Guillermo Reigosa Pérez- 16 de noviembre de 2010
Por lo que respecta la situación en el Uruguay, el proceso de reanudación de las movilizaciones contra la dictadura fue un proceso lento, que no comenzó a tener cierta entidad hasta comienzos de la siguiente década, la de los 80.
El régimen transformara profundamente el país y el movimiento popular no fuera una excepción: los hombres y mujeres que dieran vida y vigor a las organizaciones populares experimentaran este cambio con más profundidad si cabe.
El PVP se encontró con que a finales de la década de los 70, con miles presos políticos y de perseguidos, con la CNT disuelta, con la universidad intervenida y con los partidos y sus dirigentes proscritos, el pueblo uruguayo era muy distinto a lo que fuera en 1973, cuando protagonizó la huelga general contra el golpe de estado, un pueblo que mostraba una significativa indolencia militante.
Por todo ello, la recuperación de las libertades en Uruguay se iniciará dentro del cronograma del régimen y se llevará a cabo bajo el paraguas protagónico de dirigentes políticos procedentes de los sectores democráticos más moderados y tolerados de los partidos tradicionales.
En agosto de 1977 los militares aprobaran, en el Conclave de Santa Teresa, el “Plan Político Básico de las FFAA”, plan que preveía la legitimación institucional del régimen cívico-militar y que trazaba el cronograma para la transición hacia una democracia tutelada.
El plan tenía como apoyo fundamental la aprobación de una nueva Constitución. Ya en 1980, los uniformados, presionados por la crisis económica y por una situación internacional menos favorable a las dictaduras, con la Presidencia de Carter en los USA o la democratización en España, se decidieron a impulsar el proceso constituyente: tras la elaboración del nuevo texto constitucional por la COMASPO, Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA, y su aprobación, el 28 de octubre, por el Consejo de Estado, el Ejecutivo convocó a la ciudadanía a un plebiscito de aprobación de la nueva Constitución.
El texto trataba de legalizar el orden de facto, contemplando la censura, amputando gravemente los derechos de agremiación o de huelga, prohibidos éste para los funcionarios, limitando fuertemente la constitución de organizaciones políticas o del PC y por parte del “herrerismo” del PN, la reforma constitucional fue rechazada por los sectores mayoritarios de estos dos partidos; sus actos a favor del “No” fueron sin embargo, bajo el corsé represivo del régimen, escasos y acabaron con frecuencia reprimidos por las fuerzas del orden; de hecho la campaña contra la reforma prácticamente no existió, limitándose a poco más que volantes, pegatinas o el “boca a boca”.
A pesar del miedo, de la censura de la prensa y de la gran campaña propagandística instrumentada a través de los medios de comunicación a favor del “Sí”, el 30 de noviembre de 1980 el pueblo uruguayo se expresó sorprendentemente en contra del régimen.
La inesperada derrota forzó a los militares a formular un nuevo plan, “Bases para el Diálogo”, que estuvo listo hacia julio de 1981 y que fijaba un nuevo cronograma, ahora de diálogo y apertura con los partidos tradicionales, PColorado y PNacional, excluidos del fallido proyecto de reforma constitucional. Hasta ahora, el gobierno militar buscara el apoyo a sus planes sin los partidos políticos, apelando directamente a la ciudanía, pero a partir de su derrota plebiscitaria buscó la interlocución de los partidos políticos para buscar una salida a su crisis de legitimidad. Comenzaba así, la llamada por algunos, etapa transicional de la dictadura uruguaya
En este contexto debe situarse la aprobación por el Consejo de Estado de la Ley de Asociaciones Profesionales, en 1981, y la Ley de Partidos Políticos, en 1982, normas que aspiraban a tutelar ambos ámbitos, pero que se vieron muy pronto superadas, provocando la bancarrota del diseño de las FFAA.
La Ley de Asociaciones Profesionales fuera concebida para permitir una representación de los trabajadores sometida a la supervisión absoluta del régimen, pretendía, en definitiva, una rehabilitación restringida del sindicalismo, que vigilara a los trabajadores y los circunscribiera estrictamente al ejercicio de las reivindicaciones laborales. Entre sus muchas limitaciones, negaba la posibilidad de organizar federaciones sindicales o el derecho de agremiación de los empleados públicos.
Sin embargo, esta normativa abrió un espacio legal que fue aprovechado por nuevos dirigentes sindicales para desarrollar actuaciones que iban más allá de lo previsto en la ley; y así, tras su entrada en vigencia, y respetando los criterios normativamente establecidos, los trabajadores aprovecharon el marco legal para multiplicar a lo largo de 1982-83 las organizaciones de base en las empresas, “agrupaciones profesionales de primer grado” de acuerdo con la ley.
Con la mayor parte de los líderes sindicales en la cárcel o en el exterior, con una CNT que prácticamente sólo existía en el exilio, este proceso de revitalización del movimiento sindical fue protagonizado por toda una nueva generación de dirigentes y activistas sindicales, una generación ajena a la del 73.
La ley de los militares fue así, rápidamente desbordada y en poco menos de dos años vio nacer el PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores: el PIT surgió hacia abril de 1983 a partir de la unidad de 37 organizaciones de base, aunque también merece destacarse el papel de dos asociaciones veteranas, la ASU, Acción Sindical Uruguaya, de Mitil Ferreira, una asociación socialcristiana en cuya sede se decidió el nombre del PIT para la incipiente coordinación sindical, y la AEBU de Juan Pedro Ciganda, que aunque subsistiera poco más que a través de su infraestructura deportiva y social, seguía siendo un referente del sindicalismo uruguayo; ambas organizaciones desarrollaron una labor muy importante en el impulso del movimiento de organizaciones de base, asesorándolas, facilitándoles sus locales, etc.…
También jugó un papel muy destacado en el mismo sentido la CNDS, Comisión Nacional de Derechos Sindicales, un organismo impulsado por la sección uruguaya de la UITA, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, y creado poco antes de la aprobación de la Ley de Asociaciones Profesionales, aprovechando los reducidísimos resquicios de la legalidad del régimen; al frente del CNDS, José D`Elia, el veterano Presidente de la CNT, y Enildo Iglesias, de la UITA.
El nacimiento del PIT se fija simbólicamente en la celebración del 1º de Mayo de 1983, la primera celebración desde 1973: el acto se realizó en la circunvalación del Palacio Legislativo y jardines adyacentes y reunió inesperadamente a cerca de 100.000 personas bajo el lema de “Libertad, Trabajo, Salario y Amnistía”, convirtiéndose en el primer acto de masas contra la dictadura y marcando el inicio de una movilización social fuertemente articulada con los partidos políticos.
El nivel de participación ciudadana de aquel día cambió el rumbo político del país. Como fundadores del PIT, Federico Gomensoro “Fico”, de la AFCASMU, Asociación de Funcionarios del CASMU (Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay), Richard Read, de la Asociación Laboral de la FNC (Fábrica Nacional de Cervezas), Juan Pedro Ciganda, de AEBU, Carlos Pereyra, del sindicato de FUNSA, “renacido” el 20 de febrero del 82, y Andrés Toriani, de la FUS, Federación Uruguaya de la Salud, oradores, los cuatro últimos, en el acto 1º de mayo. Junto a ellos, gentes como Jorge “Plancha” Núñez y Jorge Silvano, del sector del transporte, de ONDA (Organización Nacional de Autobuses S.A.) y CUTCSA (Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo S.A.) respectivamente, Fausto Pérez, de la FUM, Federación Uruguaya del Magisterio, Jorge Matos, del SAT, Sindicato Autónomo Tabacalero, o los políticos Víctor Vaillant, colorado, o Guillermo Chifflet, socialista.
La organización sindical nació apelando a la continuidad histórica y al protagonismo de la vieja CNT -no en vano la otra consigna de aquel 1º de Mayo fuera por “un solo movimiento sindical”- y la reunificación generacional del sindicalismo uruguayo no se hizo esperar, dando paso en septiembre de aquel mismo año, en una reunión celebrada en Buenos Aires, al PIT-CNT.
El PVP estuvo presente en el nacimiento del PIT-CNT. Lo hizo a través de su pionera labor de resistencia, estando detrás de los primeros volantes que convocaban a la reorganización sindical y estudiantil, y lo hizo a través de sus contactos con los sindicalistas, destacando su labor de asesoramiento en la elaboración de los estatutos de la nueva central o su participación en la redacción de los documentos para el 1º de Mayo. Algunos de los grandes protagonistas de aquellos días pertenecían o estaban muy vinculados al PVP, como Hugo De Mello, de la FANCAP, Federación de ANCAP, José Tuimil, del sector farmacéutico, o los ya mencionados Richard Read, Carlos Pereyra y J. Pedro Ciganda.
Simultáneamente a este proceso de revitalización del frente sindical, y alrededor de las cooperativas de apuntes, de clubes culturales y de algunas publicaciones, se fue produciendo la reorganización del movimiento estudiantil, naciendo la ASCE, Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública.
Al mismo tiempo, y en gran parte como producto de la crisis económica, comenzaron a proliferar un conjunto de nuevas organizaciones de carácter extra-estatal y extra- partidario, como comisiones de vecinos, comedores populares (ollas), clubes de compra, policlínicas vecinales, publicaciones barriales…
A comienzos de 1983, ya había por todo el país, contra todo pronóstico y muy a pesar de los planes de los militares de “apertura controlada”, cientos de sindicatos, agrupaciones estudiantiles y todo un entramado social que conectó rápidamente con los movimientos sociales orgánicos, incluida la FUCVAM. La FUCVAM fue otro importante actor emergente y con sus campañas por la vivienda, de enorme adhesión popular, se constituyó como uno de los ejes de la reorganización del movimiento popular.
Por otro lado, las elecciones internas de los dos partidos tolerados, celebradas en noviembre del 82 al amparo de la otra “ley tutelar”, la de partidos políticos, ofrecieran resultados muy pobres para los grupos más ligados al régimen, ampliamente derrotados por los sectores anti-dictadura: en el PC, la agrupación Libertad y Cambio de Enrique Tarigo y el “batllismo”, con la Unidad y Reforma de Jorge Batlle y Julio Mª Sanguinetti, y en el PN, el Movimiento Por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha y el sector herrerista de Jorge Silveira Zabala y Luís Alberto Lacalle; ellos serían, a partir de entonces, los encargados de dialogar con las FFAA y de buscar una salida democrática al país.
El FA, proscrito del llamado a elecciones, promovió el voto en blanco, pero la consigna sólo fue seguida por unos 85.000 uruguayos, el 7% de los sufragios, muy lejos de los más de 400.00 votos sumados por los dos partidos tradicionales.
Los militares, forzados por la derrota plebiscitaria del 80, el resultado de las elecciones políticas internas y la emergencia del movimiento popular, reaccionaron aquel mismo mes de mayo del 83 con la instalación de una mesa de diálogo, las llamadas “Negociaciones del Parque Hotel”. Aunque éstas fracasaron a los dos meses de su inicio debido al inmovilismo de los militares, que reaccionaron suspendiendo toda actividad política, el proceso de apertura ya no tenía, ante el fortalecimiento del movimiento popular, margen para la marcha atrás.
En este contexto, las organizaciones sociales y los partidos políticos conformaron la Intersectorial o Intersocial, una alianza para coordinar las acciones de protesta contra la dictadura.
Su primera mediada concertada fue la convocatoria de una “cacerolada” para el 25 de agosto a las 20 horas: masivamente, la población salió a las veredas a golpear cacerolas y otros objetos capaces de generar ruido.
El siguiente acto de masas se convocó para el 27 de noviembre “en defensa de la democracia y por la celebración de elecciones nacionales libres, sin presos políticos ni proscripciones”; celebrado en el Obelisco de los Constituyentes, el acto reunió a cerca de 500.000 ciudadanos y demostró una vez más la fuerza del movimiento democrático. 1984 comenzó con un nuevo reto al régimen por parte del PIT, que ya sumaba más de 200 agrupaciones y que convocó el primer paro general de los 11 años de dictadura, celebrado el 18 de enero; a continuación otra exitosa celebración del 1º de Mayo y el Paro Cívico del 27 de Junio.
Las perspectivas de que la aquello era imparable, de que la dictadura languidecía, comenzaron a sacudir con fuerza al exilio, que se preparó para el retorno. Argentina, que recuperara las libertades a finales del 83, con la Presidencia de Raúl Alfonsín, de la UCR, Unión Cívica Radical, se convirtió en un lugar de encuentro para el retorno individual o colectivo.
A finales de 1983, un grupo de activistas del PVP, encabezados por el Secretario General, Hugo Cores, también regresaron allí, al escenario de la masacre, donde perdieran a tantos compañeros. La lucha por la memoria de los compañeros desaparecidos seguía ocupando un lugar central en la actividad del partido, que colaboró con la SIJAU en la presentación del primer habeas corpus colectivo sobre los uruguayos desaparecidos en aquel país ocho años antes.
Desde el país vecino, algunos de los activistas del PVP entraron y salieron clandestinamente en el Uruguay para realizar tareas de oposición y trabajo político, participando del crucial momento que vivía el país; fue éste el caso de Cores, que lo hizo en dos ocasiones a lo largo de 1984, una de ellas en agosto, coincidiendo con las decisivas negociaciones entre el régimen y la oposición democrática.
En el Uruguay, el proceso de movilizaciones se simultaneó con las negociaciones de políticos y militares, producto de la consolidación de las organizaciones sociales, retroalimentadas por los partidos políticos. En el invierno de 1984, las FFAA retomaran las negociaciones, ahora, y por primera vez, con la presencia del proscrito FA. Finalmente, el 3 de agosto se alcanzaba el “Pacto del Club Naval”, y comenzaba la liberación de los primeros presos políticos.
Dentro del FA, el PVP se mostró crítico con el acuerdo, argumentando que con él se desaprovechaba el empuje del movimiento popular para obtener mayores concesiones por parte del régimen, interpretándolo como un acuerdo semicontinuista, que dejaba al estamento militar en una situación, a su juicio, demasiado ventajosa, que aceptaba la subsistencia en las instituciones de elementos básicos de la estructura dictatorial y que en suma, permitía a las FFAA un repliegue sin autocrítica y con impunidad, un escudo para su desgaste como institución.
El partido mantuvo su postura a posteriori, pues entendía que el pacto descomprimió la presión sobre el régimen y determinó la asunción del protagonismo por la cúpulas políticas en detrimento del movimiento social, que hasta entonces fuera el elemento fundamental de la oposición democrática y que a partir del acuerdo entró en un proceso de clara marginación; según su análisis de los hechos, el acuerdo también habría significado el triunfo de la estrategia de Sanguinetti, que surgió del mismo como su figura articuladora, y condujo al distanciamiento del movimiento obrero y la izquierda respecto a los sectores más progresistas del PN, ausente de las negociaciones por la encarcelamiento de su líder, Wilson Ferreira.
En virtud del “Pacto del Club Naval”, el 25 noviembre de 1984, después de 13 años y aún con muchos presos políticos en las cárceles, Uruguay celebraba unas elecciones nacionales, resultando vencedor, con el 41% de los votos, Julio Mª Sanguinetti, del PC. El FA llevó como candidato a la Presidencia al independiente José Crotogini, pues el líder de la coalición, el General Liber Seregni, saliera del presidio pero seguía políticamente proscrito, y presentó cinco listas, la del PSU, con Pedro Cardoso, la Lista 99 del PGP de Hugo Batalla, la del IDI, Izquierda Democrática Independiente, la del PCU, Democracia Avanzada, y la del PDC, Partido Demócrata Cristiano, listas que obtuvieron algo más del 21% de los sufragios, superando en Montevideo los 300.000 votos, por encima del PN.
Las organizaciones de la izquierda marxista o radical, el PVP incluido, seguían proscritas y aún no podían participar en los comicios formalmente, con su nombre, pero se toleró su participación bajo otras denominaciones y gran parte de su militancia pudo participar en la campaña. Mientras que el PCU y el FIDEL crearon la agrupación Democracia Avanzada, el PVP se integró en la IDI, constituida en febrero de 1984, inspirada históricamente, en cierto modo, en la “Corriente” del FA o la “Tendencia Combativa” de la CNT e integrada por el resto de la izquierda radical del FA: la UP-Patria Grande de Erro, los GAU de Héctor Rodríguez, el M26, alejado del MLN desde el exilio europeo, el Movimiento Pregón de Sergio Provitali y Alba Roballo, el MAN, Movimiento de Acción Nacionalista, de Durán Matos, el FIU, Frente Independiente Universitario, de José Bayardi, y los Núcleos de Base Frenteamplistas de Danilo Astori.
La IDI se definía como la alianza de la “izquierda nacional tercerista”. El PVP consiguió situar a Lilian Celiberti como candidata a la Junta de Montevideo. Inmersa en discusiones sobre su constitución como partido y sin tiempo para lanzar a sus candidatos, la IDI obtuvo unos pobres resultados electorales y su candidata presidencial, Roballo, no resultó electa, debiendo conformarse con apenas el 9% de los votos del FA y con un acta en el senado.
entrega anterior