En Cuba se manifiesta una crisis estructural profunda. Dicha crisis, en medio de una marcada precarización de la vida, condujo a una parte de la ciudadanía a las calles, los días 11 y 12 de julio de 2021. Las hostiles sanciones estadounidenses, en el marco de una política de agresión y bloqueo que cumple ya 60 años, la incapacidad de la administración del país para solventar las más básicas necesidades del pueblo y la desatención a reclamos sociales, políticos y económicos de la sociedad civil, contribuyeron a la agudización de esta situación y generaron una creciente pérdida de confianza en el discurso gubernamental.
La decisión de comercializar en el mercado interno bienes fundamentales en divisas, ajenas a las posibilidades de acceso de las mayorías, y los efectos de la pandemia, exacerbaron con razón la inconformidad de sectores atravesados por la pobreza y la marginación, relacionadas con el lugar de residencia, el color de la piel, el género y otras categorías de exclusión. La crisis económica y política que padece el país se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura. Esta decadencia precipita el éxodo masivo de jóvenes, con las consecuencias que ello provoca en las familias cubanas y en la economía en general.
En las protestas sociales de julio, las mayores después de 1959, hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes. Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes.
En el mes de marzo se llevaron a cabo dos juicios por las protestas. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo con penas de hasta 30 años —1.916 años en total— a 127 personas, ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años. El segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.
Destaca entre estas últimas, los seis años de prisión para Yoan de la Cruz Cruz, uno de los primeros jóvenes que retransmitió en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que «transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones».
Según la Fiscalía General de la República, fueron procesadas en total 790 personas, incluyendo 55 entre 16 y 17 años.
Al mismo tiempo, diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas. Todo sucede en un escenario de absoluta impunidad, ante la falta de garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público.
El ciclo de represión se completa con el empleo de los medios de comunicación para desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad. La derecha respaldada por Estados Unidos y partidaria de sus ataques existe, aquí no hablamos de esa derecha.
Frente a este contexto las personas, colectivos y organizaciones que suscribimos el presente documento, tanto de Cuba como internacionales:
Lista completa de firmas: solidaridad11j.wordpress.com/adhesiones
Nota de prensa Solidaridad 11J
El grupo de reciente creación “Solidaridad 11J” publicó este 11 de abril de 2022 a las 8 am (hora de Cuba) una llamada “Al pueblo cubano y la izquierda internacional” donde afirman que el deterioro de la economía cubana, por una conjunción de circunstancias internas y externas, provocó las protestas sociales del pasado 11 de julio de 2021, durante las cuales “hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes”. Sin embargo, Solidaridad 11J llama la atención sobre el hecho de que las personas que se manifestaron sufrieron “la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas” mientras que las fuerzas policiales y grupos civiles afines al gobierno “permanecen impunes”.
Después de un cuidadoso repaso de las circunstancias y situación de las condenas judiciales hasta marzo de 2022, la carta presenta solo dos peticiones: a la comunidad internacional, la solidaridad con las y los manifestantes, y al gobierno de Cuba, una Ley de Amnistía para las personas injustamente condenadas. Específicamente, se dirigen a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento cubano) y a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, como funcionarios públicos con el poder para impulsar la amnistía solicitada.
El documento se suma a pedidos similares publicados en las últimas semanas, en respuesta a las condenas que los tribunales cubanos impusieron a quienes participaron en las protestas de julio pasado. Los juicios comenzaron en diciembre de 2021, de acuerdo con la fiscalía cubana, hasta enero de 2022, 790 personas habían sido “instruidas de cargo por actos vandálicos”, entre las cuales había 55 jóvenes de entre 16 y 18 años. En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es de 16 años, por lo que se les juzga como adultos. Pero las denuncias de sentencias desproporcionadas, injustas y orientadas a escarmentar se multiplicaron a partir de dos juicios masivos realizados en marzo: el día 16, 127 personas de las comunidades Esquina de Toyo y La Güinera fueron sentenciadas a penas de entre seis y 30 años —1.916 años en total—; el 22, 17 personas de San Antonio de los Baños recibieron condenas de entre tres y diez años.
Las autoridades cubanas han negado reiteradamente que estas sentencias tengan motivaciones políticas, pero la afirmación ha sido impugnada por la sociedad civil y medios de prensa independientes. Por ejemplo: a Julián Manuel Mazola Beltrán, lo condenaron a cinco años de prisión, porque subió a un muro a gritar “ofensas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y la policía”. Otro caso notable es el de Yoan de la Cruz, condenado a seis años de privación de libertad por compartir las protestas en San Antonio de los Baños a través de una “directa” en Facebook.
Entre las declaraciones que preceden a este “Llamado de solidaridad” están la nota editorial del conocido grupo de investigación y análisis político “La Joven Cuba”, y la declaración del grupo “11M de Debate”, específicamente enfocada en la vulnerabilidad de las personas LGBTQ dentro del sistema carcelario cubano. Estas y otras declaraciones fueron mayormente suscritas por personas y grupos de Cuba.
La “Llamada” de Solidaridad 11J, a diferencia de textos anteriores, cuenta con las firmas de figuras de largo historial académico y/o político en la izquierda internacional. En el momento de la publicación contaba con 231 firmas: cinco colectivos y 49 individuos de Cuba, y 177 firmas de otros 35 países. La diversidad de apoyos demuestra la creciente posición crítica de la izquierda internacional frente a las acciones del gobierno cubano.
Recordemos, por ejemplo, que el entonces candidato presidencial Gabriel Boric chileno dijo sobre las protestas el mismo 12 de julio de 2021: “[me] solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno”. “Tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos, son inaceptables” recalcó.
Entre las firmas cubanas destacan: Alina Bárbara López Hernández, historiadora, ensayista y editora, coordinadora de La Joven Cuba; Ailynn Torres Santana, académica y militante feminista; Diosnara Ortega González, socióloga y especialista en transiciones políticas; Inti Santana Guerra, cantautor; Julio Antonio Fernández Estrada, abogado y teórico del derecho; Julio Cesar Guanche Zaldívar, profesor e investigador del socialismo y el republicanismo en Cuba; René Fidel González García, Profesor de Derecho y ensayista.
Las personalidades internacionales que suscriben la solicitud de amnistía incluyen a Alex Callinicos, uno de los más destacados autores marxistas actuales; Brid Smith, diputada en el parlamento irlandés; Carlos Fernández Liria, filósofo y referente ideológico del movimiento Podemos; Étienne Balibar, filósofo, máximo representante actual del marxismo francés; Gayatri Spivak, filósofa referente del pensamiento postcolonial, autora de ¿Pueden hablar los subalternos?; Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS de Argentina; Maria Carvalho Dantas, activista social y diputada en el Congreso español; Michael Löwy, sociólogo y filósofo marxista; Pia Lohikoski, diputada en el parlamento de Finlandia; Robert Brenner, editor de la revista socialista Against the Current y miembro del comité editorial de New Left Review; Santiago Alba Rico, escritor, ensayista y filósofo español marxista; y Vera Lúcia Salgado, política del Partido Socialista dos Trabajadores Unificado (PSTU), candidata a la presidencia de Brasil en 2018.
Más allá de la atención mediática que estos y otros nombres pueden generar, la clave está en el apoyo de más de un centenar de activistas y dirigentes sindicales de los cinco continentes. Estos apoyos harán difícil la habitual estrategia de los medios de prensa gubernamentales en Cuba de acusar a quienes les critican de ser pro-capitalistas o víctimas de la manipulación mediática. Es probable que más personas y grupos apoyen la carta a partir de su circulación, para lo cual Solidaridad 11J implementó un enlace en su web.