Guillermo Reigosa Pérez- 16 de noviembre de 2010
(Continuación)
Cores, detenido en abril del 75, no pudo asistir al acto congresual y las mociones de su grupo quedaron claramente en minoría
El nuevo partido, el PVP, llamaba a la resistencia, reivindicando la búsqueda, en la lucha contra la Dictadura, de la unidad lo más amplia posible y proponiendo para el escenario “pos totalitario” un “Gobierno Provisorio de Unidad” encargado del restablecimiento de las libertades públicas, sindicales e individuales, la concesión de compensaciones a las víctimas, el retorno de los exiliados, la reposición de los despedidos por causas político-sindicales, la depuración de responsabilidades entre los represores y la convocatoria de Elecciones Constituyentes.
El PVP nació con una dirección integrada por Gerardo Gatti, Alberto Mechoso, Mauricio Gatti y León Duarte, recién llegado de Montevideo, de donde huyera tras ser requerido a los pocos días de salir de prisión. Ante la derrota del MLN y la brutal acometida represiva contra el PCU, el PCR y los GAU, el nuevo partido confiaba en encontrar un espacio político propio. De hecho, tras el congreso fundacional, el PVP experimentó un notable crecimiento, ingresando muchos militantes desamparados por sus organizaciones de origen, tan golpeadas por la represión. En este contexto, el PVP, con una dirigencia con una larga y respetada trayectoria de lucha y casi intacta y con una infraestructura amplia surgía como una propuesta seria y cohesionada, como un instrumento de aglutinamiento para activistas de procedencia militante muy dispar.
Del Congreso Fundacional emanó también un plan de aparición de la nueva formación ante la opinión pública uruguaya, el llamado “Plan Vilox”. Concebido como una original campaña publicitaria de choque, el plan burlaba la censura mediante un ingenioso empleo de los medios legales de publicidad y se basaba en la difusión de las siglas y consignas del nuevo partido a través de la contratación en los medios de comunicación uruguayos de espacios de propaganda en los que en una primera fase se evitaban las referencias explícitas; la idea era aparecer como publicidad comercial y luego, poco a poco, irse transformándose en propaganda política, para ir anunciando, ya de forma más clara, el nacimiento del PVP.
El plan llegó a iniciarse, recurriéndose a una agencia brasileña de publicidad y al patrocinio en la 33ª edición de la Vuelta Ciclista Uruguaya de un equipo cuyo símbolo era un perfil del Uruguay con una X y una V (X de “por” y V de “victoria”); las frases empleadas; “ya viene, con la fragancia de las mejores maderas de oriente”, “por una nueva forma de vivir”… La campaña de patrocinio era complementada con la difusión de los mismos símbolos en volantes, folletos y pintadas. El plan acabó siendo interrumpido tras el Golpe de Estado en Argentina y el consiguiente endurecimiento de los controles fronterizos; en este contexto, el 28 de marzo de 1976, tres activistas, Luis Ferreira da Silva, Rita Elida Vázquez de Anzalone y Ricardo Gil Iribarne, fueron detenidos por la policía fronteriza cuando trataban de entrar en el Uruguay por el Departamento de Colonia con una caravana llena de propaganda antidictatorial.
La dirección del PVP asignó también acciones propagandísticas a su frente armado; la idea era transmitir a la sociedad uruguaya la existencia de una resistencia fuerte a la dictadura, capaz de pasar a la ofensiva en suelo nacional. Es en este contexto en el que hay que enmarcar la “Operación Aurora”, ejecutada por el Comando Heber Nieto en la madrugada del 11 de enero de 1976. El objetivo era alterar la normalidad de Punta del Este, la principal ciudad turística del Uruguay, en plena temporada alta. Para ello, los activistas colocaron varios artefactos explosivos en el Hotel San Rafael, las instalaciones portuarias y el Edificio Arcobaleno y provocaron varios incendios forestales en el paraje Rincón del Pino.
Ese mismo mes, enero del 76, el PVP lanzó también la que denominó “Campaña Alejandra”. Llamada así en homenaje a la socialista y feminista rusa Aleksandra Kolontai, esta campaña tenía como objetivo retomar vínculos con la militancia sindical del “interior”, por estas fechas ya prácticamente desactivada por la represión. La campaña consistía en una convocatoria de militantes y sindicalistas uruguayos entorno a dos ideas centrales: organizar la resistencia a la Dictadura y formar un frente unitario.
Con esa intención, el partido organizó un acto en Buenos Aires e invitó a 150 activistas que llegaron desde el “interior” para debatir como relanzar el movimiento sindical y como participar desde el mismo en la alternativa de resistencia propuesta por el PVP.
Además, el nuevo partido potenció su trabajo editorial, comenzando a publicar “La Semana”, con noticias sobre el Uruguay, tomadas en gran parte de la prensa uruguaya y en menor medida de diarios extranjeros, y “En Pocas Palabras”, una publicación mensual que recogía información sobre la actividad del PVP, publicaciones que se venían a sumar al “Boletín de Resistencia Oriental”, que seguía imprimiéndose.
El recorrido del nuevo partido fue no obstante muy corto. El 24 de marzo de 1976, sólo nueve meses después de su fundación, los militares argentinos daban un Golpe de Estado, deponiendo a Isabel Perón e instaurando la Junta Militar, un triunvirato integrado por los comandantes en jefe de las tres armas, el General Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti. Se iniciaba así, el Proceso de Reorganización Nacional, la etapa más sangrienta de la historia argentina, con el secuestro, la tortura y la ejecución en centros de detención clandestinos de decenas de miles de personas, sospechosos de pertenencia a la guerrillera y activistas de todo tipo, o con el robo sistemático de recién nacidos y niños de corta edad, hijos de los secuestrados; miles de estos secuestrados acabaron enterrados en fosas comunes y muchos otros fueron arrojados al mar desde los aviones de la FAA, la Fuerza Aérea Argentina.
La violencia represiva no nació, como ya vimos, con el golpe, pero que con él convirtió la desaparición de opositores, hasta entonces una práctica propia del paramilitarismo de la Triple A, en la metodología propia del Estado.
La brutalidad de la acometida impidió cualquier resistencia al Golpe de Estado y el poderoso movimiento guerrillero argentino fue rápidamente derrotado; el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, fue prácticamente aniquilado en los meses inmediatos al golpe, mientras que Montoneros, aunque trató de golpear a la Dictadura durante varios años, sufrió una derrota político-militar incuestionable. En este ambiente de represión y muerte comenzó, a los cuatro meses del golpe, la “cacería” de los hombres y mujeres del PVP.
Desde el mismo 24 de marzo del 76, los militares argentinos comenzaron a generar todo el entramado normativo con el que la dictadura sustituyó al régimen constitucional, estableciendo en las horas inmediatas al golpe la pena de muerte y los Consejos de Guerra (ley 21.264), la suspensión del derecho de huelga, (Ley 21.261), la suspensión de la actividad política y la disolución de los partidos de la izquierda revolucionaria (Decreto Nº 6), el sometimiento a la censura de los medios de comunicación (Comunicado Nº 19), la disolución de la Corte Suprema de Justicia, sustituida por los jueces del Proceso de Reorganización Nacional, o la sustitución del Congreso Nacional por la CAL, Comisión Asesora Legislativa, y la Junta Militar (Ley 21.256), definida como el Órgano Supremo de la Nación, por encima de la Constitución, y encargado, entre otras muchas otras facultades, de la designación del Presidente de la Nación; todo este armazón legislativo se completó en los siguientes días con otras normas como la que implantó el restablecimiento de la Constitución de 1853 y su sometimiento a la normativa aprobada por la Junta Militar, expedida el 29 de marzo, o la que impuso la suspensión indefinida dela actividad sindical y la negociación colectiva y la facultad del Ministerio de Trabajo para intervenir las organizaciones sindicales (Ley 21.356), del 12 de julio.
Simultáneamente con el golpe, en la misma noche del 24 de marzo, las Fuerzas Armadas realizaron cientos de secuestros y arrestos, principalmente activistas y dirigentes sindicales de las aéreas industriales estratégicas (el Gran Buenos Aires, Córdoba…); sin embargo, lo peor aún estaba por comenzar: pocas semanas después, se ponía en marcha la apisonadora de la represión, alcanzando una brutalidad y una dimensión desconocidas hasta entonces -30.000 desaparecidos según cálculos de las organizaciones de derechos humanos-, y además, lo hacía en el último país de la región en ingresar al “club de las dictaduras del Cono Sur”, cobijo por ello de muchos izquierdistas de la región allí refugiados.
La dictadura argentina se coinvirtió en una máquina de atrocidades, una máquina que impuso la desaparición de personas como método corriente y priorizado de represión y que convirtió el país en un gigantesco campo de concentración.
Al principio, el cuerpo social no percibió la magnitud de la vorágine represiva, ocultada por el miedo y por unos medios de comunicación que salvo las honrosas excepciones de la revista Humor, de Andrés Cascioli, de la Agencia Clandestina de Noticias, de Rodolfo Walsh, y de la revista Nueva Presencia, de Herman Shiller, eran cómplices de los verdugos; habría que esperar 30 de abril de 1977 para asistir al primer paso hacía el desenmascaramiento de la verdad; aquel día, una decena de mujeres, instaladas en la Plaza de Mayo en reclamo de sus hijos desaparecidos, iniciaron la emergencia de un nuevo movimiento social cuyo signo de identidad sería el lugar elegido para su despliegue público: eran las “Madres de la Plaza de Mayo”.
No se puede tratar el tema de la represión argentina sin hablar del siniestro marco regional en el que se integraba, el Plan Cóndor, un mecanismo de coordinación represiva de carácter regional, clandestino y terrorista concebido por los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para combatir la subversión.
Impulsado, presumiblemente, por los USA, el Plan Cóndor nació como un pérfido aparato represivo diseñado para perseguir y eliminar a los opositores con independencia de donde se escondieran, infundiendo en los refugiados políticos el miedo y la inseguridad propios de quien percibe que ya no existía refugio seguro alguno. La Operación Cóndor se aprobó en octubre-noviembre de 1975 en la I Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, celebrada en Chile en el más estricto secreto y a iniciativa del Coronel Manuel Contreras, director de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, chilena; a la reunión asistieron delegados de los organismos represores de Chile (Contreras), Argentina (Capitán José Casas), Paraguay (Coronel Benito Guanes), Uruguay (Coronel José A. Fons) y Bolivia (Mayor Carlos Mena), que se comprometieron a reunirse periódicamente y a crear una oficina coordinadora para compartir la información sobre la lucha antisubversiva.
Mayo de 1976 fue un mes decisivo para el diseño de la Operación Cóndor; en la reunión de ese mes se produjeron dos hechos muy importantes: la adhesión de Brasil y el acuerdo de Chile, Argentina y Uruguay para realizar en su caso operaciones conjuntas secretas contra izquierdistas latinoamericanos refugiados en Europa.
Fue así, como los verdugos de las dictaduras de la región iniciaron la llamada “Tercera Fase”, plan con el que superaron los límites geográficos del Cono Sur y extendieron sus fauces por toda Latinoamérica e incluso más allá, contando con la colaboración, en mayor o menor medida, de Perú, Venezuela o Colombia e incluyendo operativos en los mismísimos USA o Europa (Roma, Madrid, París…).
La colonia uruguaya comenzó a sufrir sus primeras caídas a los pocos días del Golpe de Estado; fueron tres militantes del PVP: Ary Cabrera Prates, un veterano activista del gremio bancario secuestrado el 5 de abril y desaparecido desde entonces, y la maestra Telba Juárez, de 29 años, y su compañero Eduardo Chizzola, de 25, secuestrados el 17 de abril, apareciendo ella muerta en el Barrio de Barracas el día 19, con cinco balazos, y continuando él a día de hoy desaparecido. En mayo las víctimas fueron Zelmar Michellini, Héctor Gutiérrez, el comunista Manuel Liberoff, cuyo cuerpo nunca apareció, y tres activistas vinculados al MLN-M26: Rosario Barredo y su compañero William Whitelaw, cuyos cadáveres fueron encontrados el 20 de mayo, y Hugo Gomensoro, cuyos restos no se recuperaron hasta el 2006.
Mientras en Argentina avanzaba todo este engranaje de secuestro y muerte, las gentes del PVP fueron incapaces de calibrar el alcance del desastre. Acostumbrados como estaban a una inseguridad e incertidumbre personal que formaba parte de su cotidianeidad familiar, no supieron ver la dimensión de lo que se avecinaba sobre ellos. La dirección del partido no reaccionó, limitándose a impulsar una “reafirmación de la voluntad militante”, la mejora de las medidas de seguridad y la continuación del lanzamiento de la nueva formación.
El plan represivo que se preparaba contra el PVP se enmarcaba en la ya mencionada Operación Morgan, iniciada a partir de octubre del 75 y centrada en dos objetivos: el PCU, hasta entonces poco golpeado por la represión, y el PVP.
Era una operación con dos escenarios fundamentales, el Uruguay y la Argentina, integrándose por ello en el ámbito de la Plan Cóndor. Al frente de la operación, la OCOA, Organismo Coordinador de Operaciones Subversivas, dependiente de la I División del Ejército Uruguayo, y el SID, Servicio de Inteligencia de Defensa, dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe, dos organismos que a partir de 1975 capitalizaron la actuación represiva de la dictadura uruguaya, desplazando en gran medida al DNII, Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
En Argentina, la operación se desarrolló como un plan conjunto del aparato represor argentino, dirigido por la SIDE, Secretaria de Inteligencia del Estado, y su homólogo uruguayo, que estableció en Buenos Aires un equipo permanente integrado por agentes y militares de la OCOA y del SID; a su frente el Mayor José Nino Gavazzo, alias “Gabito” o “Oscar 7”, el Coronel Manuel Cordero Piacentini, alias “303”, que ya “trabajaba” en Argentina desde 1973-74, y el Coronel Jorge Alberto Silveira, alias “Pajarito”; otros represores uruguayos desplazados a Argentina a destacar fueron el comisario Hugo Campos Hermida o el Mayor Ricardo Arab, alias el “ Turco”.
Se llegó así a comienzos de junio, cuando comenzó la aniquilación del PVP, cayendo sobre su militancia toda la fuerza del aparato represivo. El Plan Cóndor lanzaba su primer zarpazo, secuestrando a decenas de dirigentes y militantes, entre ellos Gerardo Gatti, el líder indiscutible del partido, y León Duarte. Los detenidos, más de treinta en poco más de 1 mes, fueron internados y brutalmente torturados en el infame centro conocido como Automóviles Orletti. Llamado por los represores “el Jardín” o “la Cueva” y ubicado en la capital federal, en la calle Venancio Flores, este viejo garaje de dos plantas comenzó a funcionar como centro clandestino del SIDE a mediados de mayo. Bajo la órbita de Aníbal Gordon, el jefe de la Triple A, el local se convirtió en el centro de operaciones del Plan Cóndor en Argentina, un escenario del horror, lugar de reclusión y exterminio de los exiliados uruguayos secuestrados en el país austral. El trabajo forzado del doctor Manuel Liberoff, obligado a asistir a los compañeros allí torturados y luego “desaparecido” como muchos de ellos, no es sino una prueba más de la maquiavélica mente de los represores de Orletti
La cacería del PVP comenzó el 9 de junio con la captura de Gerardo Gatti y de su secretaria, María del Pilar Nores Montedonía, alias Mónica, detenidos por la Policía Federal en una vivienda del barrio bonaerense de Belgrano, en la calle Manzanares.
Su paradero fue delatado por un compañero de identidad desconocida, probablemente la misma Mª del Pilar Nores, quien se habría presentado voluntariamente en la comisaría para obtener un trato, aunque ella, liberada seis meses después, sólo admitió haberse “quebrado” a posteriori, tras ser torturada.
Tras un breve paso por la Superintendencia de la Policía Federal, Gatti fue trasladado a “Automóviles Orletti”, donde fue salvajemente torturado. Los militares uruguayos, sabedores de las boyantes finanzas de la organización tras el secuestro de Hartt, intentaron canjear al líder del PVP por 2 millones de dólares; el intermediario fue un amigo personal de Gatti, Washington Pérez, alejado de la militancia activa y secuestrado por los militares el día 13. Aunque su cuerpo nunca apareció, se presume que Gatti, debido a las graves lesiones producidas por las torturas, murió durante las desiguales negociaciones, no antes del 14 de julio según el testimonio de otros secuestrados que sobrevivieron a Orletti.
Entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de julio, el PVP sufre la caída más numerosa de la acometida represiva, siendo detenidos una veintena de activistas, entre ellos León Duarte, que pasó a ocupar el lugar de Gerardo Gatti en el partido, Laura Anzalone, hermana de Pablo Anzalone, y su esposo Félix Díaz Berdayes, Asilu Maceiro o Sara Méndez, esposa de Mauricio Gatti, y su hijo de sólo 20 días, Simón, que tardará 23 años en ser recuperado; Mauricio logra escapar. Ya sin la baza de G. Gatti, los militares convirtieron a León Duarte en su nuevo rehén y objeto de extorsión, recurriendo de nuevo a Washington Pérez como intermediario del chantaje al PVP; Duarte también fue, presumiblemente, torturado sin compasión hasta la muerte y a día de hoy sigue desaparecido.
Ante la codiciosa actuación de los represores uruguayos y argentinos en los casos de Gatti y Duarte, algunos protagonistas e investigadores ven en la importante suma con la que se hizo la organización a raíz del secuestro de Hartt, la razón fundamental del brutal ataque lanzado contra la militancia del PVP.
Entre el 24 y el 26 de julio, los supervivientes de Orletti, unos 23, fueron trasladados clandestinamente al Uruguay en un vuelo secreto del TAMU, Transporte Aéreo Militar Uruguayo, llamado el “primer vuelo Orletti” y pilotado por el Teniente Enrique Bonelli, luego Comandante en Jefe de la FAU, Fuerza Aérea Uruguaya. Una vez en suelo uruguayo los secuestrados fueron internados en la base de torturas conocida como “300 Carlos R” o “Infierno Chico”, en el Barrio Punta Gorda, en Montevideo, más y desde allí, fueron trasladados a la sede del SID, en Bulevar Artigas, donde continuaron las torturas y las siniestras negociaciones para resolver su “blanqueo”.
Tras la caída de Duarte, el PVP formó una “dirección de emergencia” integrada por los dos supervivientes del Secretariado, Mauricio Gatti y Alberto Mechoso, más tres nuevos miembros, Jorge Zaffaroni, Gustavo Inzaurralde y Roger Julien, para cubrir las bajas de León Duarte y G. Gatti.
En aquel momento, cerca del 50% de los participantes en el Congreso Fundacional estaban detenidos o muertos, pero la nueva dirección no supo reaccionar, y aunque a mediados de agosto emitió un informe el que reconocían errores, fue incapaz de percibir que se estaba asistiendo al fracaso de la línea táctica acordada en el Congreso Constituyente nueve meses antes. Su única respuesta fue una llamada al fortalecimiento interno del partido a través de la reafirmación ideológica y algunos ajustes de los niveles organizativo y clandestino.
Así, y aunque se estudió la posibilidad de un repliegue de militancia hacia el Brasil, al final no se tomó en cuenta y se siguió apostando por permanecer en territorio argentino. La priorización del retorno organizativo al Uruguay, las limitaciones metodológicas y conceptuales en la contabilización de las bajas que se iban produciendo y la afluencia de nuevos militantes, que no se detuvo durante los primeros meses de la cacería, impidieron percibir a la dirección la envergadura del desastre. No hubo así, el reflejo de preservación que tan bien había funcionado en Uruguay tres años antes, cuando se decidió el repliegue ordenado para salvar a la organización y continuar la lucha. La ausencia de un repliegue también obedeció, a juicio de algunos de los protagonistas que sobrevivieron, a un empecinamiento moral e ideológico, pues “se sentía que con la huida se abandonaba a los compañeros desaparecidos o muertos”, y ese empecinamiento habría primado, a su juicio, sobre toda racionalidad o pragmatismo.
La dirección de emergencia trató de impulsar la denuncia internacional de las desapariciones, logrando que una foto de Gatti, entregada a Washington Pérez durante las negociaciones de su rescate como “prueba de vida”, recorriese el mundo y fuera publicada en toda la prensa europea.
A finales de septiembre, a raíz de una nueva delación, la de Carlos Goessens, el joven procedente del FRT, que se habría ofrecido a los militares, voluntariamente también, para entregarse y colaborar a cambio de ciertas garantías, el aparato represivo argentino-uruguayo lanzó su 2ª embestida contra la militancia del PVP, deteniendo entre el 3 de septiembre y el 4 de octubre a otros 30 activistas.
El 26 de septiembre fue un día especialmente aciago para la organización, siendo secuestrados tres importantes cuadros y sus familias: Adalberto Soba, su mujer Mª Elena Laguna y sus tres hijos; Roger Julien, asesinado en el operativo, su esposa Victoria Grisonas y sus hijos Anatole y Eva Lucía, de 4 años y 18 meses respectivamente, que fueron abandonados tres meses más tarde en Chile y que no recuperarán su identidad hasta 1979, cuando la desesperada búsqueda de la abuela materna, Mª Angélica, dio sus frutos; y Alberto Mechoso, su mujer Beatriz Castellonese y sus dos hijos, Alberto, de 6 años, y Beatriz, de 8.
En la vivienda familiar de Mechoso, los militares encontraron alrededor de 5 millones de dólares, el codiciado botín que tanto impulsara sus instintos asesinos. Al día siguiente, el 27, los detenidos fueron Cecilia Trías, de 22 años y hermana de Ivonne Trías, y su esposo Washington Cram, de 26, y Jorge Zaffaroni, de 24 años, su esposa Mª Emilia Islas, de 23 y embarazada, y su hija Mariana.
La niña, de 18 meses, fue apropiada por un agente del SIDE, Miguel Ángel Furci, y su localización, bajo el nombre de Daniela Romani Furci y alcanzada gracias a la incansable búsqueda de su abuela materna y de las “Abuelas de la Plaza de Mayo”, debió aguardar hasta 1992, cuando ya tenía 16 años. El 30 es secuestrado en la zona de Congreso Rubén Prieto, que contaba con 24 años. El 2º capítulo de la cacería del PVP concluyó con los operativos del 1 y 2 de octubre, cuando fueron secuestrados otros 10 militantes, incluyendo a Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama y Álvaro Nores, el hermano de Mª del Pilar.
La práctica totalidad de estos activistas fueron asesinados después de días y días de brutales torturas, primero en Orletti y luego en suelo uruguayo, a donde fueron trasladados parte de ellos en el que se conoce como 2º vuelo Orletti.
El traslado, dirigido por el SID, afectó a una veintena de los secuestrados y se realizó el 5 de octubre en un avión de la TUMA, el vuelo 511, que partió de la base militar del Aeropuerto Jorge Newbery a los mandos del oficial José Pedro Malaquín. Tras aterrizar en la Brigada Aérea Nº 1, adjunta al Aeropuerto Internacional de Carrasco (Departamento de Canelones), se cree que los retenidos fueron trasladados al centro clandestino conocido como “Carlos 300”, “Infierno Grande” o “La Fábrica”, ubicado en un galpón del SMA, Servicio de Material y Suministros, del Batallón de Infantería Mecanizada Nº 1, a las afueras de Montevideo. Allí se reanudaron las torturas y de allí nadie salió con vida. Enterrados, supuestamente, en fosas comunes, las víctimas permanecen aún hoy desaparecidas.
Fueron muy pocos los “secuestrados” del PVP que sobrevivieron al segundo capítulo del “Cóndor uruguayo”: Mariana Zaffaroni, la hija “robada” de Jorge Zaffaroni, Álvaro Nores, liberado en diciembre gracias a la colaboración de su hermana, y los hijos y esposas de Alberto Mechoso y Adalberto Soba, Beatriz Castellonese y Mª Elena Laguna respectivamente, que, beneficiadas por el acuerdo alcanzado entre los militares y sus parejas sobre la ubicación del dinero del PVP, fueron repatriadas el 27 de septiembre, en un vuelo comercial y bajo la custodia directa de Gavazzo y Arab, y liberadas en Montevideo el 5 de octubre.
Por lo que respecta a los 23 miembros del PVP secuestrados en junio-julio e introducidos ilegalmente, en el “Primer Vuelo Orletti”, en Uruguay, el SID, para regularizar su situación, organizó una de las mayores mentiras de la dictadura: su falsa detención, el 26 de octubre, en el balneario Shangrilá, en la Costa de Oro (Departamento de Canelones). El montaje tuvo como eje central la llamada “Operación del Chalet Susy”, ejecutada alrededor de la media tarde de aquel el sábado, cuando dos camiones repletos de militares, desconocedores en su mayoría de la farsa, “sorprendieron” en el inmueble a siete supuestos subversivos: dos militares de civil y cinco de los secuestrados, entre ellos Sara Méndez y Asilú Maceiro; el operativo se completó con farsas similares en varios hoteles del centro de Montevideo, donde en la noche del mismo día se organizó un llamativo despliegue de vehículos y sirenas que culminó con la captura de otros supuestos sediciosos, que no eran sino militares y policías “actores”.
Dos días después, en la mañana del 28 de octubre, el SID convocaba a través del aparato de prensa y propaganda del régimen, la DINARP, Dirección Nacional de Relaciones Públicas, una rueda de prensa en el Club Naval; allí, el Coronel Gavazzo leyó un comunicado en el que las FFAA informaban de la detención, en los distintos operativos, de 62 subversivos del PVP, que “invadieran el país con la intención de sumir al país en un clima de violencia como el vivido años atrás”. El alto número de detenciones incluidas en el informe, lleva a algunos investigadores a presuponer que por estas fechas aún permanecían con vida los militantes repatriados a comienzos del mes en el “segundo vuelo Orletti”.
El “circo” incluyó confesiones de las víctimas arrancadas con torturas y amenazas y fue radiado simultáneamente y televisado horas después; una vez acabada su lectura, el SID exhibió, ante los periodistas y fotógrafos de la prensa nacional e internacional allí reunidos, a 14 de los subversivos, aquellos de los activistas secuestrados que aceptaran la gran farsa a cambio recibir de penas de “sólo” veinte o treinta años.
Una vez legalizada su situación, el 4 de noviembre los detenidos comenzaron a ser procesados por la Justicia Militar. La mayoría no recobraron su libertad hasta 1984-1985, durante la transición democrática, pero cinco de ellos fueron liberados poco después de su presunta detención, en diciembre de 1976: Félix Díaz y Laura Anzalone, que no soportaron las torturas y no tardaron en colaborar con los militares, Álvaro Nones, beneficiado por la actuación delatora de su hermana, Enrique Rodríguez Larreta, periodista detenido cuando investigaba la desaparición de Enrique Rodríguez Martínez Larreta, su hijo, y Elizabeth Pérez Lutz, secuestrada por ser la esposa de Jorge González Cardozo, un ciudadano que era ajeno al PVP y cuyo delito fuera tener unos laxos vínculos con algunas personas del ámbito tupamaro.
Aunque integrada prácticamente por los mismos miembros, la dirección del PVP careció de la perspectiva que tuviera la FAU tres años antes y sólo cuando ya era demasiado tarde, intentó sacar a su militancia de Argentina.
El único superviviente de la dirección de emergencia, Gustavo Inzaurralde, convertido en el máximo dirigente de un partido casi extinto, se volcó en ello y tras negarse a refugiarse en Europa, como le reclamaban los compañeros exiliados, se dedicó a buscar nuevas bases donde instalar los restos de la organización en algún país de la región. Pero él tampoco escapó a las fauces del Plan Cóndor, cayendo el 28 de marzo de 1977 en Paraguay, país al que viajara para establecer una ruta de salida y conseguir documentos con los que facilitar la evacuación de los compañeros que quedaran aislados en la Argentina. Detenido en Asunción junto a Nelson Santana, fue entregado a las pocas semanas a los militares argentinos, pasando a ingresar en la trágica lista de uruguayos desaparecidos en la Argentina. Con él se cerraba el sangriento capítulo del “Cóndor uruguayo”, de la represión contra el PVP en Argentina.
Tras la cacería, el PVP prácticamente dejó de existir. Habían transcurrido poco más de 15 meses desde su fundación y prácticamente toda su dirección, así como buena parte de los delegados fundadores, fueran secuestrados, muchos de ellos asesinados y desaparecidos.
De la dirección, sólo Mauricio Gatti logró sobrevivir, huyendo y refugiándose en Europa; el resto fueron “desaparecidos”: G. Gatti, León Duarte, Alberto Mechoso, Roger Julien, Jorge Zaffaroni y Gustavo Inzaurralde. La militancia que sobrevivió se dispersó: un grupo muy reducido, con gente como Milton Romani Gerner o Alberto Correa, ambos procedentes del FRT, quedó aislado en la Argentina, viviendo en la clandestinidad, otros huyeron al Brasil y la mayoría se refugiaron en Europa, donde se integraron en una considerable colonia uruguaya. Serán ellos los que protagonicen meses después la reorganización del partido
entrega anterior
http://www.postaportenia.com.ar/notas/12299/la-federaci%C3%B3n-anarquista-uruguaya-5/