La historia del PVP tras la restauración democrática es, en buena medida, la historia del FA, la historia de las correlaciones y reequilibrios de fuerzas y de las alianzas y rupturas al interior de la gran coalición; una historia de oposición y también, a partir del 2004, una historia de corresponsabilidad gubernativa; la historia de un partido que al salir de la dictadura tenía, aun siendo una fuerza menor, una presencia significativa en la sociedad y dentro de la izquierda, superada claramente sólo por la del PCU y en menor medida, la del PSU, pero que al finalizar el siglo redujera drásticamente su protagonismo, diluido en todo un entramado de pequeñas organizaciones de izquierda; la historia de un partido que, sin perder su naturaleza izquierdista y sus posiciones dentro del ala más inconformista del FA, en la última década se ha visto claramente rebasado por su izquierda, tanto en el ámbito sindical, con la TCC, Tendencia Clasista y Combativa, como en el político, con la CI, Corriente de Izquierda, o la Asamblea Popular; la historia de una organización que hoy sigue volcada en la reactivación sindical y en la denuncia y esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, su bandera desde su reorganización en el París de 1977, y que ha hecho del impulso de la participación popular a través del desarrollo de redes populares y deformas de democracia directa su señal de identidad.
Las elecciones de noviembre de 1984 marcaron el fin de la dictadura y muchos exiliados no quisieron esperar a la constitución del Parlamento, realizada el 14 de febrero de 1985, o a la investidura de Sanguinetti, celebrada el 1 de marzo, para retornar a su patria. Entre ellos, no pocos de los militantes del PVP en el exterior, como Hugo Cores que entró legalmente en el país el 31 de diciembre, tras recibir la confirmación oficiosa de que ya podía hacerlo.
Sanguinetti debió de afrontar la verdadera democratización del país.
Así, y apenas inaugurado su Gobierno, se derogaron todos los decretos de 1973 relativos a la ilegalizaran de las organizaciones marxistas, los antiguos sindicatos y las organizaciones estudiantiles, se restablecieron todas las garantías y libertades, volvió a regir en su totalidad el antiguo ordenamiento jurídico de la Constitución de 1967, se aprobó una ley general que permitió la reposición en sus cargos de más de 10.000 empleados públicos represaliados y se promulgó la Ley de Amnistía, que completó el regreso de los exiliados y la liberación de los últimos 250 presos políticos, la mayoría detenidos por su vinculación a grupos armados (MLN, OPR…).
La Ley de Amnistía fue una de las primeras medidas de Sanguinetti, siendo aprobada en el Parlamento el 8 de marzo y promulgada por el Ejecutivo el mismo día. En medio de la algarabía popular, el día 10 salían a la calle los presos recluidos en el Penal de Punta Carretas, el Penal de Libertad (EMR Nº 1, Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1) y el Penal de Punta Rieles (EMR Nº 2), y el día 14 lo hacían los últimos 43 presos políticos del Uruguay, los presos internados en la Cárcel Central de San José y Yi.
Fueron días de fiesta, en los que la gente salía eufórica a los caminos, calles y lugares de concentración para recibir y homenajear a los presos.
Entre los liberados, algunos miembros históricos de la FAU-OPR que declinaron incorporarse al PVP, como J. C. Mechoso o Héctor Santa Romero, que mantuvieron para sí el nombre de FAU. Tampoco Raúl Cariboni, liberado unos meses antes, en diciembre del 84, quiso sumarse al PVP; Cariboni nunca superó la terrible experiencia de la cárcel y abandonó el activismo político, suicidándose en 1995. Otros militantes y cuadros, como Ivonne Trías, sí lo hicieron.
Pero el retorno a la democracia no dejara de ser un proceso ordenado y dirigido por el régimen, un proceso superado y acelerado por la reacción de la sociedad uruguaya pero que garantizó en gran medida la impunidad de los uniformados.
Así, una vez desplazadas del poder, las FFAA aceptaron los cambios que fueron recortando su autonomía, las reformas que permitieron un mayor control de sus actividades o los recortes aplicados a sus presupuestos, pero hubo un área en la que se mantuvieron firmes: no admitirían revisiones sobre sus actividades en el pasado, ni del estamento en su conjunto ni de sus miembros, individualmente.
El conflicto estalló muy pronto, a lo largo de 1986, cuando comenzaron a presentarse ante los juzgados acusaciones sobre torturas, algunos casos de desaparecidos...
Los militares reaccionaron cuando el Poder Judicial mostró, a través de la Corte Suprema de Justicia, sus intenciones de seguir adelante con sus actuaciones y la justicia ordinaria comenzó a citar a oficiales implicados en la represión: los militares respondieron con la presión al Ejecutivo y con el desacato, anunciando la incomparecencia ante los tribunales de sus subordinados, respaldada por el estamento.
Fue así, como el 22 diciembre de 1986 se promulgó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitoria del Estado, conocida como “Ley de Impunidad”, propuesta por el Gobierno de Sanguinetti, corredactada por legisladores blancos y colorados y aprobada en el Parlamento por el PC y el sector mayoritario del PN, liderado por Wilson Ferreira y contrario hasta pocas semanas antes a cualquier tipo de amnistía para los represores, cambió de parecer por cuestionamientos electoralistas; el Movimiento Nacional de Rocha, la Unión Cívica y el FA se opusieron.
Dentro de la alianza frenteamplista, el PVP, que mantenía el tema de los desaparecidos y los derechos humanos como eje central de su línea política, fue especialmente beligerante con la norma. La Ley de Caducidad liquidaba aparentemente el conflicto, aunque, como luego veremos, lo único que hizo fue dejarlo en suspenso durante un tiempo.
Por lo que respecta a su posición dentro del FA, a comienzos de 1985 la IDI aceleró su proceso de unificación, culminado en mayo, cuando parte de los grupos deciden autodisolverse en su seno y convertirla en partido político. El PVP, disconforme con la decisión, abandona la alianza. También lo hacen Patria Grande, el Movimiento Pregón y el M 26.
En 1987 el PVP celebró su IV Conferencia Nacional, una conferencia tensa, con debates muy polémicos entre el llamado “Grupo de Roma”, que defendía la necesidad de retomar los “orígenes revolucionarios de la organización”, y la tendencia moderada y mayoritaria, liderada por Cores.
Retomando el tema de la “Ley de Caducidad”, poco después de su aprobación, comenzara a articularse un vigoroso movimiento social de resistencia a la norma, un movimiento que organizó una campaña para forzar el sometimiento plebiscitario de la norma. El movimiento comenzó a gestarse en enero de 1987, a las pocas semanas de la promulgación de la ley, cuando la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, surgida de la unificación de los grupos precedentes, anunció su intención de lanzar una campaña de recogida de firmas para forzar el referéndum; en febrero, el FA decidió su apoyo a la iniciativa y poco después lo siguió la PIT-CNT.
Como cabeza del movimiento, se creó la Comisión Nacional Pro Referéndum, dirigida por tres mujeres, familiares de víctimas de la represión, una de ellas Mª Esther Gatti, hermana de Gerardo Gatti, madre de Mª Emilia Islas y abuela de Mariana Zaffaroni; los protagonistas de la campaña fueron fundamentalmente militantes de las organizaciones sociales y sindicales, siendo el PVP, junto al MLN, el grupo político más activo del mismo.
El plebiscito, habilitado por las firmas de 635.000 ciudadanos, 200.000 más del 25% del censo electoral requerido por ley, se celebró el 16 de abril de 1989 y aunque en Montevideo la ley fue derrotada, con un 55% de los votos a favor del “No”, el escrutinio final, de todo el país, invirtió los porcentajes y convalidó la aprobación de la ley.
Este resultado evidenció el fantasma del miedo a recaer en la situación predemocrática, confirmando así, la permanencia de la corporación militar como un actor político con fuerte poder de veto.
El referéndum cerró la cuestión de la impunidad, pero una vez más no lo hizo de forma definitiva, volviendo a reabrirse años después.
El II Congreso del PVP, celebrado en 1989, evidenció, con agrias disputas, la división entre los sectores más radicales, vinculados en parte al frente sindical, y los grupos más moderados, partidarios de la línea de contemporización dominante en el FA.
El acto confirmó también una dirección integrada por Hugo Cores, el grupo de líderes surgidos de la ROE, esto es Raúl Oliveira, Pablo Anzalone, Carlos Coitiño, Mariela Salaberry, Milton Romaní y Luis Puig, y dos dirigentes ligados al nuevo sindicalismo del PIT-CNT, José Tuimil y Richard Read.
Salvo un par de ellos que abandonarán la formación en la década de los 90, será esta dirección la que lleve las riendas del partido durante las próximas décadas.
Por otro lado, la campaña pro referéndum acercara al PVP y al MLN, que aún esperaba su admisión en el FA. Este acercamiento condujo a comienzos de abril del 87 al nacimiento del MPP, Movimiento de Participación Popular, organización que se erigía como el polo de izquierda del FA y a la que se sumaron también el MRO, el PCR, el trotskista PST, Partido Socialista de los Trabajadores, y un nutrido grupo de independientes, entre los que destacaba Helios Sarthou, procedente de la antigua UP.
En la dirección de la nueva alianza, la mayoría correspondía al MLN, que, encabezado por José Mújica, Eleuterio Fernández Huidobro y Jorge Zabalza, obtuvo siete de sus trece miembros
El 4 de mayo estalló una bomba en la “Casa de los Compañeros”, el local del PVP, situado en la calle Fernández Crespo esquina con Madrid, una acción de amedrentamiento de los que no aceptaban el cambio de los tiempos.
Ante la proximidad de las elecciones nacionales, el MPP celebró en septiembre elecciones internas. Ante la actitud del MLN, que, en proceso de recomposición interna, no quiso asumir ninguna representación en las elecciones, las votaciones favorecieron notablemente al PVP, que quedó sobrerrepresentado y colocó a Hugo Cores en el 2º puesto de la lista, encabezada por Sarthou; además, el partido obtuvo el 4º puesto para Lilian Celiberti y el 8º, 9º y 10º para Richard Read, Carlos Coitiño y Pablo Anzalone, y situó a Tota Quinteros a la cabeza de la lista para la Junta Departamental de Montevideo y a Ivonne Trías en el puesto nº 3.
Poco antes de los comicios, el FA sufrió una importante escisión.
Las diferencias en su seno surgieran ante la inadecuación de su estructura interna, con una correlación de fuerzas en los órganos de decisión establecida en el marco diseñado en 1971, en su proceso fundacional; el conflicto estalló definitivamente ante la inminencia del periodo electoral, cuando los sectores más votados en las elecciones de 1984, que también eran los sectores más moderados, rompen con la coalición y forman una nueva alianza, el NE, Nuevo espacio, integrado por el PDC, el PGP y la UC y postulado ante el FA como un bloque de centroizquierda.
Su marcha facilitó el ingreso en la coalición del MLN, que esperaba esta resolución desde hacía más de tres años, y de otros partidos de la izquierda radical, como el PST.
Las elecciones nacionales se celebraron el domingo 26 de noviembre de 1989 y dieron la presidencia a Luis Alberto Lacalle, del PN
Los comicios otorgaron un buen resultado para el FA, que llevaba como candidato presidencial a Seregni y que, aunque menoscabado con la escisión, repitió los resultados del 84, un 21% de los sufragios, y obtuvo, a través de su candidato departamental, el socialista Tabaré Vázquez, la Intendencia Municipal de Montevideo; además, el NE alcanzó un 10%, que le dio 9 diputados y 2 senadores, con lo que las fuerzas políticas que integraban el FA en el 84 obtenían ahora el 30% de los votos, empatando con el PC, que registrara una fuerte caída; en Montevideo el resultado del FA más el NE era aún mejor, acercándose al 50% de los sufragios. Dentro del FA, presentaron listas el PSU, la Democracia Avanzada del PCU, el MPP, el M26, el Movimiento 20 de Mayo y la Vertiente Artiguista, una organización surgida del naufragio de la IDI, básicamente gente de los GAU, y de una escisión izquierdista del PDC.
El MPP se situó como el 4º grupo más votado del FA, alcanzando los 43.00 votos, el 11% del total de la coalición y obteniendo dos actas parlamentarias, una para Sarthou y la otra para el PVP, para H. Cores, y dos asientos en la Junta Departamental, uno de ellos para otro miembro del PVP, Tota Quinteros.
Desde su banca parlamentaria, Hugo Cores llevó a cabo un trabajo serio, brillante y laborioso, incidiendo en los temas sociales y convirtiéndose una vez más en la voz de los desaparecidos y de las víctimas de la dictadura, destacando sus denuncias sobre el “Archivo del Terror” descubierto en Asunción, Paraguay, que incluía miles de documentos, entre ellos las actas fundacionales del Plan Cóndor y algunos relativos a dos desaparecidos del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. A lo largo de toda la década, el PVP mantuvo la lucha por la memoria y contra la impunidad como uno de los ejes centrales de su política.
Aunque aún lejos de un avance definitivo, la lucha por los derechos humanos cosechó en esta década sus primeros éxitos reseñables: el primero, la declaración de incompatibilidad de la Ley de Caducidad con el derecho internacional recogida en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de 1992-1993; el informe argumentaba que la confirmación de la ley por la soberanía popular no permitía al Estado desligarse de sus compromisos internacionales ni cambiaba el hecho de que la norma fuera un acto unilateral del Estado. En 1997, desde España, el Juez Garzón dio nuevas esperanzas a esta lucha al realizar rogatorias al Estado uruguayo.
Al año siguiente, 1998, la detención en España, de nuevo por iniciativa del juez Garzón, del ex dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de lesa humanidad desencadenó un debate a nivel internacional, generando efectos significativos en los sistemas judiciales e impulsando al movimiento por los derechos humanos.
Por lo que respecta a la vida interna del PVP, las tensiones puestas de manifiesto en la IV Conferencia Nacional y en el II Congreso acabaron provocando el alejamiento, en los primeros 90, de algunos activistas de peso, como François Graña, Luís Tuimil, Richard Read, Gerónimo de Sierra y Lilian Celiberti, estos últimos dos figuras clave en el proceso de reorganización del partido y cuya marcha venía a sumarse a la baja de Rubén “Pepe” Prieto”, un histórico del PVP que participara en el Congreso Fundacional del 76 y en la Conferencia de París del 77.
Tras salir de la Carel en 1983, Celiberti se volcara en la militancia feminista, trayectoria que provocó no pocas reticencias en el partido y que acabó alejándola del mismo. Por lo que respecta a “Pepe” Prieto, tras la Conferencia de París y la decisión de volver a la región, este dirigente, muy unido a Tota Quinteros, fuera designado por el partido para permanecer en Europa como responsable del SIJAU y de todo el trabajo de denuncia de las violaciones de derechos humanos, alejándose poco a poco de sus compañeros de militancia.
Por otro lado, en los 90, el periódico “Compañero” pasó a tener una periodicidad quincenal y un formato tipo “tabloide”. A su frente, en esta década, militantes como Pablo Anzalone, Mariela Salaberry, Tota Quinteros, Virginia Martínez, Roger Rodríguez, Milton Romani, Aguirred Bal, Nacho Martínez…
Por lo que respecta a la evolución del MPP, las diferencias entre sus miembros no tardaron en manifestarse. En 1990 se producía el primer abandono, el del PCR. Dos años después, en el 92, se retiró el MRO, que acusaba a la alianza de “traicionar el legado de Sendic”, fallecido en el 89, y que al año siguiente abandonaba también, disconforme con su “derechización”, el FA.
Finalmente, en el II Congreso del MPP, en 1993, el PVP rompía con la alianza y, en un acto de coherencia y honestidad, devolvía la bancada parlamentaria de Hugo Cores y los asientos en las juntas departamentales, cargos ganados bajo las siglas del MPP. Tras la marcha de Sarthou y de la “Tendencia de los Proletarios” del tupamaro Jorge Zabalza en 1999 y la retirada definitiva, en el 2001, del PCR, que retornara en 1993, el MPP se convirtió en una mera expresión del MLN.
En 1994, año de elecciones, el NE sufre una importante transformación: la alianza de Hugo Batalla con el PC fue rechazada por los otros integrantes de la coalición e incluso por algunos sectores de su grupo político, el PGP. Fue así, como el PDC, un pequeño grupo del PGP liderado por Díaz Maynard y la UC abandonaron el NE, los dos primeros para reincorporarse al FA y la última para seguir en solitario; la entrada del PDC en el FA adoptó la forma de alianza, llamada EP-FA, Encuentro Progresista-Frente Amplio, e incluyó del ingreso de otros tres grupos menores: la Corriente 78, antigua escisión democratacristiana liderada por José Luís Veiga, el Batllismo Progresista y parte del Polo Progresista, sector del PN liderado por Rodolfo Nin Novoa, un peso pesado del partido blanco procedente del Movimiento Nacional de Rocha; fue el líder del PVP, Hugo Cores, el que fundamentó la moción que habilitó formalmente, en un polémico congreso, la formación del EP.
Mientras, otro sector del PGP liderado por Rafael Michellini, hijo del histórico parlamentario asesinado en Buenos Aires, decidió conservar el nombre de NE y transformarlo en un partido político independiente de ideología socialdemócrata.
Los comicios de 1994 fueron ajustadísimos, mostrando un país dividió en tercios, un triple empate técnico que alargó laboriosamente el recuento de los votos. Finalmente la diferencia de votos entre el primer partido y el tercero no superó el 1,7% de los votos válidos y el triunfo fue para el PC y su candidato Julio Mª Sanguinetti, que volvió a la Presidencia de la República y formó una coalición de gobierno con el PN. El EP-FA obtuvo unos resultados excelentes, reteniendo la Junta Departamental de Montevideo y obteniendo nueve senadores y 31 diputados, prácticamente los mismos que el PN y el PC, con lo que confirmaba definitivamente la ruptura del condominio bipartidista del Uruguay; además, el NE de Rafael Michellini obtuvo 100.000 votos y ganó un senador y cinco diputados más.
Fue la última vez que rigió el “sistema de doble voto simultaneo”, que permitía a cada formación presentar múltiples candidatos simultáneos a la Presidencia.
El EP-FA presentó doce listas, de las que cinco obtuvieron representación parlamentaria: la de la Vertiente Artiguista, la de la Asamblea Uruguay, un nuevo grupo moderado, de tendencia socialdemócrata, surgido aquel mismo año a partir de independientes de la coalición, la de la Democracia Avanzada del PCU, cada vez más debilitado por su profunda crisis interna, la del MPP y la del Espacio 90, del PSU y sus aliados. Asamblea Uruguay, liderada por Danilo Astori, fue la gran triunfadora del EP-FA, obteniendo casi el 39% de los votos y 4 senadores y 17 diputados, el 50% de las bancas parlamentarias ganadas por la coalición izquierdista.
El PVP, concurrió sólo a las elecciones, con la Lista 343 y con Hugo Cores como candidato, y pagó muy cara su osadía, pues quedó fuera del parlamento.
El 20 de mayo de 1996, coincidiendo con el día en que fueron asesinados Zelmar Michellini y Gutiérrez Ruíz, se celebraba en Montevideo la I Marcha del Silencio, un compromiso repetido a partir de entonces año tras año. El PVP, como no, apoyó activamente, junto a gran parte de las fuerzas del FA, la convocatoria, convertida, dado su éxito, en un punto de inflexión en la presencia del tema de los derechos humanos en la sociedad uruguaya. Bajo el lema “Memoria, Verdad y Nunca Más”, decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital en reclamo de la incorporación de sus demandas a la agenda política y gubernamental.
El mismo año, 1996, el EP-FA asistió a un nuevo intento unificador de su ala izquierda, la CI, Corriente de Izquierda, que agrupó inicialmente al MPP-MLN, el M26, el PST, el Movimiento 20 de Mayo de Lucas Pittaluga, la UP y otros grupos menores. El PVP, en aquellas fechas más próximo al oficialismo frenteamplista, se quedó fuera.
La alianza izquierdista, liderada por Helios Sarthou, se convirtió en la 2ª fuerza del FA, obteniendo en las elecciones internas de aquel año el 16% de los votos y siendo superada tan sólo por el PSU. Sin embargo, una vez más, el polo de izquierda frenteamplista no tardó en descomponerse, perdiendo al MPP en 1997 y al PST no mucho después y convirtiéndose muy pronto en una fuerza muy minoritaria. A su frente quedaban Helios Sarthou y Jorge Zabalza, que rompiera con los tupamaros.
El 22 de diciembre de 1996, el FA designaba, en su III Congreso, a su nuevo Presidente. El elegido fue Tabaré Vázquez, que, como Presidente del EP, conformaba desde 1994 una diarquía con Liber Seregni. Sólo unos días después de su nombramiento, Vázquez ofrecía al líder del PVP, Hugo Cores, la Secretaría Política de la coalición, una tarea eminentemente coordinativa y de gran cercanía personal a Tabaré. Tras consultar con el Comité Central del partido, Cores aceptó el cargo y se esforzó en desvincular su trabajo en el FA de su papel como Secretario General del PVP, aunque el partido nunca se sintió cómodo con su labor, sufriendo no pocas críticas.
Desempeñó la secretaría hasta septiembre de 1997, cuando acompañó a Vázquez en su renuncia a la Presidencia, una medida de presión ante los sectores más izquierdistas de la coalición, encabezados por un MPP empujado en aquellas fechas por el ala radical de Jorge Zabalza y Nora Castro. Vázquez, una vez satisfechas sus demandas de lealtad gracias a las gestiones de otro tupamaro, José Mújica, aceptó la vuelta al cargo, siendo ratificado en el mismo en el III Congreso Extraordinario del FA, celebrado en noviembre de 1998, pero Cores ya no retornó al círculo de poder frenteamplista. continúa
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