a elaborarse “listas negras” de trabajadores “rebeldes”; estar inscrito en ellas cortaba toda posibilidad de encontrar empleo.
El 6 de julio, Ramón Peré, un estudiante universitario, militante de la UJU y del FEUU, era asesinado en la calle Pedro Bustamante por dos policías de paisano cuando trataba de obstaculizar la vuelta a la normalidad del transporte municipal, con ómnibus custodiados por vehículos militares y manejados en ocasiones por chóferes del ejército. Dos días después, un joven de sólo 16 años, Walter Eduardo Medina, estudiante del liceo y militante de la Juventud Socialista, era ejecutado por la espalda por un agente fuera de servicio; su delito: estar realizando una pintada contra el golpe en un muro de la calle Rinaldi.
Aquel mismo día, el sector democrático del PN sufría una fuerte merma con la detención de Carlos Rodríguez Labruna, del Movimiento Nacional de Rocha, el capitán Omar Murdoch, Presidente de su Directorio Nacional, Luis Alberto Lacalle, herrerista, y Walter Santoro, Miguel Ángel Galán y Óscar López Ballestra, del Movimiento Por la Patria.
El lunes 9 de julio, a las cinco en punto de la tarde, en el centro de Montevideo, miles de ciudadanos, trabajadores, estudiantes y frenteamplistas vencieron el miedo y se concentraron para mostrar públicamente su rechazo a la dictadura. Un verdadero mar humano tapizaba la Avenida 18 de julio. La manifestación fue reprimida con brutalidad durante horas por efectivos militares y policiales, quienes, fuertemente armados, emplearon gases lacrimógenos, carros lanza-agua y balas. Cientos de trabajadores y estudiantes fueron golpeados y apresados. Pocas horas más tarde de la disolución forzosa de la concentración, los militares detenían a Walter Santoro, número dos del Movimiento por la Patria, y al Coronel Zufriategui y los generales Liber Seregni y Víctor Licandro, los líderes de la corriente militar vinculada al FA.
La feroz acometida de la represión no se limitó a Montevideo. Son buenos ejemplos la ofensiva lanzada el 4 de julio contra el PCR de Salto, con 17 detenidos, o la dura respuesta a las manifestaciones populares realizadas el mismo día 9 en varias ciudades del interior. El mismo día, los militares allanaban el local del diario comunista “El Popular” y detenía a más de cien personas.
A pesar de la fuerte represión, la Huelga General continuó hasta el 11 de julio, fecha en la cual la Mesa Representativa de la CNT aceptó por mayoría, y luego de tres reuniones, la posición del PCU, organización que, temerosa de un excesivo debilitamiento de sus fuerzas, apostaba por el levantamiento del paro y por una lucha de otro tipo, una lucha prolongada, de desgaste. La Tendencia Combativa, liderada por la agrupaciones ligadas a la ROE, el M26 o los GAU, partidarios de dar el paso hacia una huelga insurreccional, fue derrotada. Tres de sus gremios más representativos, el Sindicato de FUNSA, la FOEB, Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, y la FUS, Federación Uruguaya de la Salud, acataron la decisión pero respondieron con un documento muy crítico, el “Documento de las tres F”, donde reprochaban el levantamiento del paro sin condiciones y denunciaban la indefensión de los huelguistas tras el mismo.
Por lo que respecta a la FAU, la organización tuvo un notable protagonismo en la huelga a través del Sindicato de FUNSA y de la ROE. Precisamente, el Sindicato de FUNSA, liderado por León Duarte y alejado en los últimos tiempos de la CNT, respondió de inmediato al llamamiento realizado por ésta en la mañana del 27, apartando sus diferencias y reintegrándose a la conducción de la central. Su militancia participó activamente en la ocupación de las fábricas y centros de trabajo. Días antes de la gran manifestación popular del 9 de junio, León Duarte se reunió con el General Liber Seregni para intercambiar opiniones sobre las alternativas de la huelga y las perspectivas de lucha contra la dictadura
Derrotada la huelga, se desató de inmediato el revanchismo patronal y miles de trabajadores fueron despedidos, sancionados y encarcelados. El empresariado celebraba el “fin de la dictadura sindical” con represalias de todo tipo. La situación de incertidumbre y persecución obligó a muchos activistas a pasar a la clandestinidad y a miles de uruguayos a marchar al exilio; para muchos militantes, sin posibilidad de encontrar trabajo al figurar en las listas negras, no había otro camino; Venezuela, Brasil y sobre todo Argentina fueron los destinos preferidos. El desánimo, la sensación de derrota, la idea de que habían sido vencidos y que ya no había nada que hacer, cuajó entre la militancia de izquierda y ayudó a vencer las reticencias de muchos a la hora de abandonar el país.
El 10 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó, bajo el eufemismo de “Garantías del Trabajo”, la nueva reglamentación sindical, que finiquitaba la autonomía sindical.
Con la instauración del Consejo de Estado el 19 de diciembre de 1973, terminaba la institucionalización del nuevo régimen. Formado por 25 miembros, el consejo estaba dominado por los militares. Las FFAA se entronizaban, ya sin tapujos, en los puestos de mando del aparato estatal, no dejando, en los años inmediatos, de seguir ampliando su control sobre casi todas las instituciones nacionales.
La FAU-ROE del “interior” tras el golpe
Por lo que respecta a la FAU-ROE, la Huelga General tuvo también sus consecuencias. Entre las caídas acontecidas durante el conflicto, cabe destacar las de dos líderes históricos del Sindicato de FUNSA y de la FAU: Miguel Gromaz y León Duarte, detenido en una reunión sindical en la iglesia de San Juan Bautista, en Pocitos. En septiembre Hugo Cores, en situación de clandestinidad desde mediados de 1972, se vio forzado a salir del país. Con Cores y los hermanos Gatti en Argentina y con Duarte y Juan Carlos Mechoso en prisión, el balance para la FAU del interior era demoledor: en sólo seis meses, entre marzo y septiembre, perdiera a todos sus líderes históricos.
A pesar de ello, la FAU-ROE del interior intentó mantener su actividad durante la naciente dictadura. En los meses siguientes al golpe, trató de dar continuidad a la lucha con la campaña “Rebeca”, una pequeña campaña centrada en el reparto de volantes y en la realización de pintadas contra el nuevo régimen. A finales de año, en noviembre, culminó la convergencia con el FER-FRT, que se integró definitivamente en la ROE, aportando cuadros y activistas de la valía de Miguel Ángel Moreno Malugani, Iván Morales, Rafael Lezama, Enrique Rodríguez Martínez Larreta, Rubén Prieto González, Helios Serra, Josefina kleim, Miguel Fernández Galeano o Beatriz Anglet; un sector minoritario del FER no aceptó la integración, fundando el Movimiento Socialista, luego PT, Partido de los Trabajadores. Ya en septiembre de 1974, la ROE impulsó un intento de nucleamiento de los sindicatos, agrupaciones y listas sindicales contrarias a la línea del PCU y la CNT alrededor del Sindicato de FUNSA: los “Sindicatos Combativos de la CNT”, un espacio de coordinación que funcionó hasta junio de 1975.
Sin embargo la brutal arremetida de la represión no dejó espacios para el trabajo gremial o político. La ROE fue ilegalizada el 28 de noviembre del 73 por un decreto del Ejecutivo que dejaba fuera de la ley a la práctica totalidad de las organizaciones de la izquierda: PCU, PSU, M26, PCR, GAU, MRO, POR, Agrupaciones Rojas, FER, FEUU, UP…El mismo día eran clausurados los diarios “El Popular” y “Crónicas”.
La labor represiva se acentuó si cabe más en 1974, destacando la ofensiva contra los GAU, iniciada ya en noviembre del 73, y la embestida contra el asociacionismo estudiantil, especialmente dura con el FER, el sector universitario de las UJC, la AEM, Asociación de Estudiantes de Medicina, y el activismo del Liceo Miranda; el PCR fue una de las organizaciones más perseguidas; la ROE fue especialmente golpeada entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, con decenas de detenidos.
El acoso al movimiento estudiantil se completó en 1975, año en el que la embestida represiva se cebó con el M26; los principales operativos contra la ROE acontecieron en junio, con casi cincuenta detenidos, y en octubre, con más de veinte apresados. El golpe de gracia al movimiento sindical llegó a partir de octubre de 1975, cuando el aparato represivo, tras aplastar a las otras organizaciones izquierda, decidió que había llegado el momento de lanzar su ofensiva contra el PCU y la UJU, la “Operación Morgan”, desatando una feroz acometida que incluyó la detención, torturas y muerte de cientos de afiliados, muchos de ellos cuadros sindicales sobre cuyas espaldas se sustentaba la mayor parte del sindicalismo del país.
Hacia 1976 la actividad sindical y estudiantil en Uruguay prácticamente había desaparecido. La mayor parte de los activistas de primera línea fueran condenados a largas penas, dejando huérfanas a las organizaciones sindicales, prácticamente desaparecidas durante los próximos siete u ocho años.
En apenas un año, la debilitada FAU-ROE del interior fue prácticamente barrida del escenario uruguayo y sus dirigentes y activistas o bien huyeron o acabaron, torturados, en las cárceles de la dictadura. Así, uno tras otro, los nuevos dirigentes de la ROE, jóvenes obligados a asumir prematuramente la responsabilidad de la dirección, fueron cayendo en las manos de la represión o se vieron forzados a huir al exterior. El 31 de julio del 73 caía Raúl Oliveira, apresado junto a medio centenar de sindicalistas de la UF, cuya dirección estaba muy penetrada por la ROE; los detenidos, entre los que estaba toda la dirección del sindicato, fueron rodeados por los militares cuando estaban reunidos en su local del Barrio de Peñarol, donde fueran convocados para evaluar la situación tras la Huelga General; junto a Oliveira cayeron otros muchos cuadros de la ROE, como Luís Raimundo, Gilberto Coghlan, muerto por las torturas en diciembre, Félix Vidarte, Roberto Pérez o Lucas Peña. A estas pérdidas se añadieron aquel mismo año la de Lilian Celiberti, apresada, y en 1974 las de Jorge Zaffaroni y Mariela Salaberry, evacuados a Buenos Aires, y la de Carlos Coitiño, detenido. A finales del 75, el detenido era Pablo Anzalone. Meses antes, un requerimiento judicial obligara a Luis Puig a salir clandestinamente del país. A finales de junio de 1976 caía el último núcleo organizado de la ROE en Montevideo; Elena Quinteros, que retornara clandestinamente a Uruguay, era “desaparecida” y José Félix Díaz, su compañero, huía definitivamente a la Argentina. La organización del “interior” estaba definitivamente desmantelada; quedaba tan sólo el exilio.
UN TRONCO COMÚN, DOS CAMINOS DISTINTOS: EL PVP Y LA NUEVA FAU
La FAU-ROE en el exilio: el nacimiento del PVP (1973-1976)
Los primeros evacuados llegaron a Argentina en marzo de 1973; a su frente Gerardo Gatti y Roberto Larrasq, recibidos por Alberto Mechoso, que vivía refugiado en el país austral desde diciembre del 72, tras su fuga del cuartel del Regimiento de Artillería Nº 5.
La elección de la Argentina como país de acogida obedeció fundamentalmente a dos motivos: su naturaleza fronteriza con el Uruguay y su momento político. En la Argentina de 1972-1973 se vivía en la mayor parte de la ciudadanía, pero sobre todo en la izquierda social, una gran efervescencia, un ambiente de un gran entusiasmo y un optimismo exultante, ante la reconquista de las libertades tras 18 años de dictaduras militares. Para muchos, se estaba asistiendo al triunfo de la resistencia, de las guerrillas, de los trabajadores, de las clases populares, muy identificadas con el peronismo y la izquierda; era también el triunfo de los periodistas, intelectuales y editores que se habían arriesgado, críticos con el totalitarismo; era la victoria de todos los contestatarios. La movilización popular le había cambiado el rostro a la ciudad y el pueblo se sentía vencedor. Frente a la tristeza de Montevideo, una ciudad paralizada por la miseria y el miedo, donde se vivía el riesgo, la derrota y el desalojo, Buenos Aires surgía como una ciudad enérgica y cosmopolita donde se respiraba ilusión y esperanza.
En ese contexto, hacia 1973-74, comienzan a arribar a la Argentina miles de uruguayos, unos como perseguidos directos de la Dictadura, otros como integrantes de las “listas negras” de la patronal, por su pasado como activistas sindicales o meros huelguistas, muchos como ciudadanos simplemente desesperanzados por la situación económica y política del país. La colonia uruguaya no deja de crecer.
Inmersos en la derrota, el exilio y la esperanza de la reorganización y la resistencia, los militantes de la FAU-ROE-OPR trataron de desarrollar en la Argentina una cotidianidad normal. Ayudaba a ello el hecho de que su evacuación incluyera en muchos casos la de su entorno familiar más próximo; la presencia de la pareja, los hijos o, más raramente, los padres ayudaba a sobrellevar con cierta normalidad el exilio: los paseos familiares, las caminatas por los parques y las plazas, la celebración de los cumpleaños, las salidas al cine… convivían con el activismo político y las noticias que llegaban desde Montevideo y que hablaban de nuevas caídas, de torturas y de muertos.
Desde la llegada a la Argentina de los primeros militantes de la FAU, en abril de 1972, se inició un proceso de reorganización política. La primera “dirección exterior” estuvo integrada por Gerardo Gatti, Alberto Mechoso y Roger Julien, a los que se añadió, muy pronto, en julio, tras el allanamiento de su vivienda en Montevideo, Mauricio Gatti, a partir de septiembre, Hugo Cores, evacuado de Montevideo, y desde diciembre, Gustavo Inzaurralde, llegado desde Chile, donde se asilara en 1971.
La estructura de Buenos Aires tuvo desde el principio tres cometidos fundamentales: dar cobertura a los compañeros que iban siendo evacuados, apuntalar la actividad de la FAU-ROE del “interior”, apoyándola en todo lo que fuera posible, y preparar un congreso fundacional. La idea de formar un partido que dirigiera la lucha política por el socialismo existía en la FAU desde hacía tiempo. De hecho para parte de la dirigencia era una necesidad evidenciada cuando menos desde 1972. Así, desde su llegada a Argentina, en abril del 73, Gerardo Gatti volcó buena parte de su trabajo a la preparación de un congreso constituyente; en este sentido, el líder de la FAU-ROE se puso al frente de la “cocina”, un grupo que estuvo integrado, entre otros, por cuadros como Gustavo Inzaurralde o Roger Julien y que fue creado para elaborar propuestas ideológico-estratégicas con vistas a dicho proceso fundacional
El exilio favoreció el contacto, más a nivel individual que orgánico, con gentes de algunas de las organizaciones y grupúsculos encuadrados en la prolífica y heterogénea izquierda argentina de aquellos años. Entre estos contactos, se puede destacar la influencia ejercida por el grupo Pasado y Presente durante las instancias preparatorias del Congreso Fundacional; este grupo, que editaba la revista del mismo nombre, incluía a activistas como José Aricó o Juan Carlos Portantiero y se adscribía al llamado “marxismo gramsciano”.
Además, las gentes de la FAU-ROE mantuvieron muy buenas relaciones con militantes de Montoneros o de su entorno próximo, aunque lo más parecido a una relación orgánica que hubo fueron los contactos entre Hugo Cores y Rodolfo Walsh y la apertura de las páginas de “Noticias”, el órgano de Montoneros, al aparato de prensa de la FAU-ROE, que aprovechó el ofrecimiento para publicar varios artículos sobre la Dictadura uruguaya y sobre las posiciones de la organización. Igualmente, hubo contactos con algunos cuadros del Partido Intransigente (PI), una escisión de la Unión Cívica Radical (UCR), y relaciones regulares con algunos integrantes de la dividida izquierda trotskista, como el “Viejo Ignacio”, integrantes, estos, que dieron cierto apoyo logístico a la organización en los difíciles momentos del inicio del repliegue, facilitándole en no pocas ocasiones, por ejemplo, documentación falsa con la que dar cobertura a los activistas que iban llegando desde Montevideo.
A través de los contactos de León Duarte y Gerardo Gatti, la ROE también mantuvo fraternales relaciones con los sectores sindicales del peronismo revolucionario, liderados por Agustín Tosco, un metalúrgico de Córdoba que estaba al frente de la FATLyF, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y Raimundo Ongaro, de la FGB, Federación Gráfica Bonaerense. Estos sectores, integrados en la poderosa central peronista, la CGT, chocaran fuertemente con la llamada corriente “partipacionista” de Timoteo Vandor, colaboracionista con el régimen del General Onganía, y con las llamadas “62 organizaciones”, la facción peronista ortodoxa de Ignacio Rucci, y se escindieran en 1968, creando la CGTA, Confederación General del Trabajo de los Argentinos.
En la Argentina, la FAU-ROE editó desde finales de 1973 una pequeña publicación, el “Boletín de la Resistencia Oriental”, del que llegaron a salir alrededor de veinte números. Su responsable era Hugo Cores, que contaba con la colaboración, entre otros, de Rubén Prieto “Cachito”, Marta Alonso y su pareja, Mariela Salaberry.
Durante el exilio argentino, también se reorganizó un pequeño aparato armado, integrado fundamentalmente con los miembros de la OPR evacuados desde Montevideo, pero también con activistas aportados por el FRT e incluso algún montonero. Al frente de este frente se puso Alberto Mechoso, secundado por Iván Morales, procedente del FER-FRT, y Adalberto Soba.
Desde el principio, uno de los principales problemas de la organización “exterior” fue su situación económica. Sus escasos recursos eran absorbidos en su mayor parte por el pago de los alojamientos y los “salarios de emergencia” asignados a los militantes sin recursos, fuera por carecer de empleo, fuera por dedicarse en exclusividad al trabajo político; era cantidades muy pequeñas, que daban para poco más que la comida, el transporte y algún otro pequeño gasto, pero superaban con creces las posibilidades financieras de la organización. En algunos momentos se tuvo que recurrir incluso a la solidaridad de algunos compañeros del movimiento anarquista argentino. Para solventar este problema, se decidió recurrir al frente armado.
Los primeros operativos fueron realmente desalentadores. El 31 de julio de 1973, un comando secuestraba a Nelson Laurino, Gerente General de “Martín Coronado”, la planta de la transnacional Pepsi Cola en Buenos Aires; pero la elección del objetivo fue equivocada y la acción fracasó ante el desinterés de la compañía estadounidense para pagar rescate alguno por la víctima; además, a raíz de la operación fueron detenidos dos activistas: Pablo Farias Lebduska y Aníbal Griot, alias Campos, dos veteranos de la OPR capturados en uno de los intentos de cobro del rescate; finalmente, en el mes de noviembre, la organización optó por liberar al “retenido” sin obtener contrapartida alguna. El segundo intento, otro secuestro, remató con la caída de otro activista, Omar Zina. Sin embargo, estas caídas no comprometieron a la organización ante las autoridades argentinas, puesto que lo detenidos se hicieron pasas por delincuentes comunes y evitaron toda sospecha al respecto.
Por fin, el 16 de marzo de 1974, otro comando ejecutó un operativo plenamente exitoso: el secuestro de Federico Hartt, un importante barraquero que poseía una empresa transnacional dedicada al acopio y la exportación de lana. Hartt, que operaba entre Montevideo y Buenos Aires, fuera acusado en diversas ocasiones de cimentar su fortuna en el contrabando de vellón: el 28 de junio de 1957 por el semanario socialista El Sol, en 1958 por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de Uruguay, en los 60 por la FOL, Federación Obrera de Lanas…El comando encargado del operativo estaba liderado por los pesos pesados del frente armado, Alberto Mechoso, Adalberto Soba e Iván Morales. Junto a ellos otros activistas como Jorge Zaffaroni o Carlos Goessens. La planificación del operativo fue responsabilidad del propio Gerardo Gatti, que asumió también la gestión del rescate. Hubo un primer pago de dos millones de dólares a las tres semanas del secuestro, como señal de buena voluntad, y un segundo pago de otros ocho millones dos meses después. En septiembre la víctima fue liberada. La familia del empresario no alertó en ningún momento a la policía y el empresario nunca denunció ni publicitó en modo alguno los hechos, lo que apunta a su deseo de mantener en la penumbra la naturaleza ilícita de la las cuentas empresariales y la fortuna familiar.
Con el dinero obtenido del secuestro de Hartt, la organización pudo financiar su normal funcionamiento y consolidar una amplia infraestructura, relanzando la tarea editorial, sosteniendo con mayor dignidad a los activistas “a tiempo completo” o a los que carecían de empleo, comprando y alquilando locales propios, organizando talleres de documentación, etc.… Además, una importante cantidad fue destinada a la adquisición de pertrechos, armas incluidas, para una lucha que se preveía prolongada y que incluiría la “acción directa” y la vuelta al Uruguay. La resolución de la financiación allanó también el camino hacia el Congreso Fundacional, cuya organización experimentó una aceleración evidente.
Por otro lado, gracias al repliegue, la organización salvara a la mayor parte de su cúpula, algo que no le ocurriera a las otras fuerzas de la izquierda uruguaya. Contando con el prestigio popular de dirigentes como Gerardo Gatti, León Duarte, Hugo Cores o Miguel Gromaz, con unos cuadros relativamente poco menguados por la represión y con una estructura bastante sólida, el entramado FAU-ROE atrajo a cientos de militantes sindicales, políticos y estudiantiles, militantes exiliados en la Argentina y procedentes de otras organizaciones muy debilitadas o casi desparecidas. Nos encontramos así, con que hacia 1974-1975, la realidad de las organizaciones orientales era muy distinta: al tiempo que en Uruguay se vivía una brutal ofensiva de la represión contra el PCR, contra los GAU y, a partir de la primavera del 75, contra el PCU, en la Argentina, la FAU-ROE, que con el repliegue salvara a gran parte de su militancia y estructuras y que avanzaba por la senda precongresuall, estaba inmersa en un proceso de claro crecimiento militante, acogiendo a una gran cantidad de activistas que procedían de la desbandada de las otras organizaciones de la izquierda y convirtiéndose en la columna vertebral de lo que a partir de ahora, y empleando la expresión de Hugo Cores, conoceremos como el “protopartido”.
También hubo militantes de la FAU-ROE, no muchos en verdad, que, descontentos con la evolución ideológica de la organización, se alejaron del proyecto, tratando incluso, no con mucho éxito, de nuclearse orgánicamente a través de la TAR, Tendencia Anarquista Revolucionaria.
Hacia 1974 la composición del “protopartido” ya estaba más o menos definida: estaba la gente del entramado FAU-ROE-OPR y de la corriente mayoritaria del FER-FRT, integrada ya de hecho en la ROE, que venían a ser el núcleo central del proceso fundacional, pero también un grupo de activistas procedentes de los GAU y no pocos independientes, militantes procedentes, a título individual, del PSU, del M26, del MLN, del FEUU… E incluso del PCU y la UJU.
En su labor de lucha contra la Dictadura, el “protopartido”, aunque inmerso en su proceso fundacional, también trató de buscar, sin mucho éxito eso sí, alianzas en el exilio, destacando su propuesta del FNR, Frente Nacional de Resistencia, proyecto para el que mantuvo durante el segundo semestre del 73 conversaciones con el PCU, los GAU, el M26 y el MLN, el PCR…Sin embargo, la propuesta no fue adelante. Posteriormente, en octubre, el MLN-M26 y los GAU impulsan la UAL, Unión Artiguista de Liberación, un espacio de coordinación que incluía también a Michellini, la UP de Erro, el PCR y la AMS, Agrupación de Militantes Socialistas, pero que excluyó al “protopartido”, vetado por los tupamaros.
El 19 de abril del 74, cuando se cumplía un año del Golpe de Estado, la ROE organizó en el local de la Federación de Boxeo en Buenos Aires, en la calle Castro Barros, un acto de repudio contra la Dictadura, invitando a gentes de la izquierda argentina –la Juventud Peronista, el Partido Intransigente…- y de las diferentes organizaciones del exilio uruguayo, invitación aceptada por la UP, el PCU, el PCR y Zelmar Michellini, pero no por el MLN-M26 ni por los GAU. Los oradores fueron Enrique Erro, el comunista Enrique Rodríguez, Jorge Gomensoro, del PCR, y Hugo Cores, que asistió como representante de la ROE. El acto, bautizado como “Acto por la Cruzada de los 33”, reunió a cientos de exiliados y facilitó el acercamiento entre los grupos asistentes, que acordaron la creación del “Comité 19 de abril”, un espacio concebido para aglutinar políticamente a la amplia colonia uruguaya refugiada en Buenos Aires. El proyecto se desvaneció a comienzos de mayo, con motivo de la reunión organizada por el Comité en el local que la Juventud del PR, Partido radical, tenía en la calle Méjico: la reunión fue abruptamente interrumpida por la, llamada por la policía argentina, “Operación Gris”, que remató con la detención y procesamiento de los más de 100 activistas allí convocados, acusados del delito de “asonada y participación en reunión sin autorización previa”; aunque los detenidos recobraron su libertad un mes después y pudieron permanecer en Argentina bajo el estatuto de refugiados de ACNUR, la inesperada operación policial lanzada contra el exilio uruguayo era todo un síntoma de que en Argentina los tiempos estaban cambiando.
No pocos autores insisten en remontar los primeros indicios de la represión que se avecinaba en la Argentina más allá de la restauración democrática de marzo de 1973. El primero de estos indicios sería el Cordobazo, acontecido en el final del mandato del General Juan Carlos Onganía, en mayo de 1969, cuando se militarizó la Provincia de Córdoba y cuando para muchos quedó en evidencia el anhelo de la ultraderecha militar por aniquilar a los sectores más militantes de las clases populares. Las siguientes evidencias surgirían tres años después, cuando en sólo nueve meses se produjeron dos matanzas: la Matanza de Trelew, cometida el 22 de agosto de 1972 por fuerzas regulares y en la que fueron ejecutados 16 guerrilleros que intentaran fugarse del Penal de Rawson, y la Matanza de Ezeiza, cometida el 20 junio de 1973 por los grupos de la ultraderecha y en la que fueron asesinados un mínimo de 14 civiles.
Muerto Juan Domingo Perón en julio de 1974, la presidencia pasó a manos de su viuda, María Estela, cuyo mandato ya se convirtió en una verdadera antesala de la Dictadura. La Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial vinculado a las altas esferas del Gobierno y existente ya desde 1973, comenzó a hacerse cada vez más presente; los objetivos de sus atentados eran fundamentalmente guerrilleros, activistas y políticos de izquierda, pero también periodistas, intelectuales e incluso figuras gubernamentales o policiales consideradas permisivas con las organizaciones subversivas, como Julio Troxleer, Subjefe de la Policía Bonaerense, o el exgobernador cordobés Atilio López; la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, atribuye a la Triple A 50 homicidios comprobados para 1974 y 360 para 1975, mientras que el Archivo Nacional de la Memoria habla de 900 desaparecidos entre junio de 1975 y marzo de 1976. Cuando en 1976 los militares dan el golpe, se calcula que ya había en Argentina más de 5.000 presos políticos y varios cientos de desparecidos.
Además, a partir de febrero de 1975, el Gobierno de María Estela encomendó la lucha antisubversiva a los militares, primero en Tucumán y luego en todo el país. El “Operativo Serpiente Roja”, lanzado en marzo contra la larga huelga de los trabajadores de Villa Constitución, conflicto que contó con el apoyo y activa participación de los vecinos de esta populosa ciudad metalúrgica, fue para muchos un ensayo general de lo que luego la Dictadura ejercerá sobre toda la clase trabajadora: detenciones masivas, asesinatos selectivos y ejemplarizantes, ocupación militar del territorio, etc.…
Con la oscura detención de Hugo Cores a mediados de abril del mismo año, el “protopartido” vivió un pequeño adelanto de lo que un año después sufriría el PVP; secuestrado por un grupo parapolicial y torturado durante días, el líder de la ROE pudo salvar su vida gracias a las denuncias públicas, que forzaron la regularización de su situación, acabando encarcelado y posteriormente expulsado del país.
El miedo empezó a invadir Buenos aires como antes pasara en Montevideo. Soplaban nuevos aires y la euforia del 73 quedaba atrás. A partir de entonces el “protopartido” comenzó a caminar por la, cada vez más estrecha, cornisa de la democracia argentina.
Por lo que respecta al proceso congresual, los preparativos para el Congreso Constitutivo comenzaran ya desde el mismo 1973, aunque se intensificaron claramente a partir de 1974, cuando se superó, con el secuestro de Federico Hartt, la escasez de recursos, un lastre también para la preparación del Congreso. Los dos primeros años el trabajo se centraron casi en exclusiva en la obtención de recursos económicos y en el diseño de las propuestas doctrinales y estratégicas a discutir en el proceso constitutivo de la nueva formación. Por lo que respecta a la organización del congreso propiamente dicha, ésta se inició algunos meses antes del golpe, en la segunda mitad del 75, y continuó varios meses después, hasta la celebración del acto fundacional en junio de 1976.
Para resolver el problema de una militancia repartida entre Montevideo y Buenos Aires, en la segunda mitad de 1974 comenzaron a organizarse las “mezclas”, grupos mixtos de trabajo que se reunían en suelo argentino y que debían debatir las propuestas del llamado “Documento 1811”. Luego, en el mes de febrero del 74, le tocó el turno a los tres “claustros” (K, R y Z), espacios de discusión de composición semejante a la de las “mezclas”, pero con carácter resolutivo, más amplios, de unos 30 o 35 miembros cada uno, y más formales. Por último, los días 19 y 20 de abril se reunió el llamado “Claustro deliberativo”. Este proceso de debate, estimado inicialmente para seis meses, se prolongó finalmente durante casi un año, entre septiembre de 1974 y junio de 1975.
Finalmente, en junio del 75 se celebró el Congreso Fundacional del PVP. El Congreso se celebró en un ambiente general de entusiasmo y de compromiso, un ambiente también conspirativo, de conjura, e incluyó el “Claustro Final o General” y las “Mezclas Informativas”. El primero duró diez días y reunió a medio centenar de cuadros, que discutieron y votaron las tesis no consensuadas por los claustros y que eligieron el nombre, la bandera y los símbolos de la organización. Las “Mezclas Informativas” se prolongaron a lo largo de cuatro días y convocaron a toda la militancia, organizándose para aclarar a ésta las dudas o puntos incomprendidos. Había nacido el PVP, Partido por la Victoria del Pueblo.
Por lo que respecta a los fundamentos ideológicos y estratégicos del nuevo partido, destacar la asunción de muchos conceptos propios del marxismo como la “Revolución Permanente” de Marx o Trotski, aunque ésta no se mencionaba como tal, la permanencia de cierto legado anarquista y tercerista, presentes en la advertencia sobre los riesgos de la burocratización o la elitización de la dirigencia o en el rechazo tanto a la vía de la socialdemocracia europea como a la del socialismo soviético, y la defensa, para el Uruguay postdictatorial, de una asamblea nacional constituyente, superándose en este caso la tradicional aversión libertaria al sistema electoral y parlamentario. A destacar la definición de algunos estudiosos que veían al nuevo partido como “una peculiar implantación guevarista del anarquismo”.
Durante los debates precongresuales de 1975, Hugo Cores encabezó a un grupo de cuadros, integrado por su compañera Salaberry, Jorge Zaffaroni y Enrique Rodríguez Larreta, que defendía una apuesta más clara por el marxismo. Frente a ellos, el resto de la dirección, encabezado por G. Gatti, que si bien marcaba expresamente distancias con el anarquismo, todavía evitaba definir al futuro partido como una organización marxista. Las diferencia también existían en el plano estratégico, donde Cores apostaba por la participación en el FA, rechazada por Gatti, que no obstante también defendía la unidad de lucha contra la Dictadura. Cores, detenido en abril del 75, no pudo as