En Paraguay, no sólo las grandes riquezas materiales tienen herederos del despotismo que dirigió el país desde 1950 hasta 1989, con buena parte de ellos disfrutando y aplicando el legado político-ideológico desde los cargos más determinantes en las instituciones del poder de Estado y de varios emporios privados
El Presidente Mario Abdo Benítez, olvidando que el pudor es sinónimo de honestidad y recato, a menudo declara públicamente su admiración por el jefe de la gavilla, el General Alfredo Stroessner, quien asaltó el país y a sus mejores hijos durante 35 años. Su padre y homónimo, fue secretario privado del tirano durante 30 años. Es decir que mamó esa leche desde chiquito.
Ese mal doctrinario, convertido en una prolongada endemia, aplicando métodos nazi-fascistas con clara conducción de Estados Unidos y su Operativo Cóndor, ha contagiado al 80 por ciento de todos los hogares del país, enfermos de miedo y de exclusión, empezando por los sectores incondicionales y obrando con criminalidad sobre la osada minoría contraria.
Esa herencia opera hoy con absoluta impunidad. Este martes, una delegación del Senado, encabezada por el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Kencho Rodríguez y por el inútil titular del INDI (Instituto Nacional Indígena), acompañados por una comitiva policial, fue cercada en plena carretera por cientos de productores sojeros, de origen brasileño, que no permitieron a los visitantes descender de sus vehículos y los expulsaron.
Insultos y amenazas de agresión física, recibieron en humillante impotencia los representantes del Estado, cuya misión era la de verificar la situación de los cientos de familias indígenas que habían intentado regresar a sus tierras, de donde fueron expulsados por el matonaje feudal y, ocuparon una céntrica plaza de Asunción, sin otro sitio donde instalarse con sus miserias.
La semana pasada, el gobierno ordenó que fueran cargados en camiones militares y los depositaran en las tierras fiscales que, por derecho ancestral les pertenecen pero que el latifundio rechaza, armado de guerra y con estrechos vínculos con el narcotráfico y el contrabando.
La administración del Partido Colorado, respondió de esa forma insensible e irresponsable a las quejas de malestar que manifestaban por los medios de la prensa comercial las familias de buenas costumbres, que fingen no ver, asqueadas por el triste espectáculo de la miseria en decenas de niños semidesnudos y de madres de 13/4 años con su bebé en brazos, pidiendo limosnas en las calles de la capital.
Esa propiedad, ocupada en su mayor parte por familias extranjeras, representadas por abogados y escribanos paraguayos, que operan junto con intendentes y gobernadores, mide unas mil 300 hectáreas, que son parte de las ocho a 12 millones de hectáreas ocupadas por familias enriquecidas en su complicidad con Stroessner y, desde su caída, en 1989, por sus herederos, entre quienes sobresalen muchos ocupantes legales pero ilegítimos, que ocupan cargos importantes en la superestructura nacional.
En Paraguay, y en particular entre las familias del minifundio, los títulos de propiedad de la tierra casi no existen, lo que hace una rareza el alquiler, en cambio, numerosos oligarcas, que violan impunemente la Constitución Nacional, poseen título de propietarios, resultado de tramoyas jurídicas,
La Carta Magna reserva esos territorios para la reforma agraria en beneficio de los 17 pueblos indígenas y de los cientos de miles de familias campesinas, todos burlados y frustrados hasta ahora, incluso despreciados por sectores ciudadanos racialmente acomplejados, que no se reconocen en su origen, ni en el de su país.
Cualquier observador, que analice la situación social, cultural y económica de esta nación del centro de Suramérica, podrá constatar fácilmente que reina un clima de incertidumbre económica y política, provocada por un gobierno indiferente a los problemas nacionales, distraído por la precoz campaña electoral, con miras a las presidenciales de abril próximo, previo a las internas partidarias de fines de año.
Informes oficiales reconocen que un cuarto de la población de ocho millones de residentes, otros dos millones han debido emigrar, subviven en la pobreza, con un millón y medio de niños desnutridos, según UNICEF y, la falta de empleos, que viene de lejos en este país sin industrializar sus materias primas, se agravó con la pandemia.
El salario mínimo, de dos millones 500 mil guaraníes, que comenzará a regir desde este uno de julio (6,8 mil un dólar) sólo lo percibe el 42 por ciento de los operarios, pero la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A) reclama un mínimo de cuatro millones mensuales, para poder enfrentar la inflación disparada, en particular en los artículos de primera necesidad, y en el combustible y en el transporte.
La deuda externa, con pagos semestrales incumplidos de los intereses, ronda los 14 mil millones de dólares, los bancos, el Interamericano y el Mundial, afirman que por el "malgasto público", el Estado roba mil 600 millones por año, al tiempo que nada invierte en los servicios sociales, en la salud, con hospitales vaciados hasta de jeringas, numerosas escuelas convertidas en taperas, y un personal sanitario y docente absolutamente desmoralizado a causa del abandono estatal.
La violencia social está creciendo, el sentimiento de inseguridad instala un clima de zozobra sicológica. Ya opera una guerra de pobres contra pobres y la mendicidad gana terreno en todo el país, a la par de la indiferencia de las autoridades, públicas y privadas, que sólo responden con represión a quienes reclaman responsabilidad a los gobernantes, miopes ante la perspectiva caótica que están ofreciendo al pueblo.